Ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón

Este es el caso de un cliente que juraba ser inocente pero no tenía como acreditarlo y, menos aún, una coartada verosímil que lo ayude. Esto, debido a que ni él encontraba una explicación lógica a los hechos por los cuales venía siendo juzgado en una provincia de nuestro país. A razón de ello, cuando me solicitó la defensa, estudié el caso y lo compartí con algunos profesionales de mi entorno, quienes al igual que yo se tomaban la frente y sonreían al escucharlo; precisamente por ello, decidí compartirlo con ustedes a través de “el Arte de ser Justo”.

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El Fashion Pact: la moda sostenible se pone de moda

En artículos anteriores, he escrito sobre el movimiento de la moda sostenible, el cual nació en Reino Unido con la diseñadora Kate Fletcher en el 2008 y se expandió a raíz del incendio de una empresa textil en Bangladesh – el 24 de abril de 2013; movimiento que tiene asimismo sus pilares en el respeto de las normas medioambientales y los derechos laborales.

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Derecho a la Salud

El derecho a la salud es un derecho de carácter social, que se encuentra reconocido constitucionalmente en los artículos 7º, 9º y 11º de la Constitución Política del Perú. De esa manera, se deriva que el Estado es el garante prestador y supervisor del servicio por medio de entidades públicas, privadas o mixtas de manera plural y descentralizada.

Por ello, se entiende a la salud no solo como la ausencia de enfermedad o dolencia, sino también como un estado de bienestar físico, mental y social, por lo que es un derecho que guarda relación con la alimentación, agua, no discriminación, prohibición de tortura, entre otros. En ese sentido, la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas ha determinado que su contenido incluye:

  1. La disponibilidad, es decir la provisión de infraestructura, instalaciones de servicios básicos, personal capacitado y medicamentos esenciales;
  2. La accesibilidad, entendida como un acceso sin discriminación, además de una accesibilidad física, económica y de información;
  3. La aceptabilidad, en la que se acepte la cultura de los usuarios; y, finalmente;
  4. La calidad, en la provisión del servicio.

Referencias

Constitución Política del Perú de 1993

Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas

Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres

Luego de celebrar un año más de independencia republicana, es preciso recordar cuánto nos costó a los peruanos y peruanas vivir en democracia. A propósito, todas y todos sabemos que el 5 de abril de 1992 es conocido como el día en que empezó una nueva dictadura en nuestro país, esto debido a que, de manera antidemocrática y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, intervino el Poder Judicial, persiguió a sus opositores, entre otras medidas análogas.  Este quiebre de la democracia generó un terreno fértil para futuras violaciones a derechos humanos, legitimadas por el contexto político convulsionado y la lucha contra los grupos subversivos.

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Presunción de Inocencia de las Personas Jurídicas

En el Perú, la concepción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido siendo objeto de cuestionamiento desde hace más de 10 años. Existían (y posiblemente aún existan) penalistas tradicionales que negaban la posibilidad de algún tipo de responsabilidad, mientras que otros, si bien aceptan su responsabilidad, discutían si esta deviene del injusto basado en la propia culpabilidad de la empresa; o, si esta es el resultado del injusto cometido por una persona natural.

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Derecho al secreto e inviolabilidad de comunicaciones y documentos

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El derecho al secreto e inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados se encuentra previsto en el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución Política de 1993, protegiendo las comunicaciones, telecomuncaciones o sus instrumentos con la posibilidad de ser interceptados o intervenidos con motivación del juez competente de acuerdo a las garantías de un Estado Social y Democrático de Derecho, de lo contrario carecen de un efecto legal. Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional en la sentencia 1058-2004-AA/TC en la cual menciona que la forma en la que se ha obtenido las pruebas ha vulnerado la reserva de las comunicaciones y la garantía de la judicialidad determinando su invalidez. En efecto, el mandato motivado del juez es el límite al ejercicio de este derecho.De acuerdo a la doctrina reconocida y jurisprudencia constitucional, el contenido de las comunicaciones y documentos sólo puede ser conocido por su titular o por aquellas personas con las que se comunica. En ese sentido, el secreto de una comunicación entre determinadas personas pertenece de forma exclusiva a sus participantes, debiendo de ser transmitido con su consentimiento.

Fuente de la imagen: http://www.informaticalegal.com.ar/2013/07/02/la-mania-de-control-sobre-nosotros-mismos/
Referencias
Constitución Política del Perú de 1993
Sentencia 1058-2004-AA/TC
Rubio Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo I. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 1999. Pág. 281.
Separación Convencional
 La separación convencional es un procedimiento en el que ambos cónyuges acuerdan disolver su vínculo matrimonial.
En el Perú, el Código Civil exige el transcurso de un plazo de 2 años luego de la celebración del matrimonio. Asimismo, la Ley N° 29227, la cual regula el denominado “Divorcio Rápido” o Procedimiento no contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior establece que como primer paso para obtener un divorcio es necesario la separación convencional, la cual puede ser tramitada ante un notario o en una municipalidad provincial o distrital.

Referencias

Cabello Matamala, Carmen Julia. “El Divorcio en el derecho peruano”. En Ángel Acedo Penco & Leonardo B. Pérez Gallardo (coord.), El divorcio en el Derecho Iberoamericano, Madrid, Fondo Editorial REUS S.A, 2009.
Cam Carranza, Guillermo. “Separación convencional y divorcio ulterior en vía notarial y municipal”. En Cam Carranza, Zarate del Pino y Pérez Gallardo. El divorcio Notarial y la evolución de las instituciones. Lima, Fondo Editorial Arco Legal, 2008.
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