La suspensión del DACA y los impactos en la población peruana

En las últimas semanas la noticia de la suspensión del programa de la Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), ha causado revuelo entre las familias de inmigrantes que radican en Estados Unidos. DACA es un programa que fue anunciado por la administración de Barack Obama en junio 2012, mediante un memorando del Departamento de Seguridad de Estados Unidos[1]. Este programa fue autorizado bajo el concepto de “discreción de la fiscalía”[2]. Debe señalarse que DACA no confiere ningún estatus legal a una persona – sino que solo otorga, por un periodo de tiempo específico, un permiso de permanencia renovable cada dos años, a quienes cumplan las condiciones que señala la Oficina de Inmigraciones y Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés)[3].

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A propósito del punto 4 de la “Declaración de Lima”: análisis del acuerdo, y las consecuencias económicas y relaciones políticas que acarrea

Teniendo en cuenta la reciente decisión de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de suspender a Venezuela en virtud de la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático; la decisión de los países de lograr la mayoría necesaria en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y continuar con la aplicación de la Carta democrática Interamericana a Venezuela; las declaraciones unilaterales de los países de la región llamando a desconocer a la nueva Asamblea Nacional Constituyente[1]; y la reciente reunión de cancilleres convocada por el Perú, se evidencia claramente la división reinante en el hemisferio americano en vista a la situación creada en Venezuela por la ruptura del orden constitucional y la grave situación en el tema de los derechos humanos.

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Siempre serán maíz

Memorias y reflexiones sobre la búsqueda de verdad y justicia de las madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en el caso de Los Cabitos 83: El mega proceso penal contra miembros del Ejército por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas de personas que fueron secuestradas en el Cuartel Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos 51, durante el año de 1983.

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La voz de las sobrevivientes

 “Llegó a la comisión una señora de Huancavelica, la sierra sur del Perú, a contarnos su caso. Ella acababa de dar a luz, acababa de tener un bebito y tenía otro bebé chiquito cuando cayó el ejército a detener a su marido. Se lo llevaron al campamento, a la base militar. Ella tomó a su niño recién nacido y al otro niño de la mano y fue a seguir al camión del ejército. Lo siguió, fue todos los días a la base militar a llevarle comida y ropa a su marido, que los soldados usaban y comían. Ella siguió yendo hasta que un soldado le dijo: si sigues viniendo, todos ellos te van a violar, así que mejor vete. Ella se va de su pueblo. Hasta ahí tenemos amenaza de violación, maltrato y desplazamiento. Llega a Lima y ahí tiene que iniciar una vida. Una cosa es ser una campesina de la sierra, donde los cultivos son distintos, donde el idioma es distinto, porque en la sierra prima el quechua. Y otra cosa es llegar a Lima, una ciudad desértica, donde el cultivo es diferente, donde se cultiva el algodón en tierra seca y el algodón se vende en quintales. Ella nos cuenta que ella no entendía, le robaban, le engañaban. La situación llega a ser tan crítica que decide regalar a uno de sus hijos y quedarse con uno. Luego de este testimonio enorme, yo le pregunté: señora, usted qué está esperando de la Comisión de la Verdad. Y dijo: bueno, yo quiero recuperar el cuerpo de mi esposo. Bueno y qué más quiere: quiero que me ayuden a recuperar a mi hijo. Le dije listo y para usted qué espera. Me dijo: ¿para mí? No, pues, para mí nada, si a mí no me ha pasado nada[1] (MANTILLA 2016) (Resaltado nuestro)

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Las protestas en Venezuela en la jurisprudencia de la Corte IDH

En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido cientos de denuncias[1] de prácticas criminalizadoras en contra de defensores de derechos humanos provenientes de casi todos los países de la región. Según Global Witness, al menos 185 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el 2015 en el mundo, y de estas 122 fueron asesinadas en América Latina.

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A propósito de Venezuela en el Mercosur: ¿cómo incide directamente a los países miembros y, específicamente al Perú?

Venezuela después de treinta y tres años como miembro de la Comunidad Andina (CAN)[1], en el 2006 abandona el bloque de integración del que formaba parte desde el año 1973 para incorporarse en calidad de Miembro Pleno al Mercado Común del Sur (MERCOSUR)[2]. Algunos autores sostienen[3] que Venezuela se distanció de la CAN y se acercó al MERCOSUR[4], porque lo calificaba como un modelo neoliberal de integración centrado en el comercio, donde lo económico cobró mayor preponderancia sobre lo político. Sumado a ello, también pudiera haber influenciado la decisión de Venezuela el carácter flexible y las limitaciones de la normativa e institucionalidad del MERCOSUR, que no generan mayores barreras a la capacidad de acción soberana de los gobiernos. En este contexto, el caso de la CAN adquiere particular relevancia, por la capacidad de acción de la Secretaria General frente a los gobiernos, la autonomía de las instituciones comunitarias, y la existencia de mecanismos (Tribunal Andino de Justicia) a través de los cuales, incluso los particulares, pueden demandar a sus respectivos gobiernos.

El ingreso de Venezuela al MERCOSUR marcó un cambio de rumbo y la política cobró un papel relevante en dicho esquema de integración. Si bien es cierto el MERCOSUR se concibió como un espacio de integración constituida sobre la base de instituciones intergubernamentales, cuyo objetivo económico fundamental es la creación de una unión aduanera para fomentar el comercio intrarregional, lo cierto es que ha cedido lugar a objetivos políticos e ideológicos, factor más desestabilizador en este momento del proceso integracionista. Esto generó muchas consecuencias negativas, tales como la constante inestabilidad entre los Estados Parte[5], falta de confianza de los demás países y otros bloques de integración[6], y lo que es más grave, no permite que el propio MERCOSUR pueda avanzar y crear condiciones favorables para la profundización de la agenda institucional de integración.

Hoy en día, el MERCOSUR necesita más economía y menos política. Más economía significa, entre otras cosas, eliminar las trabas al comercio intrarregional, invertir en infraestructura, educación, investigación y desarrollo, para hacer más eficientes las industrias locales, y promover las cadenas de valor regionales. Menos política significa no utilizar el acuerdo de integración con fines ideológicos.

A la situación reciente del MERCOSUR en este difícil marco, se suma el inminente vencimiento del plazo para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR (PAV) que hasta hora es solo parcial[7] tanto en el marco del PAV[8], como de las decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), Resoluciones del Grupo Mercado Común (GMC) y directivas de la Comisión de Comercio Mercosur (CCM)[9] (normativa de organismos de decisión); además también, debemos añadir la anomalía que se produjo en el 2016 respecto del traspaso de la Presidencia Pro-Tempore (PPT), que de acuerdo con el orden de rotación semestral establecido, dicho país debía ejercer la Presidencia en la segunda mitad de 2016. Asimismo, siguiendo en el mismo correlato fáctico, debemos destacar la reciente ruptura del orden democrático por parte de Venezuela que ha ido deteriorándose a pasos agigantados, a tal punto que el 01 de abril de 2017 mediante declaración conjunta[10], los países fundadores lograron una caracterización de la situación política venezolana como de ruptura del orden democrático, exhortándole al gobierno de Venezuela restablecer la división de poderes, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Bajo este difícil contexto, se puede observar que el ingreso de Venezuela como Miembro Pleno del MERCOSUR ha sido muy accidentado, generando diferencias marcadas entre la orientación del bloque y algunas políticas económicas internas de los demás países del MERCOSUR, que vienen atravesando un periodo de fragilidad y turbulencia macroeconómica, influenciado además por dificultades políticas no solamente en Venezuela sino también en Brasil, que de alguna manera repercutieron considerablemente la caída de los flujos comerciales intrazona y la inversión extranjera directa (IED) que según datos disponibles en el Informe MERCOSUR N° 21(Julio 2015 – Julio 2016) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las exportaciones intra-MERCOSUR para el 2015 representaron el 21.1%; no obstante, en el primer semestre 2016 disminuyó considerablemente, llegando a representar el 12.3%. Mientras las importaciones intrazona para el año 2016 cayeron súbitamente representando 15,8% respecto del año 2015 que llegó a representar el 22,3%. Asimismo, la IED desde y hacia al MERCOSUR, incluyendo inversiones intrazona, durante el 2015 descendió a US$ 89.798 millones, representando un 14,3 % en comparación con el año anterior (16,8%). La mayor parte de las contracciones del comercio intra-MERCOSUR y la caída de las IED se explica no solo por la débil demanda global o el enfriamiento de las economías, sino también por las turbulencias políticas dentro del bloque; de modo que los beneficios no se generan del todo en la operatividad del mercado, el libre comercio, la participación del sector privado en la economía y el fortalecimiento de la competitividad.

Sobre la base de lo antes expuesto, nos deja lugar a profundas reflexiones sobre la situación actual de dicho bloque de integración y que sin duda alguna influye directamente no solo a los Estados Miembros sino también a los Estados Asociados como el Perú, que siguiendo algunos datos macroeconómicos contenidos en el Documento ALADI/SEC/di 2684.3 de fecha 10 de marzo de 2017, publicado por la Secretaria General de la ALADI sobre el Comercio Exterior Global, en el periodo de enero – diciembre 2016, las exportaciones peruanas a Venezuela cayeron en -52, 9% respecto al año 2015; mientras las importaciones cayeron en -63, 2% respecto al mismo año. Esta caída en el intercambio comercial se explica en gran parte, entre otros factores, a las dificultades de orden macroeconómico y políticos que viene atravesando Venezuela, circunstancia que llevo a las tendencias negativas en la coyuntura económica.

Finalmente, es importante mencionar, que los temas sociales han ganado protagonismo en la agenda interna del MERCOSUR que incluyen entre otras los temas de movilidad y migraciones. Es así que, en el año 2002, suscribieron el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) que entró en vigor desde el año 2009, facilitando la residencia de los nacionales de estos países en el territorio de los otro; sin embargo, Venezuela, a pesar ser Estado Parte del MERCOSUR, no ha firmado el acuerdo; no obstante, ante la crisis política y económica que se vive en Venezuela, algunos países como el Perú y Uruguay, por citar algunos, han decidido otorgar a estos extranjeros un permiso temporal de permanencia en el marco de sus legislaciones nacionales, con los cuales podrán estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud y tributar.


(*) Fuente de imagen: Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

[1] Actualmente los países que conforman la CAN: Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.

[2] De acuerdo con la Decisión CMC N° 27/12, Venezuela tendría el status de miembro pleno del MERCOSUR, con todos los derechos y obligaciones, treinta días después de depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de Adhesión de Venezuela (PAV). Por lo tanto, Venezuela se convirtió en Estado Parte a partir del 12 de agosto de 2012.

[3] De acuerdo a lo señalado Martínez, “la CAN había sido concebida bajo esquemas neoliberales para beneficiar a las elites y las empresas transnacionales (…)”. MARTINEZ Alberto, “De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Venezuela, 2014, Universidad Simón Bolívar, pág. 205. Asimismo, destaca en este punto lo señalado por Arellano, “las razones que motivaron la solicitud de transformación de miembro asociado a miembro pleno del MERCOSUR por parte de Venezuela son, en esencia, de naturaleza políticas-ideológicas (…)” ARELLANO, Félix “La entrada de Venezuela al MERCOSUR: implicaciones políticas y económicas” Caracas, 2013. Instituto Latinoamericana de Investigaciones Sociales, pág. 9.

[4] Actualmente los países que conforman el MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela

[5] A manera de ejemplo podemos mencionar las dificultades y tenciones que se produjo en el 2016 respecto al traspaso de la Presidencia Pre Tempore de Venezuela, disponible en el siguiente link: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar101.pdf. Asimismo, a manera de ilustración, podemos destacar también la lentitud y las dificultades del bloque en los avances de negociación con la Unión Europea (UE), puede consultarse el Informe MERCOSUR N° 20 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, disponible en el siguiente link: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7280>.

[6] Según el Informe MERCOSUR N° 21 (julio 2015 –julio 2016) del BID los movimientos relativos al posicionamiento del MERCOSUR respecto al resto del mundo fueron incipientes.

[7] Según el PAV Venezuela se obligaba a cumplir una serie compromisos establecidos en el mismo en un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia del Protocolo, es decir antes del 12 de agosto de 2016. Dichos compromisos se referían a la liberación del comercio de bienes con los demás Estados Partes del Mercosur; la adopción y puesta en vigor del Arancel Externo Común; la incorporación del acervo normativo del bloque a la legislación nacional y la definir la situación de Venezuela respecto de los acuerdos del MERCOSUR con terceros países.

[8] En el marco de los acuerdos firmados al amparo del Tratado de Asunción y acuerdos internacionales: existe un total de 133 acuerdos, de los cuales Venezuela ratifico 15, es decir, que el nivel de incumplimiento asciende a 88%.

[9] Durante la Presidencia Pro Tempore uruguaya (primer semestre 2016), el Grupo de Trabajo sobre la adhesión de Venezuela determinó la situación del grado de incorporación de la normativa adoptada por los organismos de Decisión del Mercosur, arrojando como dato: de las 1600 normas que debía haber internalizado, incorporó 939, generando un nivel de incumplimiento de 41%. Ver el Informe MERCOSUR N° 21 Páginas 92-93.

[10] Dicha Declaración puede consultarse en el siguiente link oficial de la cancillería de Argentina: http://www.cancilleria.gov.ar/userfiles/01-04-17%20DECLARACION%20DE%20LOS%20ESTADOS%20PARTES%20DEL%20MERCOSUR%20SOBRE%20VENEZUELA.pdf

Bibliografía:

1. ARELLANO, Félix. La entrada de la Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR): implicancias políticas y económicas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas, 2013.

2. MARTÍNEZ, Alberto. De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2013.     

3. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. Informe MERCOSUR N° 21/BID-  INTAL,  segundo semestre 2015 y el primer semestre 2016.

4. MERCOSUR. Página institucional: http://www.mercosur.int/

5. SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI. Documento ALADI/SEC/di 2684.3, “Comercio Exterior Global”, Enero-Diciembre 2016.

6. INSTITUTO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. Boletín Informe Integrar N° 101 disponible en: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/sitio/index.php/site-administrator/boletin

La tiranía de los jueces: implicancias de una sentencia arbitraria

En Venezuela, el día 30 de marzo del presente año, el Tribunal Supremo de Justicia de la República bolivariana de Venezuela, debido a la no acatación de una sentencia de las cortes, mediante las sentencias 155 y 156 se adjudicaba las funciones de la Asamblea Nacional al considerar que el desacato imputado al órgano de Estado estimaba la aplicación de tal medida, dejándola sin competencias. Se argumentó que la decisión se tomaba en aras de garantizar el “Estado de derecho”; sin embargo, en la práctica se realizó una usurpación de funciones.

El presente trabajo analizará la consecuencia de la sentencia desde el punto de vista de la teoría constitucional y política, para tal efecto se tomará el concepto del llamado “gobierno de los jueces” y se revisará el modelo de balance de poderes y los principios que tal ingeniería constitucional incorpora, seguidamente se analizará el caso venezolano y finalmente se incluirán unas conclusiones.

1 Check and Balance

Karl Loewenstein, es autor de un libro clásico de la teoría constitucional titulado Teoría de la Constitución. En tal texto, y basándose en una revisión histórica, jurídica y política de la evolución constitucional, actualizó una teoría para el control de la distribución del poder político en el sistema democrático contemporáneo. Se entiende por Check and Balance, o modelo de frenos y contrapesos, a una forma de división de los poderes clásicos del Estado, que mediante la distribución de funciones y reglas de procedimiento permite que los poderes del Estado tengan un control que equilibre la distribución de funciones, de esta manera existe un ejercicio mutuo de controles entre los poderes. Por esta vía, se prevé una protección al sistema democrático y, por ende, al ciudadano.

Este modelo pone un especial énfasis en la representación ciudadana, en palabras de Karl Loewenstein: “(…) cualquiera haya sido el origen de la técnica de representación, fue en todo caso la condición previa e indispensable para distribuir el poder político entre diferentes detentadores del poder […] fue esta técnica la que hizo posible la institución del parlamento como un detentador de poder” (1970: 60). En tal sentido, la idea de distribución del poder está esencialmente unida a la teoría y práctica de la representación, pues mediante la creación del parlamento representado por el pueblo se logró crear un mecanismo que permita controlar el abuso de las funciones de parte del ejecutivo.

Desde las teorías constitucionales clásicas, el modelo de control se basa en dos principios esenciales:

a) Principio de separación de poderes

Este principio es el más sagrado de la teoría y práctica constitucionales, tiene como principal función ser un instrumento fundamental para la consecución de los objetivos del constitucionalismo, pues asegura la organización y limitación racionalizada del Estado (Solozabal 1981: 215).

b) Principio de equilibrio de poderes (balance of powers)

Las constituciones democráticas han ofrecido una alternativa ante los gobiernos unipersonales: el freno del poder por el poder mismo, esto quiere decir que la única forma de evitar los excesos de poder tendrá su origen en las propias esferas gubernamentales. Este equilibrio no es natural y más bien ha sido y seguirá siendo una conquista de la sociedad (Delgado 2010: 205).

Se puede entender que los principios constitucionales de separación y equilibrio buscan el resguardo del orden democrático mediante las técnicas de control en un ambiente de independencia equilibrada de funciones, en aplicación del modelo Check and Balance.

2 Gobierno de los jueces

Edouard Lambert en 1921 publicaba un libro titulado El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social; en el texto determinaba los puntos a debatir acerca del peligro de llevar un control constitucional de las leyes. En los primeros años, el control judicial era entendido como “la compatibilidad de las actividades del legislador, democráticamente legitimado, con el control de los tribunales que determinan la interpretación de las normas” (Torres 2010: 375).Desde esa época, se han creado diversos procedimientos de control legislativo que han matizado el debate sin poder dar una única respuesta al problema, de esta manera se le ha limitado a un tema casuístico. En la actualidad, el debate acerca de los alcances en los que la función judicial puede enmarcarse ha adoptado nuevas esferas de controversia.

Los jueces Constitucionales son los encargados de controlar e interpretar la adecuada aplicación de las normas legales, en caso de que estas presenten una incompatibilidad con la Constitución, aplican esta última. Ellos cuentan con su propio ámbito de competencia: la impartición de la justicia, no gobiernan. Sin embargo, en muchas situaciones es posible que la protección de algún derecho, la aplicación de alguna norma o la búsqueda de la justicia mediante las sentencias, vaya en contravía de las políticas públicas del ejecutivo o Legislativo. En estos casos, se impone el Estado Social de Derecho (Lopez 2005: 3).

En este sentido, el cuestionamiento con el que se abre el debate ya no se limita solo al control judicial, o judicial review, sino que adquiere un componente más amplio con respecto a la aplicación y finalidades de la función judicial.

3. El caso Venezolano, la sentencia 156.

En términos generales y desde un punto de vista político, el gobierno venezolano es clasificado como un autoritarismo competitivo. Este tipo de gobierno es entendido como un régimen en el cual coexisten leyes democráticas y métodos autocráticos para el mantenimiento del poder, y en el cual las instituciones democráticas formales son ampliamente vistas como medios principales para obtener y ejercer la autoridad política (Levitsky y Way 2004:161). En tal sentido, existen acusaciones de cooptación del poder judicial de parte del régimen bolivariano, se señala que los jueces que han manifestado el fallo son partidarios del partido de gobierno y que tal filiación ha influido en la toma de decisión de la sentencia en cuestión (Martín).

Desde el punto de vista constitucional, el acto en cuestión se puede calificar como un atentado político y jurídico desde el Poder Judicial al Poder Legislativo. Esta acción ha traído a la memoria el llamado “fujimorazo”; según el analista internacional Miguel Ángel Rodríguez Mackay no hay algún tipo de diferencia entre ambos tipos de fenómenos (Correo), en tal ocasión  fue el Poder Ejecutivo quien junto con la fuerza militar realizaron un autogolpe de Estado, teniendo como consecuencia la disolución del Poder Legislativo.

Si bien el Poder Judicial ha determinado una falta con respecto al Poder Legislativo, esto no lo faculta para asumir sus funciones. El principio judicial de proporcionalidad de las penas estima que la sentencia debe de contener un equilibrio con respecto al acto en discusión. El determinar la transferencia de funciones de la Asamblea General al Poder Judicial violenta el principio judicial siendo excesiva en sus alcances. En este sentido, se puede intuir una arbitrariedad en la resolución judicial que conlleva consecuencias políticas. En palabras de Garzón Valdez: “la autonomía del poder judicial nunca puede ser excesiva, de la misma manera que la adhesión a los principios constitucionales, que determinan el alcance de las cortes, autonomía no significa arbitrariedad” (2006: 30). El fallo judicial es excesivo en sus medidas, pues las consecuencias de tales actos sobrepasan en demasía el desacato imputado, este acto es una oportunidad para reflexionar acerca del alcance de la función judicial en el aspecto de las sentencias.

No es razonable interpretar que un órgano pueda asumir las funciones de otro de manera total. Los principios constitucionales de separación y de equilibrio de poderes regulan las diferentes ramas del poder público, siendo la finalidad de la entrega de tales funciones la obstaculización en los excesos de poder o hacia las inclinaciones negativas de un poder soberano en contra de otro. Por lo que la medida terminaba siendo una violación visible al sistema democrático.

La transferencia de los actos parlamentarios representaba una violación al pacto social. Primero, el orden democrático actual separa las funciones del Estado entre sus diferentes instituciones, de esta forma se propone evitar la concentración del poder en un solo órgano, y así establecer controles y garantías. Segundo, las leyes son creadas por representantes electos por los ciudadanos, los parlamentarios al momento de ser electos adquieren legitimidad para la creación de leyes, los jueces no tienen la legitimidad popular para asumir las funciones parlamentarias de creación de leyes, ya que ellos no pasan por el proceso de elección popular. Tercero, el asumir las funciones legislativas conlleva un gran costo a la sociedad, porque ésta ya no estaría representada en las funciones que el legislativo contiene. La democracia se ve altamente quebrantada al momento de que se concentran las funciones legislativas en otro órgano.

4. Conclusiones

Ronald Dworkin decía que los casos difíciles conllevan una revisión profunda de lo que son las instituciones jurídicas relacionadas al problema en discusión. El caso revisado sirve como punto de reflexión con respecto a los principios que enmarcan un sistema democrático, pues tanto los principios de división e independencia de poderes se han visto cuestionados en el presente caso.

Todos los vicios de un gobierno parten del quebrantamiento a sus normas constitucionales; de esta forma la tiranía y la represión tienen su origen en regímenes extralimitados, acostumbrados a dictar medidas sin respeto a la división de poderes (Delgado 2010: 206). La violación o desentendimiento que la sentencia contenía del modelo de pesos y contrapesos conlleva un alto costo democrático y social debido a la desproporcionalidad y arbitrariedad que el fallo manifiesta.

El desarrollo de la sociedad ha llevado al nacimiento de nuevas formas de problemáticas que conllevan la adjudicación de las funciones de poder. La discusión acerca del gobierno de los jueces adquiere hoy un nuevo matiz con respecto a los alcances que la función judicial reviste. El caso de Venezuela ha abierto las esferas de debate con respecto a la arbitrariedad que tal función puede llegar a contemplar ya no solo mediante una revisión constitucional, sino que ahora se puede agregar al debate sobre el gobierno de los jueces el alcance de los fallos que la función judicial contempla.

La sentencia emitida se enmarca en un contexto de cuestionamiento acerca del régimen democrático venezolano, esto lleva preguntar si la decisión tomada por los jueces reviste las garantías de independencia o solo es una forma de mantenimiento del poder de parte del gobierno. Se puede concluir que el derecho constitucional en un Estado de democracia socialista, para este caso, sería un Estado de autoritarismo competitivo, tiene un valor secundario, pues se toma como un simple instrumento para realizar la revolución socialista o para permanecer con el control del poder (Biscaretti di Ruffia 1984: 223-224).

El constitucionalismo latinoamericano es aun muy débil, las cortes son fácilmente corrompibles además de que no hay existe un respeto arraigado por las funciones de los poderes del Estado. Esta es la llamada tragedia latinoamericana, la falta de seriedad para tomar a la democracia y a los derechos en serio.


 BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo

1987                                      Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos.

CORREO

2017                                      “No hay ninguna diferencia entre el autogolpe de Fujimori y de Maduro, dice Rodríguez Mackay”. Correo. Lima, 31 de marzo del 2017.

DELGADO, Fortino

2010                                      El equilibrio de poderes. Revisado: 2 de abril de 2017.

< https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/93/10.pdf >

GARZÓN VALDEZ, Ernesto

2006                                      Tolerancia, dignidad y democracia. Lima: Fondo editorial UIGV.

LAMBERT, Edouard

1921 (2010)                        El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social. Madrid: Tecnos.

LEVITSKY, Steven y Lucan WAY

2004                                      Elecciones sin democracia. En: Estudios Políticos, número 24, enero-junio pp. 159-176.

< biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/iep/24/8%20autoritarismo%20competitivo.pdf >

LOEWENSTEIN, Karl

1970                                      Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel. Revisado: 2 de abril de 2017.

<es.scribd.com/document/125363690/01-KARL-LOEWENSTEIN-Teoria-de-la-constitucion >

LÓPEZ DAZA, Germán

2005                                      ¿Un Gobierno de los Jueces? Revisado: 2 de abril de 2017.

< http://revistapielagus.com/articulos/02.-la-jurisdiccion-const.pdf >

MARTÍN, Sabrina

2017                                      “Conozca a los jueces chavistas que perpetraron el golpe de Estado en Venezuela”. Revisado: 2 de abril del 2017

<https://es.panampost.com/sabrina-martin/2017/03/31/jueces-chavistas-golpe-de-estado-en-venezuela/ >

SOLOZABAL, Juan

1981                                      Sobre el principio de la separación de poderes. En: Revista de Estudios políticos, número 24, noviembre. Pp 214- 233. Revisado: 2 de abril de 2017.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/26674.pdf >

TORRES MURO, Ignacio

2010                                      Uso y abuso de la justicia constitucional. En: Revista española de derecho constitucional, Año nº 30, Nº 90,  pp. 369-378. Revisado: 2 de abril de 2017.

< https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3394916 >

 

Protección Interdisciplinaria a los Derechos del niño, niña y adolescente

Protección Interdisciplinaria a los Derechos del niño, niña y adolescente

Los Derechos del niño, niña y adolescente han sido visibilizados por diversos instrumentos jurídicos, entre los de mayor importancia y antigüedad, se encuentran la Declaración de los Derechos del niño de 1959 y la Convención sobre los derechos del niño de 1989 (en adelante la Convención), siendo esta última la primera norma internacional con carácter obligatorio para los Estados.

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