Derechos esenciales para los damnificados en el Perú

Toda persona tiene derechos, pero hay personas que tienen derechos especiales o diferentes dada su situación. Este es el caso de las personas damnificadas de desastres quienes tienen derechos esenciales, dada su situación de vulnerabilidad y necesidad. El proyecto Esfera, institución global orientada a sistematizar principios y normas para una efectiva y transparente respuesta humanitaria a favor de personas damnificadas (ver www.sphereproject.org), nos recuerda cuáles son estos derechos esenciales aplicables a los damnificados por las recientes lluvias, huaicos y deslizamientos en el Perú.

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Sacaco y los derechos paleontológicos para el mundo

Alguna vez hemos oído hablar de Sacaco en el Perú? La población de las provincias de Nazca y Caravelí, del sur de la región de Ica y el norte de la región de Arequipa respectivamente, conocen lo que es Sacaco pero el resto del país muy excepcionalmente. Sacaco es un santuario paleontológico marino, ubicado exactamente en el distrito Bella Unión, vecino de Acarí, en la provincia de Caravelí, rodeado de hermosas dunas que albergan restos óseos o fósiles de una fauna que vivió millones de años atrás. En el lugar, hoy se pueden encontrar al menos los esqueletos de dos ballenas prehistóricas, una protegida por un pequeño museo de sitio y otra ubicada a 350 metros de dicho museo en la superficie del arenal.

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Buscando controlar y prevenir un desastre urbano. El derecho fundamental al transporte urbano en Lima Metropolitana

Es posible identificar un derecho fundamental por provincia o por región? ¿Es el transporte urbano en ciudades como Lima, en el Perú del año 2016, un serio problema que nos puede llevar a identificar necesidades urgentes y, por tanto, conceptualizar un derecho fundamental? Ambas preguntas buscamos absolverlas en el presente artículo.

Los derechos fundamentales son derechos humanos reconocidos y protegidos como prioritarios en el sistema jurídico de un Estado. Al aplicarse un sistema jurídico (entendido como el conjunto de normas, valores y procedimientos de un país determinado) su naturaleza regularmente es general, de ahí que los derechos fundamentales tengan el mismo carácter de aplicación general en el territorio de un país. Sin embargo, puede ocurrir que, por eficacia, para afrontar un determinado problema, el propio sistema jurídico aplique una norma (al lado de sus valores y procedimientos) en una parte del país, a manera de proyecto piloto o modelo, como ha sido recientemente la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú.

Esto significa que sí podemos conceptualizar y regular un derecho fundamental por provincia o región. Su objeto sería conseguir una atención o prevención prioritaria buscando que sirva de modelo para otras provincias o regiones.

Con relación a la segunda pregunta debemos otorgarle una mayor explicación. Para quienes nos desplazamos de un distrito a otro en la provincia de Lima, no cabe la menor duda de que el transporte urbano es un serio problema, que también podemos identificar como un problema fundamental de la ciudad. No se trata solo de falta de vías públicas, ausencia de empresas organizadas, limitación de autoridades especializadas o de presupuestos, sino de aspectos cotidianos como la des-configuración periódica de los semáforos, huecos en las pistas de todos los distritos, paraderos improvisados y peligrosos, inconducta funcional de choferes y cobradores de buses y combis, conducta egoísta de choferes particulares y peatones, entre otros.

Es más, ante el fracaso del transporte público por políticas controlistas (pro estatistas) y, recientemente, por políticas liberales (pro mercado), todos los ciudadanos buscamos tener un vehículo particular para nuestro desplazamiento, produciendo un resultado aún más catastrófico: la masificación de las vías públicas por vehículos particulares que en horas de ingreso y salida de la jornada laboral produce embotellamientos en todas las vías principales, sin que, al final, podamos desplazarnos ni en vehículos particulares ni en vehículos públicos.

El efecto de estas variables del problema del transporte urbano en Lima es aún más grave: pérdida de miles de horas laborales y de vida familiar, gastos en exceso de combustibles y de repuestos de

los vehículos que importamos, distintos problemas de salud en conductores y usuarios que se producen por la desesperación, el estrés y los pleitos que ocurren y el acrecentamiento de los accidentes de tránsito.

A esta situación ya de desastre se suman los efectos de las concesiones o autorizaciones que otorgan nuestros gobernantes para obras públicas o privadas que carecen de un plan efectivo de contingencia para el tránsito donde se ubica la obra. Obras monumentales de inversión pública o la construcción de una vivienda privada pueden producir más caos y la imposibilidad de desplazamiento al restringirse una vía o parte de una vía, ocasionando más embotellamientos y un mayor número de accidentes de vehículo o contra peatones sin que las autoridades ni funcionarios de las empresas favorecida asuman responsabilidad directa por los daños.

Si analizamos el conjunto de estas causas y efectos del problema del transporte urbano de Lima, no habrá duda de considerar que nos encontramos frente a un problema fundamental. Al ser un problema fundamental, es congruente equiparar su relación con la de un derecho fundamental: ante el problema descrito, el desplazamiento en Lima se torna una necesidad extrema, lo que produce la prioridad de su protección y tratamiento como derecho humano y, por tanto, su carácter de derecho fundamental.

Al establecerse como derecho fundamental el transporte urbano en Lima es posible que el sistema jurídico del Perú intervenga, extraordinariamente, en su protección y atención. Todos los ciudadanos que vivimos el problema tenemos sugerencias o aportes que nuestras autoridades y los funcionarios públicos y privados están en la obligación de escuchar y acoger. Dos de estas propuestas, conversadas con colegas y amigos, son las siguientes:

  1. Implementar una autoridad autónoma, que cuente con legitimidad formal y material, para que dirija y gestione el transporte urbano de Lima.
  2. Coordinar entre sectores ministeriales, municipios, gremios de trasportes y usuarios, la restricción, en determinadas horas del día, del transporte privado en vías públicas, para priorizar el transporte público.

¿Es posible alcanzar la materialización del derecho fundamental del transporte público en Lima poniendo en marcha propuestas como las señaladas u otras conocidas? Creemos que sí, particularmente con la participación de quienes sufrimos el problema como desastre cotidiano.

 

Aplicación del derecho penal al desastre ambiental-petrolero de la Amazonía peruana

La empresa petrolera PETROPERÚ ha sido identificada como responsable de recurrentes derrames de petróleo, siendo las más trágicas y actuales las ocurridas el 25 de enero y el 3 de febrero de 2016 por fisuras en el Oleoducto Norperuano en las microrregiones amazónicas de Chiriaco (Provincia de Bagua, Región de Amazonas) y Morona (Provincia Datem del Marañón, Región de Loreto). Ante el desastre evidente, las denuncias se han hecho públicas por dirigentes indígenas, políticos, funcionarios públicos y reporteros, pero poco se ha escrito sobre la necesidad de aplicar el derecho penal. En las siguientes líneas lo intentamos plantear su aplicación a estos casos.

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La complejidad de la Informalidad y la emigración económica oculta bajo el concepto de “inmigrantes indocumentados”

Llamando la atención sobre la misa que el Papa Francisco compartiera a favor de emigrantes y pobres de la frontera entre Estados Unidos y México el 17 de febrero de 2016, el economista peruano Hernando de Soto escribe que es una oportunidad para “enarbolar la causa de los 5,000 millones de inmigrantes indocumentados alrededor del mundo” (diario El Comercio, 14-02-2016, revista Portafolio, pág. 6, subrayado añadido). ¿Qué tan cierto es que existan 5,000 millones de inmigrantes indocumentados en el mundo? ¿A qué se refiere con las palabras “inmigrante indocumentado”? ¿Qué problemas estructurales sobre la humanidad o nuestra sociedad se oculta bajo dichas palabras?

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Vulnerabilidad económica y desastre global: Cómo la desigualdad económica tiene efectos en la justicia climática

¿Tiene la desigualdad económica mundial efectos en el cambio climático global? ¿Son las libertades económicas los instrumentos más eficientes para enfrentar la desigualdad económica y evitar la catástrofe climática que nos envuelve? ¿Está relacionada la desigualdad económica mundial con la justicia o injusticia climática?
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La justicia popular y la justicia comunal como alternativas en el Perú

 Ante la presencia recurrente de casos sobre Justicia Popular publicados en la prensa limeña y a través del internet en los últimos meses (agosto, setiembre y octubre de 2015), nos permitimos reflexionar brevemente la definición del concepto, sus causas y efectos. Para ello recurrimos como base de estudio a nuestra experiencia sobre Justicia Comunal en las comunidades campesinas de Puno.

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El Lote petrolero 192 y los derechos del Perú y de las Comunidades Amazónicas II

(Buscando prever un nuevo desastre político)

El gobierno central del Perú, luego de recibir el respaldo de los congresistas de la República, ha confirmado la concesión temporal del Lote petrolero 192 a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy a través de un contrato de servicios, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 027-2015-EM, luego de un proceso de negociación directa. La región de Loreto, incluyendo a sus Comunidades Amazónicas, y otras partes del país, han decidido radicalizar su protesta buscando que el gobierno central cambie su decisión y permita que la empresa estatal Petroperú asuma tal concesión. ¿Se justifica jurídica y gubernamentalmente la decisión del gobierno central del Perú? ¿Es legítima la protesta de la región de Loreto y de las Comunidades Amazónicas?

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El lote petrolero 192 y los derechos del Perú y de las Comunidades Amazónicas

Buscando prever un nuevo desastre político

El Lote petrolero identificado hoy con el número 192, y que en el pasado fue la unión de los lotes petroleros 1A y 1B (Lote 1AB), ubicado en la Región de Loreto, es motivo de un nuevo conflicto social que amenaza con paralizar la región y otras partes del Perú. ¿Cuál es la historia o causa del conflicto? ¿Qué es lo que corresponde hacer constitucional y gubernamentalmente? Ambas preguntas se procuran absolver en el presente artículo.

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