Justicia e interculturalidad en el caso Curva del Diablo

Después de 64 audiencias y más de 7 años de diligencias, el jueves 22 de setiembre culminó en primera instancia el proceso penal “Curva del Diablo” con sentencia absolutoria de 53 procesados por los hechos del 5 de junio del 2009 en Bagua (Amazonas). La mayoría de ellos son indígenas awajún y wampis,  quienes asistieron a la lectura de sentencia, como siempre, una vez cada dos semanas desde mayo del 2014. Es importante decir que con el fallo acaba también la agobiante obligación de trasladarse, quincenalmente, desde sus comunidades hasta la ciudad de Bagua, cuyos altos costos (en el caso más extremo suponía 3 días y 500 soles por viaje) solo pudieron cubrir gracias al apoyo de la iglesia católica y de otras organizaciones.

Como reconoce la sentencia, los sucesos sangrientos del 5 de junio encuentran su causa inmediata en los decretos legislativos emitidos por el gobierno aprista a causa de la delegación de facultades concedida por el Congreso para la implementación del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los pedidos de derogatoria que realizaron los pueblos indígenas a través de diversos canales institucionales fueron desatendidos durante varios meses, lo que generó la progresiva intensificación de las protestas y acciones directas en varios puntos de la selva peruana. Sería en Bagua, sin embargo, donde ocurrirían las peores tragedias como consecuencia de los enfrentamientos entre población y agentes policiales: 33 muertos (10 civiles y 23 miembros de la PNP), tanto en la carretera Fernando Belaúnde en el sector conocido como Curva del Diablo como en la Estación N° 6 de Petroperú, 157 heridos civiles (80 de ellos con heridas de bala) y un desaparecido, el mayor Felipe Bazán.

En este punto inicia la historia judicial del Baguazo. Al menos 120 personas fueron detenidas en las horas siguientes y llevadas al Cuartel Militar “El Milagro” para rendir sus declaraciones como investigadas por la muerte de los 12 policías muertos en la Curva. Todos ellos fueron detenidos por encontrarse cerca de la zona y los resultados de la pericia de absorción atómica, realizada pocas horas después, indican que ninguno disparó arma de fuego. Durante esas primeras horas, las autoridades se negaron a brindar información sobre la situación de los detenidos e impidieron que conferencien con abogados de su elección. No pudieron contar con intérpretes para sus manifestaciones policiales pese a que su lengua materna no era el castellano; con posterioridad, éstas serían utilizadas por la fiscalía como pruebas para incriminarlos. Éste sería el único proceso que ha llegado a su fin en primera instancia, pues los otros (Estación N° 6, contra oficiales PNP por homicidio de indígenas, desaparición del Mayor Bazán y otros) no cuentan con dictamen fiscal que haya abierto el proceso legalmente o esperan aún el inicio del juicio oral.

Ahora bien, es innegable que esta reciente sentencia constituye jurisprudencia de gran valía para los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Establece los antecedentes del conflicto a través de una mirada crítica sobre el despojo histórico de sus tierras y el engaño que el Estado consumó en el 2007 recortando el parque nacional Ichigkat Muja luego de haber dialogado durante varios años; evitando de este modo una visión que reducía el conflicto a un asunto coyuntural sobre leyes específicas. Reconoce la vigencia de una Constitución pluralista en un país multicultural, el efecto irradiante de tratados como el Convenio 169 OIT que garantiza su derecho al territorio, así como la necesidad de interpretar las normas jurídicas nacionales con una perspectiva intercultural, apoyándose en la doctrina del control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta propuesta intercultural de la interpretación jurídica se incorporó al proceso penal a través de la lengua y de los peritajes antropológicos. Se restó valor probatorio a las manifestaciones tomadas en castellano y, durante el desarrollo de las audiencias, dos intérpretes de awajún y wampis cumplieron un rol nivelador entre las partes, permitiendo que los procesados fueran interrogados en sus lenguas nativas (labor no exenta de problemas relacionados al lenguaje técnico legal y a la duración de las sesiones). Y los peritajes antropológicos fueron tomados en cuenta para comprender a profundidad aspectos culturales acerca click here de sus conductas y decisiones sometidas a examen. Gracias a ello, la sentencia considera que en las organizaciones indígenas no se ejerce la representación política de manera que se pueda forzar a los manifestantes a salir de sus comunidades y a participar de las movilizaciones, desestimando la imputación de la fiscalía sobre autoría mediata o instigación de los principales dirigentes. Finalmente, argumenta que su territorio comprende no solo el espacio en el que habitan y de donde obtienen sus recursos, sino también las vías de acceso a estos, por lo que las acciones de lucha en las vías terrestres, además de libertad de reunión y expresión, fueron ejercicio legítimo de su derecho al territorio.

No obstante, estos valiosos aportes jurídicos contrastan con diversas decisiones arbitrarias tomadas por los mismos jueces durante el proceso judicial. La demora excesiva para dar inicio a las diligencias alegando falta de competencia perjudicó, especialmente, a los indígenas que permanecían en prisión. La negativa a dar trámite a los otros procesos penales simultáneamente ha impedido que se determinen responsabilidades por todas las muertes, abriendo paso a una impunidad que duele hasta el día de hoy. La injusta prisión que sufrieron Danny López Shawit y Feliciano Cahuasa Rolin a pesar de carecer de pruebas; el segundo, indígena wampis, estuvo en prisión preventiva durante 48 meses, cuando el plazo máximo legal es de 36. Por último, el absurdo cambio de prisión preventiva por prisión domiciliaria a ambos indígenas, quienes fueron obligados a alquilar pequeños cuartos en una ciudad donde no tienen vivienda, bajo su propio costo, lejos de sus comunidades, familias y amigos. A la luz de estas decisiones, uno no se puede dejar de preguntar por qué se esperó al fin del proceso para la interpretación intercultural de normas jurídicas.

Pese a todo, indígenas y no indígenas, abogados, familiares, y amigos recibimos la sentencia con alivio, en tanto se espera una apelación que tardará algunos meses en resolverse. Como señalaba una dirigente awajún luego de conocida la sentencia, se ha ganado una batalla, pero hay que mantenerse unidos, pues la unidad de los pueblos indígenas es la defensa de su territorio.

Escrito por Jose Saldaña Cuba

Jose Saldaña Cuba

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con la tesis “Los votos singulares en el Tribunal Constitucional del Perú” (2012) obteniendo la mención sobresaliente. Trabaja e investiga en temas de derecho constitucional y derecho electoral. Profesor de la Facultad de Derecho – PUCP, y miembro del Centro de Estudios de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional.

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