Sobre la columna

Desde el Derecho Internacional, esta columna busca comentar y analizar los principales logros y desafíos que enfrentan los pueblos indígenas con miras a que los Estados garanticen su libre determinación.

Carlos Elguera Alvarez 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Diploma de Estudio Internacional en Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas (PUCP-IIDS), candidato en Maestría en Antropología (PUCP) y en LLM en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (American University Washington College of Law). Actualmente, se desempeña como abogado consultor para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Publicaciones

Ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón

Este es el caso de un cliente que juraba ser inocente pero no tenía como acreditarlo y, menos aún, una coartada verosímil que lo ayude. Esto, debido a que ni él encontraba una explicación lógica a los hechos por los cuales venía siendo juzgado en una provincia de nuestro país. A razón de ello, cuando me solicitó la defensa, estudié el caso y lo compartí con algunos profesionales de mi entorno, quienes al igual que yo se tomaban la frente y sonreían al escucharlo; precisamente por ello, decidí compartirlo con ustedes a través de “el Arte de ser Justo”.

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Presunción de Inocencia de las Personas Jurídicas

En el Perú, la concepción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido siendo objeto de cuestionamiento desde hace más de 10 años. Existían (y posiblemente aún existan) penalistas tradicionales que negaban la posibilidad de algún tipo de responsabilidad, mientras que otros, si bien aceptan su responsabilidad, discutían si esta deviene del injusto basado en la propia culpabilidad de la empresa; o, si esta es el resultado del injusto cometido por una persona natural.

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El pueblo indígena Ogiek de Kenya y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Titularidad de los derechos indígenas (Parte 1)

El 26 de mayo de 2017, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos emitió su primera sentencia sobre pueblos indígenas en el denominado caso African Commission on Human and People´s Rights V. Republic of Kenya (Application No. 006/2012)[1]. Al igual que diversos casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o al Sistema Universal de Derechos Humanos, este refleja una situación de discriminación estructural e histórica de origen colonial que afecta a pueblos indígenas de todo el mundo y, a su vez, reafirma las obligaciones internacionales que tienen los Estados para con los pueblos en sus fronteras.

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El denunciante no agraviado, el defensor de causas injustas

A lo largo de mi experiencia profesional, he logrado advertir el inconveniente que supone la redacción del artículo 334° del Código Procesal Penal, en el extremo que confiere facultades AL DENUNCIANTE NO AGRAVIADO DEL DELITO para recurrir la decisión fiscal de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación.

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Derecho a la información vs. El carácter reservado de la investigación penal

A lo largo de la experiencia dentro de los juzgados penales, he logrado percibir una falta de concurrencia entre la entrega de información sobre procesos en trámite, específicamente en relación a la solicitada por personal que si bien no forman parte del proceso (dígase agraviado, procesado, denunciado, tercero, etc) tienen un interés particular en él. Hablamos de quienes podemos denominar como terceros interesados.

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Derecho de los Indígenas ante la Jurisdicción Ordinaria: La obligación del Estado de adoptar medidas alternativas al encarcelamiento

A finales del año pasado, participé, en representación del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), en el II Seminario Internacional de Justicia Intercultural “Ejercicios de Derechos de Pueblos Indígenas en los Mecanismos de Coordinación” organizado por la Corte Superior de Justicia de San Martín. En ese evento, el Dr. Aldo Atarama, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, comentó sobre una reciente decisión de una Sala de Loreto que aplicó por primera vez el artículo 10 del Convenio N° 169 de la OIT para un caso penal que involucraba a un indígena imputado.

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El Fujimorismo y los Derechos Indígenas: El inconstitucional “Proyecto de Ley de Letona”

Hace un par de semanas, la congresista María Úrsula Letona Pereyra, de la Bancada Fujimorista, presentó un proyecto de ley (Proyecto de Ley N° 213-2016-CR) para modificar el artículo 2 de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígena u Originarios, reconocido en el Convenio N° 169 de la OIT (Ley N° 29785). Posteriormente, ante las fundadas críticas de parte de diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil, la congresista Letona decidió retirar el mencionado proyecto.

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¿Cerrando la brecha de implementación del Convenio N° 169 de la OIT? Las medidas “consultadas” en los proyectos mineros en el Perú

El derecho de consulta está consagrado expresamente en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú el 2 de febrero de 1994, y en vigor desde el 2 de febrero de 1995, por lo que por lo menos desde esta fecha está vigente sin duda alguna el derecho de consulta previa. Así lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional en la Sentencia EXP. N° 00025-2009-PI/TC, en la que reconfirmó que el derecho a la consulta en el Perú estaba vigente y es exigible desde la entrada en vigor del Convenio N° 169 de la OIT en el Perú. Expresamente, la TCP indicó lo siguiente:

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