Más allá del derecho a sufragar: ¿Cómo conseguimos las peruanas nuestro voto y qué nos queda pendiente?

Palabras clave: voto, sufragio, mujer, feminismo, género, igualdad de género, ciudadanía, participación política, representatividad, elección, elecciones, elegibilidad, proceso electoral, cuota de género, alternancia, paridad, democracia, partidos políticos, Perú.

Key Words: vote, suffrage, woman, feminism, gender, gender equality, citizenship, political participation, representation, election, elections, eligibility, electoral process, gender quota, alternation, parity, democracy, political parties, Peru.

I. ¿Cómo conseguimos las mujeres nuestro derecho al voto?

Detrás de la conquista de cada derecho hay muchos años, décadas o incluso siglos de sacrificio, sangre, dolor, muerte, cárcel, tortura, violencia, represión, abuso y negación; pero también de resistencia e insistencia para conseguir su reconocimiento e implementación. El reconocimiento del derecho al voto de las mujeres no estuvo exento de episodios penosos y, en este espacio, corresponde recordarlo y mirarlo en perspectiva. Asimismo, cuestionarnos acerca de si con el voto se terminó nuestro derecho a ejercer plenamente nuestra ciudadanía.

1.1 Panorama mundial

Desde el inicio de los tiempos, la historia de la humanidad ha estado plagada de dominación y discriminación. Siempre han existido grupos humanos considerados “naturalmente inferiores” (física y espiritualmente), como por ejemplo los afrodescendientes, los indígenas, los judíos, los árabes, las personas LGTBQI, las mujeres, y todo aquel que no fuese hombre, blanco y heterosexual. Es más, dentro de cada uno de estos grupos, se ejerce una mayor opresión a cierto tipo de personas que a otras. Así, por ejemplo, las mujeres blancas no sufren la misma opresión que las mujeres afrodescendientes, incluso si estas últimas gozan de una buena situación económica. Pero volveremos sobre esta mirada interseccional más adelante.

En el contexto de la lucha por el derecho al voto de las mujeres, los argumentos de la inferioridad del determinismo biológico (o más bien religioso), de la división sexual del trabajo, de ser consideradas menores de edad, y de la consecuente necesidad de cuidado masculino y sometimiento al varón (ARISTÓTELES, 1934: 42-45), entre otros estereotipos de género, fueron utilizados desde un inicio como excusa para negarnos el ejercicio de este derecho[2]. A ello, hay que sumarle el miedo constante de los varones al cuestionamiento de su ciudadanía y a la consecuente pérdida de su poder, por si alguna vez tuviesen que compartirlo con las mujeres (PRIETO & GOETSCHEL, 2008: 139). De ahí que, por mucho tiempo, la ciudadanía fuese una cuestión exclusiva de los varones de la élite.

Sin embargo, este concepto atravesó muchos cambios y es recién que a partir del siglo pasado que se reconoce que la ciudadanía también es una cuestión de mujeres, por el mero hecho de pertenecer a una comunidad, y que implica derechos civiles, políticos y sociales y obligaciones (YUVAL-DAVIS, 1997: 35). Tenemos apenas 125 años desde que se aprobó por primera vez en el mundo el sufragio femenino sin restricciones, más precisamente en Nueva Zelanda (1893), lucha liderada por Kate Sheppard.

Para los primeros detractores del voto femenino, nuestro “rol natural” en este mundo (rol de reproducción, inferior) no encajaba en absoluto con la idea de decidir a nuestros gobernantes (rol de producción, superior). Por supuesto que, además del argumento de la inferioridad, había quienes desde la izquierda temían que, con los votos de las mujeres, ganara el conservadurismo, ya que la gran mayoría de ellas estaba relacionada a la religión. Por el lado de los movimientos de sufragistas tampoco hubo homogeneidad en la justificación de la lucha por el voto femenino, sobre todo teniendo en cuenta que se hallaban involucradas varias generaciones de feministas, teniendo en cuenta que los movimientos que demandaban el voto surgen en las primeras décadas del siglo XIX.

Si bien en los casos de Inglaterra y Estados Unidos se pudieron observar luchas femeninas más intensas por la búsqueda de reconocimiento de sus derechos y de la igualdad plena, en estos países la aprobación del voto femenino demoró un poco más (CHAPMAN & ROGERS, 1923) que los países precursores, aunque en estos últimos los movimientos femeninos no estuviesen tan consolidados. Ambos casos, el inglés y el estadounidense, tuvieron al menos un elemento en común: discrepar en que las mujeres deban seguir obedeciendo las leyes dadas por los hombres. Sin embargo, diferían en la intensidad de las acciones tomadas para exigir sus demandas.

Así, por ejemplo, en Inglaterra, debido a la constante negación de las demandas del voto femenino y a la inminente represión de las mujeres integrantes de los movimientos sufragistas, algunos de estos se volvieron más radicales en sus protestas (DUBOIS, 1975). De ahí que sea importante diferenciar entre las suffragists y las suffragettes, constituyendo estas últimas el ala radical de los movimientos que exigían el voto femenino[3], cuyas acciones implicaban el uso cada vez mayor de la violencia.

Estas acciones iban desde incendiar múltiples negocios, encadenarse a locales de gobierno, hacer huelga de hambre cuando eran encarceladas (ahí fueron alimentadas a la fuerza, lo cual constituye una forma de tortura), entre otras acciones (CAFFARENA, 1952). Estos actos violentos habrían desmerecido la lucha del movimiento y dado argumentos a los detractores del voto femenino, quienes sostuvieron que las mujeres eran seres muy emocionales para participar en política, lo cual sería muy peligroso (SPENCER, 1899: 418).

Por otro lado, la intensidad y la justificación de la lucha de las mujeres rusas no fueron las mismas que las de los movimientos ingleses y estadounidenses. De hecho, no hubo muchos esfuerzos para conseguir el sufragio, sino que el mismo se aprobó como correlato de la lucha de muchas mujeres rusas, junto con la multitud del campesinado y proletariado, en la gestación de la “Revolución de Octubre”. Este acontecimiento les dio una suerte de “pase libre” para ser consideradas ciudadanas al igual que los hombres, lo cual resultaría coherente con la lógica del comunismo.

Esta suerte de camaradería es confirmada por Emma Goldman, luchadora feminista-anarquista por la emancipación de la mujer, quien sostenía que la mujer rusa “alcanzó la estima del hombre, su respeto y su camaradería; y, es más, se ganó el respeto, la admiración del mundo entero” (GOLDMAN, 1977). Sin embargo, ello no implicó necesariamente que la implementación del voto femenino haya sido fácil o que no hubiese existido movimiento feminista alguno. Así, en su momento, existió la Liga Rusa para la Igualdad de las Mujeres, la cual agrupaba a muchas asociaciones femeninas de todo el país, y en la cual se luchaba además por defender intereses relacionados con el trabajo y la vida conyugal, que giraban en torno a las jornadas laborales, el salario, las ayudas por maternidad y los derechos matrimoniales.

En Latinoamérica, el voto femenino llegó un poco más tarde, y las luchas de Norteamérica y Europa repercutieron de manera importante en las bases de la lucha feminista latinoamericana. Si bien en Argentina el movimiento sufragista fue el más fuerte de toda Latinoamérica (BONILLA, 2007: 42), no fue sino hasta 1947 que conseguiría la aprobación del voto femenino, ubicándose cronológicamente a la mitad de la lista de países latinoamericanos. Por su parte, Ecuador fue el primero en la lista (FLACSO-Chile, 1995), luego de que Matilde Hidalgo Navarro solicitara votar en las elecciones legislativas de 1924, debido a que en la Constitución Política de 1884 no se especificaba el género de los votantes[4]. Esta solicitud fue aceptada por el Consejo de Estado, decisión que la convirtió en la primera mujer de Latinoamérica en votar en elecciones nacionales (BENÍTEZ, 2015).

1.2 Cuando el sufragio femenino llegó al Perú

En el Perú, la conquista del derecho al voto fue más bien una conquista de género para las mujeres ilustradas o con mayor nivel educativo, mientras que para la izquierda peruana fue entendida como una conquista de clase. A pesar de esta diferencia, los movimientos se unificaron en la lucha (ROJAS, 2010: 52) y fue así que nacieron asociaciones civiles femeninas para exigir el derecho al voto femenino. Estas asociaciones compartieron una preocupación común: la redefinición de una “moral femenina basada en el trabajo y dignificada por la educación” (MANNARELLI, 1999: 59).

El voto femenino fue aprobado en Perú el 07 de septiembre de 1955, luego de un intenso debate en el parlamento nacional (ONPE, 2016: 41), convirtiéndose así en el penúltimo país en lograr el voto femenino en toda la región. Sin embargo, cabe recordar que dos décadas atrás también se intentó en el Congreso Constituyente aprobar el sufragio femenino, pero la propuesta perdió con 71 votos en contra y solo 46 a favor. Los detractores, además de plantear los pseudo-fundamentos de la inferioridad y del rol natural de las mujeres, argumentaban que a ellas en realidad no les interesaba votar, lo cual era totalmente falso. Al respecto, debe destacarse la lucha de las mujeres ilustradas y proletarias no solo para conseguir el sufragio, sino además por sentar las bases del movimiento feminista peruano.

En un principio, el movimiento encontró un espacio de consolidación dentro de los partidos políticos ya existentes, tales como Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) o Unión Revolucionaria (UR). En este contexto, las mujeres ilustradas hallaron un espacio de discusión política y enriquecimiento intelectual, así como de acción para la justicia social y la educación de los menos favorecidos; por lo que ganaron terreno en el mundo masculino. Del mismo modo, las demandas sociales de las mujeres de los niveles socioeconómicos más bajos fueron atendidas. Sin embargo, dentro de los partidos, los espacios femeninos generados no tuvieron la misma jerarquía que las secciones masculinas y las decisiones seguían siendo tomadas por varones.

Esta insuficiente valoración de los partidos políticos de la participación femenina en política quizá haya sido el detonante para que ellas dirigieran la mirada al presidente Manuel A. Odría. En aquella época, la popularidad del régimen dictatorial se hallaba en crisis, debido a la persecución y represión de líderes apristas, así como al populismo manipulador de las clases populares. A fin de recuperar su popularidad, Odría encontró una alternativa en el voto femenino para mantenerse en el poder y buscar ser reconocido en la posteridad como el presidente que otorgó el sufragio a las mujeres, pensando quizá en que votarían por él en los próximos comicios presidenciales (VILLAR, 1994: 36).

Sin embargo, si bien es cierto que el régimen dictatorial de Odría recuperó su popularidad gracias a este hecho, sería incorrecto afirmar que el voto femenino fue un “regalo de políticos conservadores” (POULSEN, 2014: 112), porque estaríamos desmereciendo la lucha del feminismo que venía de décadas atrás. Además, considerando que en ese momento se otorgó el voto femenino solamente a las alfabetizadas, la gran mayoría de mujeres no pudo sufragar sino hasta luego de la Constitución Política de 1979, que permitió el voto a las personas analfabetas. Por tanto, se desacredita la teoría de que el otorgamiento del voto femenino solo fue un cálculo político de Odría.

II. ¿Y qué hay de nuestro derecho a ser elegidas?

Por mucho tiempo, el espacio de lo público nos fue vetado y más aún el de la política, debido a “no estar preparadas” para la toma de decisiones, por lo que los hombres tenían que hacerlo en nuestro lugar. Conseguir el voto femenino no significó el fin de una lucha, sino la apertura de una puerta mucho más grande: la de seguir demandando el reconocimiento de los múltiples derechos que siempre nos han pertenecido. Sin embargo, las peruanas no deberíamos esperar tanto para que se nos reconozcan nuestros derechos. Ya lo decía Charlotte Despard: “Nunca creí que el voto femenino se aprobaría mientras estuviera viva. Pero cuando un sueño imposible se hace realidad, debemos pasar a otro”[5] (MEERES, 2013: 79).

2.1 Cifras sobre la representación femenina peruana en los cargos de elección popular y representación

De acuerdo con el último Reporte del Índice Global de la Brecha de Género (2017), el Perú se encuentra en el puesto 48 a nivel mundial, con un índice de 0.719. En particular, con relación al ítem de “empoderamiento político” (political empowerment)[6], el índice es de 0.277, ubicándose así en el puesto 33 a nivel mundial, y 11 de América Latina y El Caribe (de 24 países en total) (WEFORUM, 2017: 270 y 271). Si bien la brecha de género disminuye cada año, no hay que olvidar que la lucha por conseguir el reconocimiento e implementación de nuestros derechos aún no termina, si es que queremos que la brecha de género no deje de bajar. De hecho, y volviendo sobre el objeto del presente análisis, nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades no tendría razón de ser si no tuviésemos el derecho a ser elegidas, a fin de disminuir cada vez más la brecha del “empoderamiento político”.

Poco tiempo después de la aprobación del voto femenino en el Perú, las mujeres también tenían derecho a ser elegidas, o al menos eso decía la ley. La realidad era que la representación femenina en los cargos elegidos de manera pública era mínima y el ejercicio de los mismos presentaba muchos obstáculos, debido a que todavía la cultura machista se hallaba fuertemente arraigada en la política. En la práctica, nuestra ciudadanía aún no era plena, porque no podíamos formar parte del sistema en igualdad de condiciones que los varones. En la actualidad, esta realidad aún se mantiene aunque en menor medida. Al respecto, las disposiciones estatales tendientes a procurar una situación de equidad en la representatividad política han contribuido a apaciguar el problema, aunque aún resultan insuficientes para llegar a eliminar totalmente la brecha de género en nuestro país.

En la actualidad, para las elecciones regionales y provinciales a celebrarse en octubre próximo, existe un 39.5% de candidaturas por el lado de las mujeres, frente al 68,696% de los hombres. Sin embargo, si lo desglosamos por el tipo de cargo, tenemos que, cuanto más “alto” el cargo, menos candidatas existen, porque solo representan el 9.3% de las candidaturas a cargos ejecutivos (JNE, 2018: 2). Es decir, si bien la participación de las mujeres en los comicios ha aumentado, se las deja relegadas a cargos de menor importancia, o que representan un mínimo de liderazgo y sobre las que no existe toma de decisiones de alto rango.

De hecho, en términos globales, el 21% de los 137 puestos más importantes del sector público son ocupados por mujeres y, tal y como hemos visto, dependiendo del sector la brecha podría ser más grande (ESCALANTE, 2018). Así, para el año pasado, la participación de las mujeres en el gabinete ministerial fue del 31,6% (seis mujeres), pero para este año 2018 es de 26,31% (cinco mujeres). Ello sumado a que en toda la historia peruana no hemos tenido ni una Presidenta de la República. Con relación a la participación en el parlamento nacional, el porcentaje de mujeres electas se ha incrementado desde 1955, sufriendo ligeras bajas en los periodos 1963-1968, 1985-1990, 2001-2006 y 2011-2016, registrándose la máxima participación femenina para el periodo 2006-2011 (29,2%). Actualmente, en el periodo 2016-2021 existe un 27,7% de participación (INEI, 2017: 31 y 32). Es cierto que la participación vaya en aumento, pero el porcentaje aún sigue siendo menor.

En el Poder Judicial, la situación no es distinta. Solo el 27% de los jueces ratificados para el 2015 son mujeres. Asimismo, de los jueces nombrados por nivel jerárquico en el 2015, el 37,6% son mujeres. Del mismo modo, el número total de juezas titulares equivale al 35,5% del total de jueces titulares, equivalente a 596 juezas titulares distribuidas en todos sus niveles. Con relación a los fiscales ratificados en el 2015, se tiene un 29% de mujeres; y, sobre los fiscales nombrados en dicho periodo, las mujeres constituyen un 41,5% (MIMP, 2016: 35). Cabe precisar que, nuevamente, el grueso de las mujeres se encuentra en los cargos menores. Así, en los Juzgados de Paz Letrados, las juezas representan el 49,5%, mientras que en la Corte Suprema solo el 17%. Por último, de los 20 jueces supremos que conforman la Sala Plena, solo 4 son mujeres (ESCALANTE, 2018).

Pero la cuestión
empeora si vemos la participación de las mujeres en los gobiernos locales. Desde 1983, el porcentaje de alcaldesas electas ha ido en aumento, pero la diferencia entre el porcentaje de aquel año (2,2%) con el actual (2,8%) es minúscula. De hecho, entre 2015 y 2018, el promedio nacional sufrió una leve disminución del 3,8% al 2,8%. Sin , lo que hay que notar aquí es que el mismo porcentaje es ínfembargoimo y refleja que “en el país no existe una masa crítica de mujeres en los cargos más altos del poder local” (INEI, 2017: 33). En adición a lo anterior, cabe precisar que en los últimos tres periodos de gobierno regional solo se ha elegido a una sola mujer gobernadora.

En conclusión, todos estos datos expresan un acceso inequitativo de las mujeres a los cargos públicos, sobre todo a los de las altas esferas, en donde se toman las grandes decisiones. Este acceso desigual es síntoma de una insuficiente garantía legislativa que, en principio, se propone disminuir la brecha de género en la representatividad femenina. Sin embargo, como vimos, esto en la práctica no es así.

2.2 Medidas estatales existentes para la equidad de género en los cargos de elección popular y representación

Frente a una participación femenina aun de proporciones ínfimas y en puestos de mínimo poder político, cabe preguntarse si existen medidas desde el Estado peruano que garanticen una mayor presencia femenina en los cargos de elección popular y representación. A este tipo de medidas se las conoce como affirmative actions o medidas de discriminación positiva, las cuales tienen carácter temporal y existen con la finalidad de lograr una situación de equidad, revertir la discriminación histórica y contrarrestar la situación de desventaja en la que se encuentran determinados grupos en la sociedad, tales como pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, entre otros. En el caso particular, sirven para asegurar la presencia de las mujeres en la vida pública (ALBERDI & ALBERDI, 1987), refuerzan su representatividad y neutralizan estereotipos de género.

Hay quienes discrepan de este tipo de medidas, por considerarlas violatorias del derecho a la igualdad y hasta discriminatorias (BACCHI, 2006: 33). Bajo este tipo de argumentos, se sostiene, por click here ejemplo, que las cuotas de representación femenina no solucionarían la desigualdad de género, que serían contraproducentes con la meritocracia y que más bien se estaría reconociendo abiertamente que las mujeres no son capaces de conseguir cargos por sus propias capacidades, sino por imposiciones legales de género. Frente a esto, debe precisarse que esta diferenciación[7] resulta plenamente constitucional y compatible con el Estado Democrático de Derecho. Al respecto, no debe olvidarse que el orden constitucional que garantiza la protección de los derechos de las mujeres no solo comprende normas de carácter nacional, sino también internacional. De este modo, el artículo 4º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW señala expresamente lo siguiente:

“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y de trato”.

Este Convenio fue ratificado por el Perú el año 1982 y fue recién en el 2002 que la Constitución Política vigente dispuso la existencia de “porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género (…) en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales”. Este tipo de medidas de discriminación positiva –conocidas como “cuotas de género” y que son manifestación de una democracia paritaria– tienen como finalidad el aumento de la representación de determinados colectivos en situación de desventaja histórica, y consisten en asignarles un porcentaje mínimo en las listas de candidatos y/o en la lista de elegidos (“asiento reservado”).

Cabe precisar que, para el caso del Congreso de la República, estas cuotas están reguladas en la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859. En la primera versión de esta ley (1997), se establecía la cuota de 25% de mujeres o varones en las listas de candidatos al parlamento nacional; cifra que luego fue modificada el 2000 a 30% y que se mantiene hasta la actualidad. Esta es la misma cifra que comparte el régimen de las municipalidades (Ley 26864), aunque no para los puestos de alcaldes; y los partidos políticos en sus listas de candidatos para cargos de dirección del partido político, así como para los candidatos a cargos de elección popular (Ley 28094) (IDEA, 2018).

Asimismo, las cuotas de género no solo son constitucionalmente válidas, sino que también responden a una cuestión de representatividad (FREIDENWALL & KROOK, 2011: 45) y eficiencia. Ello debido a que, al incorporar un mayor número de mujeres en los cargos de elección popular y representación, se aumentan las posibilidades de que un número mayor de mujeres con capacidades y preparación cada vez mejores puedan entrar en competencia para postularse a este tipo de cargos. Incluso, la alegada meritocracia podría funcionar mejor si se tiene a disposición un mayor número de alternativas de elección y con mejor preparación que las personas que actualmente ocupan los cargos de elección popular y representación.

Sin embargo, el detalle con la implementación de la normativa sobre cuotas de género en el Perú es que la gran mayoría de partidos políticos sólo aplica la cifra mínima de candidatas y las coloca en los últimos lugares de sus listas electorales, con lo cual disminuyen las probabilidades de su elección. Vale decir, nos encontramos ante un vacío legal con relación a la posición de la lista en que ellas se encuentran, lo cual resulta influyente en el voto ciudadano. Si bien con un ligero aumento de la cuota en el año 2000 se ha permitido que más mujeres participásemos en política, esto aún resulta insuficiente si ello además no entrañara corregir la tara de un poder político disminuido, sin relegarnos a los cargos de menor responsabilidad o especialización.

III. ¿Qué nos queda pendiente?

3.1 Mayor representatividad femenina en los cargos de elección popular y representación

De ahí que no solamente sea necesario incrementar la cuota de género, sino además procurar que las mujeres no se encuentren en los últimos lugares de las listas de candidatos. ¿Cómo puede lograrse esto? No sólo a través de una cuota paritaria (estricta: 50-50; flexible: 40-60), sino también con lo que se conoce como “alternancia de género”, es decir, intercalar a un hombre y una mujer en la lista, desde los primeros lugares hasta agotar el equivalente de la cuota electoral de mujeres. Estas dos medidas (cuota paritaria y alternancia) ya funcionan en Ecuador y Bolivia, y desde el año 2015 existe en Chile un sistema de cuota paritaria flexible (40-60). A través de la propuesta legislativa de la nueva ley de partidos políticos, que forma parte de la actual reforma electoral peruana, se plantea la medida de la alternancia, pero manteniendo la cuota del 30%. Lamentablemente, si bien el grupo parlamentario a cargo de la Reforma Electoral ha planteado que la cuota fuese de 50%, todo parecería indicar que al menos en esta legislatura esta propuesta no prosperaría (LA ROSA, 2017).

Por ello, se hace menester dirigir la mirada a propuestas complementarias que, por ejemplo, otorguen incentivos estatales a los partidos políticos para aumentar el número de mujeres y otorgarles mejores puestos en sus listas, como sucede en Colombia y en Chile (aún en proyecto), sin ir muy lejos. En el Perú, este tipo de incentivos económicos o ventajas financieras para alentar la igualdad de género en los partidos políticos es inexistente (IDEA, 2018: preg. 30 y 31) y, si bien podría ser sometido a un mayor cuestionamiento por implicar fondos públicos, podría ser una medida efectiva si se tiene en cuenta que los partidos políticos necesitan, sobre todo, presupuesto para poder funcionar adecuadamente.

Otra de las medidas complementarias podría consistir en incorporar el “sistema de asientos reservados” o cupos para mujeres, que consiste en reservarnos un determinado porcentaje de asientos en los cargos de elección popular y representación, lo cual sucede en países como Haití o China. Es decir, no solo hablamos de asegurar un cupo mínimo de mujeres en la etapa de la candidatura, sino además en la etapa de elección misma. Por último, otra medida que tiene mucho que ver con garantizar la igualdad de género es la disminución del acoso político, puesto que muchas mujeres –en especial, mujeres jóvenes y/o indígenas– declinan de las candidaturas o de los cargos de elección popular y representación debido a que son constantemente acosadas (ZAMBRANO & UCHUYPOMA, 2015: 94), incluso hasta por los mismos miembros de su partido político.

3.2 Una representatividad con enfoque interseccional

Se sostuvo al inicio que no todas las mujeres sufrimos la misma discriminación. Así, colocábamos como ejemplo que las mujeres blancas no sufren la misma opresión que las mujeres afrodescendientes, incluso si estas últimas gozan de una buena situación económica. Una mirada hegemónica de la defensa de nuestros derechos como mujeres nos concibe como un grupo homogéneo, pero la realidad es otra. Si bien podemos tener objetivos comunes las mujeres indígenas del Amazonas con las mujeres citadinas de Madrid, los sujetos, los contextos y las particularidades de estos contextos son distintos.

Al respecto, cabe precisar que la interseccionalidad es la expresión de un “sistema complejo de estructuras opresión que son múltiples y simultáneas” (CRENSHAW, 1991). Este enfoque constituye una herramienta transversal que permite justamente una aproximación a la multiplicidad y a la simultaneidad de la opresión que sufren las mujeres que poseen un conjunto de identidades diversas y más de una condición que objeto de discriminación (CRENSHAW, 1989).

Esta herramienta reconoce la heterogeneidad de las mujeres, permite entender la complejidad de la simultaneidad de la opresión, y sirve para generar un tratamiento conjunto y no fragmentado de esa multiplicidad, no mediante mecanismos separados (SYMINGTON, 2004, p. 1). Aun así, el enfoque interseccional se pretende mostrar no como una suma o acumulación de opresiones, sino más bien como una interacción, nexo o nudo de los múltiples tipos de discriminación, en donde una determinada condición (pobreza, por ejemplo) afecta de manera distinta a las mujeres en función a diversas categorías (MUÑOZ, 2011, p. 11).

En el ámbito de la representatividad femenina en los cargos de elección popular y representación, esta situación no es ajena y la situación de desventaja es aún mayor para, por ejemplo, las mujeres indígenas, afroperuanas o que poseen alguna discapacidad. Actualmente, en el parlamento nacional solo existe una mujer indígena (Tania Pariona Tarqui), una mujer afroperuana (Leyla Chihuán Ramos) y ninguna mujer con discapacidad ocupando escaños congresales. Así como existe una cuota de género, también existe una cuota indígena (comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios) de 15% y una cuota juvenil (menores de 29 años) de 20%, pero solo para las listas de candidaturas municipales, provinciales y regionales, no para el Congreso de la República ni al Parlamento Andino. Sin embargo, a pesar de esta limitación, la cuota indígena no ha logrado hasta ahora los efectos esperados (JNE, 2017).

Por ello, es importante no solamente incluir el enfoque de género para la reducción de la brecha de género, y para una mayor garantía de nuestra participación política, a través del derecho a tener una mayor y mejor representatividad en los cargos de elección popular y representación. En este ámbito, también resulta vital incluir de manera transversal el enfoque interseccional y el enfoque intercultural, para procurar que las mujeres, que comprendemos un grupo tan heterogéneo, podamos tener igualdad de condiciones no solo con los hombres, sino además entre nosotras mismas, sin importar nuestras condiciones particulares. Como se señaló anteriormente, las mujeres no deberíamos esperar tanto ni sufrir en vano para que nuestros derechos humanos sean reconocidos.


Fuente de la imagen(*): https://diazvillanueva.com/2018/02/17/clara-campoamor-voto-femenino/

Bibliografía

ALBERDI, I., & ALBERDI, I. (1987). La participación política de las mujeres. Leviatán: Revista de hechos e ideas(29-30), 57-62.

ARISTÓTELES. (1934). La Política (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ). (P. S. Abril, Trad.) Madrid: Nuestra Raza.

BACCHI, C. (2006). Arguing for and against quotas. En D. DAHLERUP, Women, quotas and politics (págs. 32-51). New York: Routledge.

BENÍTEZ, C. (2015). Matilde Hidalgo, la mujer que creyó en los derechos de las mujeres. En M. &. MARTÍN, Locas, escritoras y personajes femeninos cuestionando las normas : XII Congreso Internacional del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras (págs. 131-144). Sevilla: ArCiBel Editores.

BONILLA, G. (Agosto de 2007). La Lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derechos. Palobra: Palabra que obra(8), 42-59.

CAFFARENA, E. (1952). Un capítulo en la historia del feminismo. Las sufragistas inglesas. Santiago de Chile: Ediciones del Mench.

CHAPMAN, C., & ROGERS, N. (1923). Woman suffrage and politics. The inner story of the suffrage movement. New York: Charles Scribner’s sons.

CRENSHAW, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. The University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139-167.

CRENSHAW, K. (Julio de 1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.

DUBOIS, E. (1975). The Radicalism of the Woman Suffrage Movement: Notes toward the Reconstruction of Nineteenth-Century Feminism. Feminist Studies, 3(1/2), 63-71.

ESCALANTE, M. (07 de Marzo de 2018). Plataforma de OJO PÚBLICO. Obtenido de País de hombres: Mujeres ocupan solo 21% de los cargos de mayor poder en el Estado: http://ojo-publico.com/632/las-mujeres-ocupan-la-quinta-parte-de-los-mas-altos-cargos-publicos

FLACSO-Chile. (1995). Base de Datos, Mujeres Latinoamericanas en Cifras. Santiago de Chile: Isis Internacional.

FREIDENWALL, L., & KROOK, M. L. (2011). Discursive strategies for institutional reform: gender quotas in Sweden and France. En M. L. KROOK, & F. MACKAY, Gender, politics and institutions. Towards a feminist institutionalism (págs. 42-57). Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.

GOLDMAN, E. (1977). El sufragio femenino. En E. GOLDMAN, Tráfico de mujeres y otros ensayos sobre feminismo (A. BECCIU, Trad., págs. 65-84). Buenos Aires: Anagrama.

IDEA. (2018). Web de International IDEA. Institute for democracy and electoral assistance. Obtenido de Base de Datos de Finanzas Políticas: https://www.idea.int/themes/political-finance

IDEA. (2018). Web de International IDEA. Institute for Democracy and Electoral Assistance. Obtenido de Gender Quotas Database: https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/237/35

INEI. (2017). Perú. Brechas de Género 2017. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

JNE. (23 de Noviembre de 2017). Web del Jurado Nacional de Elecciones. Recuperado el 09 de Septiembre de 2018, de JNE busca efectiva participación política de población indígena en comicios regionales: https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Nota/6282

JNE. (2018). Observa Igualdad, del Jurado Nacional de Elecciones. Obtenido de Las mujeres como candidatas en las elecciones regionales y municipales 2018: https://observaigualdad.jne.gob.pe/pdfs/candidaturas/candidatas_mujeres_ERM2018.pdf

LA ROSA, R. (28 de Octubre de 2017). Web del Diario El Comercio. Recuperado el 09 de Septiembre de 2018, de En minoría: la batalla política de las mujeres: https://elcomercio.pe/politica/minoria-batalla-politica-mujeres-noticia-469426

MANNARELLI, M. E. (1999). Limpias y modernas : género, higiene y cultura en la Lima del novecientos. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

MEERES, F. (2013). Suffragettes: How Britain’s Women Fought & Died for the Right to Vote. Stroud: Amberley Publishing.

MIMP. (2016). Informe de avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley N° 28983. Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

MUÑOZ, P. (2011). Violencias interseccionales: debates feministas y marcos teóricos en el tema de pobreza y violencia contra las mujeres en Latinoamérica. Tegucigalpa: Central America Women’s Network (CAWN).

ONPE. (2016). 60 años del voto de las mujeres en el Perú. Lima: Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE.

POULSEN, K. (23 de septiembre de 2014). ¡Somos ciudadanas! Historia del sufragio femenino en el Perú (1930-1950). Tesis para optar por el título de Licenciada en Historia. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

PRIETO, M., & GOETSCHEL, A. M. (2008). El sufragio femenino en Ecuador (1884-1940). En S. KRON, & K. (. NOACK, ¿Qué género tiene el derecho? Ciudadanía, historia y globalización (págs. 116-142). Berlín: Edición Tranvía – Verlag Walter Frey.

ROJAS, L. (2010). Canto poético a capella de las escritoras peruanas de 1900 a 1960. Lima: Editatú Editores e Impresores.

SPENCER, H. (1899). Las inducciones de la sociología y las instituciones domésticas. Madrid: La España Moderna.

SYMINGTON, A. (Agosto de 2004). Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Derechos de las mujeres y cambio económico Nº 9, 1-8.

VILLAR, E. (1994). Por mérito propio: mujer y política. Lima: Ediciones Flora Tristán.

WEFORUM. (2017). The Global Gender Gap Report 2017. Geneva: World Economic Forum.

YUVAL-DAVIS, N. (1997). Mujeres, Ciudadanía y Diferencia. En E. HOLA, & A. M. PORTUGAL, La ciudadanía a debate (Ediciones de las mujeres, no. 25. ed., pág. 119). Santiago de Chile: Isis Internacional; Centro de Estudios de la Mujer.

ZAMBRANO, G., & UCHUYPOMA, D. (2015). Intersectando desigualdades: participación política de mujeres indígenas a nivel subnacional en el Perú. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – IDEHPUCP.

Referencias

[2] Estos argumentos no distan mucho de los que en la actualidad se emiten para seguir negándonos derechos.

[3] Vienen a la mente los nombres de Emmeline Pankhurst, y sus hijas Christabel y Sylvia; y Emily Davison.

[4]  Así, en el artículo 39º de la Constitución Política ecuatoriana de 1884 se señalaba lo siguiente: “Son electores los ecuatorianos que ejerzan los derechos de ciudadanía”.

[5] Traducción libre del texto original: “I never believed that equal votes would come in my lifetime. But when an impossible dream comes true, we must go on to another”.

[6] Que comprende la presencia de las mujeres en el Parlamento, en los Ministerios y en la presidencia del Estado.

[7] Cabe precisar que no hablamos de privilegios, sino del reconocimiento de derechos y la adopción de medidas que logren en la práctica una situación de equidad.

Escrito por Ileana Rojas Romero

Ileana Rojas Romero

Abogada con menciòn “sobresaliente” por la Pontificia Universidad Católica del Perú; con Diploma en Estudio Internacional en Pueblos Indígenas, desarrollo, participación y consulta (PUCP – IIDS); con Certificación en el Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública (PUCP); y candidata al Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Anteriormente, pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (Washington D.C., U.S.A.); y pre-docente del curso Sociología del Derecho (Facultad de Derecho, PUCP). Con estudios, investigaciones y experiencia laboral a nivel privado y estatal en políticas públicas, gobernabilidad, gestión pública, conflictos socioambientales, interculturalidad, género y derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad (pueblos indígenas, LGTBIQ, mujeres y niñez).

¿Qué opinas del artículo?

comentarios