Ana Lucía Puente Rugel

Durante los últimos años, la inmunidad parlamentaria ha sido observada por la población y por diversas instituciones del Estado con un alto nivel de desconfianza, ya que, en muchos casos, esta ha sido empleada por las y los congresistas para rehuir a los cuestionamientos que mantienen con la justicia. Es de conocimiento general que estos cuentan con amplios márgenes de actuación que los diferencian de cualquier ciudadano; y sabemos también, que esta prerrogativa los coloca en una situación especial de “intangibilidad”.

Durante el mensaje a la nación por Fiestas Patrias del presente año, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que sometería a referéndum cuatro reformas constitucionales; las cuales no fueron bien recibida por un grupo de parlamentarios del Congreso de la República. Este grupo disconforme correspondía principalmente a congresistas de la bancada Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano (APRA), quienes tacharon la propuesta de populista e inviable[1].