“Criminal Compliance en el Perú” Fundamentos para su validez como requisito de procedibilidad antes de la formalización de investigación preparatoria a partir de la Ley N° 30424 y sus modificatorias”

Prelogómenos al Criminal Compliance

Como era de conocimiento en el Perú, nuestro país venía alistándose para lograr su adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo cual exigía un grado de adecuación a estándares mínimos político-criminales y normativos a instrumentos internacionales para afrontar tópicos del Derecho penal empresarial.

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Comentarios sobre la ley n° 30424, “ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”, el decreto legislativo nº 1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y “el proyecto de reglamento de la ley nº 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”

INTRODUCCIÓN

La ley Nº 30424 “ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”, modificada por el Decreto Legislativo Nº 30424, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, entró en vigencia el primero de enero del año en curso, en razón a ello, realizaremos una serie de comentarios sobre algunos aspectos dogmáticos y prácticos, en lo que medianamente nos sea posible.

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La pérdida de dominio como el proceso autónomo idóneo para dilucidar la titularidad del patrimonio criminal

Introducción

Cuando se escucha hablar de delitos que generan ganancias ilegales o ilícitas en agravio del Estado[1] a menudo nos surge la pregunta ¿qué sucede con ese patrimonio criminal?, y la respuesta puntual a esta interrogante viene siendo: Ius puniendi, quien reclama su propiedad por medio de un proceso denominado perdida de dominio, en la cual se declara la titularidad de los bienes a su favor mediante sentencia emitida por autoridad jurisdiccional.

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El delito colusión: un delito de encuentro apropósito del caso Odebretch y las consorciadas

Introducción

Por estas fechas el país es testigo de una serie de acontecimientos nunca antes vistos. El caso Odebretch nos ha mostrado el Perú más corrupto de los últimos tiempos. A estas alturas, nos hemos dado cuenta de que Odebretch tuvo “cómplices” para poder solventar el soborno de 20 millones que se concedió a Alejandro Toledo. Por ahora, cuatro han sido sujetos de prisión preventiva vinculadas a tres empresas que para efectos de este artículo llamaremos “socios de Odebretch”[1]. Concretamente, el delito que se les ha imputado a Odebretch y sus socios es Colusión. Dogmáticamente hablando, el delito de colusión es un delito de encuentro porque requiere la participación de un sujeto para su concreción. En este artículo, intentaremos dilucidar esta figura, además de relacionarla con el caso de los socios de Odebretch, el cual ha hecho ver a la sociedad que existen también criminales de cuello blanco.

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Implicancias Internacionales De La Modificación De La Constitución Peruana Para Aplicar La Pena De Muerte A Violadores De Niños A Propósito Dicho Proyecto De Ley

En las últimas semanas, hemos sido testigos del clamor popular motivado por fuerzas políticas, para aplicar la pena de muerte. Esta sanción penal, una que no se aplica en el Perú desde el 20 de enero de 1979, cuando se fusiló de cinco balazos al suboficial de la Fuerza Aérea Julio Vargas Garayar por el delito de traición a la patria[1], pretende ser impuesta nuevamente para delitos de violación sexual contra menores. No obstante, el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993, establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por la comisión del delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

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Entrevista a Jueza Janet Rugel: La prisión preventiva y sus implicancias

 IMG_3588+(Copy)C: ¿Qué es la prisión preventiva?

J: Es una medida coercitiva personal que limita la libertad de las personas, con fines exclusivamente de aseguramiento procesal, frente a la apariencia suficiente de comisión delictiva; por tanto la ley [1] exige, no solo graves, sino además, fundados elementos de convicción delictiva, de vinculación del imputado al mismo, una prognosis de pena- en el supuesto de ser condenado- la pena se estima por encima de los cuatro años de pena privativa y el Riesgo Procesal.

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Derecho a la información vs. El carácter reservado de la investigación penal

A lo largo de la experiencia dentro de los juzgados penales, he logrado percibir una falta de concurrencia entre la entrega de información sobre procesos en trámite, específicamente en relación a la solicitada por personal que si bien no forman parte del proceso (dígase agraviado, procesado, denunciado, tercero, etc) tienen un interés particular en él. Hablamos de quienes podemos denominar como terceros interesados.

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Doña Angélica Mendoza de Ascarza y los detenidos-desaparecidos del Perú

El año 1987 doña Angélica Mendoza de Ascarza participó al lado de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en una de las más notarias manifestaciones que develaba en Lima la situación de cientos de casos de detenidos-desaparecidos ocurridos hasta esa fecha en la región de Ayacucho. Tuve oportunidad de realizar mis prácticas en Derechos Humanos por aquella fecha y pude conocer personalmente a doña Angélica, y conocer su compromiso de madre activista defensora de los Derechos Humanos.

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Abrir los ojos: Daniel y Zuleimy

La apatía peruana frente a los crímenes de odio

Desde fines del año pasado y en lo que va de este, se ha desarrollado en el Perú una discusión bastante compleja en torno a temas que durante mucho tiempo eran impensables para nuestra sociedad como son los derechos LGBTI. Evidentemente, esto no es reciente, ya que la primera vez que se presentó el proyecto de “Unión Civil no matrimonial para personas del mismo sexo” en el año 2013, pudimos ser testigos de numerosos debates en espacios académicos, políticos, periodísticos y cotidianos. De hecho, esto nos permitió conocer cuál era el sentido común no exento de temores y prejuicios que la población peruana tenía respecto a este tema. No obstante, fue un logro importante haber entrado a la agenda pública en medio de tantas deudas pendientes y vitales que tenemos en el Perú, que quedan olvidadas y postergadas por la coyuntura y el escándalo mediático.

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