¿Están listas nuestras universidades para protegernos de la violencia sexual? Algunas interrogantes sobre la protección de nuestra identidad y de futuras víctimas

Palabras clave: mujer, feminismo, género, igualdad de género, equidad de género, acoso sexual, violencia sexual, Universidades, identidad, reserva de identidad, Perú.

Key Words: women, feminism, gender, gender equity, gender equality, sexual harassment, sexual violence, Universities, identity, reservation of identity, Peru.

I. Preludio

Muchas veces, la realidad nos muestra lo delgada que puede ser la línea entre lo que se considera o no como conductas de violencia y agresión sexuales y de género ejercidas contra nosotras. Asimismo, muchas veces, no somos conscientes de ser víctimas de alguien que se nos presenta como amigo o confidente, y, sin más, termina aprovechándose de nosotras. Y no, no es fácil distinguir, incluso cuando creamos tener claro cuándo una conducta es abusiva o no, o a pesar de que estemos convencidas de tener todo bajo control.

Es usual que en el fondo nos sintamos dominadas, sucias y culpables de nuestra “provocación”, y que por ello tengamos que seguir soportando esta conducta hasta que, un buen día, la misma se desvanece o la situación de amenaza (explícita o implícita) a la que estamos expuestas, desaparece. En muy pocas oportunidades lo denunciamos inmediatamente y, en vez de que se nos asegure que nuestro caso será investigado y de que nosotras seremos protegidas mientras ello suceda, nos exponemos a múltiples cuestionamientos y nos convertimos en objeto de juzgamiento.

Por ello, muchas veces preferimos no denunciar para así evitarnos una re-victimización y el clásico sentimiento de culpa. El argumento de un supuesto victimismo nuestro y de “no tener el valor para enfrentar las cosas sin hacer escándalo o generar pena” no hace más que empeorar las cosas. Además, es usual que recién después de meses, o incluso años, descubramos que efectivamente hemos sido víctimas de violencia sexual (en cualquiera de sus formas). Mientras el descubrimiento no se dé o el miedo para denunciarlo aún nos embargue, el agresor seguirá suelto en busca de nuevas presas, aprovechándose de la posición de poder y dominación que ostenta.

¿Todo esto nos suena conocido? Pues bien, una de las relaciones más conocidas de poder y sumisión que confluyen en una conducta de violencia sexual se da en el contexto universitario. Más frecuentemente, la que se da entre un profesor y una alumna. Es sobre este contexto que versarán las siguientes interrogantes que no pretenden ser resueltas en esta oportunidad, por lo que este texto que tienen a la vista es meramente de opinión.

II. ¿Qué está sucediendo en nuestras universidades?

En nuestro país, incluso en la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, una universidad conocida por tener una gran formación en derechos humanos, existen este tipo de situaciones como la antes descrita. Un caso muy conocido y mediático es el de Claudia Pérez Huamaní, egresada de la Facultad de Derecho de la misma universidad.

Hace trece años (2005), ella denunció a José Carlos Angulo Portocarrero por el delito contra la libertad sexual (violación sexual) y, hace unos meses, esta denuncia ha sido archivada. En aquella época, él era abogado del desaparecido Estudio de Abogados “Caro, Cortez y Massa”, donde ella hacía sus prácticas pre-profesionales; además, él era estudiante de la Maestría en Derecho Penal en la PUCP.

Pero no fue sino hasta varios meses después de la presentación de la denuncia penal, que el Consejo de la Facultad de Derecho instaló una Comisión Investigadora. La misma fue creada con el fin de investigar a los docentes Jorge Eduardo Carrillo Massa de Albornoz, Julio Antonio Rodríguez Delgado y Carlos Caro Coria, ex miembros del Estudio referido, quienes habrían presionado a Claudia para que desista de su denuncia penal. Al año siguiente, la Comisión Investigadora emitió un informe a través del cual se responsabiliza a los docentes referidos y se emite una serie de recomendaciones, las cuales no fueron implementadas por el Consejo de la Facultad de Derecho de la PUCP. En su lugar, absolvieron a los tres docentes.

Lamentablemente, este caso no es el único en la PUCP ni en las demás universidades peruanas. En sede penal, este tipo de casos generalmente quedan en la impunidad por una supuesta falta de medios probatorios, y por la presencia de prejuicios y estereotipos en los operadores de justicia encargados de resolverlos. En sede administrativa (universitaria), este tipo de casos no son tratados con la sensibilidad y especialización requeridas. En la práctica, quien tiene las de perder es la víctima, puesto que su vida académica y profesional se ven amenazadas, sino arruinadas, porque no recibe la debida protección durante las investigaciones y luego de ellas, si es que estas llegan a darse.

III. ¿Qué medidas han adoptado las universidades peruanas para prevenir y combatir la violencia y agresión sexuales y de género?

Las universidades peruanas, como muchas otras en el mundo, no tienen certeza de cómo tiene que actuarse frente a este tipo de casos. De hecho, la aprobación de los protocolos de actuación frente a estos casos de las universidades con los mejores rankings se ha dado recién durante la presente década. Muchas veces esto se debe no solo a la cultura del machismo y de la impunidad, sino, sobre todo, a la ausencia de cifras oficiales o diagnóstico alguno que ofrezca información cierta sobre la cantidad de denuncias de violencia sexual por cada universidad, en qué circunstancias se dan, qué perfil suelen tener los agresores, qué perfil suelen tener las víctimas, cuáles son las situaciones típicas de violencia sexual, entre otros datos relevantes. Esta información permite la creación de medidas preventivas y de intervención idóneas para el combate de la violencia sexual.

Ahora, fijaremos la mirada en la PUCP, que ha sido el foco de atención pública en los últimos meses debido al destape mediático de casos de violencia sexual de profesores a alumnas, los cuales todavía se encuentran en investigación. Fue recién hace dos años (2016) que esta universidad aprobó el “Reglamento para la prevención e intervención en los casos de hostigamiento sexual aplicable a estudiantes y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú”. Este Reglamento aún posee muchas taras, como las referidas al inicio del proceso (no hay inicio de oficio) o a la identidad de la víctima (no hay reserva de identidad). Es sobre este último punto que volveremos más adelante.

Cabe resaltar que, además de la PUCP, en todo el Perú solo tres universidades más poseen este tipo de reglamento o protocolo[1]. Frente a esta insuficiencia de regulación, en julio del presente año, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU dispuso que todas las universidades deban emitir un protocolo de actuación por acoso sexual, así como de entregar información sobre estos casos registrados en sus aulas[2]. Poco tiempo antes, el Ministerio de Educación – MINEDU aprobó los lineamientos para la elaboración de documentos normativos internos para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en las universidades del país[3]. Sin embargo, más de tres meses después, aun no existen cambios importantes en la regulación universitaria peruana.

IV. ¿Y cómo respondió la representación estudiantil frente a esas medidas?

Debido a la ausencia de información señalada al inicio del anterior punto, un grupo de estudiantes de la PUCP, por iniciativa propia y en el marco de una investigación exploratoria sobre el acoso sexual en la Facultad de Derecho, revelaron que 77 de los 111 estudiantes encuestados en dicha Facultad manifestaron haber sido partícipes de una o más situaciones de acoso sexual –ya sea como víctima, agresor o testigo– en la Facultad o en su centro de prácticas. Además, un(a) estudiante manifestó haber sido víctima de violación sexual y casi todas las victimas declararon no haber reportado el caso.

Por otro lado, en medio del escándalo mediático que significó el destape de los casos de violencia sexual de profesores a alumnas, se formaron bloques y colectivos estudiantiles en algunas universidades en búsqueda de un cambio. Su creación se debió no solo a las deficiencias en la regulación universitaria en esta materia, sino también a la pasividad y falta de especialización de las autoridades universitarias, la escasa idoneidad en la atención de los casos y la poca representación estudiantil en el tratamiento de los mismos.

Así, en la PUCP, se formó el Colectivo “Se Acabó el Silencio” en las Facultades de Derecho y de Ciencias click here Sociales, conformado por alumnas y egresadas de estas Facultades, cuya finalidad es la lucha contra el acoso y violencia sexual, y otras formas de violencia de género. A raíz de esto, la Facultad de Derecho, a solicitud de las estudiantes, egresadas y profesoras de la Facultad, convocó a una primera Asamblea Abierta. Esta asamblea contó con la presencia de estudiantes y docentes, y consistió en un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre violencia y agresión sexuales y de género en las aulas y centros de práctica.

Las propuestas que surgieron en dicha asamblea fueron trasladadas a las autoridades de Derecho y la Comisión Mixta. Como resultado, estas autoridades implementaron algunos de los pedidos efectuados en la asamblea, tales como la creación de la Comisión Mixta contra el Hostigamiento Sexual y la Violencia de Género y la presentación el amicus curiae en el caso de Claudia. Con relación a esta Comisión, su composición fue cuestionada por carecer de suficiente representatividad estudiantil del colectivo “Se Acabó el Silencio”.

En un principio, este colectivo había solicitado tres puestos, pero solo se les asignó uno. Es decir, de los siete miembros de la comisión, existen cuatro de la representación docente y administrativa, y tres de la representación estudiantil (una del Centro Federado, otra del Tercio Estudiantil y la última del colectivo), generándose una ventaja mayoritaria para la representación no estudiantil. Además, la Comisión fue cuestionada porque la iría a presidir una autoridad de la Facultad, cuando se suponía más bien que se trataba de un espacio horizontal, igualitario y paritario, como indica el mismo colectivo en sus pronunciamientos en las redes sociales.

Asimismo, este colectivo exigió, mediante carta abierta al Rectorado, que se efectúen modificaciones reglamentarias que permitan a la entidad universitaria competente en esta materia iniciar de oficio sus investigaciones, además de respetar el anonimato y mantener la reserva sobre la identidad de la víctima frente al denunciado para iniciar el procedimiento disciplinario, si la víctima así lo desea. Sobre este último punto, se discutirá a continuación.

V. De la protección de las víctimas actuales: si denuncio ante mi Universidad, ¿qué hay de la protección de mi identidad?

Casi siempre, tenemos mucho miedo a denunciar porque eso implicará tener que recordar todo lo que nos pasó, y quizá tener que soportar la emisión de juicios y cuestionamientos hacia nosotras. Sobre todo, tenemos miedo porque, como estudiantes, nuestra vida académica podría verse en riesgo, puesto que nuestro agresor podría aprovecharse de su posición de poder para arruinarnos académicamente. Del mismo modo, como futuras profesionales, nuestra carrera también podría verse en riesgo. Claro, ¿quién querría contratar a una “problemática”? Quizá a los empleadores no les vendría bien tener a una “loca” que podría denunciar indiscriminadamente a todo el staff, solo porque cree que la están acosando.

Sumado a lo anterior, no resulta conveniente revelar nuestra identidad a autoridades universitarias que no precisamente poseen la suficiente empatía y el profesionalismo necesario para llevar este tipo de casos. De este modo, el contexto de impunidad en favor de los agresores y la incapacidad de las autoridades universitarias han generado un clima de desconfianza total. De ahí que sea entendible que las víctimas que denuncian prefieran mantener en reserva su identidad. Sin embargo, esta posibilidad no está contemplada en los protocolos universitarios y quizá se deba a reparos en el debido proceso.

No obstante, ¿con la garantía de la identidad de la víctima frente al agresor denunciado se vulnera su debido proceso? No. De hecho, la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos – UDAVIT del Ministerio Público asigna un código a la víctima denunciante y es ese código el que se muestra cuando se notifica la denuncia penal al agresor denunciado. Si miramos hacia afuera, los protocolos de actuación frente a estos casos en las mejores universidades del mundo otorgan protección a la identidad de la víctima, sea mediante la utilización de un código, las iniciales de su nombre o cualquier seudónimo. Así, por ejemplo, tenemos a la Universidad de Buenos Aires – UBA y a Yale University, cuyos protocolos prevén la posibilidad de que la víctima denunciante se mantenga en el anonimato.

VI. De la protección de futuras víctimas: ¿la protección de la identidad de mi agresor puede ser perjudicial?

La otra cara del anonimato de las víctimas denunciantes es la necesidad de que la comunidad universitaria conozca la identidad del agresor denunciado para protegerse del mismo. De hecho, que el agresor siga “suelto” ha ocasionado que en algunos casos se le permita renunciar y salir del país, como si nada hubiese pasado. Un argumento en contra podría ser la presunción de inocencia del denunciado, puesto que, hasta que no hayan terminado las investigaciones en la universidad, no podría revelarse su identidad.

Es cierto que cabe la posibilidad de que, luego de las investigaciones, se determine la inocencia del denunciado. En ese sentido, si la identidad del mismo es revelada antes de que terminen las investigaciones, su reputación se vería seriamente afectada. No obstante, cabe preguntarnos: ¿qué pasaría con aquellos presuntos agresores que, siendo investigados, prefieren renunciar y/o siguen ejerciendo la enseñanza en las aulas de la misma Universidad? ¿Esto ya no es un indicio razonable y de peso? ¿Es posible que puedan seguir cometiendo los mismos actos? ¿Es posible que pueda haber nuevas víctimas? ¿Qué debemos privilegiar? ¿A quién debemos privilegiar, en un contexto de tanta hostilidad e impunidad para este tipo de casos? ¿Qué debe privilegiar la universidad, su imagen institucional o la plena integridad de su alumnado y del resto de la comunidad universitaria?

Lo dejaremos ahí, al menos por ahora.


[1]          Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Norbert Wienner.

[2]          https://larepublica.pe/sociedad/1282540-15-dias-universidades-deben-emitir-protocolo-atencion-acoso-sexual

[3]          https://elcomercio.pe/peru/aprueban-lineamientos-acoso-sexual-universidades-noticia-537317

Escrito por Ileana Rojas Romero

Ileana Rojas Romero

Abogada con menciòn “sobresaliente” por la Pontificia Universidad Católica del Perú; con Diploma en Estudio Internacional en Pueblos Indígenas, desarrollo, participación y consulta (PUCP – IIDS); con Certificación en el Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública (PUCP); y candidata al Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Anteriormente, pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (Washington D.C., U.S.A.); y pre-docente del curso Sociología del Derecho (Facultad de Derecho, PUCP). Con estudios, investigaciones y experiencia laboral a nivel privado y estatal en políticas públicas, gobernabilidad, gestión pública, conflictos socioambientales, interculturalidad, género y derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad (pueblos indígenas, LGTBIQ, mujeres y niñez).

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