Derecho de los Indígenas ante la Jurisdicción Ordinaria: La obligación del Estado de adoptar medidas alternativas al encarcelamiento

A finales del año pasado, participé, en representación del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), en el II Seminario Internacional de Justicia Intercultural “Ejercicios de Derechos de Pueblos Indígenas en los Mecanismos de Coordinación” organizado por la Corte Superior de Justicia de San Martín. En ese evento, el Dr. Aldo Atarama, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, comentó sobre una reciente decisión de una Sala de Loreto que aplicó por primera vez el artículo 10 del Convenio N° 169 de la OIT para un caso penal que involucraba a un indígena imputado.

Convenio N° 169 de la OIT. Artículo 10.-

“1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

  1. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento”.

El Caso

La Sala de la Corte Superior de Justicia de Loreto debía pronunciarse sobre un recurso de apelación contra una resolución que ordenaba la prisión preventiva por 9 meses de un indígena por la presunta comisión de un delito contra la salud pública[1]. El presunto responsable era originario de la Comunidad Nativa Santa Teresa II del Pueblo Yahua, quien al momento de la apelación se encontraba privado de su libertad.

En la resolución apelada, el juez de primera instancia señaló que se cumplían, de manera copulativa, las exigencias del artículo 268 del Código Procesal Penal para que se dicte el mandato de prisión preventiva. Así, para el juez existían (i) elementos de convicción suficiente, (ii) prognosis de pena (superior a cuatro años de pena privativa de libertad), y (iii) peligro procesal (peligro de fuga o peligro de obstaculización).

El análisis de la Sala

La Sala consideró que no se cumplía la exigencia de peligro de fuga del imputado. Por ello, señaló que no correspondía ordenar la prisión preventiva, que es de última ratio, sino una medida menos restrictiva, como la de mandato de comparecencia con determinadas reglas. Para la Sala, la medida de prisión preventiva debía hacerse en pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiaridad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad para ser reconocida como constitucional

La Sala determinó que el juez de primera instancia no había valorado que el imputado era un miembro de una comunidad nativa; y, que como tal, había presentado (i) constancia de morador de la comunidad firmada por el presidente (apu) de la comunidad, en la cual acreditaba que vivía más de 31 años en ella; (ii) una copia del libro de padrón de miembros de la comunidad, en el cual figuraba el nombre del imputado; (iii) la constancia de morador y miembro de la Federación Indígena a la cual pertenecía su comunidad; (iv) prueba que tenía  familia (hijos y conviviente) en la comunidad; y (v) prueba que acreditaba que se dedicaba a la agricultura en su comunidad.

Junto a ello, la Sala fundamentó su decisión en el mandato de reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural de la Nación (Artículo 2 inciso 19 de la Constitución), y la obligación de preferir sanciones distintas al encarcelamiento en caso de miembros de pueblos indígenas (Artículo 10 del Convenio N° 169 de la OIT), los cuáles aplica directamente en la resolución.

Considerando el mandato del Convenio N° 169 de la OIT, la Sala analizó el impacto negativo que tiene una medida de privación de la libertad en el caso de miembros de pueblos indígenas. Rescatando lo desarrollado por la Sala tenemos que:

“12. (…) un establecimiento penitenciario puede originar efectos especialmente negativos para estos ciudadanos [indígenas], pudiéndose señalar que: se le aleja de su entorno familiar.- la ubicación de los establecimientos penitenciarios, alejados de los territorios de las comunidades y el costo de transporte hace que el derecho de visita sea más difícil de cumplir, en comparación con los habitantes de ciudades. El derecho a mantener su vínculo familiar es afectado de esta manera. Se le priva del acceso a medios adecuados para una adecuada subsistencia.- la lejanía de su familia, así como la precariedad de los servicios básicos de los penales, conlleva a que vivan en una precariedad absoluta, sin tener acceso a recursos para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación. Se le disocia y aparta de su entorno cultural.- En contra de lo que plantea la Constitución Política (artículo 139, inciso 21), la ubicación de un ciudadano indígena en un medio sociocultural totalmente distinto al cotidiano, con click here patrones de vida y valores diferentes, en donde primar patrones de conducta violentos, de segregación y marginación, puede perjudicar seriamente su socialización, aislándose del resto de la población para evitar ser agredidos. Ello pone en riesgo su derecho a la integridad física y/o psicológica”.

Incluso, la Sala tomó como ejemplo el Caso denominado “Bagua”, entre otros casos, en el cual muchos imputados indígenas fueron sometidos a prisión preventiva con el objetivo de evitar su fuga. En ese caso, la Sala notó que, vencidos los plazos de prisión preventiva, los imputados indígenas “siguieron acudiendo puntualmente a cada una de las sesiones que fijaron para dicha causa”.

Resolución de la Sala

La Sala dictó mandato de comparecencia restrictiva al imputado indígena bajo determinadas reglas que debía seguir. Estas fueron dos: (1) el imputado queda obligado a someterse al cuidado y vigilancia del presidente (apu) de su comunidad mientras esté vigente la comparecencia restringida, y (2) el imputado no debe ausentarse de la localidad en la que reside, previa autorización del juez. Por ello, la Sala también dispuso la inmediata liberación del investigado.

Aportes

Esta resolución es importante porque recoge el mandato del Convenio N° 169 de la OIT de preferir medidas alternativas al encarcelamiento cuando nos encontramos ante imputados indígenas que son sometidos a la jurisdicción ordinaria. Este escenario se da cuando no resulta competente la jurisdicción indígena como lo establece el artículo 18 del Nuevo Código Procesal Penal, el cual responde al artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, el razonamiento de la Sala resulta pertinente para efectos de analizar la situación de indígenas que se encuentran privados de su libertad bajo las mismas condiciones; es decir, indígenas que podrían estar bajo mandato de comparecencia en sus comunidades y no privados de su libertad mientras dura el proceso.


[1] La resolución no precisa dónde ocurrieron los hechos. Saber ello nos ayudaría a determinar si la jurisdicción indígena hubiera resultado competente para analizar los hechos delictivos acaecidos. Dado que no contamos con esa información, para efectos de este artículo, consideraremos que resulta competente la jurisdicción ordinaria, y que los hechos ocurrieron fuera del territorio de la comunidad nativa y no involucraba solo a indígenas.

Escrito por Carlos Elguera Alvarez

Carlos Elguera Alvarez

Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú, con Diploma de Estudio Internacional en Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas (PUCP-IIDS), candidato en Maestría en Antropología (PUCP) y en LLM en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (American University Washington College of Law). Actualmente, se desempeña como abogado consultor para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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