“Actos administrativos son cuestionados en la vía contenciosa administrativa”

Toda persona tiene expedito su derecho para impugnar las resoluciones que le puedan causar agravio. Para ello, nuestra normativa ha establecido los procedimientos específicos y competencias que deben seguirse para cuestionar dichas resoluciones. En materia administrativa, se han establecido los recursos de reconsideración y apelación (actualmente, no se regula el de revisión) para cuestionar los actos administrativos dentro del propio procedimiento. Cabe precisar que, en caso se agote la vía administrativa y el acto cuestionado continúe causando agravio, se podrá recurrir a la vía contenciosa administrativa – órgano jurisdiccional.

Debe considerarse que el artículo 1 de la Ley N°. 27584, en concordancia con el artículo 148 de la Constitución, dispone que el proceso contencioso tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Adicionalmente, en el artículo 3, se establece de forma directa que las actuaciones de la Administración Pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales.

Sin embargo, pese a que este procedimiento ha sido regulado y es de público conocimiento, a la fecha se vienen cuestionando actos administrativos en la vía ordinaria, lo cual genera una gran carga procesal en los juzgados.

Un ejemplo de este tipo es el resuelto por la Casación N° 2632-2015-Pasco, en el que se resolvió el caso en el que se cuestionaba una resolución municipal emitida en el 2001, que otorgaba la propiedad de un predio a favor de una persona jurídica. La demandante, una persona natural, alegaba que el predio lo había adquirido en el 2007 de otra persona natural. En primera instancia, se declaró improcedente, puesto que la resolución cuestionada era un acto administrativo que debía ser cuestionado dentro de un proceso contencioso administrativo, previo agotamiento de la vía administrativa, haciendo hincapié a que se había optado por pretender la nulidad en la vía civil en razón de haber dejado transcurrir los plazos sin haber hecho valer los recursos impugnatorios respectivos. En segunda instancia, se mencionó que era atendible que se revise en vía ordinaria, más si el proceso llevaba más de 5 años en trámite, asimismo, que la resolución cuestionada fue expedida conforme al DS 004-85-VC – Reglamento de adjudicación de terrenos fiscales para fines urbanos en aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades, que no habilita a la adjudicación de terrenos de propiedad privada. Por ello, se revocó la sentencia y reformándola se declaró fundada la demanda.

La Corte Suprema estableció que no es factible cuestionar una resolución administrativa a través de un proceso de nulidad de acto jurídico, por lo que declaró fundado el recurso de casación y actuando en sede de instancia, confirmaron la sentencia que declaraba improcedente la demanda.

El tema es claro, la impugnación de un acto administrativo se realiza dentro del procedimiento y luego, si sigue causando agravio, se puede recurrir a un proceso contencioso administrativo para cuestionar el acto.

Nótese, que puede presentarse el caso de que una parte del procedimiento administrativo por “x” motivo dejó consentir el acto administrativo generándose que se vuelva firme. En este caso, no podría impugnarlo pese a que el acto pueda adolecer de nulidad, pudiendo únicamente solicitar, por ejemplo, la nulidad de oficio y será el superior jerárquico que emitió el acto cuestionado quien lo verifique o puede esperarse que la administración lo revise al momento en que realice la revisión aleatoria de los expedientes.

Asimismo, cabe preguntarnos qué sucede cuando el acto administrativo se encuentra firme, habiéndose vencido todos los plazos para cuestionarlo y/o impugnarlo, incluso por la propia administración, que actualmente tiene tres años adicionales luego de vencido el plazo de 2 años para declarar la nulidad de oficio, y es un tercero ajeno al procedimiento administrativo, quien recién toma conocimiento al verse agraviado, por ejemplo, la emisión de una constancia de posesión sobre el predio de su propiedad, documento que puede servir de sustento para adquirirlo por prescripción adquisitiva de dominio.

El tema tanto en la vía civil con la nulidad del acto jurídico como en la vía administrativa con la nulidad del acto administrativo, es complejo y debatible: ¿Un acto jurídico o administrativo nulo genera efectos jurídicos? En principio, debemos indicar que los efectos del acto administrativo o jurídico una vez que han vencido los plazos para ser cuestionado en la vía jurisdiccional se convierten en permanentes. Sin embargo, para evitar que estos efectos causen agravios puede recurrirse a los procesos constitucionales, principalmente, al proceso de amparo.

En este sentido, consideramos que para evitar que este tipo de actos nulos afecten o vulneren derechos fundamentales de las personas es que debe realizarse una interpretación adecuada a la Constitución para proteger a los mismos. Por ello, las acciones judiciales que se interpongan para cuestionar a dichos actos deben adecuarse a la protección constitucional. No siendo la vía ordinaria la correspondiente para cuestionar la validez de los citados actos.

Derecho a la información vs. El carácter reservado de la investigación penal

A lo largo de la experiencia dentro de los juzgados penales, he logrado percibir una falta de concurrencia entre la entrega de información sobre procesos en trámite, específicamente en relación a la solicitada por personal que si bien no forman parte del proceso (dígase agraviado, procesado, denunciado, tercero, etc) tienen un interés particular en él. Hablamos de quienes podemos denominar como terceros interesados.

Leer Más

Doña Angélica Mendoza de Ascarza y los detenidos-desaparecidos del Perú

El año 1987 doña Angélica Mendoza de Ascarza participó al lado de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en una de las más notarias manifestaciones que develaba en Lima la situación de cientos de casos de detenidos-desaparecidos ocurridos hasta esa fecha en la región de Ayacucho. Tuve oportunidad de realizar mis prácticas en Derechos Humanos por aquella fecha y pude conocer personalmente a doña Angélica, y conocer su compromiso de madre activista defensora de los Derechos Humanos.

Leer Más

La suspensión del DACA y los impactos en la población peruana

En las últimas semanas la noticia de la suspensión del programa de la Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), ha causado revuelo entre las familias de inmigrantes que radican en Estados Unidos. DACA es un programa que fue anunciado por la administración de Barack Obama en junio 2012, mediante un memorando del Departamento de Seguridad de Estados Unidos[1]. Este programa fue autorizado bajo el concepto de “discreción de la fiscalía”[2]. Debe señalarse que DACA no confiere ningún estatus legal a una persona – sino que solo otorga, por un periodo de tiempo específico, un permiso de permanencia renovable cada dos años, a quienes cumplan las condiciones que señala la Oficina de Inmigraciones y Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés)[3].

Leer Más

A propósito del punto 4 de la “Declaración de Lima”: análisis del acuerdo, y las consecuencias económicas y relaciones políticas que acarrea

Teniendo en cuenta la reciente decisión de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de suspender a Venezuela en virtud de la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático; la decisión de los países de lograr la mayoría necesaria en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y continuar con la aplicación de la Carta democrática Interamericana a Venezuela; las declaraciones unilaterales de los países de la región llamando a desconocer a la nueva Asamblea Nacional Constituyente[1]; y la reciente reunión de cancilleres convocada por el Perú, se evidencia claramente la división reinante en el hemisferio americano en vista a la situación creada en Venezuela por la ruptura del orden constitucional y la grave situación en el tema de los derechos humanos.

Leer Más

Siempre serán maíz

Memorias y reflexiones sobre la búsqueda de verdad y justicia de las madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en el caso de Los Cabitos 83: El mega proceso penal contra miembros del Ejército por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas de personas que fueron secuestradas en el Cuartel Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos 51, durante el año de 1983.

Leer Más

La voz de las sobrevivientes

 “Llegó a la comisión una señora de Huancavelica, la sierra sur del Perú, a contarnos su caso. Ella acababa de dar a luz, acababa de tener un bebito y tenía otro bebé chiquito cuando cayó el ejército a detener a su marido. Se lo llevaron al campamento, a la base militar. Ella tomó a su niño recién nacido y al otro niño de la mano y fue a seguir al camión del ejército. Lo siguió, fue todos los días a la base militar a llevarle comida y ropa a su marido, que los soldados usaban y comían. Ella siguió yendo hasta que un soldado le dijo: si sigues viniendo, todos ellos te van a violar, así que mejor vete. Ella se va de su pueblo. Hasta ahí tenemos amenaza de violación, maltrato y desplazamiento. Llega a Lima y ahí tiene que iniciar una vida. Una cosa es ser una campesina de la sierra, donde los cultivos son distintos, donde el idioma es distinto, porque en la sierra prima el quechua. Y otra cosa es llegar a Lima, una ciudad desértica, donde el cultivo es diferente, donde se cultiva el algodón en tierra seca y el algodón se vende en quintales. Ella nos cuenta que ella no entendía, le robaban, le engañaban. La situación llega a ser tan crítica que decide regalar a uno de sus hijos y quedarse con uno. Luego de este testimonio enorme, yo le pregunté: señora, usted qué está esperando de la Comisión de la Verdad. Y dijo: bueno, yo quiero recuperar el cuerpo de mi esposo. Bueno y qué más quiere: quiero que me ayuden a recuperar a mi hijo. Le dije listo y para usted qué espera. Me dijo: ¿para mí? No, pues, para mí nada, si a mí no me ha pasado nada[1] (MANTILLA 2016) (Resaltado nuestro)

Leer Más

Avances normativos en la tipificación del delito de desaparición forzada en el Perú

En el Perú, la desaparición forzada ha ido siendo abordada en diversos instrumentos político normativos, sobre todo desde el proceso a la transición, tras la caída del régimen fujimorista en el año 2000. El presente artículo tiene por objetivo identificar algunas de los principales sucesos normativos respecto a este grave delito que constituye graves vulneraciones a los derechos humanos.

Leer Más

Tolerando lo intolerable

La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. (K. Popper)

Hace poco más de una semana, en Charlottesville, un pueblo de Virginia, EE.UU., una multitud de personas blancas se reunían para oponerse a la remoción de un símbolo confederado[1] del espacio público. Durante esta movilización –por cierto, autorizada por la administración estatal–, no solo se airearon frases antisemitas, racistas, nacionalistas, sino que estos gritos se acompañaban con gestos de simbología nazi. Esta manifestación culminó con enfrentamientos entre los supremacistas y otros colectivos e individuos que se reunieron en contra protesta. Heather Heyer, una de las contra protestantes, murió tras ser atropellada por uno de los supremacistas.

Leer Más
Página 1 de 912345...Última »