Implicancias Internacionales De La Modificación De La Constitución Peruana Para Aplicar La Pena De Muerte A Violadores De Niños A Propósito Dicho Proyecto De Ley

En las últimas semanas, hemos sido testigos del clamor popular motivado por fuerzas políticas, para aplicar la pena de muerte. Esta sanción penal, una que no se aplica en el Perú desde el 20 de enero de 1979, cuando se fusiló de cinco balazos al suboficial de la Fuerza Aérea Julio Vargas Garayar por el delito de traición a la patria[1], pretende ser impuesta nuevamente para delitos de violación sexual contra menores. No obstante, el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993, establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por la comisión del delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

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¿Tiene el pueblo de Cataluña derecho a decidir?

Al aplicar el Artículo 155 de la Constitución de España, el Gobierno español ha impuesto elecciones en Cataluña, previstas para el próximo 21 de diciembre. Sin embargo, la victimización del Gobierno catalán y la renuencia al diálogo por parte del Gobierno central español habrían generado un aumento de más de siete puntos porcentuales de los partidarios de la independencia respecto de junio de 2017, cuando eran el 41,1% del electorado catalán, y una disminución de los detractores de casi seis puntos. Asimismo, la alianza conformada por Juntos por el Sí y la CUP mantendrían la mayoría absoluta en el Parlamento catalán[1].

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El derecho de reconstrucción tras los desastres: el modelo social

Las muertes, heridos y daños producidos en los desastres tras fenómenos naturales o humanos requieren de reconstrucción. Esta reconstrucción es un derecho de las personas damnificadas o afectadas por aquellos trágicos efectos, y se desarrolla en un largo período que colinda con la urgencia y la prevención ante nuevos desastres. ¿Cómo realizar la reconstrucción? Su desarrollo puede tener varios enfoques o modelos. En las siguientes líneas, presentamos uno de ellos, el modelo social, al que consideramos el más apropiado en contextos como el peruano.

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¿Es necesario que el ámbito de protección que otorga la Ley 29946 “Ley del Contrato de Seguro” se extienda a las empresas que tienen capacidad para negociar los términos del contrato de seguro?

La Ley del Contrato de Seguro (Ley 29946 en adelante “LCS”) contiene una serie de disposiciones que persiguen corregir el desequilibrio que pudiera existir entre el asegurado y el asegurador, con ocasión de celebrarse un contrato de seguro.[1]

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Independencia, Euro-zona y Unión Europea

 I.- Introducción

Tras los acontecimientos llevados a cabo en las últimas semanas, se ha abierto un debate intenso acerca de las repercusiones económicas, cuestiones de ámbito jurídico y político que tendría una hipotética declaración unilateral de independencia de Cataluña, que tomó mayor fuerza a raíz de la reciente votación favorable de los diputados regionales que conforman el Parlamento de Cataluña.

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Entre Tinta y Papel: Entrevista a José Burneo Labrín

 

23360958_10212096309981589_309212014_nConversamos con el Dr. José Burneo Labrín acerca de su nuevo libro “Derecho penal internacional: Genealogía de los crímenes internacionales más graves”, que se presentará el 7 de Noviembre, en el Centro Cultural de la Universidad Católica en San Isidro. El Dr. Burneo resalta la innovación que representa en la historia jurídica del país debido a que es un libro sin precedentes, al dar cuenta de una nueva rama que se ha formado en el Derecho Internacional y que atañe a los crímenes más graves para la comunidad internacional, los cuales se clasifican en cuatro: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Importancia económica de las adendas en el marco de la obra pública

 L o advertimos hace meses. Basta de adendas tramposas y entreguistas” comentaba indignada, a través de su cuenta de Twitter, una excandidata a la presidencia.[1]En la actualidad, existe una visión negativa respecto la celebración de adendas en los contratos de obras públicas, pues se le atribuyen motivaciones ajenas a la legalidad y al interés público.

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Las estrategias para incorporar el Patrimonio Cultural Inmaterial y su salvaguardia en las políticas públicas de los Estados: El caso de Honduras

Sin lugar a dudas, el patrimonio cultural constituye la base sobre la que se asienta la identidad de un pueblo y su memoria social. Dentro de las diversas expresiones culturales patrimoniales, el patrimonio cultural inmaterial se caracteriza por su dinamismo y adaptabilidad, reflejando la condición misma de la cultura. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO 2003) ofrece la siguiente definición, amplia e inclusiva, de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI):

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Vestigios de una tarea pendiente: la protección de portadores de las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Perú

Cuando oigo la interrogante de por qué es el Patrimonio Cultural jurídicamente importante, se me ocurre una respuesta simple: porque representa en esencia un medio de garantía de derechos fundamentales. Asimismo, si de importancia hablamos, podemos afirmar que el Patrimonio Cultural Inmaterial ha tomado mayor importancia en la discusión a nivel internacional recién a inicios del siglo XXI con la promulgación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esto se debe principalmente a la globalización y a la época de conectividad por la cual estamos atravesando.

La pregunta que surge ahora es cuáles son los derechos fundamentales que se garantizan con la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial. Si hablamos del particular caso peruano, tenemos los que se mencionan a continuación:

  1. Derecho a participar de actividades culturales[1]: Por medio de la participación en actividades del Patrimonio Cultural, se garantiza el derecho a la participación en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad.
  2. Derecho de acceso a la cultura[2]: Por medio de la participación de actividades relativas al Patrimonio Cultural, las personas ejercen su derecho fundamental a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto (propiedad intelectual). Asimismo, el Estado es un garante del acceso a la cultura, y por lo cual es el principal responsable de fomentar su desarrollo y difusión.
  3. Derecho a la identidad étnica y cultural[3]: La identidad étnica puede entenderse como aquella individualización que generan determinadas prácticas culturales y costumbres de una sociedad. Todos nos hemos identificado alguna vez con alguna costumbre intangible de nuestro país: la música, la comida, el idioma, el deporte, etc. Esa identidad es reconocida y debe ser protegida por el Estado, y demuestra la existencia de una pluralidad étnica y cultural en nuestro país.
  4. Libre desarrollo de la personalidad[4]: Mediante la participación en actividades culturales relativas al Patrimonio Cultural Inmaterial, se hace posible ejercer nuestra autonomía para decidir en los asuntos que sólo le atañen a cada uno como individualidad racional. La práctica de actividades culturales nos conecta con nuestra autoconcepción y nos reafirma en nuestras propias decisiones.

Asimismo, la protección del Patrimonio Cultural asegura valores constitucionales como la diversidad[5], en la medida que el Patrimonio Cultural Inmaterial es un medio para que todas las personas desarrollen libremente y sin impedimentos sus ideas y costumbres. Al reconocer el Estado una manifestación de Patrimonio Cultural Inmaterial, reconoce a su vez la existencia de ciudadanos que la portan y practican, por lo cual se hace responsable directo de garantizar sus derechos.

Dicho todo lo anterior, es necesario apagarnos la sonrisa y observar que, a pesar que hay garantías constitucionales que amparan al Patrimonio Cultural Inmaterial y a quienes ejecutan sus manifestaciones, aún no podemos decir que la batalla ha sido ganada. Por hablar de números, en Perú solo el 1.58% de actividades que contribuyen al PBI son actividades culturales. Por otra parte, solo el 4.3% de empleos en nuestro país tiene una base cultural, y una gran cantidad de estos tienen una condición deficiente e inestable, lo cual nos coloca en un lamentable panorama de precariedad para el empleo cultural.

Y si hablamos de aspectos puramente normativos, es indispensable mencionar que nuestro país no cuenta con una regulación de la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Nuestra ley de Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento tienen a penas una escueta definición del Patrimonio Cultural Inmaterial y, por si esto fuera suficiente, la mayoría de la reglamentación se encarga de tratar el Patrimonio Cultural Material, y realiza un incisivo realce en el Patrimonio Arqueológico. Esta situación, además de ponernos en una clara posición de incertidumbre normativa, nos demuestra una vez más que para la Administración Pública, la “cultura” solo es la historia, mas no el presente, hecho que nos merecería una discusión más profunda, pero para no excedernos, seguiremos.

Ahora bien, si hablamos de Patrimonio Cultural Inmaterial es necesario hablar de los “portadores”. Este término es una jerga para antropólogos, sociólogos, comunicadores y gestores culturales, pero curiosamente no es conocida por nuestras normas, por lo que menos aún por nuestros legisladores y por los operadores del derecho en general. Un portador de las manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial se define entonces  como aquella persona que “porta” o “ejecuta” una determinada manifestación. Es básicamente aquel individuo mediante el cual se manifiesta el Patrimonio Cultural Inmaterial, es por ello que se hace imprescindible para su existencia. Por poner algunos ejemplos: para un idioma, el portador es el hablante; para una danza, el portador es el bailarín, el coreógrafo y quien fabrica su traje; para un estilo de música, el portador es quien elabora el o los instrumentos, quien  ejecuta la melodía y quien la compone. No es posible hablar de una manifestación de Patrimonio Cultural Inmaterial si no hablamos de sus portadores.

La pregunta que sigue a continuación es ¿quién protege a estos portadores? Un constitucionalista dirá optimista “la Constitución”, un civilista dirá segurísimo “el régimen jurídico privado”. Lo cierto es que al día de hoy, no hay ningún régimen normativo que habilite políticas públicas de protección a los portadores de manifestaciones culturales, más allá que lo dispuesto por nuestra Constitución.

Para poner sobre la mesa un ejemplo que contextualice esta problemática, comentaré una situación cuasi personal. La Festividad de la Virgen de la Candelaria tiene como locación la ciudad de Puno en el mes de febrero y es por muchas razones uno de los carnavales más grandes en el sur andino peruano. Congrega a más de 100,000 danzarines, músicos, bordadores y turistas en solo dos semanas y en el 2014 ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Cada nuevo año que pasa, es posible observar que la cantidad de portadores de esta manifestación se multiplica. Deseo hacer especial énfasis en aquellos portadores de esta manifestación que no residen en la ciudad de Puno y que, año a año, ahorran sin retribución a cambio su dinero para poder viajar y ser parte de la festividad. En ese sentido, es claro observar que tanto los hospedajes como los medios de transporte para llegar al destino colapsan en estas épocas. Como debería ser lógico, a la par de este aumento de demanda por las fiestas, la oferta de servicios tendría que crecer, no obstante, esto no sucede así.

Hasta hace unos años, en el aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca –el único en el departamento de Puno- era posible encontrar de tres a cuatro empresas que ofrecían la ruta directa Lima – Juliaca. No obstante, al día de hoy solo existen dos aerolíneas y los precios en las fechas de fiesta están más caros que un vuelo Lima – Santiago de Chile. ¿En qué afecta esta situación a un portador? Un danzarín portador de esta manifestación de Patrimonio Cultural Inmaterial -reconocida por el Estado y la UNESCO- está totalmente desprotegido y a la merced de precios altísimos, que dificultan cumplir con su objetivo de participar en esta festividad, lo cual afecta también derechos culturales en la medida que se dificulta el acceso a estas actividades. Y, lo que es peor, no hay a quien acudir.

Es necesario que el Estado no solo se preocupe por las manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial reconociéndolas, difundiéndolas y estudiándolas, sino que se encargue de proteger a quienes están detrás de la existencia de éstas. Recordemos que el Patrimonio Cultural Inmaterial es defendible en la medida que mediante esta acción se protegen derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. Es por esta razón que aún hay mucho por hacer.


(*) Fuente de Imagen: Orlando Gonzales Gamarra

[1] Artículo 2°, numeral 13 de la Constitución Peruana.

[2] Artículo 2°, numeral 8 de la Constitución Peruana.

[3] Artículo 2° numeral 19 de la Constitución Peruana.

[4] Artículo 2° numeral 1 de la Constitución Peruana.

[5] Artículo 17.- Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria (…)El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.

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