El pueblo indígena Xucuru ante la Corte IDH: hacia la seguridad jurídica de los territorios indígenas

El 5 de febrero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia sobre el caso del pueblo indígena Xucuru y sus miembros en Brasil, en la cual determinó que el Estado era responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva del mencionado pueblo.

Según la sentencia, el pueblo indígena Xucuru está compuesto por aproximadamente 2, 300 familias y 7, 700 indígenas, distribuidos en 24 comunidades dentro del territorio indígena Xucuru, el cual mide aproximadamente 27, 555 hectáreas, en el municipio de Pesqueria, Estado de Pernambuco. Entre los hechos del caso, la Corte IDH valoró la excesiva demora en culminar el proceso administrativo interno de titulación del territorio del pueblo; la aún presencia de terceros no indígenas dentro de su territorio; y la demora en la resolución de procesos judiciales iniciados por terceros no indígenas que cuestionaban la propiedad de determinadas hectáreas tituladas a favor del pueblo y el procedimiento administrativo en sí mismo.

Si bien podrían analizarse diversos aspectos de la sentencia dado el contexto actual en Brasil, considero importante detenernos en aquellos aspectos que se abordan con detalle, como lo referido a la “seguridad jurídica” de los territorios de los pueblos indígenas.

En primer lugar, cabe destacar que la Corte IDH valoró que la Constitución Federal de Brasil y su interpretación según el Supremo Tribunal Federal otorgaban “preeminencia al derecho a la propiedad colectiva sobre el derecho a la propiedad privada, cuando se establece la posesión histórica y lazos tradicionales del pueblo indígena o tradicional con el territorio”[1]. Así, la Corte IDH consideró que “los derechos de los pueblos indígenas u originarios prevalecen frente a terceros de buena fe y ocupantes no indígenas”. Incluso, en la sentencia se destacó que el propio Estado afirmó que “tiene el deber constitucional de proteger las tierras indígenas”[2]. En consecuencia, la Corte IDH valoró también que la titulación de un territorio indígena en Brasil tiene “carácter declarativo y no constitutivo del derecho”[3], siendo que “dicho acto facilita la protección del territorio y por ende constituye etapa importante de garantía del derecho a la propiedad colectiva”. Por ejemplo, para la Corte IDH, bajo ese marco, “la demarcación, por tanto, sería un acto de protección, y no de creación del derecho de propiedad colectiva en Brasil, lo cual es considerado originario de los pueblos indígenas y tribales”[4].

La referencia al “derecho originario” va en consonancia con lo establecido en diversas Constituciones en las Américas e instrumentos internacionales que reconocen la preexistencia de los pueblos indígenas y, por ende, su derecho originario a sus tierras y territorios. Asimismo, al igual que Brasil, otros Estados de las Américas también reconocen en sus Constituciones la obligación de “proteger” o “garantizar” los territorios indígenas. En esa línea, los procesos administrativos de titulación creados para proteger tales territorios indígenas no tienen efectos constitutivos de derechos sino declarativos del derecho a la propiedad originaria del territorio, situación que no se presenta en el caso de terceros no indígenas. Recordemos que la Corte IDH también ha reiterado que no se trata simplemente de un “privilegio para usar la tierra” de los pueblos indígenas sino de un “derecho” de “obtener la titulación de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra”[5].

En según lugar, la Corte IDH indicó que en atención al “principio de seguridad jurídica” es necesario “materializar” los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de la adopción de “las medidas legislativas y administrativas necesarias” para “crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación” que sirva para “reconocer tales derechos en la práctica”[6]. Para la Corte IDH, el reconocimiento de los derechos de propiedad colectiva indígena “debe garantizarse” a través del “otorgamiento de un título de propiedad formal, u otra forma similar de reconocimiento estatal”, con lo cual se otorgue “seguridad jurídica a la tenencia de la tierra frente a la acción de terceros o agentes del propio Estado”[7].

En la línea de lo indicado por la Corte IDH, los Estados no solo se deben limitar a un reconocimiento abstracto o jurídico, sino que debe además delimitarse y demarcarse físicamente su propiedad territorial[8]. Así, la Corte IDH identifica que los “procesos administrativos de delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de territorios indígenas son mecanismos que garantizan seguridad jurídica”[9], y establece que la demarcación y titulación del territorio de los pueblos debe traducirse en el “efectivo uso y goce pacífico de la propiedad colectiva”[10]. Por ejemplo, los Estados, en coordinación con los pueblos indígenas, podrían establecer hitos físicos u otros medios que permitan un control efectivo de los pueblos indígenas respecto de sus territorios.

Finalmente, para la Corte IDH la click here seguridad jurídica se ve asegurada en tanto exista confianza que los derechos y libertades fundamentales serán respetados y garantizados a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado parte de la Convención Americana[11]. En ese sentido, por ejemplo, en el caso del pueblo indígena Xucuru de Brasil la Corte IDH consideró que para garantizarse la seguridad jurídica de su territorio se “debe asegurar que no exista interferencia externa sobre los territorios tradicionales”[12]. Para ello, el Estado debe “remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en cuestión a través del saneamiento con el objeto de que el ejercicio del derecho a la propiedad tenga un contenido tangible y real”[13], el cual “no sólo implica el desalojo de terceros de buena fe o de personas que ocupen ilegalmente los territorios demarcados y titulados, sino garantizar su posesión pacífica y que los bienes titulados carezcan de vicios ocultos, esto es, libre de obligaciones o gravámenes en beneficio de terceras personas”[14].


Fuente de la imagen (*): https://www.dn.pt/mundo/interior/brasil-vai-pagar-um-milhao-de-dolares-a-indios-xucuru-9201580.html#media-1

[1] Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2018. Serie C No. 346, párr. 127. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_esp.pdf

[2] Ibidem

[3] Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Óp. Cit., párr. 128

[4] Ibidem

[5] Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Óp. Cit., párr. 117

[6] Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Óp. Cit., párr. 119.

[7] Ibidem

[8] Ibidem

[9] Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Óp. Cit., párr. 124.

[10] Ibidem

[11] Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Óp. Cit., párr. 123

[12] Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Óp. Cit., párr. 124. También, véase peritaje de la Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.

[13] Ibidem

[14] Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Óp. Cit., párr. 124.

Escrito por Carlos Elguera Alvarez

Carlos Elguera Alvarez

Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú, con Diploma de Estudio Internacional en Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas (PUCP-IIDS), candidato en Maestría en Antropología (PUCP) y en LLM en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (American University Washington College of Law). Actualmente, se desempeña como abogado consultor para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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