Concesión administrativa
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La concesión, como técnica de intervención, se reserva solo a supuestos en los que la Administración Pública no puede ceder totalmente la actividad a la libre iniciativa privada, en la medida que el interés público sobre la misma es tal que debe ser garantizado en forma permanente por el Estado. Es así que la concesión administrativa se configura como una relación jurídica pública, a través de la cual el Estado otorga por un tiempo determinado la gestión de una actividad, manteniendo la titularidad respecto de dicha actividad por la publicatio, y asumiendo un rol de control y regulación permanente sobre el concesionario

Fuente de la imagen: https://www.ineaf.es/tribuna/ejemplo-de-activos-revertibles-en-las-concesiones-administrativas/
Referencias: Zegarra Valdivia, Diego. Curso de Derecho Administrativo 2, 2016-2. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Concurso real de delitos

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Se presenta cuando el sujeto realiza varias acciones punibles de las que se derivan la comisión de otras tantas infracciones penales. En esta figura concurren varias acciones o hechos, cada uno constitutivo de un delito autónomo, que proviene de un mismo agente y que son enjuiciables en el mismo proceso penal. [1]
La característica principal del concurso real es que existen pluralidad de acciones, teniendo como requisitos los siguientes elementos: (i) pluralidad de acciones; (ii) pluralidad de lesiones de la ley penal; (iii) una unidad de sujeto activo y la unidad o pluralidad del sujeto pasivo; (iv) que sea juzgado en un mismo proceso penal.[2]
Base legal:
Artículo 50.- Concurso real de delitos
     Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta

Fuente de la imagen: https://enfoquejuridico.org/2015/04/02/concurso-de-delitos/
[1] Villavicencio Terreros, Felipe. Derecho Penal- parte general. Grijley. Lima. 2013. P. 702-703.
[2] Ob. Cit

Principio de Libertad de Forma

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Este principio dicta que las partes de un negocio jurídico pueden escoger la forma que deseen para la celebración de su contrato, a menos que la ley diga lo contrario. Así, en un ordenamiento subsisten formas facultativas y formas obligatorias. Cuando la ley designa una forma como obligatoria, lo cual en el ordenamiento peruano se distingue por estar expresamente indicado  en el texto: “bajo sanción de nulidad”, se dice que la forma es ad solemnitatem. Cuando, por el contrario, la ley no señala que exista una forma específica necesaria para la validez del negocio jurídico, se dice que la forma es ad probationem.
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Hecho administrativo: Es una forma jurídica administrativa y consiste en acciones materiales en las que está presente el ejercicio de la función administrativa del poder. Se trata de sucesos fácticos, apreciables a los sentidos, y que pueden producir efectos jurídicos.
Los hechos administrativos pueden requerir de personas naturales que los realicen, pero no siempre será así en tanto existen una amplia diversidad de manifestaciones. Podemos encontrar un ejemplo sencillo de esta clase forma jurídica administrativa en un acto tan cotidiano como un policía dirigiendo el tránsito.

Fuente: Curso de Derecho Administrativo 1 dictado por el Dr. Ricardo Salazar, 2015-1, Facultad de Derecho de la PUCP.
Contrato de Prestaciones Recíprocas

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Estamos frente a este tipo de contrato cuando las obligaciones creadas a partir de él nacen y se desarrollan de manera interdependiente, es decir, ambos centros de interés deben cumplir sus obligaciones de manera recíproca, cada prestación viene seguida de una contraprestación, y no es necesario que cada parte saque una ventaja, si no que se mantengan la correlación de obligaciones.
En el Código Civil encontramos referencias en los artículos 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432 y 1433 que tratan la resolución y la recisión de un contrato de prestaciones recíprocas.

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Armas de fuego de seguridad y vigilancia: Cuando hablamos de armas de fuego de seguridad y vigilancia nos referimos a aquellas armas que son utilizadas dentro del rubro de la seguridad privada y son autorizadas por las entidades dedicadas a su regulación. El hablar de seguridad privada implica el servicio especial que se le otorga tanto a personas como también a empresas, esto con la finalidad de proteger sus derechos e intereses.

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Seguridad ciudadana: como concepto, engloba todas aquellas acciones realizadas por el Estado para que las personas naturales y jurídicas puedan ejercer de forma libre sus derechos, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales. Asimismo, implica una colaboración de la ciudadanía para lograr una convivencia pacífica y la prevención de la comisión de delitos y faltas, como también el desarrollo integral y equilibrado de la nación. La definición de seguridad ciudadana se desprende de los artículos de la constitución vigente, artículos 1, 2 numeral 22 y 24 y el 44.[1]

[1] CONGRESO DE LA REPÚBLICA
2003  Ley N.o 27933. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. Lima, 28 de enero.

 

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