El Perú en medio de desastres naturales: ¿Qué podemos hacer desde el Derecho?

En las últimas semanas, nuestro país ha experimentado una serie de desastres naturales que han cobrado innumerables daños personales y materiales. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ha reportado que los desastres naturales vienen dejando a la fecha 31 muertos y 8,299 damnificados[1]. A partir de ello, se han elaborado cadenas de solidaridad y de atención de emergencia a los sitios más afectados; sin embargo, siempre queda una pregunta en el aire: ¿Qué debe o debería hacer el Derecho en situaciones de desastres naturales?

Muchas veces se cree que los grandes problemas serán solucionados con la promulgación de leyes, pero en el caso de los desastres naturales, ya existe una ley que crea el sistema de atención a la población ante los mencionados fenómenos de la naturaleza. De esta forma, la Ley N° 29664 creó en el año 2011 el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Este sistema tiene como función principal identificar y reducir los riesgos, peligros y efectos de los desastres naturales. El gran problema con el SINAGERD es que no ha aparecido como un actor principal en lo que se refiere a los actos de contingencia de desastres y reconstrucción de los mismos.

Dentro de la ley de creación del SINAGERD también se recogen los principios para la Gestión de Riesgos de Desastres (artículo 4°). Uno de ellos es el principio de subsidiariedad, mediante el cual las decisiones que tome el Gobierno deben tomarse lo más cerca posible a la ciudadanía. Otro principio que debe reivindicarse es el de acción permanente, por el cual se garantiza a todos por igual el acceso a los servicios relacionados a la Gestión del Riesgo de Desastres. Hasta el momento, no se ha visto una correcta aplicación de estos principios en la gestión de desastres por parte del Gobierno y sería un gesto ideal cumplir con lo ya estipulado por ley desde el año 2011.

Pero no solo se trata de reforzar el SINAGERD o cumplir las normas, sino que el Gobierno peruano debe tomar medidas urgentes para revertir los efectos del Cambio Climático, fenómeno que ya está generando estragos en la temperatura, lográndose máximos de calor y mínimos de frío históricos. De esta forma, se señala que el 67% de los desastres en el país se vinculan a fenómenos climáticos[2], por lo que se hace imperioso regular aquellas actividades que contribuyen con el cambio climático.

No debemos tener pruebas fehacientes de que ciertas actividades generan un daño concreto para poder regularlas. Esta es la base del principio precautorio, uno de los pilares del derecho ambiental. Este principio señala que las sospechas fundadas (y no necesariamente las pruebas contundentes) son suficientes para tomar medidas protectoras contra una actividad que posiblemente genere daños al medio ambiente o a la salud pública.

Muy importante fue la promulgación en abril de 2018 de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. De igual importancia es el actual reglamento de dicha ley, el cual se ha discutido con un amplio sector de la sociedad civil. Actualmente, la propuesta de este reglamento viene siendo sometida a un proceso de consulta previa con las organizaciones indígenas a nivel nacional.

En este reglamento se tienen que definir situaciones y elementos importantes para la defensa del medio ambiente. Una de ellas es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es elaborada por el Ministerio del Ambiente, y que debe guiar la creación de las Estrategias Regionales de Cambio Climático, a ser elaboradas por los distintos Gobiernos Regionales.

Otro de los retos planteados por el Reglamento de la Ley de Cambio Climático es la consolidación de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (en adelante NDCs). click here Estas son instrumentos ambientales por los cuales el Estado peruano se compromete a reducir un porcentaje de la emisión de Gases de Efecto Invernaderos (GEI). De esta forma, en el año 2015, el Estado peruano se comprometió a reducir 30% de GEI para el año 2030[3]. De esta manera, el Reglamento de la Ley de Cambio Climático tendrá que regular cómo se aplicará las NDCs, estableciendo los plazos y las acciones correspondientes a la consecución de esta meta.

Finalmente, es necesaria una reflexión sobre la situación de las personas que viven en zonas aledañas a desastres naturales como huaicos o ríos. Mucho se ha criticado la decisión de estas personas de voluntariamente vivir en zonas de alto riesgo. La carga de revertir esta situación debería estar en el Estado y no en aquellas personas que tienen dificultades para conseguir un sitio donde vivir.

Es el Estado peruano el que debe trabajar en una propuesta integral para las personas que han perdido sus casas, pero también para aquellas que están en riesgo de tener pérdidas materiales, buscando la satisfacción de su derecho a la vivienda justa. Es obligación del Estado salvaguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos peruanos, y la sucesión de desastres naturales debe representar una oportunidad para nuevamente refundar dicho compromiso institucional.


Fuente de la imagen (*): https://www.comexperu.org.pe/en/articulo/el-paso-del-huayco

Referencias

[1]Ver en: https://rpp.pe/peru/actualidad/coen-al-menos-31-muertos-y-ocho-mil-299-afectados-por-las-fuertes-lluvias-noticia-1181254

[2]Ver en: https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/cambio-climatico-pone-en-riesgo-desarrollo-del-peru/

[3]Ver compromisos del Estado peruano frente a Naciones Unidas en: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/iNDC%20Per%C3%BA%20english.pdf

Escrito por Richard O’diana Rocca

Richard O'diana Rocca

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster en “Comunicación Política e Institucional” por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene experiencia en litigio estratégico e investigación en derechos humanos, pueblos indígenas e industrias extractivas. Ha sido docente en la PUCP y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya”.

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