Legítima Defensa
De acuerdo con el artículo 2 inciso 23 de la Constitución Política del Perú, la legítima defensa, vista desde un ámbito individual, es un derecho fundamental en que cada persona puede proteger sus bienes jurídicos contra la agresión ilegítima de un tercero. Es decir, una persona no tiene por qué permitir una agresión ilegítima siempre y cuando su actuación para repelerla sea la menos gravosa posible. Esta figura jurídica está estrechamente vinculada con el derecho a la vida ya que se presenta como una excepción válida, una privación constitucionalmente aceptada del derecho a la vida. En ese sentido, la privación de la vida de una persona está permitido si es que la única vía disponible para salvaguardar la vida en cuestión.
Su resolución se remite a la vía judicial, donde es crucial que el juez verifique si realmente se dio los requisitos de la legítima defensa: la agresión ilegítima de un tercero, la defensa necesariamente racional y la falta de provocación suficiente, para que, de ese modo, se pueda eximir de responsabilidad penal al que ejerce este derecho. En ese sentido, desde el campo del Derecho Penal, se plantea a la legítima defensa a partir del principio de protección de los bienes jurídicos individuales propios y de terceros y del principio del mantenimiento del orden público. Sin embargo, la esfera punitiva no es el único campo del Derecho en el que se desarrolla, también, la legítima defensa; en materia de Derechos Reales, se presenta también la defensa posesoria como un expresión de esta.

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Bibliografía
ALVITES, Elena
2017 “Derecho a la vida”. Material del curso de Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional. Lima: Pontificie Universidad Católica del Perú.
MONTOYA, Iván
2017 “Legítima Defensa”. Material del curso de Teoría del delito. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
REVILLA, Percy
2013 “Derecho a la legítima defensa”. La Constitución comentada. Lima: Gaceta Jurídica, pp.341-349.
Derecho a la Libertad de Creación Intelectual, Artística, Técnica y Científica
Según lo señalado en el artículo 2 inciso 8 de la Constitución Política del Perú, se reconoce el derecho a crear y el derecho a la cultura.
Por un lado, se abarca de manera extensa la protección de los derechos intelectuales, los cuales velan por los bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido creativo. Los derechos intelectuales tienen, bajo su rango de acción, los derechos de autor, los cuales protegen la obra y los derechos anexos, y los derechos convencionales, los cuales protegen el invento, el modelo de utilidad y el diseño industrial de un inventor. Los derechos patrimoniales de las obras o inventos pueden ser transferibles a personas naturales o jurídicas según las disposiciones legales; los herederos también pueden ser titulares de estos derechos patrimoniales. Asimismo, se debe tener en cuenta que la creación de una obra o el descubrimiento de un invento puede ser también un trabajo conjunto entre varias personas, entendiéndose que cada uno de ellos le corresponde el mismo derecho.
Por otro lado, desde un contexto democrático, la idea de cultura se entiende en un sentido amplio; es todo aquello que abarque costumbres, representaciones, expresiones, conocimientos o técnicas de una determinada sociedad que se transmite a través de diversas generaciones. En esa línea, el derecho al acceso de la cultura es un derecho que busca el desarrollo íntegro de cada comunidad. Un desarrollo que está estrechamente vinculado con los derechos intelectuales ya que la cultura se enriquece mediante el acceso del trabajo de diversos creadores o inventores.

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Bibliografía
FERREYROS, Marysol
2013 “El derecho a crear y el derecho a la cultura”. La Constitución Comentada. Lima: Gaceta Jurídica, pp.194-199.
MINISTERIO DE CULTURA
¿Qué es patrimonio cultural? Consulta: 17 de octubre de 2017.
https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tablaarchivos/04/1manualqueespatrimonio.pdf
El principio de Libre Acceso
El principio de Libre Acceso consiste en que la actuación del OSIPTEL deberá orientarse a garantizar a las empresas operadoras y a los usuarios, el libre acceso a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, siempre que se cumplan los requisitos legales y contractuales correspondientes.
Fuente: Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.
DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN
Este derecho comprende la libertad de movimiento de una persona dentro del territorio nacional sin ningún impedimento, así como también la posibilidad de elegir libremente su residencia y en el ámbito internacional el derecho a salir del país. El derecho de circulación y residencia trasciende al ejercicio de este derecho en el territorio del cual se es nacional o residente y comprende también el derecho de asilo, figura por la cual se permite al individuo acogerse a la protección de otro Estado frente a una situación de persecución por motivos raciales, políticos, raciales, religiosos, nacionales o pertenencia determinado grupo social o ante situaciones de violencia generalizada o violación masiva de derechos humanos en su país de origen.

[1]Fuente de la imagen: http://aulasabiertas.net/wp-content/uploads/2017/07/Libre-circulaci%C3%B3n-imagen.jpg
[2]Bibliografía: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/022-ricart-circulacion-y-residencia-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf
Ordenación forestal sostenible
La ordenación forestal sostenible es un proceso que consiste en el manejo de un bosque para lograr objetivos de ordenación definidos con respecto a la producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales sustentables, sin reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y sin causar ningún efecto indeseable en el entorno físico y/o social.
Significa que las actividades forestales no deben causar daños que reduzcan significativamente la capacidad del bosque para proporcionar productos y servicios. Asimismo, tiene como objetivo  ser el equilibrio entre las necesidades de los diferentes usuarios del bosque de modo que sus beneficios y costos se distribuyan equitativamente.

Referencias
 http://www.itto.int/es/sustainable_forest_management/
Patrimonio Forestal Nacional
El patrimonio forestal nacional constituye toda la riqueza forestal natural, las tierras forestales, la flora y fauna silvestre existente en el territorio nacional, incluyendo sus recursos energéticos asociados que redunden, de acuerdo con sus condiciones propias, en la protección, conservación y producción de la propia riqueza.

Referencias
http://www.diccionariomedioambiente.org/DiccionarioMedioAmbiente/es/definicionVer.asp?id=627
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/ley-forestal.pdf
Derecho a la integridad física

El derecho a la integridad física se refiere a la protección que se le debe a la persona de sufrir ataques que pueden lesionar su cuerpo y que no sea propio de su consentimiento. Este derecho implica la abolición de tratos degradantes o inhumanos. Asimismo, debemos recordar que la agresión también puede darse de forma activa u omisiva que generan una situación de riesgo o menoscabo. Según el tribunal europeo se configura a partir de dos dimensiones: el primero, protegería de ataques dirigidos a su propio cuerpo, y segundo, proscribe toda intervención que en el careciese de consentimiento.
La anterior descripción se colige con el pronunciamiento del TC peruano al decir que “la integridad física presupone el derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano; y por ende, a preservar la forma disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en general, la salud del cuerpo”.

(*) Fuente de la imagen: http://robertjrgraham.com/personal-integrity-goals/
Referecnias Bibliográficas
[1] 2004 Expediente N° 02333-2004. Sentencia:12 de Agosto del 2004. Consulta:20 de octubre del 2017.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02333-2004-HC%20Resolucion.html
[2] 2015 “Health protection and the right to physical integrity in crisis times”. Revista de Derecho UNED. pp. 1265-1292.
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