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LAS FALLAS ENDÓGENAS DE LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

«The accumulation of all powers, legislative, executive and judiciary, in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny». [1]

JAMES MADISON [2].

Introducción

A modo de introducción, debe quedar claro que uno de los pilares sobre el cual reposa todo Estado constitucional de Derecho (Rule of Law) es la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); de modo tal que, prevalezca un equilibrio entre aquellos [3].

Este es un principio constitucional que no admite excepciones, al menos teóricamente. Lamentablemente, la ruptura del equilibrio de poderes ha sido la regla en la historia del Perú republicano.

Así, el más reciente episodio del quiebre del principio de la separación de poderes ha sido la disolución del Congreso de la República del Perú mediante el Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM de fecha 30 de septiembre de 2019.

Aquella fue una medida impuesta por el Presidente de la República del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, entre otras razones, debido a la denegatoria de la confianza al Consejo de Ministros. Al respecto, tal pedido fue formulado por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República del Perú [4].

Para nosotros, aquella denegatoria ha sido el factor desencadenante, más no la causa real de tal conflicto. Tampoco los pleitos constantes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han sido los motivos verdaderos de esta crisis política; sino factores condicionantes.

En cuanto a las disputas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, durante los breves intervalos de democracia, las relaciones entre ambos poderes han sido siempre antagónicas. Tales enfrentamientos han derivado en una disolución del Congreso de la República del Perú.

Por citar algunos casos: el gobierno de Guillermo Billinghurst Angulo (1912-1914); el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948); el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) y; la fase democrática del gobierno de Alberto Kenya Fujimori Inomoto (1990-1992), antes del autogolpe.

Como se podrá percibir, ninguno de aquellos mandatarios concluyó su periodo presidencial. El denominador común de todas esas pendencias entre ambos poderes ha sido el mismo: la presencia de un Poder Legislativo dominado por una mayoría partidaria hostil al primer mandatario.

Otros factores condicionantes de índole socioeconómica, cultural, histórica y política son los siguientes:

  • La carencia de partidos políticos sólidos.- En nuestro país solo hubieron caudillos o demagogos. Lo más cercano a un partido político de peso ha sido el APRA. Por su parte, Acción Popular ha visto su renacimiento desde las elecciones ediles del 2018. Solo hay movimientos políticos y tendencias como el fujimorismo y el antifujimorismo; por tal motivo, en las elecciones suele haber veto en lugar de voto.
  • La falta de independencia del Poder Judicial.- Por lo general, en la elección de los magistrados del Poder Judicial se producen movidas políticas por parte de los gobiernos de turno [5]. A ello hay que añadir otros problemas como la recarga laboral y la lentitud de los procesos.
  • La inexistencia de un aparato burocrático estable.- Nuestra Administración Pública es clientelista, corrupta, ineficiente y anquilosada.
  • El centralismo metropolitano.- Si bien es cierto, hay avances como la existencia de un distrito electoral múltiple y el proceso de regionalización que prosigue su rumbo; todavía la mayor parte de las instituciones públicas y privadas más importantes del país se encuentran concentradas en la capital (Lima).
  • La tradición autoritaria.- En nuestro país, al igual que en muchos países de América Latina, existe la cultura del golpe de Estado (Manuel Apolinario Odría en 1948, Juan Velasco Alvarado en 1968 y el autogolpe de Alberto Kenya Fujimori Inomoto en 1992). No solamente se vaticina dicho desenlace, sino se anhela.

No obstante, los factores anteriormente referidos han sido apenas componentes circunstanciales. Si escarbamos más, descubriremos que el origen de estas tensiones se encuentra tanto en las formas de gobierno como en los mecanismos de control entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Según iremos explicando, los regímenes podrán ser: parlamentario, presidencial y presidencialista. Y, uno de estos mecanismos de control entre ambos poderes es la disolución del Congreso de la República del Perú por parte del Presidente de la República, bajo dos modalidades: ya sea ante una moción de censura o cuando aquel niega a este último la confianza a dos Consejos de Ministros.

A nosotros nos interesa este último supuesto, el cual es el tema de análisis del presente artículo: la negación de la confianza al Consejo de Ministros. Es por ello que, el propósito de este artículo es el mostrar cuáles son las fallas endógenas o congénitas de la disolución del Congreso de la República del Perú; especialmente, cuando este último niega al Presidente de la República la confianza al Consejo de Ministros.

Veamos ahora, en qué consiste el régimen parlamentario y el régimen presidencial.

Régimen Parlamentario y Régimen Presidencial:

Según sea la dinámica teórica (política y jurídica) entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, podremos denominar a una forma de gobierno como parlamentario y presidencial.

Régimen Parlamentario

El primer modelo es el régimen parlamentario. Esta clase de régimen funciona en Europa Occidental, Gran Bretaña, países de la Commonwealth y Japón.

Siguiendo la definición clásica propuesta por el jurista francés MAURICE DUVERGER [6], se llama ‘parlamentario’ a:

«[…] un régimen en el cual el Gobierno está dividido en dos elementos, uno de los cuales – el “Gabinete” o Gobierno, en el más estricto sentido de la palabra – es políticamente responsable ante el Parlamento y tiene el derecho de disolverlo».

Las características del régimen parlamentario son las siguientes:

     1. El jefe de Estado y el jefe de gobierno son dos personas distintas.

Por citar algunos ejemplos: Gran Bretaña (jefe de Estado = rey, jefe de gobierno = primer ministro), Alemania (jefe de Estado = Presidente de la República, jefe de gobierno = canciller).

   2. El jefe de Estado representa a la nación, sus funciones son simbólicas u honoríficas; en cambio el jefe de gobierno es quien detenta el poder político.

   3. El poder del Gabinete o del ministerio proviene de la respectiva mayoría parlamentaria. Por ejemplo: en Gran Bretaña, el gobierno es fiduciario del Parlamento.

     4. La responsabilidad política del gobierno se encuentra asegurada con dos figuras o mecanismos: el voto de censura a uno o a todo el Gabinete y la denegatoria de la confianza.

Régimen Presidencial

El otro modelo es el régimen presidencial, este es el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica. Su forma de gobierno federal o yuxtaposición de poderes y competencias, unido a su descentralismo le han permitido su desarrollo como país.

En el régimen presidencial no existe la responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento; a diferencia del régimen parlamentario.

Las características del régimen presidencial son las siguientes:

  1. El jefe de Estado y el jefe de gobierno son una misma persona. Se trata del Presidente; a diferencia del régimen parlamentario en donde ambas figuras se encuentran separadas.
  2. El Presidente es quien dirige la política general de todo el país. Entre sus atribuciones está el ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas. De igual modo ocurre en el Perú.
  3. El Presidente es elegido por voto popular, por un periodo que ha sido predeterminado constitucionalmente.
  4. Como ya dijimos, no existe responsabilidad política del gobierno frente al Congreso. Esto significa que el Presidente no podrá disolver al Congreso, ni éste podrá revocar el mandato de aquel.

En el caso estadounidense existe un mecanismo de control entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir los pesos y contrapesos (checks and balances).

  1. En el régimen presidencial tanto el primer ministro como el Ministerio son colaboradores del Presidente, no cogobiernan con aquel.
  2. En el régimen presidencial se percibe con mayor claridad la separación de poderes; en cambio, como ya se dijo, los regímenes parlamentarios son fiduciarios del Parlamento. Como consecuencia de esta clara separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), se puede percibir una nítida diferenciación de las atribuciones de los tres poderes públicos: el Poder Ejecutivo es quien asume la política general de un país; el Poder Legislativo es quien elabora las leyes y; el Poder Judicial es quien imparte justicia.

En lo tocante al Poder Judicial, en el modelo norteamericano el Poder Judicial interviene en el juicio que se pueda seguir al Presidente cuando la Cámara Baja de los Representantes formule alguna denuncia en su contra; es autónomo y sus sentencias son expeditivas.

Régimen Presidencialista

De otro lado, tenemos el régimen presidencialista, el cual es propio de la mayoría de países de América Latina.

De manera sucinta podemos decir que comparte algunas características del régimen presidencial, solo que con sus propias peculiaridades producto de su desarrollo histórico y cultural. Durante la formación de los regímenes latinoamericanos hubo la presencia simultánea y antagónica de ingredientes que dificultaron su viabilidad [7]:

  • La doctrina de la separación de poderes versus la tradición monárquica centralista borbónica.
  • El orden constitucional versus el autoritarismo.
  • La soberanía popular versus el gobierno oligárquico.

En lo tocante a las características del régimen presidencialista, podemos señalar las siguientes:

  1. Monismo político. El jefe de Estado y el jefe de gobierno es una misma persona: el Presidente, a quien se le suele denominar ‘primer mandatario’.
  2. La presencia de gobiernos autoritarios. En América Latina ha sido frecuente la presencia de caudillos, ya sean militares o civiles. En el caso peruano, durante la mayor parte de la historia del Perú republicano hubo gobiernos autoritarios.
  3. El autoritarismo es un calco del orden constitucional. Los caudillos surgieron durante la formación de las repúblicas latinoamericanas debido a estas circunstancias: la defensa de la soberanía territorial y la unificación nacional [8]. Es por ello que, siguiendo a los autores DIETER NOHLEN y MARIO FERNÁNDEZ podemos afirmar que, el autoritarismo latinoamericano es un postulado ‘paraconstitucional’ [9], es decir complementario y transitorio al orden constitucional.
  4. Elección popular directa del Presidente.
  5. Clara separación de poderes, pero con una primacía del Poder Ejecutivo.

El modelo peruano se adhiere al régimen presidencialista, entre otras razones, por sus orígenes históricos y culturales, las elecciones generales, la separación de poderes y por el predominio de la figura del primer mandatario.

Aquella preponderancia, históricamente hablando, se ha visto fortalecida durante los gobiernos autoritarios. Y, ha alcanzado su máxima expresión en aquellos contextos de disolución del Congreso de la República del Perú.

A continuación explicaremos cuál ha sido el tratamiento jurídico conferido a la negación de la confianza al Consejo de Ministros en la experiencia peruana.

La negación de la confianza al Consejo de Ministros

El supuesto de la negación de la confianza al Consejo de Ministros se encuentra regulado en el artículo 134° de la Constitución Política del Perú de 1993:

“El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.

Su antecedente inmediato es el artículo 227° de la Carta Magna de 1979:

“El Presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros”.

Si se compara ambos dispositivos constitucionales se percibe tres diferencias:

  1. La composición del Congreso de la República del Perú: el fenecido Congreso de la República del Perú era unicameral; a diferencia del antiguo Parlamento que era bicameral: el Senado y la Cámara de Diputados. Este último nació como fruto de la Asamblea Constituyente de 1978 y fue disuelto mediante el autogolpe orquestado por el ex presidente Alberto Kenya Fujimori Inomoto el 05 de abril de 1992.
  2. El objeto de la disolución: en el texto de la Constitución Política del Perú de 1993, el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso de la República del Perú en su totalidad; en cambio para la Carta Magna de 1979, la disolución recaía únicamente sobre la Cámara de Diputados.
  3. Los motivos de la disolución: en la Constitución Política del Perú de 1993, procede la disolución del Congreso de la República del Perú si éste censura o niega su confianza a dos Consejos de Ministros; mientras que, en la Carta Magna de 1979, se exigía que se haya censurado o negado la confianza a tres Consejos de Ministros [10].

La disolución es una prerrogativa presidencial para efectos de garantizar la viabilidad del Poder Ejecutivo y del Gobierno Central; evitando así cualquier inestabilidad política. Nace como un freno ante los abusos y excesos que pudiera cometer el Congreso de la República del Perú.

Sin embargo, ya hemos visto que la disolución del Congreso de la República del Perú ha sido indebidamente utilizada para que el Poder Ejecutivo incremente omnímodamente sus poderes.

La disolución del Congreso de la República del Perú es un elemento exclusivo del régimen parlamentario, al igual que la interpelación de los ministros, la moción de censura, la responsabilidad política de los ministros en aquellos actos que hayan refrendado y la negación de la confianza al Consejo de Ministros.

Y, adelantando opinión, esa es una de las razones por las cuales la disolución del Congreso de la República del Perú es, en sí misma, una falla endógena y congénita.

Las fallas endógenas de la disolución del Congreso de la República del Perú

Para nosotros las fallas endógenas (o internas) son las razones que explican los motivos por los cuales la disolución del Congreso de la República del Perú, motivada por la denegatoria de la confianza a los Consejos de Ministros, es intrínsecamente defectuosa.

Hemos detectado estas fallas:

  • El parto dialéctico del régimen presidencialista.- Ya hemos señalado que durante la formación de los regímenes latinoamericanos hubo la presencia simultánea y contradictoria de componentes que entorpecieron su viabilidad.
  • La importación de figuras políticas provenientes del régimen parlamentario.- Habíamos dicho que nuestros textos constitucionales han introducido figuras exclusivas del régimen parlamentario; por ende, ajenas al régimen presidencialista peruano, tales como: la interpelación de los ministros, la moción de censura, la responsabilidad política de los ministros en aquellos actos que hayan refrendado y la negación de la confianza al Consejo de Ministros.

En cuanto a la disolución del Congreso de la República del Perú, dijimos que éste es un elemento típico del régimen parlamentario.Su defecto no radica en su origen sino en su implantación en un régimen presidencialista, porque aquí el jefe de gobierno no es fiduciario del Parlamento.

El propósito de esta prerrogativa presidencial era para garantizar la viabilidad del Poder Ejecutivo y del Gobierno Central, frente a la censura o a la denegatoria de la confianza a dos Consejos de Ministros, por parte de un Poder Legislativo hostil.

Si se deniega la confianza a dos Consejos de Ministros el resultado y los escenarios políticos serían los siguientes:

  • La disolución del Congreso de la República del Perú, incluyendo a todo el partido oficialista, a los grupos afines al partido de gobierno, a los fieles de la balanza y, sobre todo, a la oposición.
  • El Presidente de la República del Perú tendría el apoyo de todo el Consejo de Ministros, quienes actuarían como secretarios de Mesa de Partes.
  • Si el Poder Ejecutivo se mantiene en pie, nada le impediría al primer mandatario destituir o remover de sus cargos al premier y al resto de ministros, con lo cual se incrementaría aún más sus poderes.
  • Si el Presidente de la República del Perú decide renunciar a su cargo, estaría impedido porque para ello necesitaría que exista un Congreso de la República del Perú dispuesto a aceptar su renuncia [11].
  • Si el Presidente de la República del Perú decide permanecer indefinidamente en su cargo se expondría a que aparezca algún caudillo que lo rete y destituya, iniciando una guerra civil.
  • La convocatoria a elecciones generales por parte del mandatario serviría tan solo para legitimar al Presidente de la República del Perú o a algún partido político leal o afín.

Ante este dilema, aparentemente sin salida, recomendamos las medidas siguientes:

  1. La convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente para que ésta apruebe un nuevo texto constitucional.- El contenido de esta ley de leyes deberá integrar algunos de los lineamientos de la Carta Magna de 1979 y de la Constitución Política del Perú de 1993 [12], en la medida que sean compatibles.

Asimismo, el futuro texto constitucional deberá tomar en consideración estos temas: el contexto de una economía global de mercado, el proceso en marcha de la regionalización, la consulta previa y el acatamiento de los estándares medioambientales.

  1. La derogatoria de los mecanismos de control político.- Hemos visto que los mecanismos de control político en lugar de garantizar un equilibrio de poderes empoderan a uno de ellos en detrimento del otro.
  • El establecimiento de partidos políticos sólidos.- Si bien los grupos políticos emergen en situaciones críticas, ello no garantiza su permanencia ni la solvencia moral de su organización ni de sus integrantes. Aquellas organizaciones políticas no solamente deberán acatar las reglas del juego democrático; sino también asumir los compromisos siguientes: entregar sus datos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), declarar sus aportes e ingresos ante las entidades tributarias y, pagar sus arbitrios ante las autoridades ediles. De esa manera lograrán la confianza de las autoridades públicas y de la ciudadanía.
  1. La reforma del aparato burocrático siguiendo criterios empresariales.- Es una perogrullada afirmar que el sector público es clientelista, corrupto, ineficiente y anquilosado; salvo escasas y honrosas excepciones, como por ejemplo: la Defensoría del Pueblo, el OSIPTEL, el INDECOPI, la SUNARP, etcétera.

Ahora bien, ello no significa que todo el sector privado esté exento de defectos, pecados, vicios y conductas delictivas; pero sus criterios para seleccionar el personal laboral van más allá de las orientaciones políticas, partidarias, religiosas, etcétera. Acá lo que importa es la eficiencia del empleado y del trabajador.

  1. El fortalecimiento y protección de la prensa peruana.- Los diversos casos de corrupción (Cuentas suizas, 15 millones, FORSUR, ECOTEVA, ODEBRECHT, entre otros) fueron descubiertos en gran medida por determinados medios periodísticos.

Es verdad que hubo episodios en los cuales algunos periodistas no solamente apoyaron descaradamente actos arbitrarios e irregulares por parte de diversas autoridades, funcionarios y servidores públicos; sino también, recibieron dinero proveniente del erario nacional como premio por su alcahuetería. Por citar un ejemplo: el Caso ‘Diarios Chicha’[13] .

Pese a ello, el periodismo de investigación garantiza la trasparencia y permite que la ciudadanía conozca acerca de los diversos hechos de relevancia pública.

Resumiendo lo dicho, la interacción entre estas fuerzas antagónicas – la negación de la confianza al Consejo de Ministros y la disolución del Congreso de la República del Perú –, intrínsecamente hablando, es la causa real de la crisis política, debido a su ajenidad e ineficacia dentro de un régimen presidencialista enfermizo.

Es así que, resulta irrelevante quiénes sean los actores políticos (principales, secundarios, extras y figurantes) de esta tragicomedia republicana. En cuya escenificación, tan solo uno de los dos poderes permanecerá de pie mientras el otro sucumbirá, como si fuera un duelo entre pistoleros del Lejano Oeste.

Es por todo ello que, aquel mecanismo de control político deberá ser expectorado de una vez por todas de nuestro ordenamiento jurídico.

Deseamos dedicar el presente artículo a la memoria del constitucionalista César Valega García, catedrático de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).


Notas:

Imagen(*) : https://prensalibreonline.com.ar/index.php/2019/04/09/no-es-democracia/

[1] «La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial en las mismas manos, ya sea de uno, de unos pocos o de muchos, o ya sea hereditario, autoproclamado o electo, bien puede ser definida como tiranía».

(Traducción del autor).

[2]    James Madison Jr. (1751-1836), político estadounidense, abogado, diplomático y padre co-fundador de los Estados Unidos de Norteamérica.

[3] Las otras columnas del Estado Constitucional de Derecho son: el imperio de la ley, la correlación de libertades políticas y derechos civiles, la democracia representativa y la libertad de prensa. (Nota del autor).

[4] https://elcomercio.pe/politica/congreso/disolucion-del-congreso-el-estallido-de-una-tempestad-en-tres-tiempos-noticia/

[5] Lo mismo ocurre en todo el sector Justicia: el Ministerio de Justicia (MINJUS), el Ministerio Público (MP), el Tribunal Constitucional (TC), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). (Nota del autor).

[6] DUVERGER, Maurice. 1970.Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Barcelona:Ariel, pp. 197-219.

[7]  NOHLEN, Dieter y FERNÁNDEZ, Mario. 1998. El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina. Caracas: NUEVA SOCIEDAD, pp. 111-115.

[8] En el caso peruano, muchas veces los caudillos contaron con un amplio respaldo popular.

Durante el siglo XX, el apoyo mayoritario se debía a estas razones: cambios estructurales (voto de la mujer, reforma agraria, educación gratuita, etcétera) y sofocamiento de los movimientos revolucionarios (el APRA en 1932 y 1948), guerrilleros (el MIR en 1965) y subversivos (Sendero Luminoso y el MRTA, durante la década de los ochentas y comienzos de los noventas).

Hoy en día, muchos ciudadanos de a pie justifican un autoritarismo (incluido el cierre del Congreso de la República del Perú) como un remedio para controlar la inseguridad ciudadana, frenar el incremento de los casos de feminicidios, combatir al narcoterrorismo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), luchar contra la corrupción de funcionarios públicos, reformar el aparato judicial y acceder a los servicios de salud pública. (Nota del autor).

[9]      NOHLEN, Dieter y FERNÁNDEZ, Mario. Opus citum, p. 113.

[10] Cabe señalar que esta facultad presidencial se utilizó por vez primera el 30 de setiembre de 2019.

Durante el lapso de 1980 a 1990, existía un congreso bicameral compuesto por dos cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Además, dos únicos partidos políticos eran quienes controlaban, democráticamente, por mayoría, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo: Acción Popular (1980-1985) y el Partido Aprista Peruano (1985-1990). Luego, desde el 05 de abril de 1992 hasta el 22 de noviembre de 2000, gobernaba una mayoría oficialista. De ahí en adelante, la disolución del Congreso de la República del Perú jamás ha sido utilizada. (Nota del autor).

[11] Artículo 113°.- Vacancia de la Presidencia de la República:

“La Presidencia de la República vaca por:

(…)

  1. Aceptación de su renuncia por el Congreso”.

[12] Además, la sola presencia de la Constitución Política del Perú de 1993 evoca que fue aprobada por un régimen cleptocrático: el gobierno de Alberto Kenya Fujimori Inomoto. (Nota del autor).

[13] Conforme la acusación fiscal se imputó al procesado Alberto Kenya Fujimori Inomoto, en su condición de ex Presidente de la República, haber ordenado, entre los años 1998-2000, sin ningún sustento legal, el desvío de fondos de la Fuerza Aérea del Perú y del Ejército Peruano al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), por un monto de S/.122’000.000.00 (CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DE SOLES y 00/100), bajo la denominación de “Gastos Reservados”, para su campaña de reelección presidencial del período 2000-2005, con los que manipuló a la opinión pública, denostando a sus adversarios políticos.

En: https://larepublica.pe/politica/314807-el-miercoles-dictan-sentencia-en-caso-de-diarios-chicha/

Escrito por Juan Carlos Torres Márquez

Juan Carlos Torres Márquez

Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha trabajado en la Procuraduría Ad Hoc “Casos Fujimori - Montesinos” (2000 – 2006). Asimismo, participó en el proyecto “Archivamiento de denuncias en el Ministerio Público de los delitos peculado y colusión en los distritos fiscales de Lima, Ancash, Junín y Ayacucho”, a cargo de la Defensoría del Pueblo, Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo AMBERO de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ PERÚ) (Marzo 2014 – 29/05/2014). También trabajó en el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) de la Autoridad Nacional del Agua (2015 – 2016). Ha escrito y brindado conferencias sobre temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Lucha Anticorrupción, Derecho Comparado y Antropología Jurídica.