Una interpretación acerca de la fuerza vinculante del precedente judicial en las decisiones de los tribunales arbitrales

Muchas veces cuando hacemos referencia al fuero arbitral y judicial tenemos la impresión de que hablamos de dos dimensiones distintas, como si existiese una “muralla china” entre un fuero y otro. Sin embargo, consideramos que ello no es así ya que ambos ejercen función jurisdiccional y constituyen procesos[1].

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Ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón

Este es el caso de un cliente que juraba ser inocente pero no tenía como acreditarlo y, menos aún, una coartada verosímil que lo ayude. Esto, debido a que ni él encontraba una explicación lógica a los hechos por los cuales venía siendo juzgado en una provincia de nuestro país. A razón de ello, cuando me solicitó la defensa, estudié el caso y lo compartí con algunos profesionales de mi entorno, quienes al igual que yo se tomaban la frente y sonreían al escucharlo; precisamente por ello, decidí compartirlo con ustedes a través de “el Arte de ser Justo”.

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Presunción de Inocencia de las Personas Jurídicas

En el Perú, la concepción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido siendo objeto de cuestionamiento desde hace más de 10 años. Existían (y posiblemente aún existan) penalistas tradicionales que negaban la posibilidad de algún tipo de responsabilidad, mientras que otros, si bien aceptan su responsabilidad, discutían si esta deviene del injusto basado en la propia culpabilidad de la empresa; o, si esta es el resultado del injusto cometido por una persona natural.

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El denunciante no agraviado, el defensor de causas injustas

A lo largo de mi experiencia profesional, he logrado advertir el inconveniente que supone la redacción del artículo 334° del Código Procesal Penal, en el extremo que confiere facultades AL DENUNCIANTE NO AGRAVIADO DEL DELITO para recurrir la decisión fiscal de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación.

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Derecho a la información vs. El carácter reservado de la investigación penal

A lo largo de la experiencia dentro de los juzgados penales, he logrado percibir una falta de concurrencia entre la entrega de información sobre procesos en trámite, específicamente en relación a la solicitada por personal que si bien no forman parte del proceso (dígase agraviado, procesado, denunciado, tercero, etc) tienen un interés particular en él. Hablamos de quienes podemos denominar como terceros interesados.

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¿Pueden los condenados por terrorismo participar de la vida política del país? Un diálogo con estudiantes de derecho

Me preocupa la manera en que los poderes hegemónicos tratan el problema del terrorismo en los medios masivos de comunicación. Relatan parcialmente la historia del conflicto, no explican las condiciones estructurales que lo hicieron posible, recuerdan las masacres selectivamente obviando las cometidas por las fuerzas estatales. Militares, políticos, empresarios y periodistas deciden voluntariamente distanciarse de los hechos probados y las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

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La ciudad excluyente frente a los desastres

Venimos atravesando una crisis urbano-ambiental que nos recuerda cuán desiguales somos dentro de la comunidad. A pesar de vivir en la misma ciudad, algunos hemos sido afectados temporalmente por la falta de agua, mientras que otros han perdido de forma permanente sus viviendas, el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento y electricidad), sus principales fuentes de ingresos (animales y sembríos) y vías de comunicación (telefonía, calles y pistas), salvo una futura reconstrucción que la historia muestra siempre insuficiente.

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El feminismo en el derecho constitucional y la enseñanza del derecho

Como muchos de ustedes saben, cada vez está más presente la demanda por participación igualitaria de las mujeres en diversos ámbitos sociales entre los cuales se encuentra el académico, lo cual es una buena noticia. Demanda que se hace sentir cuando se pide que los paneles académicos de discusión estén formados por igual número de hombres y mujeres.
Con el ánimo de que ese impulso vaya consolidándose y sobre todo creciendo en sus aspiraciones, quisiera dedicar este artículo a reflexionar sobre la enseñanza del derecho en relación íntima con su carácter androcéntrico.

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Justicia e interculturalidad en el caso Curva del Diablo

Después de 64 audiencias y más de 7 años de diligencias, el jueves 22 de setiembre culminó en primera instancia el proceso penal “Curva del Diablo” con sentencia absolutoria de 53 procesados por los hechos del 5 de junio del 2009 en Bagua (Amazonas). La mayoría de ellos son indígenas awajún y wampis,  quienes asistieron a la lectura de sentencia, como siempre, una vez cada dos semanas desde mayo del 2014. Es importante decir que con el fallo acaba también la agobiante obligación de trasladarse, quincenalmente, desde sus comunidades hasta la ciudad de Bagua, cuyos altos costos (en el caso más extremo suponía 3 días y 500 soles por viaje) solo pudieron cubrir gracias al apoyo de la iglesia católica y de otras organizaciones.

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Reflexiones sobre el tratamiento a las protestas sociales en la propuesta de Nuevo Código Penal

El proyecto de Nuevo Código Penal (03491-2013-CR) que se debate en el Congreso de la República ha suscitado diversas críticas hasta el momento. Entre otras cosas, se ha señalado la desproporcionalidad de las penas establecidas para distintos delitos en relación a la importancia de los bienes jurídicos que protegen[1], el agravamiento de las penas en casos de aborto por violación, además la creación del tipo penal del aborto imprudente[2], y la ausencia de reformas destinadas a sancionar crímenes de odio y discriminación contra personas LGBT[3]. Con el mismo espíritu crítico, este artículo tiene por finalidad mostrar las continuidades y los cambios propuestos que amenazan el ejercicio del derecho a la protesta social.

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