La Expropiación
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La expropiación consiste en la privación de la propiedad por causa de necesidad pública o seguridad nacional, autorizada por ley, previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.
Así, la expropiación debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos. En primer lugar, la expropiación debe fundamentarse necesariamente en las causales de seguridad nacional o necesidad pública. La seguridad nacional tiene que ver con la protección a la sociedad y al Estado de las amenazas exteriores (por ejemplo, guerra con países vecinos); mientras que la necesidad pública es un concepto que tiene relación con la indispensabilidad para la sociedad en su conjunto de hacer o no hacer determinada cosa, en otras palabras, por razones que beneficien a toda la comunidad en general (por ejemplo, la construcción de carreteras de trazo recto, que por su carácter de necesidad pública se hace indispensable la expropiación de propiedades ajenas que se encuentran en el trazo de la nueva vía de comunicación)[1]. En segundo lugar, estas causales que fundamentan la expropiación deben ser declaradas por Ley del Congreso de la República. En tercer lugar, deberá pagarse en efectivo y de manera previa una indemnización justipreciada al titular del derecho expropiado, que podrá incluir la compensación por eventual perjuicio. La indemnización justipreciada es el precio que el expropiante deberá otorgar al expropiado en compensación por forzar la transferencia de su propiedad. Esta comprende lo siguiente: i) el valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien que se expropia y ii) la indemnización por el eventual perjuicio, que comprende únicamente al lucro cesante y daño emergente, siempre que se encuentren acreditados o cuenten con un informe debidamente sustentado.

Fuentes:
  1. BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993, Análisis Comparado”. Lima: Konrad Adenauer. 1996.
  2. Decreto Legislativo N° 1192, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

 

Asociación público privada

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Las Asociaciones Público Privadas (APP) son modalidades de participación de la inversión privada; en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos contractuales permitidos por el marco legal vigente, entre los cuales están de manera enunciativa; la concesión, asociación en participación, contratos de gerencia, joint venture, outsourcing, etc.
Según se demanden o no recursos públicos para los proyectos de Asociaciones Público Privadas, estas se pueden clasificar en autofinanciadas o cofinanciadas: (i) en las APP autofinanciadas existe una demanda mínima o nula garantía financiera de parte del Estado, y las garantías no financieras tienen una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de recursos públicos; (ii) en las APP cofinanciadas existe asignación de recursos públicos para el financiamiento del proyecto, u otorgamiento o contratación de garantías financieras y no financieras que tienen una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos públicos.
Según quién es el proponente que identifique el proyecto de Asociaciones Público Privadas, estas se pueden clasificar en AAP de iniciativa pública, en el que el proponente es alguna entidad del Gobierno Nacional, Gobierno Regional Gobierno Local, conforme la normativa vigente; y APP de iniciativa privada, en el que la identificación del proyecto de APP tiene su origen en uno o más inversionistas privados.

Fuentes:
  1. Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
  2. Decreto Legislativo N° 1251, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
  3. SHACK, Nelson. Macroeconomía del Desarrollo: Reformas de gasto público y crecimiento económico. El caso de las Asociaciones Público-Privadas en el Perú y la inversión “impulsada”. Santiago: Naciones Unidas. 2016.
Rectificación
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Fuente de imagen: Jurisprudencia Registral Perú
La rectificación es el acto por el cual se procede a corregir inexactitudes inscritas en los asientos registrales. Como señala la Oficina General de Comunicaciones – SUNARP “Una inexactitud registral está definida como el desacuerdo existente entre lo registrado y la realidad. Esta situación puede presentarse por la existencia de errores materiales o de concepto ocurridos al momento que el registrador público extiende el asiento de inscripción de un determinado título”.
Las rectificaciones se producen, como establece el Reglamento General de los Registros Públicos en el artículo 76, a solicitud de parte, cuando existe error material, o de oficio, cuando el Registrador advierte que no puede realizarse la inscripción de un acto si previamente no se rectifica el error existente.
La rectificación surte efecto desde la fecha de la presentación del título que contiene la solicitud. En el caso de la rectificación de oficio, surte efecto desde la fecha en que esta se realice.

Bibliografía:
  1. (17/05/2017). Errores materiales pueden rectificarse electrónicamente. OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES – SUNARP.
  2. Reglamento General de los Registros Públicos.

DECLARATORIA DE FÁBRICA

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Fuente: Aureli@ Sunarp

La declaratoria de fábrica es la inscripción de las edificaciones en el registro de predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Por medio de este procedimiento se genera el reconocimiento legal de las edificaciones construidas. La declaratoria de fábrica considera tanto las edificaciones levantadas, modificadas, ampliadas, remodeladas o demolidas.

La declaratoria de fábrica resulta por iniciativa del usuario. A través de la solicitud, presentación de documentos y planos que cumplan con las formalidades requeridas por ley y el pago correspondiente, se procede con la calificación por los Registradores Públicos para su posterior inscripción. Puesto que a través de la inscripción se produce la publicidad  registral, es necesaria la exactitud de las características y condiciones de la edificación declaradas por el usuario; en ese sentido; toda modificación, ampliación, remodelación o demolición que se realice sobre la propiedad, debe ser declarada y actualizada.

El artículo 4° del D.S. 035-2006-Vivienda señala que el reconocimiento legal de inscripción se produce en edificaciones ubicadas en predios urbanos, terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana con construcción simultánea, y predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentren como urbanos en la Municipalidad correspondiente e inscritos como rústicos en el Registro de Predios.

Cuando la declaratoria de fábrica se refiera a inmuebles constituidos por bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común o servicios comunes, deberá adjuntarse el respectivo reglamento interno y la nominación del presidente y/o de la primera directiva de la junta de propietarios, así como la independización, de ser el caso, con los planos correspondientes.


Bibliografía:

Posesión mediata e inmediata
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Para que exista una relación jurídica de posesión mediata e inmediata es indispensable que exista un título.
El poseedor inmediato es quien, en virtud de un título y de manera temporal, realiza un acto posesorio sobre un bien que no es de su propiedad. Por lo tanto, al término del plazo, el poseedor mediato está obligado a devolver el bien.
El poseedor mediato es quien entrega temporalmente el bien que, normalmente, es de su propiedad. Este, es reconocido como dueño por el poseedor inmediato.

AVENDAÑO, Jorge y AVENDAÑO, Francisco. (2017) Derechos Reales. Fondo editorial PUCP – Colección lo esencial del Derecho 1.
Responsabilidad extracontractual

Responsabilidad-Extracontractual

Una responsabilidad extracontractual consiste en la asunción de responsabilidad civil en casos en los cuales no existe una relación jurídica entre los agentes involucrados. En otras palabras, es el deber de cumplir con resarcir un daño sin la existencia de un vínculo previo, en donde prima la responsabilidad civil objetiva.
Esta responsabilidad no se refiere al cumplimiento de una obligación de consentimiento y previo conocimiento, sino que involucra el cumplir un deber. De esta forma lo menciona Bustamante: “Esta clase de responsabilidad es independiente de una obligación preexistente y consiste en la violación no de una obligación concreta sino de un deber genérico de no dañar; siendo así, la culpa extracontractual es fuente de una obligación nueva”[1].
De esta manera, en dicha responsabilidad se involucra el factor de riesgo por el sentido de deber para no producir una omisión o violación “Nos referiremos en concreto, entonces, a la responsabilidad extracontractual como escenario dentro del cual se ha desarrollado en forma decidida la teoría del riesgo (desarrollo que podría verse incrementado en el futuro cercano) y pueden verse con mayor facilidad los alcances de la teoría de la imputación objetiva”[2].

[1] Cfr. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 1997, pág. 85.
[2] AA.VV. Centenario del Código civil, t. 2. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1990. pp.1561-1592, citado por YZQUIERDO TOLSADA, Mariano. Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Madrid: Dykinson, 2001. p. 218.
Alfonso García Robles
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Alfonso García Robles es un jurista mexicano, nacido en el estado de Michoacán en el año 1911.  Cursó estudios de derecho en la Universidad Nacional de México. Especialista en derecho internacional, reconocido por la Universidad de Paris en el año 1936, unos años más tarde se le otorgó el diploma de la Academia de Derecho Internacional de la Haya.
Al regresar a su país, luego de culminar sus estudios en Europa, es declarado diplomático en México, para luego ser embajador en Estocolmo.  En 1941 ocupa el cargo de subdirector de Asuntos Políticos del Servicio Diplomático. Uno de los logros más importantes de su carrera fue participar en las comisiones internacionales destinadas a sentar las bases de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
García Robles supervisaba los asuntos políticos y la solución de conflictos frente de la organización. Representó a la ONU en la conferencia de Bogotá, donde conoce y contrae matrimonio con Juana María Szyszlo, funcionaria peruana de la ONU. Uno de los principales promotores para la desnuclearización de América Latina, que concluyó con la firma del tratado de Tlatelolco, Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (1967).
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