Implicancias Internacionales De La Modificación De La Constitución Peruana Para Aplicar La Pena De Muerte A Violadores De Niños A Propósito Dicho Proyecto De Ley

En las últimas semanas, hemos sido testigos del clamor popular motivado por fuerzas políticas, para aplicar la pena de muerte. Esta sanción penal, una que no se aplica en el Perú desde el 20 de enero de 1979, cuando se fusiló de cinco balazos al suboficial de la Fuerza Aérea Julio Vargas Garayar por el delito de traición a la patria[1], pretende ser impuesta nuevamente para delitos de violación sexual contra menores. No obstante, el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993, establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por la comisión del delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

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Entrevista a Jueza Janet Rugel: La prisión preventiva y sus implicancias

 IMG_3588+(Copy)C: ¿Qué es la prisión preventiva?

J: Es una medida coercitiva personal que limita la libertad de las personas, con fines exclusivamente de aseguramiento procesal, frente a la apariencia suficiente de comisión delictiva; por tanto la ley [1] exige, no solo graves, sino además, fundados elementos de convicción delictiva, de vinculación del imputado al mismo, una prognosis de pena- en el supuesto de ser condenado- la pena se estima por encima de los cuatro años de pena privativa y el Riesgo Procesal.

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Derecho a la información vs. El carácter reservado de la investigación penal

A lo largo de la experiencia dentro de los juzgados penales, he logrado percibir una falta de concurrencia entre la entrega de información sobre procesos en trámite, específicamente en relación a la solicitada por personal que si bien no forman parte del proceso (dígase agraviado, procesado, denunciado, tercero, etc) tienen un interés particular en él. Hablamos de quienes podemos denominar como terceros interesados.

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Doña Angélica Mendoza de Ascarza y los detenidos-desaparecidos del Perú

El año 1987 doña Angélica Mendoza de Ascarza participó al lado de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en una de las más notarias manifestaciones que develaba en Lima la situación de cientos de casos de detenidos-desaparecidos ocurridos hasta esa fecha en la región de Ayacucho. Tuve oportunidad de realizar mis prácticas en Derechos Humanos por aquella fecha y pude conocer personalmente a doña Angélica, y conocer su compromiso de madre activista defensora de los Derechos Humanos.

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Abrir los ojos: Daniel y Zuleimy

La apatía peruana frente a los crímenes de odio

Desde fines del año pasado y en lo que va de este, se ha desarrollado en el Perú una discusión bastante compleja en torno a temas que durante mucho tiempo eran impensables para nuestra sociedad como son los derechos LGBTI. Evidentemente, esto no es reciente, ya que la primera vez que se presentó el proyecto de “Unión Civil no matrimonial para personas del mismo sexo” en el año 2013, pudimos ser testigos de numerosos debates en espacios académicos, políticos, periodísticos y cotidianos. De hecho, esto nos permitió conocer cuál era el sentido común no exento de temores y prejuicios que la población peruana tenía respecto a este tema. No obstante, fue un logro importante haber entrado a la agenda pública en medio de tantas deudas pendientes y vitales que tenemos en el Perú, que quedan olvidadas y postergadas por la coyuntura y el escándalo mediático.

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Extradición
extradición
Es el procedimiento de cooperación judicial internacional en materia penal de mayor tradición histórica. Sus orígenes se remontan a la antigüedad y el antecedente formal más remoto lo constituye un acuerdo asirio – egipcio. Como en todo acto de cooperación internacional en la extradición intervienen, cuando menos, dos Estados. Uno al que se denomina requierente y otro que es designado como requerido.
En la extradición, el Estado requierente solicita al Estado requerido la entrega de una persona que se encuentra sometido a proceso que ha sido condenada como autor o participe de una hecho punible. A esta persona requerida se le suele identificar como el sujeto extraditable o el extraditurus El extraditable es solicitado en extradición por haber sido ubicado o capturado en territorio del Estado requerido.

Fuente
Prado Saldarriaga, Víctor Prado. “Sobre la extradición” pp. 95. En: revista Foro Jurídico N° 06 (2006)

La prueba ilícita y la libertad probatoria en el caso Madre Mía

  1. Contexto y legislación comparada respecto a la prueba ilícita:

Anteriormente, en el contexto inquisitivo, el descubrimiento de la verdad era el fin de todo proceso, justificando y amparando la utilización de todas las pruebas sin importar su forma de obtención. Sin embargo, hoy en día es imposible pensar en un sistema jurídico en donde se encarne de manera absoluta el sistema de freedom of proof; es decir, un sistema procesal en donde se priorice únicamente las reglas epistemológicas o los patrones de la racionalidad empírica[1]. En ese sentido, la prueba debe encontrar su justificación en la protección de valores jurídicos y, por ende, la vulneración de estos debe ser censurables. Tal es el caso de la prueba ilícita.

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Mujeres penalistas: mitad víctimas, mitad cómplices

Simone de Beauvoir escoge una frase enigmática de su compañero el filósofo J. P Sartre para iniciar uno de los capítulos de El segundo sexo (1949): “Mitad víctimas, mitad cómplices, como todo el mundo”. A partir de esta frase, y en el marco del Mes de la Mujer[1], en las siguientes líneas reflexionamos sobre la situación de las mujeres que se dedican al ejercicio profesional del derecho, particularmente, al área penal.

Siendo Derecho la carrera profesional con mayor cantidad de alumnos matriculados (64 282 alumnos durante el año 2010)[2], “la tendencia relativa al sexo de los estudiantes de Derecho es un dato que no debe pasar desapercibido”[3]. La data más reciente sobre la distribución de postulantes a las facultades de Derecho de las Universidades, al año 2000, nos indica que la relación entre postulantes varones y mujeres es de 52% a 48%, respectivamente[4].A partir de dicha estadística llegaríamos a la conclusión de que, en pleno siglo XXI, hay relativa equidad entre el número de estudiantes mujeres y estudiantes varones en las facultades de Derecho del país.

Sin embargo, el panorama cambia cuando observamos la representatividad de las mujeres en el Derecho Penal. Ya sea en el litigio, la docencia, los eventos académicos u otras áreas del ejercicio profesional, la cifra es bastante inferior al número de hombres penalistas. Esto nos lleva a preguntarnos con preocupación por qué esta especialidad jurídica no es atractiva para un mayor número de abogadas, y si su no elección significa algo más que simple inclinación o preferencia académica.

Entonces, ¿cómo es el ejercicio profesional del Derecho Penal?

El ejercicio profesional del Derecho Penal es el conjunto de actividades que desarrolla el abogado aplicando sus conocimientos especializados en materia penal y procesal penal. Está orientado al uso estratégico de un sistema jurídico que prohíbe –como ultima ratio– aquellas conductas que menoscaben ilegítimamente la libertad de un tercero, protegiendo así la libertad que las personas requerimos para nuestro desarrollo[5].

Pero ejercer el Derecho Penal, es decir, ser penalista, no solo implica un manejo solvente a nivel teórico y práctico de las categorías jurídico-penales, sino que también –y sobre todo- involucra características típicamente relacionadas al género masculino, en tanto que son los hombres los que han acaparado la especialidad. Ello tiene su correlato en que “no sorprende que los rasgos asociados con las mujeres no sean muy valorados por el derecho”[6].. Así, hablamos de un Derecho penal “masculino” porque se privilegian –e incentivan- rasgos asociados a este género. Por ejemplo, el nuevo sistema procesal penal exige que quien litigue esté sujeto a constantes desplazamientos y diligencias dada la oralidad del proceso, ritmo diseñado por y para hombres, que a una mujer gestante o madre se le haría más difícil de manejar. Otro ejemplo es el carácter que tradicionalmente se asocia al género femenino –pasivo, sentimental, susceptible, etc.-, el cual no tendría tanto éxito como el carácter típicamente masculino al momento de enfrentar casos que implican un complejo dilema moral y emocional para quien los juzga, persigue o defiende. Por otro lado, si hacemos el pequeño ejercicio de preguntarle a las penalistas cuántas veces se han sentido acosadas o simplemente incómodas por el trato que le dan sus pares hombres en razón de su sexo, consideramos que las respuestas nos alarmarían.

Pero las mujeres penalistas no solo son víctimas de este sistema jurídico penal, sino también cómplices del mismo. Cómplices, porque callan ante las injusticias del patriarcado en esta área del Derecho, donde los tipos penales simplemente no están construidos de cara a paliar los graves problemas que sufren las propias mujeres y las identidades sexuales contrahegemónicas, como el aborto, las violaciones, el maltrato intrafamiliar, los feminicidios y los atentados de odio contra la población LGTBI; y donde el razonamiento de los magistrados carece de metodología feminista.

Sobre esto último, Yván Montoya aborda un caso emblemático de ausencia de manejo de métodos feministas en el campo penal, como lo es el caso de las masivas esterilizaciones involuntarias de mujeres en el Perú durante el régimen de Alberto Fujimori, llevadas a cabo especialmente en los años 1995 a 1998.  La actuación fiscal en este caso se basó en la “minimización de la gravedad de los hechos probados y la negación de la calificación de los mismos como lesiones dolosas”, “la negación de la calificación de graves violaciones a los derechos y de crimen de lesa humanidad”, así como “la afirmación del consentimiento sobre la base de elementos que lo vician”[7]; mostrando nula perspectiva de género, en perjuicio de las mujeres afectadas.

Frente a esto, consideramos urgente y necesario que las penalistas sean feministas, es decir, que se comprometan activamente desde el ejercicio profesional con “una de las aspiraciones más altas y generales del derecho”[8], como lo es la igualdad.


[1]  RESOLUCION MINISTERIAL Nº 114-2007-MIMDES: Declaran el mes de marzo de cada año como el Mes de la Mujer. En: http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/dia_internacional_mujer/pdf/rm_114_2007_mimdes.pdf

[2] Gráfico Nº 23 Perú: Carreras Profesionales con mayor cantidad de Alumnos Matriculados. 2010. En: http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/doc/ESTADISTICA_UNIVERSITARIAS.pdf

[3] GONZÁLES MATILLA, Gorki. La enseñanza del Derecho o los molinos de viento. Cambios, resistencias y continuidades. Lima: Palestra. 2008. p. 74.

[4] Ídem. p.75.

[5] MEINI, Iván. Lecciones de Derecho Penal – Parte General. Teoría jurídica del delito, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2004. p.21.

 

[6] OLSEN, Francis. “El sexo del Derecho”. En: RUIZ, Alicia E. C, Identidad femenina y discurso jurídico. Buenos Aires: Editorial Biblos. p. 27.

[7] MONTOYA VIVANCO, Yván. “Derecho penal y métodos feministas. A propósito de la actuación del Ministerio Público frente a las masivas esterilizaciones involuntarias de mujeres en el Perú”. En: FERNÁNDEZ, Marisol y Félix, MORALES (Coord.), Métodos feministas en el Derecho. Aproximaciones críticas a la jurisprudencia peruana, Lima: Palestra. 2011. pp. 158 – 179.

[8] FISS, Owen. “¿Qué es el feminismo?”. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Alicante, Nro. 14, p. 335.

 

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