La migración forzada de Venezuela

                                                                                                       Antonio Peña Jumpa[1]

La migración forzada, contraria a la migración voluntaria, es un concepto que normalmente se aplica en situaciones de guerra o violencia política permanente. Ocurre cuando, como consecuencia del sufrimiento por el riesgo de esa situación de guerra o violencia política, se produce el desplazamiento masivo de personas o la población de un país o un grupo social hacía otro país o zona de menor riesgo. La migración es forzada por ese riesgo de peligro o de temor fundado de persecución que produce la guerra o violencia sobre las personas o población. ¿Se aplica dicho concepto para la situación que vive la población de Venezuela?

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La vacancia presidencial por incapacidad moral: ¿cómo y por qué?

La experiencia histórica más reciente de vacancia presidencial data del año 2000 cuando ante la huida de Alberto Fujimori, el Congreso rechaza su renuncia por fax y decide declarar su vacancia por incapacidad moral. Hoy, como en esos días, la corrupción es la acusación que más cala en la opinión pública y sirve de base para la configuración de la causal “incapacidad moral”. Veamos en las siguientes líneas cuál es el procedimiento que se debe seguir para la declaración de la vacancia y, además, cuáles son los criterios que ayudan a una formulación no arbitraria de la causal.

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“¡La municipalidad me bloqueó en twitter!” Sobre el derecho de acceso a la información pública y las redes sociales

El desarrollo y expansión de Internet en todo el mundo trajo consigo, entre otros, la necesidad de reconfigurar o re-entender distintas categorías jurídicas. Aún más, la penetración y uso masivo de las redes sociales en nuestra sociedad trae consigo situaciones de incertidumbre jurídica que hace 20 años era imposible imaginarnos.

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La buena ingeniería como garantía de la viabilidad del proyecto de infraestructura

Son las 8 de la mañana de un lunes y el residente despierta para iniciar sus labores, pero la obra se encuentra paralizada. La Entidad, por enésimo día, guarda silencio sobre las interminables consultas respecto a las indefiniciones de la ingeniería (o diseño) del proyecto.[1]

El residente, resignado, busca otros frentes, pero se da con la sorpresa que las más de 80 consultas[2] realizadas a la Entidad siguen sin respuesta, provocando graves retrasos y el impacto de la ruta crítica[3] del proyecto.

Él sabe que tiene dos opciones: modifica la ingeniería entregada por la Entidad (incumpliendo con el procedimiento para las variaciones) a fin de continuar con la obra; o sigue en la larga espera, no solo afectando económicamente al contratista, sino también al gran olvidado de la contratación pública: el proyecto.

Esta historia es muy conocida por gran parte de los contratistas. La ingeniería entregada por las Entidades, desde el inicio de los trabajos, tienen graves errores y omisiones que no hacen otra cosa que dificultar la ejecución de la obra.

En ese contexto, nos preguntamos, ¿por qué las Entidades no cuentan con una ingeniería adecuada? Al respecto, encontramos dos respuestas:

En primer lugar, porque la ingeniería, a pesar de basarse en ciencias exactas se fundamenta en un modelo probabilístico (estadístico). En vista a una serie de variables que elevan el nivel de incertidumbre y complejidad la actividad de diseño. Por lo que, es razonable que se encuentren diferencias entre lo proyectado con la realidad.[4]

Tan es así que, el riesgo de diseño, entendido como un evento o condición incierta que tiene un efecto negativo en el proyecto, es inherente al contrato de construcción.[5] Por lo que, con mucha más razón, la Entidad tiene que:

  • Identificar el riesgo en el expediente técnico, en tanto puede repercutir en el costo o la calidad de la infraestructura y/o provocar retrasos en la ejecución de la obra.
  • Analizarlo cualitativamente valorando su probabilidad de ocurrencia.
  • Planificar las acciones de intervención a seguir para evitarlo, mitigarlo, transferirlo o aceptarlo.
  • Finalmente, asignarlo en el contrato teniendo en cuenta qué parte se encuentra en mejor condición (le resulta menos costoso o tiene un mejor control) de asumirlo.[6]

En segundo lugar, las Entidades no cuentan con una adecuada ingeniería porque no invierten en la preparación de la misma, lo que genera un aumento exponencial en las probabilidades de errores y defectos, pues, finalmente, uno recibe la ingeniería que paga. Ello nos lleva al gran drama de la contratación pública en el Perú: el Estado solo invierte alrededor de 2 % a 3% del valor total del proyecto en ingeniería.[7]

Al respecto, GRAY sostiene que, lo óptimo sería acercarnos a un 5%, pues reduciríamos la posibilidad de tener sobrecostos al contar con un diseño de mejor calidad. En vista que la baja inversión hace que los expedientes técnicos de las obras públicas no cumplan con las expectativas.[8]

No obstante, en el actual escenario, ni la mejor gestión de riesgos evitará la presencia de reclamos, pues las indefiniciones y deficiencias en la ingeniería generarán mayores costos al proyecto. En otras palabras, aquello que se intentó “ahorrar” en ingeniería, se terminará pagando con creces ante la lluvia de reclamos debido a sus errores y omisiones.

Así, la necesidad de variaciones y ampliaciones de plazo será inevitable, viéndose los funcionarios en el dilema de: aprobarlos y arriesgarse a ser fiscalizados por la Contraloría; o  guardar un cómodo silencio buscando cualquier excusa para resolver el contrato.

En ese sentido, si dicha situación no cambia y no se comprende la necesidad de invertir en una buena ingeniería, ni la nueva modificación a la Ley de Contrataciones del Estado ni las próximas solucionarán el gran drama de la obra pública.

En conclusión, la mejor alternativa para prevenir conflictos en los proyectos de infraestructura es invertir en una adecuada ingeniería. De lo contrario, ni el mejor análisis de riesgo será suficiente para salvar a un proyecto herido de muerte por sus indefiniciones.


[1] Partimos del supuesto en donde el Project delivery system (modalidad contractual de acuerdo al alcance) es Design, Bid, Build (DBB o Tradicional), en donde quien asume el riesgo por la idoneidad de la ingeniería es el propietario, en este caso, la Entidad. Además, en esta modalidad contractual el contratista solo se limita a ejecutarla, es decir, no complementa la ingeniería ni prepara una adicional.

[2] También conocidas como Request For Information (RFI)

[3] Secuencia lógica de actividades del proyecto sin holguras, en donde la afectación de una precedente afecta la ejecución de las sucesoras.

[4] Es por eso que encontramos el denominado “margen de tolerancia”, el cual es el porcentaje que puede variar lo proyectado con lo ejecutado, sin que este último se haya visto perjudicado respecto la funcionalidad inicialmente prevista.

[5] Siendo esta posición compartida por la doctrina, como es el caso de GROSSHAUSER, Manfred, quien lo incluye dentro de los “riesgos asociados con aspectos técnicos del proyecto”. Asimismo,  BENSON, Robert lo incorpora como “riesgos del empleador” y “del arquitecto o interventor”. Del mismo modo, BUNNI, Nael, lo incardina dentro de los “riesgos relacionados directamente con las obras”. (RODRÍGUEZ, Maximiliano (2007) La problemática del riesgo en los proyectos de infraestructura y en los contratos internacionales de construcción. En: Revist@ e- Mercatoria. Volumen 6, Número 1, pp. 14-16)

[6] Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obras.

[7] Cfr. GRAY, Jaime citado por PRIALÉ, Javier (2014) Sobrecostos de obras públicas son por baja inversión en expedientes técnicos. En: Gestión. Diario de Economía y Negocios de Perú. (consulta: 6 de junio de 2017) (disponible en: http://gestion.pe/economia/sobrecostos-obras-publicas-son-baja-inversion-expedientes-tecnicos-segun-jaime-gray-2093936)

[8] Ídem.

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