Migrante
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A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del término “migrante.” Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de salir de un país es tomada libremente por la persona concernida por “razones de conveniencia personal” y sin intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, así como sus perspectivas y las de sus familias. 
Por otro lado, se conoce como “migrante calificado” al trabajador que por sus competencias recibe un tratamiento preferencial en cuanto a su admisión en un país distinto al suyo. Por esas razones, está sujeto a menos restricciones en lo que respecta a la duración de su estadía en el país receptor, al cambio de empleo y a la reunificación familiar.

(*)Fuente de imagen: La Jornada
[1]  http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf

Protección Complementaria

Venezuela, Perú, Mmaduro, migrantes, refugiados
La protección complementaria hace referencia a los mecanismos legales que tienen como fin otorgar protección a aquellos que si bien no cumplen con los requisitos para ser refugiados; de igual manera necesitan protección internacional. Ello debido a que, de retornar a su país, se verían expuestos a peligros, como la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.[1]
Así, la protección complementaria tiene como fin regularizar la situación de aquellas personas que no cumplen con la condición de refugiados; fin basado en la obligación general de la no devolución, la cual se encuentra regulada en el Art. 22 (8) de la Convención Americana de Derechos Humanos- CADH:
“En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.
Finalmente, de acuerdo a la Opinión Consultiva 21 de la Corte IDH; el principio de no devolución es exigible para cualquier persona extranjera. En cuanto al riesgo en mención, este debe ser real; es decir, previsible. Por ello, las autoridades del país deben hacer un análisis personalizado e individualizado de cada caso en concreto. [2]

(*) Imagen: César Mejías. http://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/8402/Peru-se-ha-convertido-en-el-pais-mas-acogedor-para-los-migrantes-venezolanos-Esta-es-la-razon/
[1] ACNUR. Protección de Refugiados en América Latina: Buenas Prácticas Legislativas: 28. Buena práctica:
Protección complementaria y visas humanitarias.
[2] Opinión Consultiva 21, 19 de agosto de 2014, Párraf. 219 y 221

Medidas normativas para contrarrestar riesgos en el uso de la tarjeta de crédito

De acuerdo a los reportes estadísticos de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), nuestro país cuenta con 8,091,375 de tarjetahabientes[1]. Por su parte, los reportes estadísticos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), revelan que el 43.28% de los reclamos que se presentan a nivel nacional recaen sobre servicios bancarios y financieros[2], siendo la tarjeta de crédito el producto más reclamado.

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Indignidad

DERECHO-SUCESORIO

El término procede de la palabra latina “ereptorius a um”, que significa lo que debe ser quitado o arrebatado. Entiéndase como la exclusión impuesta por decisión judicial debido a que una persona ha cometido inconductas contra el causante o sus parientes próximos y como consecuencia queda fuera de la herencia.
Se traduce en una suerte de pena civil expedida por la autoridad judicial, es importante resaltar, la indignidad no procede por decisión propia del causante ni de los herederos, si no que necesariamente debe provenir de una decisión judicial que termina excluyendo de una sucesión a la persona que ha cometido la falta tipificada por la ley.
El fundamento que explica la indignidad sucesoria radica en el respeto y gratitud que debe guardar todo posible sucesor hacia su causahabiente. La doctrina agrega una suerte de moral pública que el Derecho debe tutelar: cumplimiento de los deberes morales tanto de los cónyuges como de los padres e hijos recíprocamente, para ello fija esta sanción de privar de la herencia a quien incumple estos deberes.

AGUILAR, Benjamín. Derecho de sucesiones. Lima: Ediciones Legales, 2011. Segunda Edición. Pp. 71-74.
Santiago Nino y los derechos fundamentales en Latinoamérica

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Carlos Santiago Nino es, probablemente, el filósofo del derecho latinoamericano más conocido y respetado alrededor del mundo. Nació en Buenos Aires en 1943, curso leyes en la universidad de Buenos Aires, tras esto llevo a cabo un doctorado en la Universidad de Oxford en 1977.

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