El lugar de una niña #8M #NiñasNoMadres

En Tucúman, Argentina, una niña de 11 años fue violada por la pareja de su abuela, quedando embarazada. A pesar de solicitar la interrupción legal del embarazo, práctica permitida y ofrecida por el Estado frente a casos específicos, el Sistema Provincial de Salud le negó el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y ha sido obligada a continuar con el embarazo, llegando a ser sometida a una cesárea. El movimiento conservador (o mal llamado “pro vida”) fue el principal promotor de la continuidad de la vida por nacer, a costa de la vida e integridad de una niña. Nuestra realidad no es muy lejana: hace dos días una niña de 13 años murió en Ica debido a que no pudo acceder a un aborto y fue sometida a una cesárea[1]. Tenía 13 años y la obligaron a dar a luz. Hoy hemos conocido el caso de otra niña de 13 años que lleva a cuestas un embarazo de 21 semanas, a la cual el sistema de salud peruano también le está negando la interrupción del embarazo que ella y su madre han pedido[2]. Somos testigos, a través de estas realidades, de una cadena de violencia que somete a las mujeres a un dolor constante ya que no solo son víctimas de violencia sexual siendo niñas, sino también son vulneradas por el propio Estado que debería protegerlas.

En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924. A pesar de ello, recién en el año 2014 se creó la “Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal”, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Es decir, pasaron 90 años para que exista un documento oficial del Estado para establecer un mecanismo estándar de aplicación del aborto con fines terapéuticos. Pero la creación de esta guía poco o nada ha cambiado la situación. De acuerdo con DEMUS- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, 277 mujeres murieron por causas indirectas a su embarazo, por enfermedades que lo complican o son exacerbadas por él. En dichas situaciones, el aborto terapéutico hubiese salvado la vida de esas mujeres, pero no fue aplicado. Por el contrario, desde la creación del protocolo, solo se habrían realizado 16 abortos terapéuticos hasta el 2015.[3]

Frente a esta situación, el Estado peruano ha reconocido que existe un alto subregistro y falta de actualización respecto a las cifras y dimensión real de los abortos terapéuticos en el Perú, a pesar de que, en el año 2013, el propio Estado se comprometiera a revisar leyes y políticas públicas sobre aborto en relación con sus obligaciones internacionales en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, a través del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.[4]

¿Qué muestra esta realidad? Pues, que las niñas y mujeres peruanas no solo son asesinadas por sus parejas, violadas por sus propios padres, acosadas por sus compañeros de estudio, amenazadas por sus jefes. No. Las mujeres peruanas también sufrimos violencia provista por el propio Estado, garante de nuestros derechos. El Estado peruano, a través de su sistema de salud, ha permitido y tolerado que una niña de apenas 13 años muera por no poder acceder a una intervención legal desde hace casi 100 años, y la historia puede repetirse en el nuevo caso de una niña con 21 semanas de embarazo a la que también se le pretende prohibir decidir sobre su cuerpo y vida. Y resulta aún más indignante esta situación pues, hace apenas un par de días, el Estado peruano le pidió disculpas públicas a K.L., una mujer a la que a sus 17 años se le negó un aborto terapéutico a pesar de que se diagnosticó que el feto era anencefálico y no iba a sobrevivir. Pero el Estado peruano no solo la obligó a parir, también la obligó a dar de lactar y sostener a un bebé que moriría a las pocas horas de nacido. K.L. acudió al Comité de Derechos Humanos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el cual emitió un Dictamen[5] en el que señaló que el Estado peruano violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarle el acceso a un aborto terapéutico, constituyendo también una vulneración a la prohibición de recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes; su derecho a la privacidad; a un trato especial como menor de edad; y al acceso a un recurso efectivo. En dicho Dictamen, se establece la obligación del Estado, no solo de reparar integralmente a K.L., click here sino de poner en práctica el protocolo de atención antes mencionado y garantizar que una situación de dichas características no vuelva a suceder. Claramente, a pesar de las disculpas públicas y el compromiso escrito, el actuar del Estado peruano no está alineado a dicha obligación.

¿A qué se debe esto? Pues, considero que una de las principales razones es la conservación de roles asignados a las mujeres, la misma que repercute en el sistema de salud, de educación, de justicia, y en todos aquellos ámbitos en los que seguimos observando que las mujeres son vulneradas de formas sistemática. Asimismo, promueve que se naturalice y legitime la violencia contra las mujeres. En nuestra sociedad, aún persisten grupos conservadores con gran poder y capacidad de intervenir en las decisiones del Estado que luchan por mantener el status quo. Las mujeres seguimos siendo consideradas como cuerpos sometidos al poder del sistema patriarcal, cuerpos gestantes destinados al cuidado. A pesar de ser niñas, a pesar de tener 11 o 13 años. Y es el Estado peruano el que sigue reproduciendo estas dinámicas de poder y de violencia, a través de la denegación de abortos en casos de niñas cuyas propias vidas y cuerpos están en peligro.

Las niñas de 13 años deberían poder gozar del derecho a la educación en igualdad de condiciones, a un sistema de salud integral, al juego y recreación, a vivir una vida libre de violencia. Ese es el lugar de una niña. Es cruel e inhumano que una niña vea truncado su futuro, comprometa su integridad física o incluso ponga en riesgo su propia vida para “cumplir” con el rol que socialmente ha sido asignado a las mujeres, como dadoras de vida, bajo la negación de sus derechos individuales y proyectos de vida. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, es importante exigir al Estado que garantice los derechos de las niñas y mujeres que siguen siendo vulneradas, y comprometernos como sociedad a erradicar mitos y estereotipos inicuos. Aún podemos salvar las vidas de las mujeres que persisten y las que están por venir.

08 de marzo de 2019


Fuente de la imagen: https://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2019/02/28/obligan-dar-luz-nina-violada/1379724.html

Referencias

[1] Información disponible en: http://manoalzada.pe/feminismos/nina-de-13-anos-muere-luego-de-cesarea-coma?fbclid=IwAR0b67dQFYlc2oPdpfc4TdWA1agESOBdzEtdH0w703uOzDxOHZDmHPKR72w

[2] Información disponible en: http://manoalzada.pe/feminismos/nina-de-13-anos-embarazada-no-accede-a-aborto-terapeutico

[3] Información disponible en: https://www.demus.org.pe/noticias/277-mujeres-han-muerto-por-no-acceder-al-aborto-terapeutico-en-los-ultimos-2-anos/

[4] El Estado Peruano emitió su último Informe Nacional sobre el Avance en la Implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en mayo del 2018. En dicho informe, dio cuenta de las carencias y problemas que sigue enfrentando el sistema de salud respecto al aborto terapéutico. Disponible en: https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Informe_Nacional_Consenso_de_Montevideo_Publicaci%C3%B3n.pdf

[5] Puede acceder al Dictamen del caso en: https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/V.%20Comit%C3%A9%20de%20Derechos%20Humanos.pdf

Escrito por Andrea Carrasco Gil

Andrea Carrasco Gil

Abogada con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y estudiante de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la misma casa de estudios. Miembro del Área Académica y de Investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP). Se ha desempeñado como asistente en organizaciones que trabajan por erradicar la violencia basada en el género y brindar apoyo legal a personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus temas de interés se encuentran los derechos humanos, el género como categoría de análisis jurídico y reformas del sistema judicial.

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