La posesión del comunero integrante de una Comunidad Campesina o Nativa

La Constitución Política ha reconocido expresamente a las Comunidades Campesinas y Nativas otorgándoles un marco constitucional para su existencia, autonomía, desarrollo y participación; o, inclusión en el Estado de Derecho. Este marco tiene su origen en que somos un país multicultural y poliétnico, puesto que existen pueblos y culturas ancestrales que tienen plena vigencia en la actualidad, lo cual no puede ser desconocido por el Estado.

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Nulidad de venta de bien conyugal vs. protección del tercero de buena fe: más de lo mismo (para mal)

La Casación N° 294-2015-Lambayeque (en adelante la “Casación”) aborda un tema muy recurrente en nuestra realidad y jurisprudencia: la sociedad conyugal conformada por A y B es propietaria de un inmueble; sin embargo, este se encuentra inscrito en Registros Públicos solo a nombre de uno de los cónyuges (B), quien sin el asentimiento del otro (A) se lo vende a un tercero (C), quien contrata de buena fe, esto es, creyendo que el bien realmente le pertenece a B. Lo particular de la Casación es que se protegió la adquisición de C (por haber supuestamente actuado de buena fe) frente a la demanda de nulidad planteada por A.

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¿Es posible confrontar derechos de propiedad dentro de un desalojo? Idas y venidas de la Corte Suprema

En la Casación 4538-2015-Lima se resolvió la demanda de desalojo planteada por Clotilde Emilia Lariena Castro (la “Demandante”) contra Hermi Cira Motta Loayza (la “Demandada”), a efectos de que esta última restituya la posesión del inmueble constituido por el Lote 16, Manzana 3148 de la Urbanización Santa Modesta, Distrito de Santiago de Surco (el “inmueble”).

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La posesión precaria en el Pleno Jurisdiccional Distrital Civil de Huánuco: ¿más de lo mismo?

Era usual que en los procesos de desalojo el demandado se defendiera presentando un título que en apariencia le otorgaba el derecho a poseer (un arrendamiento, una compraventa o una donación), cuando en realidad se trataba de un documento adulterado que contenía un acto nulo. Cuando el demandante hacía notar ello, el demandado se defendía señalando que dicha cuestión (la nulidad del título) debía ser vista en un proceso de conocimiento y no dentro del desalojo. Frecuentemente, los jueces admitían este argumento y desestimaban la demanda, obligando al demandante a iniciar un proceso de nulidad de acto jurídico o una reivindicación en donde se pudiera discutir la validez del título posesorio del demandado.

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