El Moderno Enfoque de la Gestión de Residuos Sólidos en el Perú: Breves comentarios a partir de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278

La vigente Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, establece como objetivo la adecuada disposición final de los residuos sólidos en infraestructura ambientalmente adecuada a fin de prevenir riesgos para la salud y/o el medio ambiente.

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Erradicar para consolidar: la estrategia de los Estados democráticos frente a la cultura del secreto

El ejercicio del poder siempre ha estado acompañado de la idea de que existen datos que deben ser preservados del conocimiento público, en consideración a distintas razones, que podían fluctuar entre lo religioso, la necesidad de mantener el orden público o garantizar la inmunidad de los gobernantes.

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El papel sancionador de la Presidencia del Concejo de Ministros ante las situaciones de desastres

«Pasó acaso una vez por delante donde él (el Licenciado Vidriera)

estaba un juez de comisión que iba de camino a una causa criminal,

y llevaba mucha gente consigo y dos alguaciles;

preguntó quién era, y como se lo dijeron, dijo:

– Yo apostaré que lleva aquel juez víboras en el seno, pistoletes en la cinta y rayos en las manos para destruir todo lo que alcanzare su comisión».[1]

 

Como respuesta estatal al fenómeno de El Niño durante el pasado verano de 2017, el cual ocasionó que distintas regiones del norte y del centro de nuestro país padecieran los efectos devastadores de las lluvias torrenciales, las inundaciones y los huaycos, se promulgó la Ley Nº 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.

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¿Pueden los condenados por terrorismo participar de la vida política del país? Un diálogo con estudiantes de derecho

Me preocupa la manera en que los poderes hegemónicos tratan el problema del terrorismo en los medios masivos de comunicación. Relatan parcialmente la historia del conflicto, no explican las condiciones estructurales que lo hicieron posible, recuerdan las masacres selectivamente obviando las cometidas por las fuerzas estatales. Militares, políticos, empresarios y periodistas deciden voluntariamente distanciarse de los hechos probados y las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

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La ciudad excluyente frente a los desastres

Venimos atravesando una crisis urbano-ambiental que nos recuerda cuán desiguales somos dentro de la comunidad. A pesar de vivir en la misma ciudad, algunos hemos sido afectados temporalmente por la falta de agua, mientras que otros han perdido de forma permanente sus viviendas, el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento y electricidad), sus principales fuentes de ingresos (animales y sembríos) y vías de comunicación (telefonía, calles y pistas), salvo una futura reconstrucción que la historia muestra siempre insuficiente.

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El feminismo en el derecho constitucional y la enseñanza del derecho

Como muchos de ustedes saben, cada vez está más presente la demanda por participación igualitaria de las mujeres en diversos ámbitos sociales entre los cuales se encuentra el académico, lo cual es una buena noticia. Demanda que se hace sentir cuando se pide que los paneles académicos de discusión estén formados por igual número de hombres y mujeres.
Con el ánimo de que ese impulso vaya consolidándose y sobre todo creciendo en sus aspiraciones, quisiera dedicar este artículo a reflexionar sobre la enseñanza del derecho en relación íntima con su carácter androcéntrico.

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Justicia e interculturalidad en el caso Curva del Diablo

Después de 64 audiencias y más de 7 años de diligencias, el jueves 22 de setiembre culminó en primera instancia el proceso penal “Curva del Diablo” con sentencia absolutoria de 53 procesados por los hechos del 5 de junio del 2009 en Bagua (Amazonas). La mayoría de ellos son indígenas awajún y wampis,  quienes asistieron a la lectura de sentencia, como siempre, una vez cada dos semanas desde mayo del 2014. Es importante decir que con el fallo acaba también la agobiante obligación de trasladarse, quincenalmente, desde sus comunidades hasta la ciudad de Bagua, cuyos altos costos (en el caso más extremo suponía 3 días y 500 soles por viaje) solo pudieron cubrir gracias al apoyo de la iglesia católica y de otras organizaciones.

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Reflexiones sobre el tratamiento a las protestas sociales en la propuesta de Nuevo Código Penal

El proyecto de Nuevo Código Penal (03491-2013-CR) que se debate en el Congreso de la República ha suscitado diversas críticas hasta el momento. Entre otras cosas, se ha señalado la desproporcionalidad de las penas establecidas para distintos delitos en relación a la importancia de los bienes jurídicos que protegen[1], el agravamiento de las penas en casos de aborto por violación, además la creación del tipo penal del aborto imprudente[2], y la ausencia de reformas destinadas a sancionar crímenes de odio y discriminación contra personas LGBT[3]. Con el mismo espíritu crítico, este artículo tiene por finalidad mostrar las continuidades y los cambios propuestos que amenazan el ejercicio del derecho a la protesta social.

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La criminalización de la protesta social bajo tres lentes

Interesado por el rol del derecho y del sistema de justicia penal en la criminalización de la protesta social, decido escribir estas líneas luego de estar presente en el juicio oral del proceso penal por disturbios en contra de dirigentes de Espinar el pasado jueves 20 de agosto. La idea de trabajar con tres tipos de miradas diferenciadas responde a la intuición de que cada uno arroja información útil para la comprensión del fenómeno. Mientras los contextos globales o nacionales muestran patrones de actuación del Estado, así como estadísticas sobre muertes, heridos y/o desaparecidos, rodeados de una retórica derecho-humanista propia de los organismos de sociedad civil, las miradas micro pueden develar poco a poco los efectos de la violencia simbólica del derecho en las personas. Me eximo de terminar este escrito con conclusiones pues todavía me encuentro en una etapa preliminar de mi observación y porque espero que cada “Lente” sea capaz de mostrar su utilidad por sí mismo.

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Criminalización de la protesta y el consenso represivo

En el Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas (2011)[1], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta pormenorizada de cientos de casos de asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, hostigamiento, actividades de inteligencia, uso abusivo de la fuerza policial y apertura de procesos penales contra disidentes políticos en más de veinte países americanos. Algunos grupos minoritarios son las principales víctimas de lo que sería una confluencia entre Estado, medios de comunicación y empresarios (formales, informales e ilegales), para criminalizar protestas sociales persiguiendo a líderes sindicales, campesinos e indígenas, así como a defensores del medio ambiente, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexo, y a defensores de trabajadores migrantes.

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