¿Tiene el pueblo de Cataluña derecho a decidir?

Al aplicar el Artículo 155 de la Constitución de España, el Gobierno español ha impuesto elecciones en Cataluña, previstas para el próximo 21 de diciembre. Sin embargo, la victimización del Gobierno catalán y la renuencia al diálogo por parte del Gobierno central español habrían generado un aumento de más de siete puntos porcentuales de los partidarios de la independencia respecto de junio de 2017, cuando eran el 41,1% del electorado catalán, y una disminución de los detractores de casi seis puntos. Asimismo, la alianza conformada por Juntos por el Sí y la CUP mantendrían la mayoría absoluta en el Parlamento catalán[1].

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Independencia, Euro-zona y Unión Europea

 I.- Introducción

Tras los acontecimientos llevados a cabo en las últimas semanas, se ha abierto un debate intenso acerca de las repercusiones económicas, cuestiones de ámbito jurídico y político que tendría una hipotética declaración unilateral de independencia de Cataluña, que tomó mayor fuerza a raíz de la reciente votación favorable de los diputados regionales que conforman el Parlamento de Cataluña.

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Entre Tinta y Papel: Entrevista a José Burneo Labrín

 

23360958_10212096309981589_309212014_nConversamos con el Dr. José Burneo Labrín acerca de su nuevo libro “Derecho penal internacional: Genealogía de los crímenes internacionales más graves”, que se presentará el 7 de Noviembre, en el Centro Cultural de la Universidad Católica en San Isidro. El Dr. Burneo resalta la innovación que representa en la historia jurídica del país debido a que es un libro sin precedentes, al dar cuenta de una nueva rama que se ha formado en el Derecho Internacional y que atañe a los crímenes más graves para la comunidad internacional, los cuales se clasifican en cuatro: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

La suspensión del DACA y los impactos en la población peruana

En las últimas semanas la noticia de la suspensión del programa de la Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), ha causado revuelo entre las familias de inmigrantes que radican en Estados Unidos. DACA es un programa que fue anunciado por la administración de Barack Obama en junio 2012, mediante un memorando del Departamento de Seguridad de Estados Unidos[1]. Este programa fue autorizado bajo el concepto de “discreción de la fiscalía”[2]. Debe señalarse que DACA no confiere ningún estatus legal a una persona – sino que solo otorga, por un periodo de tiempo específico, un permiso de permanencia renovable cada dos años, a quienes cumplan las condiciones que señala la Oficina de Inmigraciones y Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés)[3].

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A propósito del punto 4 de la “Declaración de Lima”: análisis del acuerdo, y las consecuencias económicas y relaciones políticas que acarrea

Teniendo en cuenta la reciente decisión de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de suspender a Venezuela en virtud de la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático; la decisión de los países de lograr la mayoría necesaria en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) y continuar con la aplicación de la Carta democrática Interamericana a Venezuela; las declaraciones unilaterales de los países de la región llamando a desconocer a la nueva Asamblea Nacional Constituyente[1]; y la reciente reunión de cancilleres convocada por el Perú, se evidencia claramente la división reinante en el hemisferio americano en vista a la situación creada en Venezuela por la ruptura del orden constitucional y la grave situación en el tema de los derechos humanos.

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Siempre serán maíz

Memorias y reflexiones sobre la búsqueda de verdad y justicia de las madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en el caso de Los Cabitos 83: El mega proceso penal contra miembros del Ejército por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas de personas que fueron secuestradas en el Cuartel Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos 51, durante el año de 1983.

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La voz de las sobrevivientes

 “Llegó a la comisión una señora de Huancavelica, la sierra sur del Perú, a contarnos su caso. Ella acababa de dar a luz, acababa de tener un bebito y tenía otro bebé chiquito cuando cayó el ejército a detener a su marido. Se lo llevaron al campamento, a la base militar. Ella tomó a su niño recién nacido y al otro niño de la mano y fue a seguir al camión del ejército. Lo siguió, fue todos los días a la base militar a llevarle comida y ropa a su marido, que los soldados usaban y comían. Ella siguió yendo hasta que un soldado le dijo: si sigues viniendo, todos ellos te van a violar, así que mejor vete. Ella se va de su pueblo. Hasta ahí tenemos amenaza de violación, maltrato y desplazamiento. Llega a Lima y ahí tiene que iniciar una vida. Una cosa es ser una campesina de la sierra, donde los cultivos son distintos, donde el idioma es distinto, porque en la sierra prima el quechua. Y otra cosa es llegar a Lima, una ciudad desértica, donde el cultivo es diferente, donde se cultiva el algodón en tierra seca y el algodón se vende en quintales. Ella nos cuenta que ella no entendía, le robaban, le engañaban. La situación llega a ser tan crítica que decide regalar a uno de sus hijos y quedarse con uno. Luego de este testimonio enorme, yo le pregunté: señora, usted qué está esperando de la Comisión de la Verdad. Y dijo: bueno, yo quiero recuperar el cuerpo de mi esposo. Bueno y qué más quiere: quiero que me ayuden a recuperar a mi hijo. Le dije listo y para usted qué espera. Me dijo: ¿para mí? No, pues, para mí nada, si a mí no me ha pasado nada[1] (MANTILLA 2016) (Resaltado nuestro)

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Las protestas en Venezuela en la jurisprudencia de la Corte IDH

En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido cientos de denuncias[1] de prácticas criminalizadoras en contra de defensores de derechos humanos provenientes de casi todos los países de la región. Según Global Witness, al menos 185 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el 2015 en el mundo, y de estas 122 fueron asesinadas en América Latina.

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A propósito de Venezuela en el Mercosur: ¿cómo incide directamente a los países miembros y, específicamente al Perú?

Venezuela después de treinta y tres años como miembro de la Comunidad Andina (CAN)[1], en el 2006 abandona el bloque de integración del que formaba parte desde el año 1973 para incorporarse en calidad de Miembro Pleno al Mercado Común del Sur (MERCOSUR)[2]. Algunos autores sostienen[3] que Venezuela se distanció de la CAN y se acercó al MERCOSUR[4], porque lo calificaba como un modelo neoliberal de integración centrado en el comercio, donde lo económico cobró mayor preponderancia sobre lo político. Sumado a ello, también pudiera haber influenciado la decisión de Venezuela el carácter flexible y las limitaciones de la normativa e institucionalidad del MERCOSUR, que no generan mayores barreras a la capacidad de acción soberana de los gobiernos. En este contexto, el caso de la CAN adquiere particular relevancia, por la capacidad de acción de la Secretaria General frente a los gobiernos, la autonomía de las instituciones comunitarias, y la existencia de mecanismos (Tribunal Andino de Justicia) a través de los cuales, incluso los particulares, pueden demandar a sus respectivos gobiernos.

El ingreso de Venezuela al MERCOSUR marcó un cambio de rumbo y la política cobró un papel relevante en dicho esquema de integración. Si bien es cierto el MERCOSUR se concibió como un espacio de integración constituida sobre la base de instituciones intergubernamentales, cuyo objetivo económico fundamental es la creación de una unión aduanera para fomentar el comercio intrarregional, lo cierto es que ha cedido lugar a objetivos políticos e ideológicos, factor más desestabilizador en este momento del proceso integracionista. Esto generó muchas consecuencias negativas, tales como la constante inestabilidad entre los Estados Parte[5], falta de confianza de los demás países y otros bloques de integración[6], y lo que es más grave, no permite que el propio MERCOSUR pueda avanzar y crear condiciones favorables para la profundización de la agenda institucional de integración.

Hoy en día, el MERCOSUR necesita más economía y menos política. Más economía significa, entre otras cosas, eliminar las trabas al comercio intrarregional, invertir en infraestructura, educación, investigación y desarrollo, para hacer más eficientes las industrias locales, y promover las cadenas de valor regionales. Menos política significa no utilizar el acuerdo de integración con fines ideológicos.

A la situación reciente del MERCOSUR en este difícil marco, se suma el inminente vencimiento del plazo para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR (PAV) que hasta hora es solo parcial[7] tanto en el marco del PAV[8], como de las decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), Resoluciones del Grupo Mercado Común (GMC) y directivas de la Comisión de Comercio Mercosur (CCM)[9] (normativa de organismos de decisión); además también, debemos añadir la anomalía que se produjo en el 2016 respecto del traspaso de la Presidencia Pro-Tempore (PPT), que de acuerdo con el orden de rotación semestral establecido, dicho país debía ejercer la Presidencia en la segunda mitad de 2016. Asimismo, siguiendo en el mismo correlato fáctico, debemos destacar la reciente ruptura del orden democrático por parte de Venezuela que ha ido deteriorándose a pasos agigantados, a tal punto que el 01 de abril de 2017 mediante declaración conjunta[10], los países fundadores lograron una caracterización de la situación política venezolana como de ruptura del orden democrático, exhortándole al gobierno de Venezuela restablecer la división de poderes, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Bajo este difícil contexto, se puede observar que el ingreso de Venezuela como Miembro Pleno del MERCOSUR ha sido muy accidentado, generando diferencias marcadas entre la orientación del bloque y algunas políticas económicas internas de los demás países del MERCOSUR, que vienen atravesando un periodo de fragilidad y turbulencia macroeconómica, influenciado además por dificultades políticas no solamente en Venezuela sino también en Brasil, que de alguna manera repercutieron considerablemente la caída de los flujos comerciales intrazona y la inversión extranjera directa (IED) que según datos disponibles en el Informe MERCOSUR N° 21(Julio 2015 – Julio 2016) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las exportaciones intra-MERCOSUR para el 2015 representaron el 21.1%; no obstante, en el primer semestre 2016 disminuyó considerablemente, llegando a representar el 12.3%. Mientras las importaciones intrazona para el año 2016 cayeron súbitamente representando 15,8% respecto del año 2015 que llegó a representar el 22,3%. Asimismo, la IED desde y hacia al MERCOSUR, incluyendo inversiones intrazona, durante el 2015 descendió a US$ 89.798 millones, representando un 14,3 % en comparación con el año anterior (16,8%). La mayor parte de las contracciones del comercio intra-MERCOSUR y la caída de las IED se explica no solo por la débil demanda global o el enfriamiento de las economías, sino también por las turbulencias políticas dentro del bloque; de modo que los beneficios no se generan del todo en la operatividad del mercado, el libre comercio, la participación del sector privado en la economía y el fortalecimiento de la competitividad.

Sobre la base de lo antes expuesto, nos deja lugar a profundas reflexiones sobre la situación actual de dicho bloque de integración y que sin duda alguna influye directamente no solo a los Estados Miembros sino también a los Estados Asociados como el Perú, que siguiendo algunos datos macroeconómicos contenidos en el Documento ALADI/SEC/di 2684.3 de fecha 10 de marzo de 2017, publicado por la Secretaria General de la ALADI sobre el Comercio Exterior Global, en el periodo de enero – diciembre 2016, las exportaciones peruanas a Venezuela cayeron en -52, 9% respecto al año 2015; mientras las importaciones cayeron en -63, 2% respecto al mismo año. Esta caída en el intercambio comercial se explica en gran parte, entre otros factores, a las dificultades de orden macroeconómico y políticos que viene atravesando Venezuela, circunstancia que llevo a las tendencias negativas en la coyuntura económica.

Finalmente, es importante mencionar, que los temas sociales han ganado protagonismo en la agenda interna del MERCOSUR que incluyen entre otras los temas de movilidad y migraciones. Es así que, en el año 2002, suscribieron el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) que entró en vigor desde el año 2009, facilitando la residencia de los nacionales de estos países en el territorio de los otro; sin embargo, Venezuela, a pesar ser Estado Parte del MERCOSUR, no ha firmado el acuerdo; no obstante, ante la crisis política y económica que se vive en Venezuela, algunos países como el Perú y Uruguay, por citar algunos, han decidido otorgar a estos extranjeros un permiso temporal de permanencia en el marco de sus legislaciones nacionales, con los cuales podrán estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud y tributar.


(*) Fuente de imagen: Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

[1] Actualmente los países que conforman la CAN: Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.

[2] De acuerdo con la Decisión CMC N° 27/12, Venezuela tendría el status de miembro pleno del MERCOSUR, con todos los derechos y obligaciones, treinta días después de depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de Adhesión de Venezuela (PAV). Por lo tanto, Venezuela se convirtió en Estado Parte a partir del 12 de agosto de 2012.

[3] De acuerdo a lo señalado Martínez, “la CAN había sido concebida bajo esquemas neoliberales para beneficiar a las elites y las empresas transnacionales (…)”. MARTINEZ Alberto, “De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Venezuela, 2014, Universidad Simón Bolívar, pág. 205. Asimismo, destaca en este punto lo señalado por Arellano, “las razones que motivaron la solicitud de transformación de miembro asociado a miembro pleno del MERCOSUR por parte de Venezuela son, en esencia, de naturaleza políticas-ideológicas (…)” ARELLANO, Félix “La entrada de Venezuela al MERCOSUR: implicaciones políticas y económicas” Caracas, 2013. Instituto Latinoamericana de Investigaciones Sociales, pág. 9.

[4] Actualmente los países que conforman el MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela

[5] A manera de ejemplo podemos mencionar las dificultades y tenciones que se produjo en el 2016 respecto al traspaso de la Presidencia Pre Tempore de Venezuela, disponible en el siguiente link: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar101.pdf. Asimismo, a manera de ilustración, podemos destacar también la lentitud y las dificultades del bloque en los avances de negociación con la Unión Europea (UE), puede consultarse el Informe MERCOSUR N° 20 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, disponible en el siguiente link: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7280>.

[6] Según el Informe MERCOSUR N° 21 (julio 2015 –julio 2016) del BID los movimientos relativos al posicionamiento del MERCOSUR respecto al resto del mundo fueron incipientes.

[7] Según el PAV Venezuela se obligaba a cumplir una serie compromisos establecidos en el mismo en un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia del Protocolo, es decir antes del 12 de agosto de 2016. Dichos compromisos se referían a la liberación del comercio de bienes con los demás Estados Partes del Mercosur; la adopción y puesta en vigor del Arancel Externo Común; la incorporación del acervo normativo del bloque a la legislación nacional y la definir la situación de Venezuela respecto de los acuerdos del MERCOSUR con terceros países.

[8] En el marco de los acuerdos firmados al amparo del Tratado de Asunción y acuerdos internacionales: existe un total de 133 acuerdos, de los cuales Venezuela ratifico 15, es decir, que el nivel de incumplimiento asciende a 88%.

[9] Durante la Presidencia Pro Tempore uruguaya (primer semestre 2016), el Grupo de Trabajo sobre la adhesión de Venezuela determinó la situación del grado de incorporación de la normativa adoptada por los organismos de Decisión del Mercosur, arrojando como dato: de las 1600 normas que debía haber internalizado, incorporó 939, generando un nivel de incumplimiento de 41%. Ver el Informe MERCOSUR N° 21 Páginas 92-93.

[10] Dicha Declaración puede consultarse en el siguiente link oficial de la cancillería de Argentina: http://www.cancilleria.gov.ar/userfiles/01-04-17%20DECLARACION%20DE%20LOS%20ESTADOS%20PARTES%20DEL%20MERCOSUR%20SOBRE%20VENEZUELA.pdf

Bibliografía:

1. ARELLANO, Félix. La entrada de la Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR): implicancias políticas y económicas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas, 2013.

2. MARTÍNEZ, Alberto. De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2013.     

3. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. Informe MERCOSUR N° 21/BID-  INTAL,  segundo semestre 2015 y el primer semestre 2016.

4. MERCOSUR. Página institucional: http://www.mercosur.int/

5. SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI. Documento ALADI/SEC/di 2684.3, “Comercio Exterior Global”, Enero-Diciembre 2016.

6. INSTITUTO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. Boletín Informe Integrar N° 101 disponible en: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/sitio/index.php/site-administrator/boletin

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