El buen samaritano y el poseedor precario: desalojo por precario a los familiares

Introducción:

Cuando le preguntaron a Jesús ¿quién era el prójimo al que tanto debía de amar como a uno  mismo?, él respondió:

“Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo.  Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a su alojamiento y lo cuidó”

Dándole otro giro a esta historia, ¿qué hubiera pasado si el samaritano y el hombre golpeado tenían una relación de parentesco? ¿El hombre golpeado hubiera tenido el derecho de poseer el bien en el que se le acogió por el simple hecho de tener una relación de familiaridad? En ese sentido, ¿podría considerarse al hombre golpeado como un poseedor precario? En el presente artículo analizaremos las respuestas a estas interrogantes que han esbozado nuestros jueces en algunas casaciones.

Poseedor precario:

Nuestro Código Civil en el artículo 911 establece que “la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido” (el subrayado es mío). Este precepto legal aunque parece muy sencillo, ha traído muchos problemas en los jueces a la hora motivar su decisión.

La Corte Suprema de Justicia en primer lugar, delimitó el contenido de la posesión precaria, señalando que “(…)la figura del precario se va a presentar cuando se esté poseyendo sin título alguno ,esto es sin la presencia y acreditación de ningún acto o hecho que justifique el derecho al disfrute del derecho a poseer”[1],así como también cuando “(…)el título de posesión que ostentaba el demandado haya fenecido ,sin precisar los motivos de tal fenecimiento”.

Cabe señalar que en el IV Pleno Casatorio se especificó que el título no es necesariamente un documento que acredite propiedad, sino cualquier acto jurídico que autorice ejercer la posesión.

Siguiendo esa lógica, ¿podríamos decir que un prescribiente con sentencia es un poseedor precario? No, porque el prescribiente no tiene un acto jurídico, pero sí un título legal que es suficiente para justificar su posesión.

Dentro de la doctrina nacional, una pequeña parte no se encuentra de acuerdo con el contenido que asignó la Corte Suprema a la posesión precaria. Uno de ellos es Morales Hervias pues, no considera, en ningún sentido, al precario como poseedor.

Morales Hervias enfatiza:

 “El denominado “poseedor precario” en el Código Civil peruano es un sujeto que tiene solo la tenencia del bien analógicamente como el servidor de la posesión. Es decir, el precario y servidor de la posesión son tenedores y no son poseedores”.15 Agrega: “La denominada “posesión” precaria es la que se ejerce sin autorización expresa, es decir, la tenencia se ejerce con tolerancia sucesiva (tenencia sin título alguno) o cuando se usa el bien con autorización, pero ella se revoca (tenencia autorizada pero posteriormente fenece o se revoca). En el primer caso, hay una declaración tácita, es decir, un comportamiento de tolerancia por parte del propietario o del poseedor posteriormente a los actos materiales del tenedor. En el segundo caso, hay una declaración de revocación por parte del propietario o del poseedor de la autorización otorgada anticipadamente mediante declaración expresa.”[2]

Es evidente que el autor citado no compatibiliza con la definición que ha dado la Corte Suprema de Justicia sobre posesión precaria.

Posesión precaria vs actos de tolerancia:

En estos dramas familiares creo que es conveniente hacer una diferencia entre la posesión precaria y la mera tolerancia. Estos dos conceptos tienen una semejanza muy estrecha que no ha sido tratada por nuestro Código Civil. La Corte Suprema y en la doctrina entienden los actos de tolerancia de diferente manera.

La Corte Suprema ha señalado que los actos de tolerancia es aquella situación en la que se encuentra un familiar que ha tomado posesión del bien, por anuencia del titular. Por ejemplo, el padre quedeja que su hijo ingrese al segundo piso con su esposa.

La doctrina, en cambio, ha señalado que la tolerancia del titular de la posesión a la concesión de otro se hace de manera temporal, casi imperceptible que no afecte su posesión y que tiene un cese casi inmediato. Martin Mejorada señala algunos ejemplos:

“Es el caso de quien coge el fino lapicero del amigo, solo para apreciar su belleza y comentar con el afortunado, el repartidor de correspondencia que pone un pie en la vivienda o en la oficina únicamente para dejar los sobres, el transeúnte que descansa en la sombra de predio ajeno o se apoya en el auto de otro para ajustarse los pasadores. No es un tema de tiempo sino de trascendencia. La persona tiene contacto material con el bien, pero en su propia circunstancia da cuenta de un interés minúsculo. No es que falte voluntad, pero el acto no es esencial para atender la necesidad del sujeto. Una manera de afinar la idea es preguntarse si la persona sufre daño al prescindir de la conducta en cuestión. Si la respuesta es negativa estamos ante un acto de mera tolerancia, de lo contrario hay posesión”[3]

Dicho esto, los actos de tolerancia y la posesión no son lo mismo, según la doctrina.

Un análisis sobre las sentencias casatorios:

Al parecer, los fallos jurisdiccionales contradicen el pleno casatorio a la hora de decidir sobre la precariedad o no de los familiares.

La casación 2945-2013- Lima desarrolla el caso en el que una nieta que ostente titularidad de un bien inmueble interpone una demanda de desalojo en contra de sus abuelos y tíos.

La Corte Suprema considera que no es admisible desalojar a los ancianos porque son de avanzada edad. Además, de que atenta contra su dignidad por lo cual se debe proteger a los ancianos. En el caso de los tíos sí sería viable el desalojo. Desde mi punto de vista, considero que se trata de un fundamento totalmente vago para dar solución al caso en tanto la solución se obtiene únicamente mediante el empleo de una fuente moral.

Otro caso es la Casación 1784-2012-Ica, en la que un padre (propietario del inmueble) le otorga derecho de uso a su hijo, quien se mudó con su conviviente a dicho inmueble. El hijo viajó al extranjero y los padres interponen demanda contra la conviviente. La Corte Suprema declara infundada la demanda sustentando que el hecho de admitirla, resquebrajaría la unión familiar.

No estoy de acuerdo con el fundamento presentado por la Sala Suprema en tanto resulta vacío el concepto de unión familiar en este caso. Fundar de tal forma, traería muchos problemas porque se podría usar este argumento para proteger una unión familiar que, tal vez, nunca existió. ¿Qué pasaría en el caso de hermanos que nunca se han llevado bien? ¿podría fundamentarse unión familiar para tal caso? ¿qué autoridad moral tendría el juez para reconciliarlos a través de su argumento: unión familiar? Los argumentos son pocos sólidos.

Podríamos mencionar varias Casaciones que contradicen lo que se determinó en el Cuarto Pleno Casatorio respecto a la posesión precaria. Y, a decir verdad, no culpo a los jueces que osan en contradecir el pleno vinculante, ya que la delimitación que el Pleno le ha dado a la posesión precario, se restringe solo para algunos casos.

Conclusión:

1)El problema no es si se debe o no considerar precarios a los familiares, sino saber en qué casos se le debe considerar a los familiares como poseedores precarios a través de un sustento legal.

2)Los argumentos que han usado nuestros jueces son: la “unión familiar”, “dignidad”, “edad avanzada” (en caso de los ancianos), etc. Esto no tiene ningún respaldo legal para tomar una decisión sobre el caso.

3)El poseedor precario es el que no tiene título que justifique su posesión. Aquí, el título debe ser entendido no sólo como un documento, sino también como un derecho que respalda la posesión; por ejemplo, el deber de cuidado, el derecho de alimentación, etc.


[1] La Corte Suprema de Justicia en forma increíble sostiene que dentro de la categoría de posesión precaria “(…) se engloba al servidor de la posesión, a quien el poseedor real le encarga el cuidado de un bien, esto es por un acto de mera liberalidad y con carácter gratuito, y que si no atiende el requerimiento del titular para la devolución del bien devendrá en precario”; posición absurda pues el servidor de la posesión es tenedor de la posesión y no poseedor, pues siguiendo la concepción objetiva de Ihering, existe el mandato legal que el tenedor no es poseedor.

[2] MORALES HERVIAS, Rómulo. El precario: ¿es poseedor o tenedor (detentador)? A propósito del Cuarto Pleno Casatorio Civil. Dialogo con la Jurisprudencia. N.º 180, Gaceta Jurídica Editores: Lima, p. 24.

[3] MEJORADA CHAUCA, Martín. La mera tolerancia en la posesión. https://revistas.up.edu.pe/index.php/forseti/article/view/1086/1240.p.53.

Prescripción adquisitiva arbitral ¿es solo una cuestión de materias disponibles?

  1. Introducción

Al investigar durante algunos años he podido observar que en doctrina nacional hay temas que se han debatido muchísimo, mientras hay otros que no. Dentro del segundo tipo de temas, es decir, aquellos que han sido debatidos muy poco, se encuentra si es arbitrable o no la usucapión. En ese sentido, para determinar si la prescripción adquisitiva de dominio podría ser sometida a decisión de un árbitro o no, será imprescindible analizar aquello que se conoce como arbitrabilidad, los criterios que adopte la legislación en materia de arbitraje para considerar una materia arbitrable o no, así como, la naturaleza de la usucapión. Mediante el presente artículo pretendo plantear que la afirmación de que la prescripción adquisitiva de dominio es arbitrable por ser materia disponible no es tan cierto, ya que al final de cuentas lo más relevante será la política legislativa de cada ordenamiento jurídico.

2. Arbitrabilidad

Como señala doctrina autorizada en arbitraje[1], si bien el árbitro o tribunal arbitral presenta naturaleza jurisdiccional, esta, a diferencia de la jurisdicción judicial, resulta ser voluntaria y limitada. Los límites pueden estar establecidos por ley o por las partes; por lo tanto, para que un arbitraje pueda realizarse deben verificarse varios presupuestos, entre ellos, lo que se conoce como arbitrabilidad objetiva.

En propias palabras del autor anteriormente citado:

“La noción de arbitrabilidad apunta a definir, teniendo en cuenta el carácter limitado de la jurisdicción arbitral, respecto de qué cuestiones puede pactarse el desplazamiento de la jurisdicción judicial hacia árbitros y quiénes están legalmente habilitados para hacerlo. Arbitrabilidad es una cualidad de lo que es arbitrable, lo que significa que es susceptible de ser arbitrado, término aplicable a las materias (arbitrabilidad objetiva) y a las personas (arbitrabilidad subjetiva)”.[2]

Con respecto a la arbitrabilidad objetiva, el inciso 1 del art. 2 del Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje, señala: “Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen”.

Siguiendo la perspectiva de la libre disponibilidad, pero sin hacer mención a la Ley de Arbitraje actual, recientemente se ha señalado que uno de los criterios para poder determinar qué materias son susceptibles de someterse a arbitraje es la libre disposición de los derechos, aunque el autor considere tal criterio un tanto oscuro, sostiene que el concepto patrimonialidad termina justificándolo.[3]

Poco después de la investigación anteriormente citada, en otra sede se ha concluido que la arbitrabilidad se relaciona con el carácter patrimonial y disponible de los derechos a arbitrarse, por lo tanto, la prescripción arbitral será arbitrable.[4]

Sin embargo, las investigaciones que hacen referencia a la patrimonialidad y el carácter disponible para determinar cuáles serían materias disponibles, al parecer, no han tenido en cuenta lo siguiente:

“A nuestro entender, hablar simplemente de disponibilidad como el factor clave para determinar qué derechos son o no son arbitrables, es un despropósito, porque el concepto en sí mismo no nos dice nada. En derecho, disponibilidad no es un concepto que tenga vida propia, sino que está en función de lo que dice la ley. Es esta la que determinará qué derechos son disponibles y cuáles no.”[5] Los mismos autores respecto a la patrimonialidad señalan que la distinción de esta con relación a la no patrimonialidad ha sido ya superada por la doctrina, debido a que los derechos siempre presentan ambos caracteres, en mayor o menor proporción.[6]

Así, el profesor Roque J. Caivano, destaca que la arbitrabilidad objetiva depende de la política legislativa de cada Estado, pues cada uno define qué materias pueden o no someterse a arbitraje.[7] En resumen, como primera conclusión he de señalar que el criterio de la patrimonialidad o libre disponibilidad para determinar que la prescripción adquisitiva de dominio es susceptible o no de someterse a arbitraje, en nuestro país, no sirve, sino, será necesario evaluar si la política legislativa peruana acepta o rechaza tal controversia como arbitrable.

Precisamente, la política legislativa peruana respecto a la arbitrabilidad objetiva ha ido más allá de los intereses particulares. Si bien la primera Ley General de Arbitraje, es decir, el Decreto Ley N° 25935 utilizaba el criterio de la libre disponibilidad[8]; la derogada Ley N° 26572 extendió las materias arbitrables al incluir a aquellas relativas a materia ambiental[9]. Respecto a esta ley, la docente Ena Carnero ha señalado: “Entonces la derogada Ley General de Arbitraje a pesar de considerar como materia arbitrable los asuntos sobre los que las partes tienen libre disposición, extendió su ámbito a las controversias en materia ambiental y a las derivadas de contratos administrativos”.[10]

Finalmente, el ya mencionado inciso 1 del art. 2 de la actual Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071, incluye como arbitrables, además de las materias de libre disposición, a aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.

Asimismo, respecto a la arbitrabilidad objetiva, haciendo referencia directa a la usucapión, resulta imperioso resaltar que, en el caso de que se pensara que dicha controversia presenta normas de orden público y por tanto fuese inarbitrable[11], en la actualidad, derechos y conflictos con contenido de orden público son susceptibles de someterse a arbitraje. Con respecto al concepto de orden público, a pesar de lo oscuro que resulta, considero que se debe entender como el privilegio del interés general ante el interés puramente individual, para lo cual se recurre al uso de las normas imperativas y la limitación de la autonomía privada.[12]

Partiendo de tal definición del orden público, cabe concluir que el hecho de que exista un interés general que el legislador pretende tutelar mediante una norma no excluye per se dicha materia de las susceptibles de resolverse en un proceso arbitral. En otras palabras, el hecho de que, en una controversia o conflicto de intereses, su solución requiera la interpretación o aplicación de una norma de orden público, ello no excluye dicha controversia de la jurisdicción arbitral. Es decir, el límite que impone el orden público a la validez del proceso arbitral no es la invocación de una norma de orden público, sino la violación de esta, lo cual se presenta en cualquier proceso o procedimiento reconocido por ley.[13]

3. La usucapión y su naturaleza

Para terminar, quisiera hacer una breve referencia a la usucapión y su naturaleza jurídica. Como sabemos, la prescripción adquisitiva de dominio es un modo originario de adquirir la propiedad sobre un bien y regulado en el art. 950 del Código Civil. Sin embargo, la naturaleza y trascendencia de la usucapión está más allá de ser un modo de adquirir la propiedad o como un medio de prueba de esta.

Así un sector de la doctrina española ha establecido:

“La posesión está ligada históricamente al modo ordinario de prueba de la propiedad. Pero la usucapión, como transformación de la posesión continuada en propiedad, es algo más que un mero medio de prueba de la propiedad o un mero instrumento al servicio de la seguridad del tráfico, es, en cierto sentido, la identidad misma de la propiedad. La prueba de la propiedad se hace acreditando la posesión y el transcurso del tiempo en la posesión”.[14]

Posteriormente, el mismo autor señala:

“(…) Frente a los que buscan fundamentos subjetivos para la usucapión (como la negligencia del propietario, la presunción de voluntad transmisiva o la presunción de dirilicción), hoy en día se sustentan fundamentos objetivos: la prueba de la propiedad y la seguridad jurídica (PLANIOL), evitar la incerteza de la propiedad (D.41.3.1) y se suele añadir también el interés social y público (DIEZ PICAZO). La usucapión es algo más que un medio de prueba de la propiedad o un instrumento de seguridad del tráfico, es la realidad misma de la propiedad”.[15]

Respecto a esta misma institución jurídica, en sede nacional, se ha dicho citando al jurista Angelo Falzea:

“(…) De allí que con agudeza se haya dicho que la usucapión (al igual que la prescripción) constituye un hecho preclusivo, en cuanto ella implica una ruptura con el pasado que crea una solución de continuidad en el devenir jurídico y funda una situación jurídica originaria cuya validez no está condicionada a la existencia de una relación de derivación del estado jurídico anterior: ´Perfeccionada la usucapión la situación jurídica anterior cesa de ser relevante y queda absorbida la alternativa posible de la constitución o de la conservación del derecho subjetivo”.[16]

Habiendo expuesto la naturaleza de la usucapión, conforme a lo señalado por la doctrina, queda claro que dicha institución, entendida como una institución jurídica que marca un antes y un después respecto a la titularidad del derecho de propiedad sobre un bien legitimando la atribución de tal derecho al usucapiente, no hay motivo para excluir de la jurisdicción arbitral el conocimiento de tal clase de controversia. Teniendo en cuenta la relevancia del arbitraje como un medio alternativo de resolución de conflictos y dada la importancia de la institución de la usucapión, carece de todo fundamento excluirlo del proceso arbitral. Sin embargo, el fundamento de tal conclusión escapa del hecho de que se trate de una materia patrimonial o disponible, sino por el hecho de que la política legislativa en el Perú está orientada a que diversas materias sean arbitrables además de que el interés colectivo o de terceros no se vea afectado por resolverse la usucapión mediante un proceso arbitral.

4. Conclusiones

  1. El criterio de la patrimonialidad o libre disponibilidad para determinar que la prescripción adquisitiva de dominio es susceptible o no de someterse a arbitraje no sirve. Lo que se debe evaluar es si la política legislativa peruana ha aceptado o rechazado tal controversia como arbitrable.
  2. La política legislativa peruana desde antes de la promulgación de la actual Ley del Arbitraje ha estado orientada a que sean arbitrables materias que podrían considerarse como indisponibles.
  3. Incluso alegándose que el someter a arbitraje la usucapión afectaría el orden público, carece de fundamento el pretender excluir dicha materia de la jurisdicción arbitral, dado que materias de orden público son arbitrables, mientras este no se vea vulnerado.
  4. La prescripción adquisitiva de dominio es una institución jurídica de gran relevancia debido a que marca un antes y un después respecto a la discusión de la titularidad del derecho de propiedad sobre un bien.
  5. Teniendo en cuenta la relevancia de la usucapión, debe considerársele como susceptible de someterse a arbitraje, máxime cuando la política legislativa nacional no ha pretendido excluirla del conocimiento de la jurisdicción arbitral.

Bibliografía

  1. ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José A. Derechos Reales. Biblioteca del Derecho de Propiedad. Jurista Editores. Lima 2015
  2. ARIANO DEHO, Eugenia. Diálogo con la jurisprudencia número 87. Gaceta Jurídica. 2005
  3. CAIVANO, Roque J. Arbitrabilidad y Orden Público. Foro jurídico. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13801/14425.
  4. CAIVANO, Roque J. La expansión de la materia arbitrable, en dos recientes ejemplos que ofrece el derecho comparado. https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/caivano-la-expansic3b3n-de-la-materia-arbitrable-en-dos-recientes-ejemplos1.pdf
  5. CARNERO ARROYO, Ena. La materia arbitral en la nueva ley de arbitraje y en los tratados de inversión suscritos por el Perú. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E9E0482DDFC7129905257E2A0073E4C1/$FILE/Enacarnero.pdf
  6. Castillo Freyre, Mario; Sabroso Minaya, Rita; CHIPANA CATALÁN, Jhoel; CASTRO ZAPATA, Laura. La Ley de Arbitraje Análisis y comentarios a diez años de su vigencia. Gaceta Jurídica. Lima 2018.
  7. Galluccio, Giuseppe y Mori, Pablo. Arbitraje Comercial La extensión del Convenio Arbitral a los grupos de sociedades. Ediciones Legales. Lima 2012.
  8. JIMENEZ SALAS, Alfredo. Arbitrabilidad objetiva y prescripción adquisitiva. Diálogo con la jurisprudencia N° 250. 2019. https://works.bepress.com/alfredo-jimnezsalas/6/?fbclid=IwAR1thjz6IfF4Bsoz4d2vQMDM5Wc0v4UJ77n38Za_Tk8XxscqSLY5vj1BVs8
  9. RUBIO BARBOZA, Eduar. Declaración de Prescripción Adquisitiva de Predios por laudo arbitral: Razones para la tacha sustantiva en la calificación registral. http://eduarrubiobarboza.blogspot.com/2017/03/declaracion-de-prescripcion-adquisitiva_18.html
  10. TEVES SANCA, Gianmarco. La prescripción adquisitiva de dominio, ¿es materia arbitrable? http://www.parthenon.pe/privado/la-prescripcion-adquisitiva-de-dominio-es-materia-arbitrable/?fbclid=IwAR1uGIRnDR0yXrTrRCFY670FR4rnJyX7DpUq-oOM9rIe15y5w7US-dOHAxA

[1] CAIVANO, Roque J. Arbitrabilidad y Orden Público. Foro jurídico. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13801/14425. pp. 63-64. El autor señala: “…En otras palabras: para que un arbitraje pueda llevarse a cabo, respecto de determinadas materias y personas, deben verificarse varios presupuestos. El acuerdo arbitral debe ser: (i) válido en sentido material: las cuestiones sobre las que versa el arbitraje deben referirse a derechos que podían, legalmente, someterse a arbitraje (arbitrabilidad objetiva); (ii) válido en sentido personal: las personas que otorgaron el acto deben haber tenido capacidad para someterse a juicio de árbitros (arbitrabilidad subjetiva); (iii) obligatorio en sentido material: debe haber identidad entre las cuestiones que se someten o proponen someterse a arbitraje y aquellas para las cuales el arbitraje se pactó (alcance objetivo); y (iv) obligatorio en sentido personal: debe haber identidad entre quienes sean o vayan a ser partes en el arbitraje y quienes han sido partes en el acuerdo arbitral (alcance subjetivo). Con respecto a la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, un sector de la doctrina nacional se pronuncia en contra: “Desde nuestro punto de vista, la teoría que explica la verdadera naturaleza del arbitraje, al menos para el arbitraje comercial típico, es la teoría contractual. A nuestro criterio es la que atiende al verdadero origen del arbitraje: el convenio arbitral. Sin este no existiría arbitraje”. Cfr. Galluccio T., Giuseppe y Mori, Pablo. Arbitraje Comercial La extensión del Convenio Arbitral a los grupos de sociedades. Ediciones Legales. Lima 2012. p. 37

[2] CAIVANO. Ibíd. p. 64

[3] TEVES SANCA, Gianmarco. La prescripción adquisitiva de dominio, ¿es materia arbitrable? Parthenon. http://www.parthenon.pe/privado/la-prescripcion-adquisitiva-de-dominio-es-materia-arbitrable/?fbclid=IwAR1uGIRnDR0yXrTrRCFY670FR4rnJyX7DpUq-oOM9rIe15y5w7US-dOHAxA. p. 3

[4] JIMENEZ SALAS, Alfredo. Arbitrabilidad objetiva y prescripción adquisitiva. Diálogo con la jurisprudencia N° 250. 2019. https://works.bepress.com/alfredo-jimnezsalas/6/?fbclid=IwAR1thjz6IfF4Bsoz4d2vQMDM5Wc0v4UJ77n38Za_Tk8XxscqSLY5vj1BVs8. p. 157

[5] Castillo Freyre, Mario; Sabroso Minaya, Rita; CHIPANA CATALÁN, Jhoel; CASTRO ZAPATA, Laura. La Ley de Arbitraje Análisis y comentarios a diez años de su vigencia. Gaceta Jurídica. Lima 2018. p. 45

[6] Ibíd. p. 48

[7] CAIVANO, Roque J. La expansión de la materia arbitrable, en dos recientes ejemplos que ofrece el derecho comparado. https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/caivano-la-expansic3b3n-de-la-materia-arbitrable-en-dos-recientes-ejemplos1.pdf. p. 2

[8] Artículo 1.- Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, extinguiendo respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse.

Pueden igualmente someterse a arbitraje, sin necesidad de autorización previa, las pretensiones y controversias referentes a bienes muebles o inmuebles o a obligaciones del Estado y de sus dependencias, de los Gobiernos Central, Regional y Local, y de las demás personas de derecho público, siempre que deriven de una relación jurídica patrimonial de derecho

[9] Artículo 1º.- Disposición general.-

Pueden someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a materia ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse; excepto…

[10] CARNERO ARROYO, Ena. La materia arbitral en la nueva ley de arbitraje y en los tratados de inversión suscritos por el Perú. http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E9E0482DDFC7129905257E2A0073E4C1/$FILE/Enacarnero.pdf. p. 3

[11] RUBIO BARBOZA, Eduar. Declaración de Prescripción Adquisitiva de Predios por laudo arbitral: Razones para la tacha sustantiva en la calificación registral. http://eduarrubiobarboza.blogspot.com/2017/03/declaracion-de-prescripcion-adquisitiva_18.html. El autor concluye: “Por tal razón considerando que la adquisición por prescripción adquisitiva no es un asunto que se determine por la exclusiva voluntad de las partes interesadas, ya que no depende del acuerdo voluntario de éstas sino que se deduce de la comprobación de la citada posesión por el transcurso del tiempo legal, la declaración de la autoridad competente y garantías orden público que permitan el cuestionamiento de otros terceros, colindantes, entre otros; concluimos que no es una materia de libre disposición exclusivamente interpartes, lo cual lo descarta como una materia de libre disposición conforme a Derecho y Ley y por tanto fuera de la jurisdicción arbitral”.

[12] CAIVANO, Roque J. Arbitrabilidad y Orden Público. Foro jurídico. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13801/14425. pp. 66-67. Sobre el concepto orden público, el profesor Juan Espinoza Espinoza señala: “El orden público es un concepto de principios de diversa naturaleza (económicos, sociales, jurídicos, éticos, entre otros) que constituyen el pilar fundamental de la estructura y funcionamiento de la sociedad”. Para un mayor desarrollo Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Introducción al Derecho Privado Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil. Instituto Pacífico 4° edición. Lima 2015. pp. 346-352

[13] CAIVANO. Ibíd. pp. 76-78

[14] ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José A. Derechos Reales. Biblioteca del Derecho de Propiedad. Jurista Editores. Lima 2015. p. 167

[15] Ibíd. pp. 168-169

[16] ARIANO DEHO, Eugenia. Diálogo con la jurisprudencia número 87. Gaceta Jurídica. 2005. p. 141