Abraham García Chávarri

Abogado y Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ejerce labor docente en el pre y posgrado de su casa de estudios, así como también en las secciones de posgrado de las Universidades de Piura, Nacional de Piura y César Vallejo. Es miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Cuando estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP, fundó la asociación Foro Académico, y fue el primer director de la entonces Comisión de Publicaciones de la Revista Foro Jurídico. En los últimos años se ha desempeñado como asesor en materia constitucional de la Presidencia del Poder Judicial, y actualmente integra el estudio Fernando de Piérola abogados.

Sobre la columna

La columna contendrá -dentro del espacio breve propio de este formato- anotaciones y reflexiones en materia constitucional sobre el quehacer político-jurídico peruano, en lo esencial, como de aquellos otros temas que, lo sabemos bien, nunca será posible ponerles un punto final.

 

Artículos

La posesión del comunero integrante de una Comunidad Campesina o Nativa

La Constitución Política ha reconocido expresamente a las Comunidades Campesinas y Nativas otorgándoles un marco constitucional para su existencia, autonomía, desarrollo y participación; o, inclusión en el Estado de Derecho. Este marco tiene su origen en que somos un país multicultural y poliétnico, puesto que existen pueblos y culturas ancestrales que tienen plena vigencia en la actualidad, lo cual no puede ser desconocido por el Estado.

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¿«#QueSeVayanTodos»?

Las redes sociales, y la tecnología en general, han posibilitado que los políticos de nuestros tiempos estén en mayor riesgo de ser observados y han fomentado la participación y la movilización ciudadanas. Hace ya algún tiempo la utilización de estas herramientas ha sido la constante para convocar a la población a tomar las calles y, en ocasiones, han logrado avances democráticos importantes, como la “marcha de los cuatro suyos”, el “13M” o la “primavera árabe”.

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Desechar en vida

Qué duda cabe que los últimos hechos delictivos, que dan cuenta de violaciones sexuales a menores de edad, generan el mayor repudio social y el deseo de que los agresores reciban la mayor condena posible. Se ha llegado, incluso, a reavivar el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, condena que se encuentra proscrita en el ordenamiento jurídico peruano para este delito. Su incorporación al catálogo de sanciones penales conllevaría a la denuncia de diversos tratados y al detrimento de nuestra imagen internacional como garantes de la Democracia y los Derechos Humanos en América Latina.

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A puerta cerrada: la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal nº 358

«Ser honesto no puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los correctos».

[JOHN LENNON] [1].

Hace algunos días atrás, durante la sesión de concejo de la Municipalidad Distrital de La Molina, de fecha 01 de febrero de 2018, el alcalde del distrito La Molina, el señor Juan Carlos Zurek Pardo – Figueroa, arrebató violenta y flagrantemente el celular a su dueño, quien en ese mismo momento se encontraba grabando aquella sesión de Concejo con su smartphone, para así impedir que este último continuara registrando un acto público [2].

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Nulidad de venta de bien conyugal vs. protección del tercero de buena fe: más de lo mismo (para mal)

La Casación N° 294-2015-Lambayeque (en adelante la “Casación”) aborda un tema muy recurrente en nuestra realidad y jurisprudencia: la sociedad conyugal conformada por A y B es propietaria de un inmueble; sin embargo, este se encuentra inscrito en Registros Públicos solo a nombre de uno de los cónyuges (B), quien sin el asentimiento del otro (A) se lo vende a un tercero (C), quien contrata de buena fe, esto es, creyendo que el bien realmente le pertenece a B. Lo particular de la Casación es que se protegió la adquisición de C (por haber supuestamente actuado de buena fe) frente a la demanda de nulidad planteada por A.

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Las fallas endógenas de la Vacancia Presidencial por incapacidad moral dentro del ordenamiento Constitucional Peruano

«En lugar de infligir estos horribles castigos, sería mucho más útil proporcionar a todos los medios de subsistencia, para que así nadie tenga la espantosa necesidad de convertirse primero en ladrón y luego en cadáver».

[THOMAS MORE][1].

Durante las breves épocas del Perú republicano en que se ha podido respirar aires democráticos, las relaciones entre el Congreso de la República del Perú y el Poder Ejecutivo casi siempre han sido antagónicas.

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¿Es posible confrontar derechos de propiedad dentro de un desalojo? Idas y venidas de la Corte Suprema

En la Casación 4538-2015-Lima se resolvió la demanda de desalojo planteada por Clotilde Emilia Lariena Castro (la “Demandante”) contra Hermi Cira Motta Loayza (la “Demandada”), a efectos de que esta última restituya la posesión del inmueble constituido por el Lote 16, Manzana 3148 de la Urbanización Santa Modesta, Distrito de Santiago de Surco (el “inmueble”).

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Los servicios ecosistémicos forestales de almacenamiento de carbono (REDD +) en el Perú

Los servicios ambientales o ecosistémicos no son otra cosa que los beneficios que proporcionan a los seres humanos las funciones de los ecosistemas y demás componentes del ambiente, sea porque le proveen de bienes y condiciones necesarios para el desarrollo de su vida o porque impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su calidad[1].

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Comentarios a la Ley regula el uso Medicinal y Terapéutico del Cannabis y sus derivados

«La ilegalidad del cannabis es escandalosa, es un impedimento para la plena utilización de una droga que ayuda a producir la serenidad, el conocimiento, la sensibilidad y el compañerismo que tanto se necesitan en este mundo cada vez más loco y peligroso».[CARL SAGAN][2]

Hace unos días, con fecha 19 de octubre de 2017, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría (64 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones) el uso medicinal del cannabis.

En las siguientes líneas, ofreceremos nuestra opinión jurídica sobre algunos aspectos legales de la Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados; específicamente, la finalidad de la ley, las autoridades competentes, los registros, el derecho de acceso a la información, el protocolo de tratamiento médico, el procedimiento administrativo sancionador y la modificación del artículo 296-A.

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