El análisis de la extradición y la eficacia internacional del orden de captura de Alejandro Toledo

Hemos sido testigos en estos últimos años de una ola de corrupción y la influencia que tuvo la empresa brasileña Odebrecht en la más alta esfera política del Perú. Lo más preocupante radica no solo en la identificación de actos de corrupción, sino también en el hecho de que, aquellos sujetos que estaban siendo investigados por la justicia peruana por delitos comunes, lograron salir del país e instalarse en territorio de otros Estados, tal es el caso del exmandatario Alejandro Toledo, quien fue recientemente detenido en su residencia de California, Estados Unidos, por orden del juez Tomas S. Hixson de la Corte del distrito norte de California[2], en el marco del proceso de extradición que se le sigue por el presunto pago de coimas que recibió de parte de la empresa Odebrecht.

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El análisis jurídico de la Operación Libertad y sus repercusiones dentro de la comunidad internacional

La compleja y tensa crisis en Venezuela, en la cual confluyen factores vinculados a fuertes retrocesos económicos, el colapso de los indicadores sociales, la confrontación y polarización política, la corrosión de las instituciones democráticas, entre otros factores, tuvo un capítulo nuevo el pasado treinta de abril. En un primer momento muchos pensábamos, que este levantamiento, esta marcha convocada para el primero de mayo por el Presidente encargado y líder de la oposición, Juan Guaidó, podía generar la caída del régimen de Nicolás Maduro.

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Sobre los recientes ataques en Siria ¿Cuál es el panorama internacional que nos espera?

Introducción

El sistema internacional, actualmente, se mueve entre la permanencia de los viejos problemas esenciales de la humanidad. A casi siete años de haber transcurrido la llamada Primavera Árabe en Siria, el conflicto sirio continúa evolucionando a pasos agigantados, lo que inicialmente fue una revuelta popular antiautoritaria, que implicaría una serie de cambios al régimen político precedido por Al-Assad, se fue opacando ante la brutal represión por parte del propio gobierno sirio.

La escala de violencia en Siria, las violaciones a los derechos humanos y la complejidad del conflicto han traído como consecuencia uno de los escenarios más crueles y sangrientos de los últimos tiempos[1].

Según datos de Global Index for Peace del año 2017[2], situó a Medio Oriente como la región menos pacífica del planeta, siendo Siria el epicentro de la violencia, clasificándolo entre los cinco países del mundo menos pacífico desde el comienzo de la guerra civil en 2011, que trajo como consecuencia más de 200.000 víctimas por el conflicto interno armado, y según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR el desplazamiento de 12 millones de sirios, más que cualquier otro país, entre ellos, cinco millones de refugiados[3].

Bajo ese contexto, el presente artículo describe brevemente el devenir del conflicto, para luego proceder a analizar de fondo el reciente ataque conjunto a Siria a la luz del Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, y de esta manera, determinar las perspectivas a futuro. Cabe precisar al respecto, que el artículo se enfocará principalmente en los desarrollos que tuvieron lugar cronológicamente entre 2011 hasta la actualidad.

1.- Sobre el conflicto en Siria

Brevemente, el conflicto en Siria se inició a partir de una revuelta popular antiautoritaria en marzo de 2011 contra el régimen de Bashar al-Assad, como consecuencia de la denominada “Primavera Árabe”, movimiento social transformador que ha propiciado a través de un conjunto de levantamientos y revoluciones el derrocamiento de varios gobiernos de corte autoritario en países del Norte de África y del Medio Oriente; a manera de ejemplo podemos citar la caída de Hosni Mubarak en Egipto y Zayn al-Abidin Ben Ali en Túnez. Respecto a Siria, la situación fue muy diferente, las revueltas después de casi siete años de conflicto interno, no han provocado la caída del presidente Al-Assad, ni mucho menos se ha traducido en cambios políticos ni en una apertura democrática; por el contrario, se ha originado rápidamente una guerra civil sin precedentes entre el régimen sirio y las fuerzas opositoras[4].

Es importante resaltar al respecto, que unas de las características del gobierno de Al-Assad ha sido el “autoritarismo radical” en contra de su población, como respuestas a sus demandas que giran, básicamente, en torno a la reivindicación política y económica, el gobierno sirio ha usado la fuerza en contra de sus ciudadanos, reprimiendo bélicamente aquellas protestas en contra del gobierno de Al-Assad. Este uso de la fuerza se ha caracterizado por ser excesivo, hasta el punto de usar armas químicas en contra de la propia población Siria, conductas que pudieran calificarse de violación grave a las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario.

Bajo ese contexto, este conflicto fue adquiriendo dimensiones globales y ha ido internacionalizándose paulatinamente con el apoyo de otros Estados a los bandos en lucha o a favor. Como respuesta a las acciones del presidente Al-Assad, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han solicitado su renuncia y lo han puesto en discusión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reconociendo al mismo tiempo a las fuerzas de oposición y la Coalición Nacional de la Revolución[5] como el representante legítimo del pueblo de Siria. Mientras tanto, Rusia, China e Irán buscan más bien una transición política que incluya al presidente Bashar al-Assad.

2.- Respecto al uso de armas químicas en Siria: una amenaza para la paz y la seguridad internacional

La represión brutal del régimen sirio haciendo uso de armas químicas para frenar a las fuerzas opositoras no es de reciente data, según se puede constatar del Reporte de la Misión de las Naciones Unidas para Investigar las Denuncias de Empleo de Armas Químicas en la República Árabe Siria[6]. En dicho documento se concluyó el uso de este tipo de armas en un ataque perpetrado el 21 de agosto de 2013 en Ghouta territorio de Damasco, las cuales afectaron a civiles, incluyendo niños. Posteriormente, diversos informes provenientes de Naciones Unidas, en particular de la propia Comisión de Investigación han puesto en evidencia no solo la trágica crisis humanitaria de la población siria, sino también se confirmó que el régimen de Al-Assad hizo uso de armamento químico durante la represión, desmintiendo las versiones oficiales del gobierno sirio y calificando este acto como un crimen contra la humanidad.

De este modo, durante el 2014, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó dos Resoluciones, bajo el amparo de la Carta de las Naciones Unidas: la Resolución 2139 de fecha 22 de febrero y la Resolución 2165 de fecha 14 de julio.

La Resolución 2139 condenó no solo la grave situación humanitaria en el país, sino los ataques contra la población civil, haciendo un llamado a toda las partes del conflicto a poner un fin a la violencia y frenar los ataques, invocando a las partes a adoptar todas las medidas para garantizar la protección a dicha población, entre otras acciones. No obstante, tras el incumplimiento de varias de las disposiciones de la Resolución 2139 por parte del gobierno sirio, en julio del mismo año, el Consejo adoptó la Resolución 2165, volviendo a condenar al gobierno sirio y autorizando a la ONU a brindar asistencia humanitaria con o sin el consentimiento del gobierno.

A pesar de todos los esfuerzos diplomáticos a nivel unilateral y multilateral dirigidos a frenar la violencia y forzar a Al-Assad a aceptar una solución negociada de la crisis, estos no lograron prosperar. Ha quedado demostrado que este tipo de armas continuaron siendo usadas en múltiples ocasiones[7] que conllevaron al mismo tiempo a un escenario de competencia abierta entre diversas potencias.

Estados Unidos, por un parte, ha intervenido a través de la aplicación de un régimen de sanciones (económicas, comerciales, entre otras)  y la amenaza de una posible intervención militar limitada para castigar al régimen que preside al-Assad por los crímenes cometidos contra su propia población. Por otra parte, Rusia, China e Irán han respaldado a Siria recurriendo a dos tipos de medidas: la defensa de su soberanía y el suministro de armas o apoyo militar en el terreno[8].

3.- El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido

Desde la brutal represión a las fuerzas opositoras por parte del gobierno de Al-Assad en Damasco, Deraa y Homs 2011, entre otros territorios, pasando por el empleo de gas sarín en Ghouta en agosto de 2013, y el reciente ataque químico del pasado fin de semana en Duma[9], no parece dar tregua la violencia en Siria.

Lo que llevó a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, todos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a considerar una intervención militar conjunta en el marco de una acción limitada, es decir, que el uso de la fuerza militar respondería solamente a la capacidad del régimen sirio sobre las armas químicas y disminuir su utilización en un futuro. La intervención coordinada tuvo tres objetivos específicos: un punto ubicado en Damasco y dos al oeste de Homs, en donde presuntamente el régimen de Bashar Al-Assad producía armas químicas con las que su gobierno venía atacando a las fuerzas opositoras.

Ante dicha intervención conjunta, el régimen de Al-Assad denunció la agresión como violación flagrante del Derecho Internacional, mientras el gobierno Ruso convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad, el mismo que rechazó la propuesta rusa de condenar la agresión a Siria. La propuesta consideraba que el ataque representaba una violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y exigió a los Estados Unidos y sus aliados que eviten en futuro el uso de la fuerza contra el régimen de Al-Assad.

Ahora bien, estas acciones conjuntas en territorio sirio después del ataque químico contra su población ¿podrían justificarse siguiendo el argumento de una intervención humanitaria? reacción ante el empleo previo de armamento prohibido con especial referencia a las consecuencias que generaría el hecho de que la conducta de Siria (el empleo de armas químicas) pudiera calificarse de violación grave de normas básicas del Derecho Internacional Humanitario[10].

Si bien el uso de la fuerza constituye per se una flagrante violación del derecho internacional, en tal sentido, vemos que las acciones conjuntas llevadas a cabo por Estados Unidos y sus aliados, estarían violando el artículo 2°, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, respecto a la abstención del uso del fuerza, así como también principios básicos de Derecho Internacional como el principio a la no intervención consagrados también en la Carta en su articulado 2° numeral 7° y el principio de la proscripción del uso de la fuerza[11].

Por otra parte, también debemos considerar en este análisis las críticas a la posible inacción de la comunidad internacional ante el conflicto en Siria, lo cual puede contribuir al crecimiento de la crisis humanitaria en Siria y a la contravención de los preceptos abordados sobre la responsabilidad de proteger[12], si la comunidad internacional no reacciona frente a la crisis humanitaria, se corre el riesgo de que esa crisis se convierta en una situación mucho más grave. Por lo tanto, el conflicto armado en siria, presenta un fuerte dilema en la comunidad internacional. Siendo así surge la idea de realizar un estudio a futuro sobre el dilema que se enfrenta la soberanía de los Estados versus las intervenciones humanitarias.

4.- Perspectivas a futuro

El conflicto en Siria seguirá siendo un dilema de dimensión global, el panorama  dependerá mucho de cómo se conduzcan básicamente los siguientes factores:

Fracaso: A pesar de que se consumaron hechos lamentables por parte del gobierno de Siria al usar armas químicas en contra de su población, no se logró hacer efectiva la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales para evitar que se siguieran empleando, por lo tanto, la aplicación del derecho internacional en el conflicto que se presenta en Siria debe enfocarse a evitar que la crisis actual vaya en aumento.

Violencia: A siete años de la Primavera Árabe en Siria, la inmensa mayoría de ciudadanos de los esfuerzos para estabilizar Siria salió adelante, por el contrario, los conflictos ni viven más seguros, ni son más libres, ni gozan de mayor desarrollo que en 2011. Ninguno seguirán aumentando en intensidad y que cada vez más países se vieran arrastrados en esta deriva violenta. En ese sentido, hay algo que difícilmente va cambiar, en la medida que la violencia no va a cesar y va a ser demasiado pronto para hablar de reconstrucción y reconciliación, seguirá habiendo una grave crisis de refugiados y desplazados internos, así como también víctimas civiles.

Rivalidad: La intervención de potencias siguiendo distintos tipos de preferencia; por una lado Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que buscan un cambio de régimen; por otra parte, Rusia, China e Irán, que buscan una transición política que incluya al presidente Al-Assad. En realidad dichas potencias están pensando principalmente en preservar sus intereses de seguridad, económicos, ideológicos, y el análisis de estos debe abordarse en un marco más amplio de la política internacional.

Vulnerabilidad: Un delicado equilibrio político y social alterado por los efectos de la guerra en Siria, trajo como consecuencia más de 200.000 víctimas y el desplazamiento de 12 millones de sirios, más que cualquier otro país, entre ellos, cinco millones de refugiados. Cifras que posiblemente se incrementen en la medida que la violencia brutal no vaya a parar.

Interdependencia: Los problemas para la seguridad internacional, así como la emergencia humanitaria (refugiados), han adquirido dimensión global y requieren respuestas colectivas.


Referencias bibliográficas

Cervell Hortal María J. “El ataque de Estados Unidos contra Siria por el empleo de armas químicas: ¿acto contra legem o contramedida por violación del ius cogens?”. Anuario Español de Derecho Internacional. 2017, Vol. 33, pág. 169-203. 35 p.

Cardoza Zúñiga, Rubén. “El uso de armas químicas en Siria, un desafío para el Derecho Internacional”, ACDI, Anuario Colombiano de Derecho Internacional, 2015, Vol. 8, pp. 17-40.

Rafat Ghotme. “El rol de las potencias en la guerra civil siria: hegemonía y contra-hegemonía en la política mundial”. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, Nro. 118, enero-abril de 2014, pp. 99-129.

Pacheco de Freitas José “La responsabilidad de proteger y el derecho internacional público: consideraciones sobre la licitud del uso de la fuerza por motivos humanitarios ante la falta de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU”. Revista, Agenda Internacional N° 33, 2015, pp. 101 -128.

Reyes Milk Michelle “La situación en Siria de cara al derecho internacional. Una historia de desafíos políticos, jurídicos, y humanos”. Revista de la Facultad de Derecho PUCP N° 73, 2014, PP. 205-237.

Prado Pérez Ruth “La reconfiguración de los conflictos armados en las relaciones internacionales: la internacionalización del conflicto en Siria”. Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, núm.224, 2015, pp. 187-220.

Álvarez Ossorio Ignacio “El enroque autoritario del régimen sirio: de la revuelta popular a la guerra civil”. Revista CIDOB d´ Afers Internacionals, Nro 109, 2015 pp. 157-176.

[1] REYES, Michelle “La situación en Siria de cara al derecho internacional. Una historia de desafíos políticos, jurídicos, y humanos”. Revista de la Facultad de Derecho PUCP N° 73, 2014, PP. 205-237.

[2] El índice de paz global 2017 fue elaborado por el Institute for Economics and Peace, encargado de medir la paz en el mundo, a través de 23 indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. El reporte puede encontrarse en el siguiente link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2017-Report-1.pdf

[3] Datos extraídos de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, 2016, los mismos que se encuentran disponibles en el siguiente link: http://www.acnur.org/recursos/estadisticas/

[4] Tras casi siete años de enfrentamientos armados entre el régimen sirio y los rebeldes, el país se encuentra profundamente dividido entre las zonas leales a al-Assad y las controladas por la oposición, compuestas por fuerzas seculares e islamitas.

[5] La Coalición Nacional, es una amalgama de partidos seculares e islamistas moderados que tiene como objetivo el derrocamiento del régimen y el paso hacia una especie de democracia pluralista.

[6] El referido documento se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_

CW_Investigation.pdf

[7] Es importante precisar al respecto, que en el año 2012 se utilizó por prima vez este tipo de armas contra los civiles en Homs, según fuente de Independent de fecha 26 de diciembre de 2012, disponible: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/chemical-weapons-were-used-on-homs-syrias-military-police-defector-tells-of-nerve-gas-attack-8431380.html. Del mismo modo, el 2013 fue advertido por el entonces Presidente Barack Obama y corroborado posteriormente por Naciones Unidas. Y recientemente Estados Unidos acusa a Siria de haber usado gas cloro y sarín en ataque contra la localidad de Duma, lo cual se suma al cúmulo de atrocidades llevadas a cabo por el régimen de Al-Assad.

[8] RAFAT, Ghotme. “El rol de las potencias en la guerra civil siria: hegemonía y contra-hegemonía en la política mundial”. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, Nro 118, enero-abril de 2014, pp. 99-129.

[9] Es importante señalar al respecto, que los Inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) se desplazaron a Siria para recabar pruebas sobre el supuesto ataque con gases tóxicos en el que fallecieron al menos 40 personas.

[10] CERVELL, María J. “El ataque de Estados Unidos contra Siria por el empleo de armas químicas: ¿acto contra legem o contramedida por violación del ius cogens?”. Anuario Español de Derecho Internacional. 2017, Vol. 33, pág. 169-203. 35 p.

[11] Res. 2625 (XXV), Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de la Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General (24 de octubre de 1970).

[12] PACHECO DE FREITAS, José “La responsabilidad de proteger y el derecho internacional público: consideraciones sobre la licitud del uso de la fuerza por motivos humanitarios ante la falta de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU”. Revista, Agenda Internacional N° 33, 2015, pp. 101 -128.

A propósito del escenario político nacional y ante una posible vacancia al presidente: ¿Cuáles serían las consecuencias que acarearía en las relaciones del Perú con otros países y en el plano económico de las mismas?

El jueves pasado el Perú vivió una tensión política ante el pedido de vacancia al presidente Kuczynski por incapacidad moral permanente, el cual constituyó un juicio político que tiene que ver básicamente con la reprobación político – moral de una autoridad que se estima ha tenido una conducta contraria a la dignidad de su cargo[1]; considerando que habría sido el peor escenario que podría haberse presentado en el país ante una posible vacancia presidencial, toda vez que al generar inestabilidad política, debilita no solo la economía del país, sino también la relaciones internacionales.

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Independencia, Euro-zona y Unión Europea

 I.- Introducción

Tras los acontecimientos llevados a cabo en las últimas semanas, se ha abierto un debate intenso acerca de las repercusiones económicas, cuestiones de ámbito jurídico y político que tendría una hipotética declaración unilateral de independencia de Cataluña, que tomó mayor fuerza a raíz de la reciente votación favorable de los diputados regionales que conforman el Parlamento de Cataluña.

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A propósito del punto 4 de la “Declaración de Lima”: análisis del acuerdo, y las consecuencias económicas y relaciones políticas que acarrea

Teniendo en cuenta la reciente decisión de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de suspender a Venezuela en virtud de la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático; la decisión de los países de lograr la mayoría necesaria en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y continuar con la aplicación de la Carta democrática Interamericana a Venezuela; las declaraciones unilaterales de los países de la región llamando a desconocer a la nueva Asamblea Nacional Constituyente[1]; y la reciente reunión de cancilleres convocada por el Perú, se evidencia claramente la división reinante en el hemisferio americano en vista a la situación creada en Venezuela por la ruptura del orden constitucional y la grave situación en el tema de los derechos humanos.

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A propósito de Venezuela en el Mercosur: ¿cómo incide directamente a los países miembros y, específicamente al Perú?

Venezuela después de treinta y tres años como miembro de la Comunidad Andina (CAN)[1], en el 2006 abandona el bloque de integración del que formaba parte desde el año 1973 para incorporarse en calidad de Miembro Pleno al Mercado Común del Sur (MERCOSUR)[2]. Algunos autores sostienen[3] que Venezuela se distanció de la CAN y se acercó al MERCOSUR[4], porque lo calificaba como un modelo neoliberal de integración centrado en el comercio, donde lo económico cobró mayor preponderancia sobre lo político. Sumado a ello, también pudiera haber influenciado la decisión de Venezuela el carácter flexible y las limitaciones de la normativa e institucionalidad del MERCOSUR, que no generan mayores barreras a la capacidad de acción soberana de los gobiernos. En este contexto, el caso de la CAN adquiere particular relevancia, por la capacidad de acción de la Secretaria General frente a los gobiernos, la autonomía de las instituciones comunitarias, y la existencia de mecanismos (Tribunal Andino de Justicia) a través de los cuales, incluso los particulares, pueden demandar a sus respectivos gobiernos.

El ingreso de Venezuela al MERCOSUR marcó un cambio de rumbo y la política cobró un papel relevante en dicho esquema de integración. Si bien es cierto el MERCOSUR se concibió como un espacio de integración constituida sobre la base de instituciones intergubernamentales, cuyo objetivo económico fundamental es la creación de una unión aduanera para fomentar el comercio intrarregional, lo cierto es que ha cedido lugar a objetivos políticos e ideológicos, factor más desestabilizador en este momento del proceso integracionista. Esto generó muchas consecuencias negativas, tales como la constante inestabilidad entre los Estados Parte[5], falta de confianza de los demás países y otros bloques de integración[6], y lo que es más grave, no permite que el propio MERCOSUR pueda avanzar y crear condiciones favorables para la profundización de la agenda institucional de integración.

Hoy en día, el MERCOSUR necesita más economía y menos política. Más economía significa, entre otras cosas, eliminar las trabas al comercio intrarregional, invertir en infraestructura, educación, investigación y desarrollo, para hacer más eficientes las industrias locales, y promover las cadenas de valor regionales. Menos política significa no utilizar el acuerdo de integración con fines ideológicos.

A la situación reciente del MERCOSUR en este difícil marco, se suma el inminente vencimiento del plazo para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR (PAV) que hasta hora es solo parcial[7] tanto en el marco del PAV[8], como de las decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), Resoluciones del Grupo Mercado Común (GMC) y directivas de la Comisión de Comercio Mercosur (CCM)[9] (normativa de organismos de decisión); además también, debemos añadir la anomalía que se produjo en el 2016 respecto del traspaso de la Presidencia Pro-Tempore (PPT), que de acuerdo con el orden de rotación semestral establecido, dicho país debía ejercer la Presidencia en la segunda mitad de 2016. Asimismo, siguiendo en el mismo correlato fáctico, debemos destacar la reciente ruptura del orden democrático por parte de Venezuela que ha ido deteriorándose a pasos agigantados, a tal punto que el 01 de abril de 2017 mediante declaración conjunta[10], los países fundadores lograron una caracterización de la situación política venezolana como de ruptura del orden democrático, exhortándole al gobierno de Venezuela restablecer la división de poderes, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Bajo este difícil contexto, se puede observar que el ingreso de Venezuela como Miembro Pleno del MERCOSUR ha sido muy accidentado, generando diferencias marcadas entre la orientación del bloque y algunas políticas económicas internas de los demás países del MERCOSUR, que vienen atravesando un periodo de fragilidad y turbulencia macroeconómica, influenciado además por dificultades políticas no solamente en Venezuela sino también en Brasil, que de alguna manera repercutieron considerablemente la caída de los flujos comerciales intrazona y la inversión extranjera directa (IED) que según datos disponibles en el Informe MERCOSUR N° 21(Julio 2015 – Julio 2016) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las exportaciones intra-MERCOSUR para el 2015 representaron el 21.1%; no obstante, en el primer semestre 2016 disminuyó considerablemente, llegando a representar el 12.3%. Mientras las importaciones intrazona para el año 2016 cayeron súbitamente representando 15,8% respecto del año 2015 que llegó a representar el 22,3%. Asimismo, la IED desde y hacia al MERCOSUR, incluyendo inversiones intrazona, durante el 2015 descendió a US$ 89.798 millones, representando un 14,3 % en comparación con el año anterior (16,8%). La mayor parte de las contracciones del comercio intra-MERCOSUR y la caída de las IED se explica no solo por la débil demanda global o el enfriamiento de las economías, sino también por las turbulencias políticas dentro del bloque; de modo que los beneficios no se generan del todo en la operatividad del mercado, el libre comercio, la participación del sector privado en la economía y el fortalecimiento de la competitividad.

Sobre la base de lo antes expuesto, nos deja lugar a profundas reflexiones sobre la situación actual de dicho bloque de integración y que sin duda alguna influye directamente no solo a los Estados Miembros sino también a los Estados Asociados como el Perú, que siguiendo algunos datos macroeconómicos contenidos en el Documento ALADI/SEC/di 2684.3 de fecha 10 de marzo de 2017, publicado por la Secretaria General de la ALADI sobre el Comercio Exterior Global, en el periodo de enero – diciembre 2016, las exportaciones peruanas a Venezuela cayeron en -52, 9% respecto al año 2015; mientras las importaciones cayeron en -63, 2% respecto al mismo año. Esta caída en el intercambio comercial se explica en gran parte, entre otros factores, a las dificultades de orden macroeconómico y políticos que viene atravesando Venezuela, circunstancia que llevo a las tendencias negativas en la coyuntura económica.

Finalmente, es importante mencionar, que los temas sociales han ganado protagonismo en la agenda interna del MERCOSUR que incluyen entre otras los temas de movilidad y migraciones. Es así que, en el año 2002, suscribieron el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) que entró en vigor desde el año 2009, facilitando la residencia de los nacionales de estos países en el territorio de los otro; sin embargo, Venezuela, a pesar ser Estado Parte del MERCOSUR, no ha firmado el acuerdo; no obstante, ante la crisis política y económica que se vive en Venezuela, algunos países como el Perú y Uruguay, por citar algunos, han decidido otorgar a estos extranjeros un permiso temporal de permanencia en el marco de sus legislaciones nacionales, con los cuales podrán estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud y tributar.


(*) Fuente de imagen: Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

[1] Actualmente los países que conforman la CAN: Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.

[2] De acuerdo con la Decisión CMC N° 27/12, Venezuela tendría el status de miembro pleno del MERCOSUR, con todos los derechos y obligaciones, treinta días después de depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de Adhesión de Venezuela (PAV). Por lo tanto, Venezuela se convirtió en Estado Parte a partir del 12 de agosto de 2012.

[3] De acuerdo a lo señalado Martínez, “la CAN había sido concebida bajo esquemas neoliberales para beneficiar a las elites y las empresas transnacionales (…)”. MARTINEZ Alberto, “De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Venezuela, 2014, Universidad Simón Bolívar, pág. 205. Asimismo, destaca en este punto lo señalado por Arellano, “las razones que motivaron la solicitud de transformación de miembro asociado a miembro pleno del MERCOSUR por parte de Venezuela son, en esencia, de naturaleza políticas-ideológicas (…)” ARELLANO, Félix “La entrada de Venezuela al MERCOSUR: implicaciones políticas y económicas” Caracas, 2013. Instituto Latinoamericana de Investigaciones Sociales, pág. 9.

[4] Actualmente los países que conforman el MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela

[5] A manera de ejemplo podemos mencionar las dificultades y tenciones que se produjo en el 2016 respecto al traspaso de la Presidencia Pre Tempore de Venezuela, disponible en el siguiente link: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar101.pdf. Asimismo, a manera de ilustración, podemos destacar también la lentitud y las dificultades del bloque en los avances de negociación con la Unión Europea (UE), puede consultarse el Informe MERCOSUR N° 20 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, disponible en el siguiente link: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7280>.

[6] Según el Informe MERCOSUR N° 21 (julio 2015 –julio 2016) del BID los movimientos relativos al posicionamiento del MERCOSUR respecto al resto del mundo fueron incipientes.

[7] Según el PAV Venezuela se obligaba a cumplir una serie compromisos establecidos en el mismo en un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia del Protocolo, es decir antes del 12 de agosto de 2016. Dichos compromisos se referían a la liberación del comercio de bienes con los demás Estados Partes del Mercosur; la adopción y puesta en vigor del Arancel Externo Común; la incorporación del acervo normativo del bloque a la legislación nacional y la definir la situación de Venezuela respecto de los acuerdos del MERCOSUR con terceros países.

[8] En el marco de los acuerdos firmados al amparo del Tratado de Asunción y acuerdos internacionales: existe un total de 133 acuerdos, de los cuales Venezuela ratifico 15, es decir, que el nivel de incumplimiento asciende a 88%.

[9] Durante la Presidencia Pro Tempore uruguaya (primer semestre 2016), el Grupo de Trabajo sobre la adhesión de Venezuela determinó la situación del grado de incorporación de la normativa adoptada por los organismos de Decisión del Mercosur, arrojando como dato: de las 1600 normas que debía haber internalizado, incorporó 939, generando un nivel de incumplimiento de 41%. Ver el Informe MERCOSUR N° 21 Páginas 92-93.

[10] Dicha Declaración puede consultarse en el siguiente link oficial de la cancillería de Argentina: http://www.cancilleria.gov.ar/userfiles/01-04-17%20DECLARACION%20DE%20LOS%20ESTADOS%20PARTES%20DEL%20MERCOSUR%20SOBRE%20VENEZUELA.pdf

Bibliografía:

1. ARELLANO, Félix. La entrada de la Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR): implicancias políticas y económicas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas, 2013.

2. MARTÍNEZ, Alberto. De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2013.     

3. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. Informe MERCOSUR N° 21/BID-  INTAL,  segundo semestre 2015 y el primer semestre 2016.

4. MERCOSUR. Página institucional: http://www.mercosur.int/

5. SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI. Documento ALADI/SEC/di 2684.3, “Comercio Exterior Global”, Enero-Diciembre 2016.

6. INSTITUTO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. Boletín Informe Integrar N° 101 disponible en: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/sitio/index.php/site-administrator/boletin