Relevancia penal sobre actos corruptivos: “Análisis y Posibilidad”

Introducción

Cada vez que tienen lugar sucesos de conmoción nacional de forma casi automática, la sociedad suele recurrir al derecho penal a fin de pretender solucionar todo los problemas que parecieran no terminar, situación que no es de extrañar, ya que si consideramos que el Índice de Percepción de Corrupción, en el año 2017 [1], nos ubicó en el puesto 96 de un total de 180 países otorgándonos una puntuación de IPC de 37 sobre 100 (100 percepción de ausencia de corrupción y 0 percepción de muy corrupto), es claro que tomar medidas al respecto se hace cada vez más urgente. Sin embargo, cuando hacemos referencia a actos de corrupción, únicamente desde nuestra óptica, debemos centrarnos en aquellos que tengan estricta relevancia penal[2], dejando de lado el ámbito de responsabilidad administrativa y política que pudiera devenir en otras circunstancias. En los párrafos siguientes, delimitaremos conceptos y analizaremos las circunstancias donde un acto corruptivo adquiere relevancia penal para finalmente dar un punto de vista sobre la corrupción y la situación actual.

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Los delitos de corrupción de funcionarios y sus repercusiones en el sistema económico: a propósito de los CNM audios

Introducción

El pasado 7 de julio de 2018, el portal web IDL – Reporteros difundió la primera entrega de lo que hasta estos momentos se puede catalogar como una de las filtraciones de información con mayor impacto político en nuestro país desde la emisión de los “vladi-videos” el 14 de setiembre del año 2000, en los cuales se pudo ver al asesor presidencial de ese entonces, Vladimiro Montesinos Torres, sobornando a diversos congresistas, periodistas y empresarios, suceso que inició la debacle del régimen fujimorista deviniendo finalmente en la renuncia del ex presidente Alberto Fujimori.

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Denuncia Constitucional y Proceso Penal

I. Introducción

Una de las cuestiones más coyunturales, respecto a temas de gran corrupción, es la publicación de diversos audios en los que se denota a diversas autoridades judiciales obteniendo favores a cambio de la designación de jueces y fiscales con la posible participación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y un Juez de la Corte Suprema. Asimismo, hace poco, tuvimos el destape de negociones de la vacancia del Ex Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, hechos que también implicó a algunos congresistas de la república. Estos sucesos poseen en común que los sujetos protagonistas son altos funcionarios públicos, los mismos que, ante la comisión de delitos de función, poseen la prerrogativa de Antejuicio Político, contexto del país, ante la aparición de estos casos que conlleva pertinentes a realizar algunos comentarios a la regulación de la investigación que el Código Procesal Penal del 2004 prevé para ellos ante delitos de Corrupción.

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“Criminal Compliance en el Perú” Fundamentos para su validez como requisito de procedibilidad antes de la formalización de investigación preparatoria a partir de la Ley N° 30424 y sus modificatorias”

Prelogómenos al Criminal Compliance

Como era de conocimiento en el Perú, nuestro país venía alistándose para lograr su adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo cual exigía un grado de adecuación a estándares mínimos político-criminales y normativos a instrumentos internacionales para afrontar tópicos del Derecho penal empresarial.

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Comentarios sobre la ley n° 30424, “ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”, el decreto legislativo nº 1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y “el proyecto de reglamento de la ley nº 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”

INTRODUCCIÓN

La ley Nº 30424 “ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”, modificada por el Decreto Legislativo Nº 30424, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, entró en vigencia el primero de enero del año en curso, en razón a ello, realizaremos una serie de comentarios sobre algunos aspectos dogmáticos y prácticos, en lo que medianamente nos sea posible.

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La pérdida de dominio como el proceso autónomo idóneo para dilucidar la titularidad del patrimonio criminal

Introducción

Cuando se escucha hablar de delitos que generan ganancias ilegales o ilícitas en agravio del Estado[1] a menudo nos surge la pregunta ¿qué sucede con ese patrimonio criminal?, y la respuesta puntual a esta interrogante viene siendo: Ius puniendi, quien reclama su propiedad por medio de un proceso denominado perdida de dominio, en la cual se declara la titularidad de los bienes a su favor mediante sentencia emitida por autoridad jurisdiccional.

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El delito colusión: un delito de encuentro apropósito del caso Odebretch y las consorciadas

Introducción

Por estas fechas el país es testigo de una serie de acontecimientos nunca antes vistos. El caso Odebretch nos ha mostrado el Perú más corrupto de los últimos tiempos. A estas alturas, nos hemos dado cuenta de que Odebretch tuvo “cómplices” para poder solventar el soborno de 20 millones que se concedió a Alejandro Toledo. Por ahora, cuatro han sido sujetos de prisión preventiva vinculadas a tres empresas que para efectos de este artículo llamaremos “socios de Odebretch”[1]. Concretamente, el delito que se les ha imputado a Odebretch y sus socios es Colusión. Dogmáticamente hablando, el delito de colusión es un delito de encuentro porque requiere la participación de un sujeto para su concreción. En este artículo, intentaremos dilucidar esta figura, además de relacionarla con el caso de los socios de Odebretch, el cual ha hecho ver a la sociedad que existen también criminales de cuello blanco.

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Implicancias Internacionales De La Modificación De La Constitución Peruana Para Aplicar La Pena De Muerte A Violadores De Niños A Propósito Dicho Proyecto De Ley

En las últimas semanas, hemos sido testigos del clamor popular motivado por fuerzas políticas, para aplicar la pena de muerte. Esta sanción penal, una que no se aplica en el Perú desde el 20 de enero de 1979, cuando se fusiló de cinco balazos al suboficial de la Fuerza Aérea Julio Vargas Garayar por el delito de traición a la patria[1], pretende ser impuesta nuevamente para delitos de violación sexual contra menores. No obstante, el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993, establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por la comisión del delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

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Entrevista a Jueza Janet Rugel: La prisión preventiva y sus implicancias

 IMG_3588+(Copy)C: ¿Qué es la prisión preventiva?

J: Es una medida coercitiva personal que limita la libertad de las personas, con fines exclusivamente de aseguramiento procesal, frente a la apariencia suficiente de comisión delictiva; por tanto la ley [1] exige, no solo graves, sino además, fundados elementos de convicción delictiva, de vinculación del imputado al mismo, una prognosis de pena- en el supuesto de ser condenado- la pena se estima por encima de los cuatro años de pena privativa y el Riesgo Procesal.

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