Cooperación judicial internacional: la soberanía penal como último bastión del Estado-nación

La superación de las barreras de los territorios nacionales por parte de la criminalidad moderna (criminalidad organizada, terrorismo internacional, cibercrímenes, corrupción, delitos desde los aparatos del Estado, etc.) es un hecho constatable empíricamente que se contradice con un Derecho Penal anclado en cánones propios del surgimiento de los Estados nacionales del siglo XVIII, en los que la legitimidad de los mismos se explicaba para dar seguridad a los propios ciudadanos frente a los “enemigos externos” y, por tanto, cada Estado poseía la soberanía para decidir qué castigar, cómo castigar y a quién castigar. La territorialidad de la ley penal y el monopolio del ius puniendi se explicaban así como corolario de un sistema de pensamiento en el que cada Estado “mira hacia adentro”, organizando y gestionando su propio territorio, con miras a que el otro Estado haga lo suyo. Asimismo, los Estados se presentaban como fortalezas cerradas, protegidas por el principio de no injerencia.

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