El Conflicto Social de Chile

El pasado 18 de octubre de 2019 se inició en chile un ciclo de protestas violentas que no tiene resolución a pesar de los 8 días ya transcurridos. El detonante del conflicto fue la aprobación de un aumento del precio del transporte público Metro de Chile. Sin embargo, a pesar de la derogación de este aumento y las disculpas públicas del Presidente de la República de Chile el conflicto continuó, tornándose incluso más complejo y masivo. ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto social, cuáles son sus causas, qué hace difícil su resolución?

El conflicto social de Chile es uno de dimensión nacional. Involucra a dos partes poderosas e inmensas, difíciles de conciliar: de un lado una mayoría de la población chilena insatisfecha, que podemos identificar como el 80% (según fuentes que citaremos), y, de otro lado, las autoridades del Estado (incluido sus fuerzas policiales y armadas) unida a una minoría de la población chilena identificada como el 20%.

Nótese que desde la mayoría de la población chilena no hay un grupo social específico que lo represente: no hay un partido político, un grupo étnico, un grupo de estudiantes o un grupo de género. Se trata más bien de un conjunto general, movilizado por las facilidades de la tecnología de las comunicaciones, lo que hace difícil incluso tener representantes para dialogar y alcanzar una resolución. Este conjunto insatisfecho que apoya las protestas se contabiliza en 83% de la población nacional, según la encuesta Activa Research, publicada por CNN Chile (en línea), el 24 de octubre de 2019.

Las causas del conflicto social de Chile se pueden sistematizar en 6, según el reporte de Fernanda Paúl de la BBC mundo (en línea), publicado el 21 de octubre de 2019. Presentamos estas 6 causas resumidamente:

  1. El fracaso del sistema de pensiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Este sistema, implementado en forma obligatorio desde el año 1982, no ha cumplido con las expectativas de la población chilena: en lugar de entregar pensiones equivalentes al 70% del promedio de las remuneraciones de los últimos cinco años, como se había previsto, entrega pensiones míseras a la mayoría de la población. El 80% de jubilados recibe pensiones menores al sueldo mínimo. Esta población cuestiona que las AFPs sean Bancos encubiertos, de propiedad de los ricos del país.
  2. El fracaso del servicio de salud y la desprotección del 80% de la población chilena. Esta población accede al sistema público de salud denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud), carente de hospitales y especialistas. Solo el 20% de la población se beneficia de un sistema privado mejor equipado, denominado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).
  3. El problema del transporte público sin resolver en grandes ciudades como Santiago. La red de transporte “Transantiago”, hoy Red Metropolitana de Movilidad, ha sido un fracaso desde el año 2007, generando caos, largas esperas y demoras en el viaje, en buses y el Metro.
  4. La privatización del agua, con respaldo constitucional, a favor de grupos económicos. Esta privatización ha llevado a que personas poderosas económicamente se apropien del agua y hagan un aprovechamiento privado en perjuicio del desabastecimiento de la mayoría de la población.
  5. La falta de atención a la educación básica, que complemente a la educación superior. Tras protestas previas, se consiguió que la educación superior sea gratuita para el 60% de la población chilena. Pero este acceso a la educación superior no tuvo en cuenta la selección previa que hay en la educación básica, desde donde se genera discriminación click here para acceder a la educación superior.
  6. Los abusos y los actos de corrupción de empresarios, autoridades del Estado, carabineros y miembros del ejército del país. El 80% de la población de chile identifica a la administración del Estado como “corrupta o muy corrupta”. Casos de colusión de precios en medicamentos o en el papel higiénico, así como casos de malversación de fondos o fraudes en el Ejército o los carabineros, son ejemplos de esa percepción.

(Ver reporte de Fernanda Paúl, “las 6 grandes deudas sociales por las que muchos chilenos dicen sentirse ‘abusados’”, BBC, en línea, visitado el 25-10-2019)

Estas deudas sociales, que en realidad son causas estructurales del conflicto en la sociedad chilena, han dejado sin alternativas a la otra parte del conflicto: las autoridades del Estado. Las respuestas del Presidente de la República, sus ministros como de los propios legisladores, han sido insuficientes para atender dichas causas. Es que tras ellas se esconde el cuestionamiento al sistema liberal o neoliberal de la economía y política del país; se cuestiona la extrema desigualdad y discriminación que se ha reproducido en el país.

¿Qué hacer?

Dado el contenido de las demandas o causas estructurales citadas, el conflicto no tiene resolución en corto plazo. Tras 48 años de políticas liberales, en los que se incluyen las AFPs y los incentivos egoístas con acumulación de descontentos en los servicios de salud, transporte, agua y educación, sumado a los actos de corrupción, las propuestas de cambios o mejoras suponen también acciones estructurales.

¿Será posible que la minoría beneficiada (20% de la población chilena) comparta su riqueza con la mayoría necesitada e insatisfecha (80% de la población) que protesta? Es una pregunta que compromete esas acciones estructurales. En su respuesta se incluye la necesidad de un nuevo pacto social y una nueva Constitución Política en Chile, como lo demanda la misma población.

Es una experiencia que puede ayudarnos a prevenir conflictos sociales semejantes en países latinoamericanos como el Perú.

Lima, 25 de octubre de 2019.

Escrito por Antonio Peña Jumpa

Antonio Peña Jumpa

Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD in Laws.

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