¿Hasta quemar el último cartucho? Sobre responsabilidad civil y prestaciones adicionales de obra

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el arbitraje está siendo visto con mucha suspicacia en nuestras latitudes. Ello se debe, fundamentalmente, a que la corrupción ha extendido su espectro hacia este sistema privado de solución de controversias; sin embargo, si bien la corrupción es el principal problema que actualmente corroe al arbitraje, no es el único.

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Algunas consideraciones legales para celebrar un contrato de obra y/ o de acondicionamiento de un local comercial

Cuando fabricamos un producto, importamos la materia prima, lo diseñamos, producimos y promovemos usando campañas publicitarias y/o redes sociales, nos olvidamos de lo más importante: hay que venderlo. Actualmente tenemos dos opciones para comercializarlo: 1) internet a través de un marketplace (para determinados rubros) o 2) en un espacio físico.

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Certificación ambiental: ¿Vigencia Indeterminada?

Como bien se conoce, a través del artículo VI° del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, se ha regulado el principio de prevención, el cual expresa que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.

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La posesión del comunero integrante de una Comunidad Campesina o Nativa

La Constitución Política ha reconocido expresamente a las Comunidades Campesinas y Nativas otorgándoles un marco constitucional para su existencia, autonomía, desarrollo y participación; o, inclusión en el Estado de Derecho. Este marco tiene su origen en que somos un país multicultural y poliétnico, puesto que existen pueblos y culturas ancestrales que tienen plena vigencia en la actualidad, lo cual no puede ser desconocido por el Estado.

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¿«#QueSeVayanTodos»?

Las redes sociales, y la tecnología en general, han posibilitado que los políticos de nuestros tiempos estén en mayor riesgo de ser observados y han fomentado la participación y la movilización ciudadanas. Hace ya algún tiempo la utilización de estas herramientas ha sido la constante para convocar a la población a tomar las calles y, en ocasiones, han logrado avances democráticos importantes, como la “marcha de los cuatro suyos”, el “13M” o la “primavera árabe”.

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Desechar en vida

Qué duda cabe que los últimos hechos delictivos, que dan cuenta de violaciones sexuales a menores de edad, generan el mayor repudio social y el deseo de que los agresores reciban la mayor condena posible. Se ha llegado, incluso, a reavivar el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, condena que se encuentra proscrita en el ordenamiento jurídico peruano para este delito. Su incorporación al catálogo de sanciones penales conllevaría a la denuncia de diversos tratados y al detrimento de nuestra imagen internacional como garantes de la Democracia y los Derechos Humanos en América Latina.

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A puerta cerrada: la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal nº 358

«Ser honesto no puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los correctos».

[JOHN LENNON] [1].

Hace algunos días atrás, durante la sesión de concejo de la Municipalidad Distrital de La Molina, de fecha 01 de febrero de 2018, el alcalde del distrito La Molina, el señor Juan Carlos Zurek Pardo – Figueroa, arrebató violenta y flagrantemente el celular a su dueño, quien en ese mismo momento se encontraba grabando aquella sesión de Concejo con su smartphone, para así impedir que este último continuara registrando un acto público [2].

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Nulidad de venta de bien conyugal vs. protección del tercero de buena fe: más de lo mismo (para mal)

La Casación N° 294-2015-Lambayeque (en adelante la “Casación”) aborda un tema muy recurrente en nuestra realidad y jurisprudencia: la sociedad conyugal conformada por A y B es propietaria de un inmueble; sin embargo, este se encuentra inscrito en Registros Públicos solo a nombre de uno de los cónyuges (B), quien sin el asentimiento del otro (A) se lo vende a un tercero (C), quien contrata de buena fe, esto es, creyendo que el bien realmente le pertenece a B. Lo particular de la Casación es que se protegió la adquisición de C (por haber supuestamente actuado de buena fe) frente a la demanda de nulidad planteada por A.

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