Jorge Avendaño Valdez y PROSODE

Don Jorge Avendaño Valdez no solo fue un gran maestro, padre de familia, jurista y líder académico y político, también fue un gran promotor de las actividades de proyección social o responsabilidad social en Derecho. Gracias a su liderazgo, pero sobre todo a su visión o perspectiva, pudo incluir desde los años 90s el componente social en la formación de los estudiantes de derecho de la  Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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Doña Angélica Mendoza de Ascarza y los detenidos-desaparecidos del Perú

El año 1987 doña Angélica Mendoza de Ascarza participó al lado de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en una de las más notarias manifestaciones que develaba en Lima la situación de cientos de casos de detenidos-desaparecidos ocurridos hasta esa fecha en la región de Ayacucho. Tuve oportunidad de realizar mis prácticas en Derechos Humanos por aquella fecha y pude conocer personalmente a doña Angélica, y conocer su compromiso de madre activista defensora de los Derechos Humanos.

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La Reparación Ausente

La búsqueda de los restos de las víctimas de desaparición forzada en el Perú
a la luz de las sentencias de la Corte IDH

Un breve artículo de Christian H. Huaylinos Camacuari

                                   “Hasta ahora no entiendo qué pasó. Lo único que quiero es que aparezca.
No importa el tiempo, quiero ver sus restos. Me dejaron sola con mis ocho
hijos y merecemos una respuesta para calmar este dolor”.

Cipriana Huamaní Janampa, viuda de Rigoberto Tenorio Roca[1]

Introducción

No son pocas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de desaparición forzada en el Perú que señalan la responsabilidad internacional del Estado por la ausencia de peruanas y peruanos, quienes en su nombre representan a miles de ausentes desde hace casi cuatro décadas en el país.

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El cerco Ecológico Molinense

La construcción del muro [[1]] circundante a los distritos La Molina y Villa María del Triunfo es importante porque protege las zonas pobladas [[2]], y los cerros molinenses frente a las amenazas de los traficantes de terrenos. De manera similar al muro de contención, existe un cerco que defiende al Gran Parque Ecológico frente a amenazas y riesgos de contaminación, ensuciamiento, deforestación, deterioro, etc.
El Gran Parque Ecológico es una de las áreas verdes importantes del distrito molinense.
Aquel tiene una extensión de 290 hectáreas y se ubica precisamente en el límite con Villa María del Triunfo y Santiago de Surco [[3]]. Es en esta área en donde se ha levantado un cerco.
Cabe resaltar, además, que el distrito La Molina es un distrito ecológico. Su geografía es muy peculiar, pues tiene muchas áreas verdes y naturales [[4]]. La Molina se encuentra ubicada entre los 350 y 900 m.s.n.m. [[5]]. Por ello, la morfología de La Molina es muy diferente al resto de los distritos de Lima Metropolitana.
Por otro lado, el Gran Parque Ecológico, jurídicamente hablando, merece una tutela jurídica por parte del Estado porque forma parte del medio ambiente. Y dicha protección jurídica es regulada por nuestro ordenamiento como un patrocinio de interés difuso. Por tanto, el parque ecológico ha de ser protegido como un interés difuso.
Al respecto, el artículo 82º del Código Procesal Civil de 1993 define el concepto de interés difuso:
«Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente […]».
Siguiendo tal criterio, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido dispositivos constitucionales que permiten proteger el medio ambiente [[6]] y el derecho a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado [[7]].
Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico ha elaborado dispositivos legales que protegen al medio ambiente:
  • Los artículos VII y 143º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
  • Los artículos 202º, 204º y 304º hasta el 314-Dº del Código Penal de 1991.
  • La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la reconstrucción con cambios.
  • El artículo 10º, inciso f, del Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM.
Igualmente, es preciso tomar en consideración el principio precautorio. El principio precautorio o de precaución es una regla que debe cumplirse cuando no existe la certeza que una actividad humana (como el tráfico de terrenos) pueda causar alguna amenaza, daño al medio ambiente o, peor aún, un desastre antropogénico, como por ejemplo, contaminación, ensuciamiento, deforestación, deterioro, etc. En otras palabras, el riesgo del daño ambiental es desconocido anticipadamente; sin embargo, se implementan precauciones.
En conclusión, el levantamiento de un cerco es necesario porque protegería áreas verdes de La Molina, como el Gran Parque Ecológico, frente a amenazas o riesgos de usurpación de terrenos, daños y desastres antropogénicos como contaminación, ensuciamiento, deforestación, deterioro, etc.

[[1]] Una de las acepciones de la palabra ‘muro’ es ‘cerca’. En: CORRIPIO, Fernando. Diccionario Etimológico. Barcelona: EDITORIAL BRUGUERA, S.A., 1979, p. 763.
Luego, el vocablo ‘cerca’ tiene como sinónimo a ‘cerco’. En: CORRIPIO, Fernando. Opus citum, p. 215.
Por tanto, siguiendo este silogismo, si aplicamos el principio de transitividad obtenemos que ‘muro’ equivale a ‘cerco’.
[[2]] Entre estas zonas se encuentran: la urbanización Las Flores, el pasaje 24 de Junio y la Cooperativa Musa V Etapa.
[[3]] MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, ed. (2013). «Obras en el Parque Ecológico». Consultado el 12 de agosto de 2017:
http://www.munimolina.gob.pe/index.php/licencias-de-funcionamiento/item/413-obras-en-el-parque-ecol&
 [[4]] MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, ed. (2012). «50 años. La Molina, disfrutando mi hogar 1962 – 2012». Lima, Aza Graphic Perú S.A.C., p. 115.

[[5]] MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, ed. (2013). «Geografía del distrito». Consultado el 12 de agosto de 2017:

http://www.munimolina.gob.pe/index.php/la-molina/geografia-del-distrito

[[6]] Artículo 68°.- Áreas naturales:

«El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas».

[[7]] Artículo 2°.- Ambiente equilibrado y adecuado:

«Toda persona tiene derecho:

[…]

  1. […] a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida».

 

Serie “El camino del investigador” Episodio III: La Ley del Intercambio Equivalente en la Investigación Jurídica

Tras haber encontrado un tema de investigación y haber realizado un buen “peinado” de fuentes[1], nos correspondería ahora trazar el mejor camino para canalizar toda la información que hemos detectado sobre el tema elegido y estructurar el tipo de texto de investigación que queremos obtener como resultado. Es importante tener en cuenta que toda la información encontrada puede servir para distintos tipos de texto final o investigación; no obstante, vamos a dejar este tema para una próxima entrega. Ahora, debemos centrarnos previamente en la ley del intercambio equivalente de la alquimia, popularmente conocida por ser una regla básica en la trama del anime Fullmetal Alchemist.

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Derecho a la atención de salud sin discriminación para personas lesbianas, gays, bisexuales y trans

La homosexualidad ha generado distintas formas de discriminación que han variado con el paso del tiempo en diversas culturas y contextos[1], [2]. Hasta mediados del siglo pasado, la mayor parte de explicaciones sobre sus causas carecían de base científica. El supuesto histórico fundamental ha sido que la heterosexualidad es lo más aceptable, siendo toda preferencia sexual distinta considerada como una conducta desviada.[3] No obstante, la ciencia ha investigado con mayor profundidad sobre las causas de la homosexualidad y han surgido teorías biológicas y psicológicas. Las teorías biológicas la explican como producto de factores etiológicos de naturaleza orgánica: como los genéticos[4]; hormonales y estructurarles en el cerebro.[5] La perspectiva psicológica explica la homosexualidad desde las experiencias sociales; es decir que postula que esta es adquirida y la clave fundamental se encuentra en factores del entorno de la persona o en el propio aprendizaje. A pesar de estos enfoques, numerosos especialistas han consensuado que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad[6],[7],[8], no habiendo en ninguna de sus manifestaciones trastorno o enfermedad.

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Venezuela: Lamento Bolivariano

En abril del 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mientras Diosdado Cabello era Presidente de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo). Ambos eran presidente y vicepresidente, respectivamente, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)1. Antes de que Maduro asumiera la Presidencia de la República, el partido oficialista tenía mayoría simple en la Asamblea Nacional. Posteriormente, entre tránsfugas, un diputado asesinado y algunas artimañas jurídicas, el PSUV logró la mayoría calificada requerida para otorgar leyes habilitantes al Presidente de la República.2

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La ciudad de las antenas de telefonía móvil

En muchos distritos de Lima Metropolitana proliferan las antenas de telefonía móvil. La instalación de las antenas de telefonía móvil estaría motivada por el interés nacional y la necesidad pública.

Luego, el régimen de permisos y/o autorizaciones para la distribución de estos dispositivos utilizados para la emisión o recepción de ondas radioeléctricas se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo de aprobación automática.

¿Pero la colocación de esta clase de antenas es ilimitada de modo tal que los vecinos se resignen a contemplar a las empresas colocando aquellas en los lugares que éstas consideren convenientes?

Sobre la instalación de las antenas, de conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, el permiso para la instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones, ante los gobiernos regionales y locales, se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo, el cual requiere el cumplimiento de las condiciones, procedimientos y requisitos establecidos en las normas reglamentarias o complementarias de la presente ley.

En otras palabras, por más automático que sea un procedimiento para solicitar la instalación y expansión de antenas, siempre se requiere de un permiso y autorización del gobierno regional o local correspondiente.

De igual manera, el artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en lo tocante a los gobiernos locales, señala que las municipalidades distritales son quienes deben otorgar el permiso para la prestación del servicio público de telecomunicación.

Cabe señalar que, tanto la Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, al igual que la Ley Nº 30228, Ley que modifica la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, requieren ser interpretadas de conformidad y en concordancia con la Constitución Política del Perú de 1993.

Es así que ambas leyes deben respetar la jerarquía de la Constitución Política del Perú de 1993; así como también obedecer sus principios, preceptos y derechos fundamentales de la persona.

En cuanto a los derechos subjetivos consta, nos referimos a los siguientes:

  1. Derecho a la inviolabilidad del domicilio, consagrado en el artículo 2º inciso 9 de la Constitución Política del Perú de 1993 [1].
  2. Derecho a la participación ciudadana, previsto en el artículo 2º inciso 17 de la Constitución Política del Perú de 1993 [2].
  3. Derecho de petición, regulado en el artículo 2º inciso 20 de la Constitución Política del Perú de 1993 [3].

Por otro lado, la instalación de estas antenas debe cumplir las reglas adicionales indicadas en el artículo 4º de la Ley Nº 30228, Ley que modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, protegiendo los bienes jurídicos, derechos y servicios públicos siguientes:

  • La visibilidad de conductores de vehículos que circulen por la vía pública.
  • La visibilidad de la señalización de tránsito.
  • El acceso y la viabilidad del mantenimiento, funcionamiento e instalación de la infraestructura del servicio de agua.
  • La salud, la cual no debe ser afectada por las radiaciones electromagnéticas dentro de los límites máximos permisibles establecidos por la regulación sectorial, de acuerdo a los estándares internacionales. Sobre este punto, es indispensable advertir que la sola presencia de un campo electromagnético supone el riesgo activo y latente de una liberación de energía, en sus distintas formas imprevistas, lo cual causaría desastres y zozobra permanente. Ello, a su vez ocasionaría daños. Y tales daños antropogénicos se sancionan con pena privativa de libertad, conforme al artículo 273° del Código Penal de 1991 [4].
  • La biodiversidad y los ecosistemas al interior de las áreas naturales protegidas, sus zonas de amortiguamiento y en las áreas de conservación regional.

En conclusión, la instalación de las antenas de telefonía móvil en los distritos de Lima Metropolitana requiere del permiso y autorización de su respectiva alcaldía; igualmente, aquella debe acatar el marco constitucional respectivo (principios, preceptos y derechos fundamentales como, la inviolabilidad del domicilio, la participación ciudadana y la petición) y; se exige la protección de determinados bienes jurídicos, derechos y servicios públicos.


[1] Artículo 2°.- Inviolabilidad del domicilio:

«Toda persona tiene derecho:

[…]

  1. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley».

[2]  Artículo 2°.- Participación ciudadana:

«Toda persona tiene derecho:

[…]

  1. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. […]».

[3]  Artículo 2°.- Petición:

«Toda persona tiene derecho:

[…]

  1. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. […]».

[4]         Artículo 273°.- Peligro por medio de incendio o explosión:

«El que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años».

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