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Es la potestad de todo empleador quien, en virtud de su poder de dirección, puede unilateralmente introducir modificaciones no esenciales de las condiciones de trabajo. Entiéndase por modificaciones no esenciales o no sustanciales aquellas que no alteran los aspectos fundamentales de la relación laboral.
La potestad del empleador se encontraría limitada ya que no se contempla, legalmente, el procedimiento para modificar las condiciones de trabajo, pero, así también, el trabajador se encontraría en una situación de indefensión por esa falta de regulación.
En nuestro ordenamiento, el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral sostiene: “El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo.” Este artículo parecería ser una abdicación del Estado en favor de las facultades del empleador, sin embargo, la doctrina laboral concuerda en que debe aplicarse razonablemente en situaciones extraordinarias (ej: por necesidad del centro de trabajo) y siempre que converja acuerdo entre las partes laborales.

Fuentes:
TOYAMA, Jorge. Modificación de condiciones de trabajo: entre el poder de dirección y el deber de obediencia. Pp. 172 – 175.
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Principio Solven et Repete: también conocido como “Pague primero, reclame después”. Consiste en que el contribuyente, para ejercer su derecho a la defensa y poder oponerse en el proceso administrativo ante la SUNAT, y hasta ante el Poder Judicial, debe desembolsar una deuda tributaria frente a un valor reclamable que conste en una Resolución.
Es un privilegio del fisco (o administración), cuya finalidad es proteger las finanzas públicas. Asì, se configura como una valla contra los contribuyentes de mala fe que, en el medio de una controversia, obstaculicen la recaudación tributaria.
En nuestro ordenamiento, el principio solven et repete es reconocido en el artículo 136 del Código Tributario, el cual establece que para interponer reclamación contra la Resolución de Orden de Pago es requisito acreditar el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria actualizada.

Fuentes:
TRUJILLO MEZA, Julio César. La administración tributaria y el principio del “solve et repete”. Revista de la Facultad de Ciencias. Vol. 22 N° 41 (2014) Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Renuncia al patrocinio
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La renuncia al patrocinio implica, a grandes rasgos, el desistimiento de la defensa del cliente por parte del abogado.
Este supuesto se encuentra regulado en el Código de Ética del abogado vigente. En el capítulo III, se establece dos formas de renuncia: la obligatoria y la facultativa.
La renuncia obligatoria se encuentra regulada en el Art. 21 del Código, en el cual, se establece una serie de supuestos bajo los cuales el abogado debe renunciar: a) cuando sea de su conocimiento que los fines o medios son ilegales, b) cuando sobrevenga un conflicto de intereses con el cliente y cuando, c) en el marco de un proceso judicial., la autoridad ordene la renuncia del abogado de oficio. Siendo ello así, para el Código, estos tres supuestos obligan de manera directa al abogado a renunciar. Es bastante claro el carácter que tiene este tipo de renuncia, dado que su propio nombre lo describe: obligatorio.
La renuncia facultativa se encuentra regulada en el Art. 22 del Código. Esta renuncia es aquella que le da un marco de discrecionalidad al abogado, dado a que bajo los siguientes supuestos que no se encuentran abordados en el art. 21, se cree que es el abogado quien tiene un mejor criterio para renunciar o no. Siendo ello así, se establecen seis supuesto de manera expresa; sin embargo, ello no resulta una lista taxativa, dado a que en el literal g), se establece que la renuncia procede por decisión propia, sin expresión de causa. Es en este último punto donde debemos detenernos.
Este último literal, el cual señala que puede renunciar sin expresar causa, nos permite afirmar que el abogado tiene libertad para terminar el patrocinio. Sin embargo, no podemos afirmar que tenga una “entera libertad”, dado que ello implicaría una acción irresponsable del abogado, lo cual desnaturalizaría la renuncia. Así pues, el Código si bien permite la renuncia sin expresión de causa alguna, esta se encuentra sometida a una suerte de directrices a seguir para realizar el mismo.
Así, el art. 23 regula las condiciones para la renuncia. Entre estas, se encuentra que se debe comunicar con debida antelación, cooperar con la entrega de documentos, facilitar otro abogado, el reembolso dela adelanto de honorarios, entre otros. Bajo estas condiciones, resulta claro que lo que se busca a su vez, es no perjudicar al cliente. En ese sentido, el Código salvaguarda el interés del cliente.  Además, se debe entender de una manera realista. Es decir, es inevitable causar un perjuicio al cliente por la renuncia: ya sea por el probable costo de información para la búsqueda de otro, por el ritmo del proceso, entre otras posibilidades; sin embargo, a través de este artículo, lo que se busca es causar el menor perjuicio posible para el cliente[1].

[1] BOZA, Beatriz y CHOCANO, Christian. “Renuncia al patrocinio: La conclusión del encargo”. En: Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Ética y Responsabilidad del Profesional en Derecho. Lima: THEMIS, 2008, p. 10.
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Protección Diplomática: La protección diplomática se da cuando un particular, sea persona natural o jurídica, sufre un daño por otro Estado.  Bajo ese supuesto, el particular no podrá plantear una demanda por no tener capacidad procesal; por lo cual, planteará reclamación interna contra Estado infractor. Cabe resaltar que debe agotar todos los recursos internos.
Existen dos características determinantes de la protección:
a)Discrecional: Es un derecho del Estado, no del individuo, dado a que el Estado puede otorgar la protección como no.
b) Disponibilidad: Si el Estado Nacional en su reclamación gana, la reparación va para el Estado. Sin embargo, en la práctica, el Estado deduce los gastos y lo hace a título gracioso.
Frente a ello, surgirán dos posibilidades:
  1. Que el particular se vea satisfecho. Por ejemplo, le den una indemnización.
  2. Que el particular sienta que su pretensión no ha sido satisfecha. En ese caso, el particular va a solicitarle a su propio Estado Nacional la protección Diplomática.
De encontrarse en el supuesto 2, surgen otras dos posibilidades:
2.1 Que el Estado le niegue la protección
2.2 Que el Estado le conceda la protección
Es en este último supuesto en el que el Estado realiza el endose, puesto que hace suya la reclamación internacional. De esta manera, desplaza al individuo y hace suya dicha reclamación. Es de esta forma que el Estado plantea una reclamación Internacional donde se enfrente Estado contra Estado.
Estudio de Impacto Ambiental:
Es uno de los pasos o piezas de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Consta de un documento único que expone de forma accesible todos los detalles importantes de un proyecto a realizar, tales como la descripción del entorno, identificación de posibles impactos y valoración, entre otros, para cada alternativa.  Debe ser redactado preferentemente por un equipo multidisciplinario de técnicos expertos que no dejen lagunas de información. El EIA debe realizarlo y financiarlo el promotor del proyecto, demostrando que no producirá daños ambientales.
Evaluación Ambiental Estratégica:
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es el equivalente al EIA en tanto es aplicada a los instrumentos de planificación que preceden al proyecto en los procesos de toma de decisiones. Ambos son instrumentos preventivos de gestión ambiental; sin embargo, la EAE puede diferenciarse debido a que cuenta con un nivel de abstracción mayor, un enfoque adaptativo que inserta el “hecho ambiental” desde el inicio, y una visión integral que entiende conjuntamente los factores económicos y sociales. Es entendible cómo el proceso para considerar los impactos ambientales de Políticas, Planes y Programas (PPP) en los niveles más altos de abstracción tiene el propósito de alcanzar un desarrollo sostenible.

Fuentes:
GARMENDIA, Alfonso. “Evaluación de Impacto Ambiental”. 2015.
GOMEZ, Domingo. “Evaluación Ambiental Estratégica: Un instrumento para integrar el medio ambiente en la formulación de políticas, planes, y programas”. 2014.

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daño ambiental: entendido como aquel ocasionado a un patrimonio colectivo que afectará siempre a una mayoría de personas. Genéricamente, el daño ambiental tiene dos supuestos: un daño patrimonial y uno propiamente ecológico. El primero es en perjuicio de la propiedad pública o privada, son daños infringidos a bienes tangibles que son parte del patrimonio de personas físicas o jurídicas. En el segundo supuesto, el daño propiamente ecológico, no resulta dañada una posesión concreta, sino nuestro patrimonio más importante, es decir, nuestro entorno[1]
Por otro lado, el daño ambiental debe diferenciarse del daño ecológico. Este último es la interrupción o alteración de un servicio prestado por los activos naturales[2]. En cuanto a su gravedad, se puede sostener que el daño ecológico es mayor, ya que las consecuencias son menos aparentes pero más letales. El daño ambiental, por otro lado, está referido en mayor medida a las afectaciones de bienes concretos. El punto de quiebre entre ambos conceptos es que lo afectado sea tangible.

[1] CASTAÑÓN DEL VALLE, Manuel. “Valoración del daño ambiental”, p. 29-30.
[2] MATERO RAMÓN, Martín. “Valoración de los daños ambientales”, p. 59.
Fuente de la imagen: Diario Perú 21

FACHADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE LIMA

Apelación per saltum: Es un recurso impugnatorio de carácter extraordinario, que procede solo en casos taxativos dados por ley, lo que implica que no proceda este mecanismo de impugnación en todas las resoluciones judiciales.
En ese sentido, la apelación per saltum requiere:
1) La existencia de una estimatoria constitucional emitida en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional;
2) El incumplimiento o inejecución de lo ordenado por la estimatoria constitucional;
3) La solicitud de ejecución presentada por el demandante favorecido con la estimatoria constitucional;
4) La existencia de una resolución judicial emitida por el Juez o Sala correspondiente, por la cual se declare cumplida y ejecutada la estimatoria constitucional y concluido el proceso, salvo que se trate de un supuesto de omisión absoluta, en el cumplimiento de la sentencia constitucional.

Fuente consultada: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00013-2013-Q%20Resolucion.pdf
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