La contratación mediante plataformas virtuales: breve análisis de los contratos en los mercados colaborativos

I. Introducción

El contrato ha devenido en una institución que ha evolucionado constantemente, es el vehículo para realizar y ordenar actividades económicas, y esto es así, porque los contratos han sido catalogados como los mecanismos más eficientes para reducir los costos de transacción a fin de que sean mínimos o bajos, y todo esto en función de una cooperación que busca maximizar beneficios.

Asimismo, el uso del contrato ha servido a las partes a fin de cumplir con la satisfacción de su interés perseguido, por ejemplo, la obtención de la operación económica proyectada[1], y para lograrlo, las partes planifican, proyectan y deciden cada etapa en la formación del contrato, con la finalidad de no generar externalidades, y si las hubiera, ellas, podrían asignar o repartir el riesgo de aquellas.[2]

En efecto, con la celebración de acuerdos programados se busca reducir los costos de transacción, de igual manera, la finalidad del derecho de los contratos es la reducción o simplificación de los mismos, es así que este derecho provee de diversas formas contractuales prestablecidas a fin de cumplir con ello. Ahora bien, si la operación económica no fuera posible de realizarse, esas formas contractuales pueden ser alteradas o modificadas por ellas, a fin de maximizar sus beneficios y cumplir con esa finalidad.

En las siguientes líneas analizaremos brevemente cómo el contrato ha evolucionado a causa de las fuerzas económicas presentadas en el mercado, lo que ha provocado el cambio en su diseño, a fin de buscar la efectividad de las transacciones y acuerdos comerciales modernas realizadas bajo una plataforma virtual que acerca a un proveedor con un usuario.

II. Evolución del contrato: diseñando la operación económica

Si retrocedemos en el pasado, veremos que las operaciones económicas que tenían como finalidad el intercambio de bienes y servicios, no siempre eran tan ordenadas y esquematizadas. Anteriormente, esas operaciones se realizaban mediante trueques o formas primitivas de compraventa que implicaban el pago con objetos que eran muy preciados en una determinada sociedad.

Por consiguiente, era común que el diseño de la operación resulte sencillo para los contratantes. En efecto, el surgimiento y la transformación de los derechos de los contratos, obedeció a los costos de diseño de la operación económica que las partes desean conseguir, la exigencia de los temas de información de los contratantes, la negociación, la relevancia de cláusulas, etc., lo que supuso su posterior análisis, regulación y dirección por parte del Estado.

No obstante, la forma de contratación negociada implicó un letargo avance en las actividades comerciales, era necesario que ese contrato mute y se adapte a las nuevas transacciones comerciales, ahora en una vertiente más flexible y más acelerada. Se presentaba un nuevo escenario económico, esto es, debido a las multiplicidades de bienes y servicios que ofrecía y demandaba la sociedad, el incremento de la población implicando el incremento de nuevas necesidades, la agilidad del tráfico comercial, proveedores que veían con bastante preocupación cómo el negocio iba paso de tortuga en el momento de la negociación y la imposibilidad de realizar cada negocio con una sola persona, etc.

Efectivamente, el mercado siempre ha sido el espacio de grandes cambios en la forma de prestar los servicios y bienes a los consumidores, por ende, también un referente en la forma estructurar el contrato.

Ahora bien, a fin de reducir la brecha de las negociaciones con las operaciones en masa de bienes y servicios, surgen los contratos de adhesión[3], los mismos que simplificaron la etapa de las tratativas, llevando a que el contrato goce de agilidad, y flexibilidad con la finalidad de realizar el interés de la sociedad. Los contratos predispuestos, cuyas características radican en la elaboración de estipulaciones previamente redactadas por el productor del bien y que para constituirse en términos contractuales era necesario el consentimiento del consumidor. En efecto, el consentimiento es el elemento más importante para la existencia del contrato.

Posteriormente, con los años, nos trasladamos a un mercado electrónico[4], donde el contrato entendido como acuerdo tradicional dentro de un espacio físico, pasó a ser un contrato electrónico, donde el acuerdo contractual se forma a través de la intermediación del internet, coadyuvando a la proliferación de transacciones no realizadas comúnmente en el domicilio del proveedor ni del consumidor, sino que se realizara en un espacio virtual de interconexión de datos, muestra de aquello son los mercados tecnológicos de Ebay o Mercado Libre.

Los mismos, que han permitido dar un salto a la contratación internacional, promoviendo la existencia de varios proveedores y usuarios conectados a través de computadoras. Obligando a la adaptación del contrato a un mundo ya gobernado por la globalización y el internet.

III. El contrato dentro de una plataforma virtual

Actualmente, con las entradas de plataformas de intermediación digital, el contrato ha vuelto a ser rediseñado en cuanto a su estructura, a fin de comprender esta realidad virtual, y esto ocurre por la entrada a un nuevo mercado, conocido como el mercado colaborativo (o sharing economy)[5], economía que opera dentro de una red creada por una plataforma virtual[6] y su función es ser el nexo entre los consumidores y los proveedores a través de dicha red.

En particular, se facilita el acercamiento entre ellos, y conforme lo indican las empresas que operan a través de estas plataformas, solo se presta el servicio de interconexión a fin de que se encuentren ambos y se pueda llevar a cabo un mejor acuerdo entre ellos a fin de realizarse el servicio solicitado.

Hemos visto, actualmente, como estas plataformas virtuales han revolucionado, la forma de prestar el sistema de transporte particular, Uber, Cabify, Easy Taxi, etc.; por otro lado, también, lo encontramos en el sistema de hospedaje, Airbnb y en el sistema de entretenimiento a través de Netflix, claros ejemplos paradigmáticos de la nueva forma de prestar un servicio a través de una plataforma digital.

Un elemento importante en esta economía es la confianza, así como la posesión y el registro son formas de publicitar y generar seguridad a las adquisiciones, de la misma manera, la confianza y la transferencia de información son base fundamental para realizar este tipo de contrataciones con plataformas de forma segura. Sin embargo, esa confianza y seguridad que ofrece la plataforma no queda en palabras sino que es recogida y plasmada en los Términos y Condiciones del Aplicativo, estipulaciones redactadas previamente y de obligatoria aceptación para el uso de la plataforma.

La primera impresión es que estamos ante contratos de adhesión, debido a que todos  los términos contractuales ya se encuentran configurados de manera previa y de forma unilateral por la empresa, y para que se produzcan los efectos y posteriormente se utilice el aplicativo, es necesario la aceptación de los proveedores del servicio como los solicitantes del servicio, todo esto ocurre al momento de suscribirse a la plataforma digital. Es decir, hay una especie de condición que limita los beneficios de la plataforma hasta la aceptación de todos y cada uno de los términos de ese contrato.

Pero este contrato de adhesión no solo acaba con esas condiciones y servicios que ofrece la plataforma virtual, sino que también aparecen dentro de este contrato, cláusulas donde se establece determinadas obligaciones y condiciones a los servicios que presta  el proveedor, asimismo, en ocasiones, pautas de cómo este proveedor se presentará ante el usuario a fin brindar el servicio al consumidor de manera eficiente, por ejemplo: instrucciones, procedimientos para el pago con tarjetas, penalidades por no realizar el servicio, puntuaciones por cada prestación, otorgamiento de beneficios, etc.

En base a lo anterior, podríamos inferir que la plataforma no solo acaba con el servicio de intermediación, sino que también, se establece una suerte de instrucciones u obligaciones en la forma como se debe brindar el servicio solicitado, claro está, bajo los propios medios y herramientas del proveedor. En vista de eso, podríamos esbozar las siguientes preguntas: ¿Estaremos ante un contrato de locación de servicios, en el cual la plataforma obliga a prestar el servicio de acuerdo a su expectativa? O ¿un contrato de trabajo, donde la plataforma dirige y fiscaliza el comportamiento del proveedor?

Por otro lado, la plataforma, a través de algoritmos, determina el pago de los servicios de planificación e intermediación que realiza la empresa, y esto se produce por las comisiones establecidas en el contrato adhesión que aceptan los usuarios y proveedores, las mismas que para producir sus efectos, es necesario el pago por la ejecución de la prestación del servicio que realiza el proveedor con el usuario, a primera vista, podemos deducir que los efectos del segundo contrato van a permitir el funcionamiento del primer contrato.[7]

Cabe precisar que es el click here único efecto que implica las esferas jurídicas de los participantes, ya que los demás efectos continúan produciendo en la cabeza de las partes (consumidor y proveedor) en cumplimiento del principio de relatividad de los contratos celebrados por ellos, por lo tanto, cualquier reclamación de la conducta prestada u otro incidente al momento de la ejecución de la prestación, solo tendrá importancia para el proveedor y el usuario.

En efecto, la consecuencia jurídica obedece a la estructura del contrato proyectado, asimismo, al diseño de la operación económica desarrollada en la plataforma; la misma que tiene como sustento la idea de la adaptación del contrato  a las nuevas operaciones económicas concretadas en este mercado colaborativo, por eso, como se mencionó en un principio, los contratos son los medios más eficientes cuando se busca reducir las externalidades o señalar quién asumirá los riesgos de los costos de transacción[8].

A pesar de eso, no debe pasar inadvertido la forma de la estructura contractual, que aparte del contenido de la prestación, también se busca limitar la responsabilidad, por parte de las empresas que proporcionan la plataforma virtual por los acontecimientos o sucesos que pueden acontecer durante de la relación jurídica contractual, ocasionando un perjuicio al proveedor y al usuario.

A través del contrato, se ha protegido la operación económica por el cual se establezca que la asignación del riesgo sea mínima en comparación a su predominante participación en la relación jurídica que se establece entre el proveedor y el usuario. Es decir, ha procurado no asumir o reducir la responsabilidad de cualquier externalidad que genere la prestación del servicio, por consiguiente, trasladar dicha carga a los consumidores y proveedores mediante un contrato, a fin de obtener solo los provechos y evitando los daños por pacto.

El asunto es sumamente complejo porque, desde la perspectiva de los consumidores, constituyen una nueva opción de servicios, más eficientes y hasta más baratos que los que ofrece el mercado tradicional, asimismo, para los proveedores, implica una forma de tener mayor demanda a quien ofrecer los servicios. Considero que una actualización del derecho de daños, en paralelo a una aplicación coherente con la prohibición de exoneración de responsabilidad y estableciendo los estándares de cuidado permitiría salvar aquellas situaciones dejando sin tutela a los consumidores y proveedores.

IV. A modo de conclusión

Reconocemos que los cambios tecnológicos han permitido potenciar el bienestar de la sociedad, han facilitado los intercambios de bienes y servicios, asimismo han maximizado los recursos infrautilizados, lo que ha permitido el desarrollo de nuevas formas de contratación en beneficio de todos. De hecho, la innovación es buena, pero así como avanza la tecnología, también se sofistican las formas de eludir la responsabilidad alegando nuevas formas de contratos o asignar riesgos a quien no puede soportarlos, debemos recordar que, en tiempos cambiantes, sigue siendo vigente la premisa por el cual nadie se puede exonerar de la responsabilidad por pacto.


[1] La noción de operación económica, se identifica como una secuencia unitaria y compuesta que comprende en sí al reglamento, y a todos los comportamientos que con él se vinculan para la consecución de los resultados queridos, y a la situación objetiva en la cual el complejo de las reglas y los otros comportamientos se colocan, puesto que tal situación también concurre a definir la relevancia sustancial del acto de autonomía privada. GABRIELLI, Enrico. La operación económica en la teoría del contrato, Traducción: Walter Vásquez Rebaza, En Revista Ius Et Veritas N° 44, PUCP, Lima 2012, p. 24.

[2] CHEUNG, Steven N. S., Costs, Risk Aversión, and ther Choice of Contractual Arrangements. En Revista: The Journal of Law & Economics, Vol. 12, The University of Chicago Press, 1969, pp. 23-42.

[3] VEGA MERE, Yuri. Invasión y trastocamiento de la contratación por los estatutos de los consumidores. La aparición de los contratos de consumo: Análisis de algunas figuras propias. En: Contratos de Consumo. Editorial San Marcos, 2da Edición, Lima, 2004, pp.112-126.

[4] Para mayor información sobre la contratación electrónica. Ver SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. La contratación electrónica: Los supuestos contratos informáticos y los contratos celebrados a través de medios electrónicos. En: Instituciones de Derecho Privado – Contratación Contemporánea. Volumen 2, Temis – Palestra Editores, Bogotá, 2001, pp. 341-384.

[5] La   economía de pares (peer economy) o la economía de la compartición (sharing  economy)  es   la  tendencia  dominante  entre  los  nuevos  servicios   que  se  prestan  a  través  de  Internet.  Bajo esta frase   se agrupa a cualquier servicio que utiliza Internet   para unir compradores y vendedores distribuidos geográficamente con la finalidad de compartir o intercambiar bienes o servicios finales. Aunque muchos de estos modelos de negocio ya resultaban tecnológicamente posibles desde hace varios años, la masificación de los teléfonos con acceso a Internet y capacidad de geoposicionamiento satelital ha   dinamitado   su   crecimiento   durante el último quinquenio. MORACHINO, Miguel. Economía de pares y regulación. En Revista Foro Jurídico N° 15, PUCP, Lima, 2016, p. 42-53.

[6] Las características que presentan estas plataformas virtuales son: a) el efecto de red, a mayor el tamaño de alguno uno de los lados, mayor es el valor que obtiene el usuario y mayor su disposición a pagar por el servicio, b) economías de escala, a mayor cantidad de usuarios, menores los costos de proveer el servicio, c) Interdependencia: ambos grupos necesitan de la existencia del otro. TIROLE, Jean y ROCHET, Jean Charles, Two-Sided Markets: A Progress Report. En Revista: The Rand Journal of Economics, Vol. 37, N° 3, Editorial RAND Corporation. 2006, pp. 645-667.

[7] Se podría mencionar que estaríamos ante la presencia de una coligación contractual entre el contrato suscrito con la plataforma y con el contrato que se realiza el consumidor con el proveedor. Como se afirma, la coligación contractual puede ser voluntaria o funcional. En el primer supuesto, se da por voluntad de las partes, en el segundo se entiende que es funcional cuando ello resulta de la función unitaria que se persigue, es decir, cuando las distintas relaciones negociales persigan un fin práctico unitario. Así, cada contrato persigue un interés inmediato, pero este es instrumental respecto del interés final de las partes de la consecución de operación. MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto y García Rivas, Alexander. Erosión o extensión del res inter alios acta a propósito de la coligación contractual inmobiliaria. En Revista IUS ET VERITAS N° 56, PUCP, Lima, 2018, p. 258-271.

[8] Para una mayor información sobre una asignación eficiente de recursos a fin de conseguir el máximo beneficios en situaciones donde las partes no cooperan. Ver COTTER, Robert., The Coast of Coase. En Revista: The Journal of Law & Economics, Vol. 11, The University of Chicago Press, 1982, pp. 1-33.

Escrito por Manuel Chaparro

Manuel Chaparro

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro fundador y Ex Coordinador Académico del Grupo de Estudio de Derecho Inmobiliario (GEDI) de la UNMSM. Adjunto de Docencia de las cátedras de Acto Jurídico y Derecho de los Contratos (Parte General y Especial) en la UNMSM. Asistente de la gerencia legal de Luz del Sur.

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