Consisten en conductas voluntaria y conscientemente coordinadas que tienen la finalidad de restringir la competencia, pero que a diferencia del acuerdo o la decisión, no pueden demostrarse a través de un documento suscrito entre los agentes económicos involucrados; sin embargo, pueden inferirse con evidencias que demuestren que dichos agentes económicos no pudieron haber realizado tales conductas de modo independiente y que lo hicieron a sabiendas de las conductas de los otros agentes. A pesar de esto, parte de la doctrina considera que ciertas prácticas concertadas pueden no ser ilícitas si se tratan de un caso de liderazgo de precios o pueden ser explicadas bajo la teoría económica del paralelismo consciente.
