La Trascendencia Constitucional de una opinión consultiva en el reconocimiento del matrimonio igualitario: desafíos en el Caso Ugarteche

I. Introducción

La Corte IDH publicó el 09 de enero de 2018 la Opinión Consultiva N° 24 -probablemente una de las más controversiales de todas las que ha emitido desde su creación- en respuesta a la solicitud formulada por Costa Rica y que estaba dirigida a esclarecer las obligaciones de los Estados en relación al reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual diversa.

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El debate de la inmunidad parlamentaria: Análisis de la reforma constitucional en torno al artículo 93 de la Constitución

Durante los últimos años, la inmunidad parlamentaria ha sido observada por la población y por diversas instituciones del Estado con un alto nivel de desconfianza, ya que, en muchos casos, esta ha sido empleada por las y los congresistas para rehuir a los cuestionamientos que mantienen con la justicia. Es de conocimiento general que estos cuentan con amplios márgenes de actuación que los diferencian de cualquier ciudadano; y sabemos también, que esta prerrogativa los coloca en una situación especial de “intangibilidad”.

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¿Cuál es la trascendencia de la Constitución de Cádiz para los Estados constitucionales vigentes que alguna vez estuvieron bajo su jurisdicción?

La Constitución de 1812, conocida popular y cariñosamente como “la Pepa”, por la fecha en que fue aprobada (el día de San José de 1812) tuvo una muy corta aplicación; desde el 19 de Marzo de 1812 hasta mayo de 1814, en el que el Rey Fernando VII decreta su abolición (después de su famoso e incumplido juramento de “marchemos todos juntos y yo, el primero por la senda constitucional). Y aunque, posteriormente, dicha Constitución también se aplicó en el trienio liberal 1820-1823 y durante unos meses en 1836-1837, lo que merece destacarse es, sin ningún género de dudas, la gran repercusión que tuvo y sigue teniendo como modelo de las constituciones de las repúblicas hispanoamericanas y europeas.

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El control de convencionalidad y los estándares de la Corte IDH: fundamentos y críticas sobre la fuerza vinculante de los estándares interamericanos

  1. Introducción

A partir del caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006) se incorporó el control de convencionalidad en el lenguaje y la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)[2]. Este control, a partir de un análisis de compatibilidad entre una norma de derecho interno (constitución, ley y/o reglamento) y una norma de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), permite a los jueces interamericanos y nacionales preferir la norma convencional frente a la norma nacional.

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Algoritmos y pluralidad informativa ¿Internet atacando la democracia?

Les invito a abordar el presente artículo realizando un breve ejercicio previo. De las 20 últimas noticias que nos enteramos, ¿Cuántas provinieron de Internet (redes sociales, Google News, correo electrónico, etc.? ¿Cuántas de la televisión? ¿Cuántas de la radio? Es muy probable que, antes de leer este artículo, usted se haya enterado de alguna noticia previa a partir de tu feed de Facebook.

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¿No reelección, adiós corrupción?.- Análisis de la tercera reforma constitucional

Durante el mensaje a la nación por Fiestas Patrias del presente año, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que sometería a referéndum cuatro reformas constitucionales; las cuales no fueron bien recibida por un grupo de parlamentarios del Congreso de la República. Este grupo disconforme correspondía principalmente a congresistas de la bancada Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano (APRA), quienes tacharon la propuesta de populista e inviable[1].

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Bicameralismo ciego y representación territorial: ¿una oportunidad perdida? Visualizando posibles problemas de unidad territorial en el Perú

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, ha manifestado su posición en contra de la reforma sobre la bicameralidad propuesta por el Congreso de la República. Entiende que su propuesta inicial ha sido desnaturalizada[1]. Por ello, sostiene su posición en contra de dicha reforma.

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El voto blanco o nulo para el Perú del 2018

Antonio Peña Jumpa[1]

La situación de incertidumbre producto de los cientos de denuncias relacionadas con actos de corrupción de expresidentes de la República, exgobernadores regionales, exalcaldes y altos funcionarios públicos, así como de magistrados, congresistas y gerentes o altos funcionarios de empresas privadas nos lleva a dudar si la elección de algún candidato o candidata en las elecciones del año 2018 resulta el mejor medio para producir un cambio de esa situación. ¿Con nuestro voto podríamos transformar o cambiar la tendencia de crecimiento de casos de corrupción?

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A propiciar una participación política equitativa y eficaz ¿Realmente estamos orientados a cerrar brechas?

Muchas horas y espacios han sido empleados sobre todo en los últimos tiempos para tratar distintos aspectos sobre democracia, igualdad de derechos, empoderamiento, justicia, y nuestros tan ansiados intentos de reformas. Como sabemos, todos estos temas involucran ideas y propuestas divergentes por parte de varios sectores ya sea a favor o en contra, optándose por tratarlos en forma apasionada en sus inicios, para luego de algún tiempo dejarlo en suspenso, ya sea porque se desgastó el debate, por el cambio de prioridades o porque simplemente las autoridades políticas del país no logran enfocarse en las prioridades.

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