¿Los derechos de autor en obras musicales se encuentran óptimamente protegidos en el Perú?

Es de conocimiento de muchos que, si una persona desea interpretar o modificar una canción, ésta tendrá que pedir la autorización del autor que creó la obra. Asimismo, si se ha hecho una actividad comercial y de intermedio está la música, se deberá realizar un pago a la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), la cual cuenta con un tarifario para el cobro de acuerdo al consumo.

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Las trabajadoras y trabajadores del hogar en el Perú: Una cuenta pendiente que saldar en materia de derechos laborales

En estos últimos 5 años, diversos partidos políticos han presentado proyectos de ley en búsqueda del reconocimiento y la protección de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar (en adelante, “trabajadores del hogar”). Así, el 3 de julio del 2013, el congresista Vicente Zevallos Salinas, de Solidaridad Nacional, presentó el proyecto de ley Nº 2437-2012-CR que proponía la modificación de los artículos 2, 5, 9, 12 y 13 de la Ley N° 27986 (en adelante, “Ley de los trabajadores del hogar”), a fin de garantizar al sector doméstico una remuneración mínima, compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones. Esta iniciativa legislativa se encuentra aún en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso desde el 11 de julio del 2013.

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La memoria que no olvida: Olivia Arévalo y su herencia cultural

« ¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo

interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la

inmortalidad», Jorge Luis Borges.

En un país donde la cultura, tradición y costumbres permanecen en muchos lugares intactos, donde luchamos por la defensa de muchos, pero son las minorías quienes muchas veces quedan excluidas, no podemos ser ajenos a la realidad que nos envuelve hoy en día. Recientemente, hemos sido testigos de casos indignantes para nuestra sociedad, la lucha colectiva ha despertado ante ello y no se olvida, pero sí estamos dejando de lado a quienes siempre están detrás de las prioridades estatales y sociales, pero ¿a quiénes nos referimos?

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En la búsqueda de un país con menos casos de feminicidios: Reflexiones jurídicos-penales del caso de Eyvi Ágreda

“Yo no quería echarle todo, solo quería echarle a su rostro”

Una vez más, la sociedad peruana fue testigo de un intento de feminicidio sumamente escalofriante. Nos referimos en estricto al caso de Eyvi Ágreda Marchena: una chica de 22 años que el pasado martes 24 ardió en llamas debido a que Carlos Javier Hualpa Vacas le roció gasolina en casi todo su cuerpo dentro de un autobús de transporte público ante la vista de varios transeúntes. En ese sentido, en el presente artículo, busca, en primer lugar, explicar cuál es el origen, así como, criterios importantes para entender el delito de feminicidio; en segundo lugar, calificar el tipo penal, en el cual incurrió el agente; y finalmente, criticar el criterio de incapacidad de compresión de una conducta como una vía de escape de la responsabilidad penal del agente.

Durante las últimas décadas, han surgido varios colectivos de mujeres que reclamaban un tipo penal especifico que reconozca y proteja la violencia contra la mujer. Estos colectivos no solo han manifestado que existe una estructura patriarcal muy marcada en nuestra sociedad, sino que por muchos años las mujeres han mantenido una condición de subordinación e inferioridad frente a los hombres. Es decir, nuestra sociedad eminentemente machista se ha encargado de asignar estereotipos y roles específicos limitando de esa manera el rango de actuación de las mujeres[1].

En ese sentido, toda aquella conducta contradictoria al rol impuesto por nuestra sociedad ha sido profundamente cuestionada y en muchos casos canalizada bajo diversos contextos de violencia psicológica y física hacia las mujeres. En tan solo en un periodo de 5 años el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha registrado 556 casos de feminicidios[2] durante el período del 2001 al 2005 y, del mismo modo, la Defensoría del Pueblo ha afirmado que en los tres primeros meses de 2018 se ha registrado 32 casos de feminicidios y 82 tentativas[3]. Debido a ello, la política criminal en base a estudios y criterios objetivos ha informado la necesidad de un nuevo tipo penal como exigencia ante la muerte indiscriminada de mujeres en los últimos años, el cual tras diversos debates académicos y modificaciones legislativas encuentra su fundamento jurídico en el artículo 108-B del Código Penal[4].

El feminicidio se caracteriza por ser el caso más grave de discriminación hacia la mujer atentando en estricto contra el bien jurídico de la vida humana. Sin embargo, podemos encontrarnos bajo varias confusiones si adoptamos una interpretación literal de frase “matar a una mujer por su condición de tal”. En esa línea, la teoría del rol social trata de darnos un mejor panorama. Esta última tiene como base el rol social con relación al género[5]. En otras palabras, si un hombre, por ejemplo, atenta o mata a una mujer estaría violentándola porque estaría infringiendo un rol impuesto defraudando a la sociedad y ameritándose una “sanción” por su ello. Esto implica que haya un conocimiento por parte del agente de que la muerte que ocasiona es debido a un factor que objetivamente está asociado a su género y que a pesar de ello decide continuar atentando contra su vida.

Entonces, de ello se desprende que, en este tipo de delito, existe un criterio contextual primordial. Y, en ese sentido, el Acuerdo Plenario 1-2016/CJ-116 desarrolla los contextos más relevantes que marcaron las diversas manifestaciones de violencia de género: violencia familiar, coacción, hostigamiento y acoso sexual, prevalimiento y en general cualquier acto de discriminación.

Teniendo en cuenta estos elementos, creemos que Carlos Hualpa ha incurrido en una tentativa de feminicidio agravado. En primer lugar, con respecto a la las fases del delito o iter criminis, hubo en primera instancia una fase interna del agente, dentro de la cual planeo premeditadamente su conducta, y una fase externa, dentro de la cual el agente exteriorizo la idea delictiva que desarrollo en su fase interna cometiendo así una infracción penal.

En ese sentido, acorde a los testimonios del agente, el caso destaca como ideación del agente, una planificación previa desfigurar a Eyvi Ágreda prendiéndole fuego a su cara. Además, de acuerdo con los hechos se puede establecer que este sujeto tenía el conocimiento, al menos, de los horarios de salida de la joven cajamarquina, lo cual facilitaba aún más esta etapa de elaboración. Con respecto a los actos preparatorios, se resalta que el agente utilizó un frasco de yogurt de boca ancha para facilitar el acto de verter la gasolina sobre la cara de Eyvi Ágreda ocultándolo en su mochila reforzando así su camuflaje del objeto. Y, finalmente, el agente recae en una tentativa ya que comenzó la consumación del delito de feminicidio sin llegar a consumarlo[6] porque Eyvi aún sigue viva, pero bajo una situación sumamente crítica de salud ya que el 60 por ciento de su cuerpo ha sufrido quemaduras muy profundas[7].Por todo ello, para efectos de la responsabilidad penal concluimos que el señor Hualpa alcanzó la tentativa acabada.

Asimismo, se puede enmarcar esta conducta delictiva dentro de la figura de una persona que mata a una mujer por no cumplir un rol dentro de un contexto de hostigamiento y acoso sexual, entendiéndose como rol establecido el consentimiento asegurado de las mujeres ante acciones o demostraciones de amor de una persona. En el caso en concreto se puede apreciar a un sujeto que, continuamente, bajo diversos niveles de intensidad ha manifestado conductas físicas o verbales a una mujer de carácter sexual causándole un clima de intimidación e intranquilidad.

Efectivamente, así lo manifestó el agente, él estaba enamorado ella desde hace un tiempo y posteriormente, cuando declaró su amor, este fue rechazado. Igualmente, cabe resaltar que no se cortó definitivamente la interacción entre los dos, aún el agente mantenía una conducta continua de hostigamiento al llamarla, por ejemplo, para recriminar sus manifestaciones públicas de sentirse acosada.

Por otro lado, consideramos que el agente incurrió en tres agravantes del tipo penal: la concurrencia de una de las agravantes, del artículo 108 del Código Penal[8]. En primer lugar, actuó con una ferocidad injustificable. Es decir, el móvil por la cual se mató a Eyvi es fútil o insignificante. Aparece, en ese sentido, una supuesto de desvalor de la culpabilidad porque el agente demuestra una falta de sensibilidad impresionante quemándola incluso a la vista de varios pasajeros en un lugar sumamente público. Cualquier persona medianamente razonable sabe que ser rechazado sentimentalmente no es motivo suficiente para quemar a una persona.

Igualmente, el sujeto incurrió en una gran crueldad pues sometió a la victima a un sufrimiento innecesario de por medio. Se presenta, en esta circunstancia, un mayor desvalor del injusto y de la culpabilidad porque no solo atenta contra su vida sino también contra su integridad personal (física y psíquica).

Por último, utilizó un elemento sumamente inflamable que causo un peligro contra diversos bienes jurídicos. Incluso poniéndonos en el caso en que el agente no haya previsto está situación, es decir, no quiso quemar a otros pasajeros del transporte público, no significa que cualquier persona con cierta diligencia no pudo haber previsto esto por ser, justamente, un escenario con alta concurrencia de público.

Sin embargo, a pesar de lo expuesto, aún cabe un supuesto que puede causar la no responsabilidad penal de Carlos Hualpa. En el análisis de las categorías jurídico-penales existe un estadio que involucra el estudio de la parte subjetiva de los agentes, la parte interna que puede decidir el curso de un comportamiento una persona; algo que, en términos generales, la dogmática jurídico penal denomina culpabilidad. Este último tiene como eximentes la inimputabilidad[9], el desconocimiento de la antijuricidad y la no exigibilidad de la otra conducta.

Algunas opiniones acerca del caso de Carlos Hualpa se encaminan a señalar que estamos frente a un psicópata, un enfermo mental o un desviado mental calzando de ese modo frente al supuesto en que el agente no ha sido capaz de comprender su conducta eximiéndolo consecuentemente de una responsabilidad penal. Esto puede ser cuestionable ya que, si bien el plano psicológico tiene un rol importante, no es pertinente para este caso ya que este está manchado por una premeditación de los hechos.

Por todo ello, planteamos que el trasfondo de la conducta delictiva nos expresa una manera de comportarse. Este delito nos está comunicando algo: un comportamiento siniestro analizado con anterioridad. No podemos caer en la pandemia de la patología mental en donde la psicopatología pretendió psicopatologizar todas las conductas criminales; todo lo contrario, debemos enfocarnos en que el crimen es una manera de relacionarse que constituye sistemas de relaciones que tienen patrones, actores, comportamientos, funciones y estructuras describibles[10] que explican la conducta de un sujeto activo. De hecho, lo relevante es que solo un pequeño porcentaje del crimen está asociado a psicopatologías.

A modo de conclusión, podemos decir que, en primer lugar, el feminicidio es una herramienta jurídico-penal que no solo visibiliza la discriminación y violencia histórica contra la mujer sino también ayuda a construir un cambio cultural dentro de nuestra sociedad; en segundo lugar, que Carlos Hualpa incurrió en una tentativa de feminicidio agravado, dentro del cual en el mejor de los casos puede tener hasta una pena máxima de 25 años; y, finalmente, que la anomalía psíquica en este caso no alteraría el nivel de culpabilidad.


(*) Escrito por Sthefany Menéndez

(*) Fuente de imagen: El Comercio

[1] http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/XPLENOJURISDICCIONALPENAL.pdf

[2] http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_feminicidio.pdf

[3] http://www.bbc.com/mundo/noticias-43913788

[4] Artículo 108°-B.- Feminicidio644 Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1. Violencia familiar; 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 1. Si la víctima era menor de edad; 2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente; 4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación; 5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad; 6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108°. La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes (subrayado nuestro).

[5] https://legis.pe/feminicidio-matar-a-una-mujer-por-su-condicion-de-tal/

[6] Artículo 16°. – En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena.

[7] https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/eyvi-agreda-viral-fotos-este-procedimiento-buscaran-curar-sus-quemaduras-noticia-562876

[8] Artículo 108°. – Homicidio calificado Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer. 2. Para facilitar u ocultar otro delito. 3. Con gran crueldad o alevosía. 4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas.

[9] Artículo 20°.- Está exento de responsabilidad penal: 1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión; 2. El menor de 18 años […]

[10] Clase del 18 de marzo del 2014. PUCP. Profesor: Jaris Mujica.

La Cumbre de las Américas: Origen y desempeño en la actualidad

El pasado 13 y 14 de abril, se llevó a cabo la VIII Cumbre de las Américas en la capital,  donde Jefes de Estado o representantes de 35 países participaron con la finalidad de abordar temas que los afectan en distinto niveles como: Corrupción, desarrollo sostenible y aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público privadas, etc. Además, cabe resaltar que el tema central referido fue “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.  [1] (*)

Creación y función

La Cumbre de las Américas se inició en Miami en 1994, creada por Estados Unidos y planeada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de afianzar los lazos de los países americanos y, en conjunto, poder afrontar y buscar soluciones óptimas frente a los problemas presentes o potenciales de diversa índole internacional. La OEA se encarga, a su vez, de la implementación y seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas e instruye a la Secretaría General para que continúe ejerciendo las funciones de secretaría técnica, brinde apoyo a las reuniones del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, coordine la participación de la sociedad civil, etc.  [2]

Asimismo, cuenta con un Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (En adelante, GRIC), el cual es el órgano ejecutor principal del Proceso de Cumbres y está compuesto por los funcionarios gubernamentales de los países integrantes de la OEA, los cuales están representados mediante Coordinadores Nacionales designados por sus gobiernos. [3] Actualmente, el Perú tiene la Presidencia del GRIC por ser el anfitrión de este evento.

Igualmente, es importante destacar que la coordinación de la Cumbre cuenta con dos órganos asesores:

  1. El Consejo Directivo, que está compuesto por países anfitriones de las anteriores y futuras Cumbres. Tiene como finalidad asistir a la Presidencia a preparar las reuniones del GRIC así como apoyar en los preparativos de futuras Cumbres.
  2. El Consejo Ejecutivo del GRIC fue creado por el Plan de Acción de la Tercera Cumbre, como un órgano representativo regional cuya función es evaluar, fortalecer y apoyar el seguimiento de las iniciativas de la Cumbre. Los miembros del Consejo Ejecutivo son: Estados Unidos, Bolivia, Chile, Canadá, México, Argentina, Trinidad y Tobago, Colombia, Panamá, Perú, Brasil, y los países designados en nombre de CARICOM (Comunidad del Caribe), la Comunidad Andina, Centroamérica y el Grupo de Río.

Por otro lado, esta Cumbre otorga un espacio idóneo para los actores sociales, pues los mandatarios han reconocido que es enriquecedora la intervención de estos actores para que, en conjunto, puedan formular e implementar iniciativas políticas y programas de desarrollo. La Secretaría propone foros regionales, diálogos entre actores y diplomáticos, movilización de recursos para financiar los proyectos aprobados debido a su iniciativa, entre otros. Estos actores sociales pueden ser: Los Pueblos Indígenas, jóvenes, el Sector Privado, los Sindicatos de Trabajadores, etc.

Finalmente, en la VIII Cumbre se firmó el “Compromiso de Lima” por los presentes, el cual está enfocada en la transparencia en la gestión de gobierno y tiene como principales puntos:

  • Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia. Adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada, bancarización de los ingresos, gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales. Proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción.
  • Proteger a los servidores públicos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción, etc. [4]

Aunque la última Cumbre tuvo un contexto alarmante debido a noticias como las transgresiones cometidas por 3 países pertenecientes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el último viernes frente al país Sirio, la muerte de los periodistas ecuatorianos y la entrada del ex-presidente Lula da Silva a la cárcel, los países solo ratificaron la lucha contra la corrupción y autoritarismo.


Bibliografía:

(*) Editorial escrita por Angiella Rayo

[1]https://www.efe.com/efe/america/politica/la-oea-inicia-los-preparativos-de-viii-cumbre-las-americas-lima/20000035-3378517

[2] http://www.summit-americas.org/sisca_sp.html

[3] http://www.summit-americas.org/sirg_sp.html

[4] https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/04/14/los-principales-puntos-del-compromiso-de-lima-contra-la-corrupcion-que-se-firmo-en-la-viii-cumbre-de-las-americas/

 

 

 

El derecho de propiedad y sus restricciones

La propiedad: Derecho Real por excelencia

Tradicionalmente, la propiedad ha sido vista como el derecho real, absoluto, exclusivo y perpetuo. Con respecto a su característica de absoluto, esta es entendida en tanto confiere a su titular las facultades de usar, disfrutar y disponer del bien. Por otro lado, se le reconoce el carácter de exclusivo ya que excluye todo derecho incompatible con el; mientras que, perpetuo debido a que el derecho de propiedad no se extingue por el no uso.

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Acceso al mar para personas con discapacidad motora en la playa La Estrella

Hace unos años, se difundió por diversos medios de comunicación, la primera playa accesible en nuestras costas del litoral limeño ubicada en la Costa Verde[1]. Esta fue una iniciativa de la Municipalidad de Miraflores: crear espacios accesibles para personas con discapacidad visual y motora para que puedan disfrutar un día de verano en las playas.

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Procedimiento Administrativo Sancionador: Entre la Caducidad y la Prescripción

El 21 de diciembre de 2016 fue publicado el Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. Mediante dicha norma, se introdujeron diversas modificaciones sobre aspectos procedimentales e instituciones ya previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General; así mismo, se desarrollaron e incorporaron figuras jurídicas, entre ellas la prescripción y la caducidad respectivamente.

Sin embargo, la nueva regulación establecida por el Decreto Legislativo N° 1272 respecto de ambas figuras, hasta la fecha, sigue suscitando algunas dudas en torno a su interpretación y aplicación. En este sentido, mediante la presente Editorial, se llevará a cabo un análisis de los alcances de la caducidad y la prescripción en el procedimiento administrativo sancionador, precisando una distinción entre ellas, así como la forma de cómputo de plazos y los efectos del cumplimiento de los mismos.

  1. La Prescripción y la Caducidad

Para empezar, es del caso señalar que la caducidad es una figura recientemente incorporada por el Decreto Legislativo N° 1272 en la normativa administrativa y que, actualmente, se encuentra regulada en el artículo 237-A de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, “LPAG”). Ahora bien, la caducidad puede ser definida como aquella que “origina la terminación anormal y anticipada de un procedimiento, debido a la inactividad de la autoridad competente prolongada en su trámite que ocasiona que el plazo establecido para su culminación se venza, adelantando el término del procedimiento por mandato de la ley”[1]. En otras palabras, se entiende que la caducidad es respecto del procedimiento.

Por otro lado, la prescripción se encuentra regulado en el artículo 233 de LPAG y, a diferencia de la caducidad, incide en la competencia de la autoridad administrativa para determinar la existencia de una conducta infractora. De este modo, una vez transcurrido el plazo legal de prescripción, la autoridad administrativa pierde la competencia para sancionar al administrado por la infracción cometida, considerándose extinta la responsabilidad del presunto infractor[2]. Se trata de una limitación al ejercicio tardío del ius puniendi, que tiene los siguientes fundamentos: “desde la perspectiva del administrado, en la seguridad jurídica, la cual exige que la amenaza de sanción tenga un término final; y, desde la perspectiva de la Administración, en la eficacia de su actuación, que le exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas, para optimizar sus recursos”[3].

En este sentido, se entiende que mientras que la prescripción conlleva la extinción definitiva de la potestad sancionadora; en la caducidad, la extinción se producirá sobre el procedimiento, el cual se archivará y se tendrá como no iniciado, pudiendo así iniciarse nuevamente el procedimiento administrativo sancionador siempre que no se haya producido la prescripción.

  1. Anotaciones sobre la Caducidad

De acuerdo al artículo 237-A de la LPAG, el plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio es de 9 meses (en adelante, el “Plazo de Caducidad”).

Conforme al artículo 237-A de la LPAG, el Plazo de Caducidad puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por 3 meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. En este punto, es necesario aclarar que únicamente surtirá efectos la ampliación si la resolución ampliatoria es notificada al administrado dentro del Plazo de Caducidad.

El Plazo de Caducidad es computado desde la fecha de notificación al administrado de la resolución de imputación de cargos. Según el artículo 133 de la LPAG, el plazo expresado en meses es contado a partir de la notificación del respectivo acto.

El Pazo de Caducidad concluye el día igual al de la notificación de la resolución de imputación de cargos, completando el número de meses fijados para el lapso. Conforme al artículo 134 de la LPAG, el plazo expresado en meses es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes que inició. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

El Plazo de Caducidad termina con la notificación al administrado de la resolución sancionadora. En este sentido, es necesario aclarar los siguientes escenarios:

  • Si la resolución sancionadora es notificada al administrado dentro del Plazo de Caducidad, entonces el Plazo de Caducidad culminará en la fecha de la referida notificación.
  • Si la resolución sancionadora es emitida, pero no es notificada al administrado dentro del Plazo de Caducidad, la sola emisión de dicha resolución no pondrá término al referido plazo. Así, una vez transcurrido el Plazo de Caducidad sin que la resolución sancionadora haya sido notificada, se producirá la caducidad del procedimiento administrativo sancionador de manera automática y, en consecuencia, dicho procedimiento deberá ser archivado por la autoridad respectiva y cualquier resolución que se emita de manera posterior en el marco del mismo no producirá efecto alguno.

De acuerdo al artículo 135 de la LPAG, al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación, según sea aplicable.

De acuerdo a la misma norma, el cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente, en este caso vendría a ser OSITRAN. Sin embargo, a la fecha, el OSITRAN no ha aprobado ningún cuadro de términos de la distancia, por lo que debe aplicarse el régimen establecido en el Cuadro General de Términos de la Distancia aprobado por el Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nº 288-2015-CE-PJ (en adelante, la “Resolución”). Conforme al artículo 5 de la Resolución, es aplicable el término de la distancia cuando el lugar en que se ubica el órgano competente ante el cual debe efectuarse el acto es diferente de aquél donde se encuentra la o las personas o parte que debe practicarlo.

En esta línea, se entendería que el término de la distancia no se aplica al plazo de caducidad, puesto que se trata de un plazo para que el órgano competente resuelva el procedimiento administrativo sancionador y el término de la distancia está pensado para actos que deben ser llevados a cabo por el administrado ante el órgano competente, así como para los casos de notificación de actos al administrado.

De manera que, de ser el caso, únicamente se sumará el término de la distancia al plazo de notificación de la resolución sancionadora. Es decir, la resolución sancionadora deberá ser notificada dentro del plazo de 5 días hábiles, a partir de la expedición del acto, sumado el plazo de término de la distancia correspondiente (en adelante, el “Plazo de Notificación”). No obstante, aun cuando la resolución sancionadora sea notificada dentro del Plazo de Notificación, si no es notificada dentro del Plazo de Caducidad, entonces dicha resolución no surtirá efectos y, por tanto, el cómputo del plazo de caducidad continuará.

Según el artículo 237-A de la LPAG, la caducidad es declarada de oficio por el órgano competente. La declaración de caducidad por parte del órgano competente, ya sea de oficio o a solicitud del administrado, tiene únicamente efectos declarativos. De manera que no será necesario que la resolución que declara la caducidad del procedimiento sea emitida o notificada para considerar que dicho procedimiento ha caducado.

  1. Anotaciones sobre la Prescripción

De acuerdo al artículo 233 de la LPAG, el plazo de prescripción del procedimiento administrativo sancionador es de 4 años (en adelante, el “Plazo de Prescripción”). Es del caso señalar que OSITRAN no ha establecido ningún plazo de prescripción especial para los procedimientos administrativos sancionadores que están bajo su competencia.

Conforme al artículo 233 de la LPAG, el Plazo de Prescripción se computa (i) a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes; (ii) desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas; o (iii) desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

  • Infracciones Instantáneas

En estos casos, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido se produce en un momento determinado, en el que la infracción se consuma, sin producir una situación antijurídica duradera[4].

El Plazo de Prescripción se empieza a contar desde el día en que se consuma la infracción, que es el mismo en que se realiza el (único) acto infractor.

  • Infracciones Instantáneas con Efectos Permanentes

En estos casos, aunque los efectos de la conducta infractora sean duraderos y permanezcan en el tiempo, la consumación de ésta es instantánea[5], en un momento determinado.

El Plazo de Prescripción se empieza a contar desde el día en que se consuma la infracción, que es el mismo en que se realiza la conducta infractora, sin importar si los efectos se mantienen en el tiempo.

  • Infracciones Continuadas

Se trata de un supuesto donde se realizan diferentes conductas, cada una de las cuales constituye por separado una infracción, pero que se consideran como una única infracción, siempre y cuando formen parte de un proceso unitario[6]. Para tal efecto, es necesario que exista una homogeneidad de la norma violada (del bien jurídico lesionado) y del sujeto activo, debiendo actuar éste en ejecución de un plan preconcebido (dolo conjunto) o aprovechando idéntica ocasión (dolo continuado)[7].

El Plazo de Prescripción se empieza a contar desde el día que se realizó la última actuación constitutiva de infracción, mediante la cual se consumaría esta unidad de acción.

  • Infracciones Permanentes

Son aquellas infracciones en donde el administrado se mantiene en una situación infractora, cuyo mantenimiento le es imputable. A diferencia de las infracciones continuadas, no son los efectos jurídicos de la conducta infractora los que persisten, sino la conducta misma[8].

El Plazo de Prescripción se empieza a contar desde el día en que cesó la conducta infractora. De manera que hasta que no se realice una conducta contraria por parte del autor de la infracción que ponga fin a la situación ilícita, el Plazo de Prescripción no comenzará a contarse[9].

Conforme al artículo 134 de la LPAG, el Pazo de Prescripción concluye el día igual al del año que inició, completando el número de años fijados para el lapso.

De acuerdo al artículo 233 de la LPAG, el cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la notificación al administrado de la resolución de imputación de cargos.

  • No tiene efecto suspensivo ningún acto de la administración inspectiva (requerimientos de información, levantamientos de actas sobre declaraciones, investigaciones reservadas, etc.).
  • La suspensión abre un paréntesis o tiempo muerto, pues durante la suspensión el transcurso del Plazo de Prescripción queda paralizado o detenido.

Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles, por causa no imputable al administrado.

  • Es decir, transcurrido el plazo de 25 días hábiles contados desde el día siguiente de la fecha de notificación al administrado de la resolución de imputación de cargos y en tanto la autoridad competente no haya diligenciado el expediente, esto es, que el administrado no haya tenido conocimiento alguno de la continuación del procedimiento administrativo sancionador[10], entonces a partir del día siguiente de terminado dicho plazo el cómputo del Plazo de Prescripción deberá reanudarse.
  • En el caso de la suspensión, solo se detiene el cómputo del plazo y, superada la causal de suspensión, el plazo transcurrido se mantiene y se continúa contabilizando[11] hasta completar el Plazo de Prescripción.

Según el artículo 233 de la LPAG, la autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el Plazo de Prescripción. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

Transcurrido el Plazo de Prescripción, la prescripción produce inmediatamente su efecto liberatorio, operando de pleno derecho y obliga a la autoridad administrativa a declararla de oficio aun si no ha sido alegada por el administrado. Esta postura ha sido recogida por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia, órgano competente para emitir opinión jurídica sobre la interpretación de una norma legal o efectos de la misma, señalando que la prescripción se encontraba vinculada a la competencia asignada a la autoridad administrativa para sancionar las infracciones, por tanto, debía ser evaluada de oficio.[12]

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

 

 


Editorial escrita por Samantha Taipe

[1] MORN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica. 2017.

[2] Resolución N° 190-2013-OEFA/DFSAI, de fecha 30 de abril de 2013. Fundamento Jurídico 6.

[3]BACA ONETO, Víctor Sebastian. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas). Lima: Derecho & Sociedad. P.265.

[4] BACA ONETO, Víctor Sebastian. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas). Lima: Derecho & Sociedad. P.268.

[5] BACA ONETO, Víctor Sebastian. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas). Lima: Derecho & Sociedad. P. 268.

[6] BACA ONETO, Víctor Sebastian. Loc. Cit. P.269.

[7] BACA ONETO, Víctor Sebastian. Op. Cit.

[8] BACA ONETO, Víctor Sebastian. Loc. Cit. P.268.

[9] MORN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica. 2017.

[10] ZEGARRA VALDIVIA, Diego. La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su

regulación en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. P.9.

[11] Sentencia recaída en el expediente N° 03681-2010-PHC/TC de 20 de abril 2012 f. 4.

[12] Resolución N° 190-2013-OEFA/DFSAI, de fecha 30 de abril de 2013. Fundamento Jurídico 9

El camino hacia el 8 de marzo

La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar algún rey,

Romper los esquemas, quebrar el sistema Coger una escoba y en vez de barrer Lanzarme a volar en la noche sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del coooontigo.

Es cierto que el mundo parece un poco menos feo

Contigo

Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos

Y aprendo contigo

Y contigo camino y

Me encanta todo lo que hemos compartido

Tirando barreras, rompiendo los mitos

Canción: Contigo

Intérpretes: La Otra y El Kanka

 

A propósito del “Día internacional de la mujer”, el reciente 8 de marzo del presente año, es menester recordar la lucha constante de la mujer por romper las brechas impuestas por la sociedad que aún nos invaden. En un país donde las tasas de feminicidios se incrementan a diario, la violencia contra la mujer es una noticia perenne; y, la indiferencia hacia estos hechos se mantienen, no habrá avance alguno en la búsqueda de la equidad y justicia entre la población de hombres y mujeres si no hay cambio alguno.

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