¿Debe el Tribunal del OSCE ser el único órgano administrativo que conozca las impugnaciones en materia de contrataciones con el Estado a nivel nacional?

A modo de introducción, con la finalidad de vislumbrar la política legislativa que se ha venido adoptando, a lo largo de la historia de las normas sobre contratación pública, en relación al alcance de las facultades de los tribunales administrativos para conocer y resolver los recursos impugnativos planteados, efectuaremos un breve análisis de la normatividad correspondiente. Así tenemos que si nos remontamos a los años 80´, encontramos que se promulgó el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, Decreto Supremo N° 034-80-VC (“RULCOP”), el cual establecía, como mecanismo impugnativo, un recurso de reconsideración ante la misma Entidad contratante y, posteriormente, un recurso de revisión ante un Consejo Superior.

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