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Los retos del PJ en la nueva normalidad

La llegada del coronavirus al Perú ha evidenciado la precariedad del sistema de salud y educación como mínimo y en lo inmediato. Se ha hecho manifiesto que el crecimiento del que nos hemos jactado en las dos últimas décadas fue una utopía para la mayor parte de la población. Vistas las experiencias internacionales, es una realidad que en el país, la emergencia se hubiera agravado si no hubiéramos sido entre los primeros en la región en adoptar medidas de confinamiento. 

Con el paso de los días y la llegada de las nuevas fases de desconfinamiento, también se empezarán a desvelar otros sistemas precarios, como el de seguridad, el transporte público y la administración de justicia. Indicios hemos tenido varios. Pensemos ahora en ese momento posterior, cuando corresponda hacer frente a las secuelas de la enfermedad, entre ellas los procesos judiciales. 

El COVID-19 ya produjo una primera exigencia mayúscula al sistema de justicia, cuando lo obligó a decidir si debía continuar ingresando detenidos a los centros penitenciarios o liberar a aquellos reclusos que se encontraban en situación vulnerable frente al contagio. Esperemos, para no deteriorar más la delicada salud de la justicia en el Perú, que el Poder Judicial (PJ) ya esté pensando en cómo superar su siguiente reto: fortalecer a los juzgados civiles, comerciales y, principalmente, los de familia, para que no colapsen junto a los hospitales en los siguientes días. 

Ya debería estar sacando cuentas de cuántos de los contratos incumplidos por la crisis económica podrían llegar a ser vistos en los juzgados, cuántos casos de mala praxis o atención indebida recibirán las cortes, cuántos desalojos se promoverán, cuántos divorcios se empezarán a tramitar, o cuántas sucesiones intestadas o solicitudes de partición y división tendrán que vislumbrarse en las sedes jurisdiccionales. Sin lugar a dudas, el Covid y la cuarentena están generando controversias que irán a parar al escritorio de uno o varios magistrados. Es evidente, a estas alturas, que el sistema de justicia tendrá que soportar una fuerte presión que deberá atender junto a la ya existente. 

Desde ya son varios los retos. El Poder Judicial, por ejemplo, declaró la suspensión de labores, plazos procesales y administrativos hasta el 30 de junio de este año. Recién el 1 de julio se empezarán a programar audiencias y se llevarán a cabo a partir del 17 del mismo mes, preferentemente de modo remoto y, excepcionalmente, presencial. Esto quiere decir que, en la práctica, el PJ dejará de administrar justicia hasta pasada la cuarentena y, cuando llegue el día previsto, le dará prioridad a las que se desarrollen utilizando tecnología. 

Cabe preguntarse, entonces, si el Perú está preparado para tal innovación o, por lo menos, si el PJ ha implementado las medidas necesarias para lograr que las decisiones adoptadas sean efectivas y evitar que, por el contrario, configuren criterios de prevalencia prohibida. Pensemos en cuántas personas que someten sus casos a la justicia no podrían acceder a herramientas tecnológicas y cuantas otras argumentarán no tenerlas para postergar las vistas de la causa. En los hechos, bajo estos criterios, obtendrán justicia más rápida aquellos que cuenten con energía eléctrica domiciliaria, una computadora o un celular de alta gama, internet de banda ancha, aplicaciones compatibles y capacitación para utilizarlas adecuadamente. 

Si en Lima esta situación (que todavía no empieza) ya constituye un gran reto para la administración de justicia, en las regiones del país la problemática se agrava. Conozco el caso de dos jóvenes que hace nueve años buscan ser incorporadas a una sucesión intestada en Piura. Hace casi una década que su padre, Orlando Vignolo Esquerre, falleció y el Poder Judicial aún no emite sentencia de primera instancia. Si los aparentes actos de corrupción y el probado aletargamiento de los jueces involucrados han logrado detener el curso normal del caso, cuánto tiempo más tendrían que esperar para que el Poder Judicial en Piura resuelva en tiempos de coronavirus y audiencias electrónicas. 

El COVID-19 también puede ser una oportunidad para refundar todos los sistemas deficientes. La salud, la educación y la justicia en el Perú son vehículos para profundizar desigualdades, para postergar y negar posibilidades a millones de peruanos. Esta crisis que nos tocará enfrentar en el sistema de justicia fija también retos a la ciudadanía, que deberá comenzar a mirar a mecanismos alternativos de solución de controversias, como la negociación y la conciliación. Finalmente, es mejor llegar a un acuerdo rápido a someterse a una disputa judicial que podría demorar décadas y sacar lo peor de las partes (incluidos los abogados). También le exige a estar vigilante para denunciar malas prácticas, dilaciones indebidas y actos de corrupción que podrían estar cometiéndose en las salas judiciales. Estamos advertidos de lo que se viene. Dios nos coja confesados y lejos de un juzgado.


Fuente de la imagen:

https://www.indecopi.gob.pe/image/journal/article?img_id=4354441&t=1579724212593

Escrito por Jean Pierre Baca Balarezo

Jean Pierre Baca Balarezo

Abogado con mención «sobresaliente» por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Magíster en «Derechos Humanos» con mención «muy bien» por la misma universidad. Máster con mención «sobresaliente» en «Democracia y Buen Gobierno» por la Universidad de Salamanca (España). Se ha desempeñado como asesor comisionado en el Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo; asesor legal e investigador en materia de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en Cedal – Centro de Derechos y Desarrollo; coordinador académico y docente en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; asesor principal en el Congreso de la República del Perú; y consultor legal en distintos Ministerios, entre los que destaca el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Actualmente, es profesor adjunto en la Facultad de Derecho PUCP, consultor en Derechos Humanos para la Defensoría del Pueblo y abogado asociado en el área de Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos en el estudio jurídico «Echaíz Abogados».