amparo

Residualidad (de la Acción de Amparo):Calificamos una acción de residual cuando se está obligado a agotar todas las demás vías o mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico para poder recurrir a ella en busca de una finalidad. Ello “supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente”[1].
El carácter residual supone, como el Código Procesal Constitucional peruano ha establecido, una suerte de “segundo filtro” en la admisión y procedencia de la Acción de Amparo para que no existan otras vías procesales o procedimentales que resulten igualmente satisfactorias para la adecuada protección del derecho[2].

 [1] BURGOA, Ignacio. “El juicio de amparo”. 40°ed., Porrúa, México, 2004, p. 283. En: ABAD, Samuel. “Amparo y residualidad: Los cambios introducidos y su desarrollo jurisprudencial”.
[2] EGUIGUREN, Francisco. “El amparo como proceso «residual» en el Código Procesal Constitucional peruano: una opción riesgosa pero indispensable”. En: Pensamiento Constitucional. Vol. 12. N°12, 2007, p. 234.
Sinalagma genético y funcional: “Se considera que existe sinalagma genético cuando las obligaciones nacen unidas por un vínculo de reciprocidad, que determina que al momento de celebrarse el contrato cada parte asume su respectiva obligación motivada por la seguridad de que esas obligaciones son inseparables (…). El sinalagma funcional radica precisamente en que estas prestaciones, cuyo efecto tiene su causa también en la celebración del contrato, estén asimismo recíprocamente vinculadas para que deban ejecutarse simultáneamente si no se garantiza su oportuna ejecución.
El sinalagma genético es, en realidad, un problema de asunción de obligaciones vinculadas recíprocamente, lo cual se realiza mediante la celebración del contrato. El sinalagma funcional, en cambio, es un problema de cumplimiento de tales obligaciones mediante la ejecución de las respectivas prestaciones, asimismo vinculadas recíprocamente.
El contrato recíproco, tal como lo entiendo, es apto para generar tanto el sinalagma genético, mediante la creación de obligaciones recíprocas, cuanto el sinalagma funcional, a través del establecimiento de la relación jurídica obligacional cuyo cumplimiento se realiza con la ejecución de prestaciones también recíprocas”.
MANUEL DE LA PUENTE Y LAVALLE: “EL CONTRATO EN GENERAL”. COMENTARIOS A LA SECCIÓN PRIMERA DEL LIBRO VII DEL CÓDIGO CIVIL – TOMO II. PALESTRA EDITORES – 2011
testamento
1. Preterición:“Omisión que de un heredero forzoso hace en su testamento el testador, sin tampoco desheredarlo expresa y justificadamente. El fundamento de la institución es doble, porque garantiza la inviolabilidad de la legítima y la necesidad de proceder a la desheredación con justa causa, entendiendo por ello que figure en la ley y que conste en el acto de última voluntad.”
Fuente: Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI: P – Q. (30ª Ed.) Buenos Aires: Heliasta. 2008, pág. 446-447.

2. Heredero preterido:“El legitimario o heredero forzoso al que el testador omite en el testamento o lo incluye tan solo como legatario o sucesor a titulo singular. (…) El heredero preterido hereda contra el silencia del testador; el cual, si de esa forma pretendía atentar contra sus derechos, incurre en tremendo error porque el heredero preterido tiene derecho a toda la legítima, que le podría haber sido cercenada con una disposición expresa, privándolo de la mejora, allí donde rige.”
Fuente: Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV: F – K. (30ª Ed.), Buenos Aires: Heliasta. 2008, pág. 284.

 

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La invalidez en el ámbito del Derecho Privado: Como es bien sabido, antes de decir qué es la invalidez, debemos decir primero que esta categoría jurídica opera ante una patología, ergo es un remedio, e incide sobre el negocio jurídico y no sobre sus efectos. Si nuestro ejemplo fuese el contrato, diríamos que opera sobre el programa contractual y no en su modo de ejecución. Sin ánimos de agotar el estudio, en seguida haremos un breve comentario sobre las concepciones de la invalidez en el ámbito del derecho privado.
Así, se tiene por un lado la concepción orgánica de la invalidez. Según ella, las patologías del negocio jurídico deben basarse en las condiciones subjetivas de la parte (que importaría lo que conocemos como anulabilidad) o en aquellas referidas a la reglamentación de intereses (que importa la nulidad)[1]. Tanto en uno y otro supuesto, la invalidez es una suerte de sanción dirigida a salvaguardar principios o valores del ordenamiento, y la expresión de la voluntad consciente y autónoma[2].
Por otro lado, está la concepción social; según esta perspectiva de la invalidez, la nulidad es un “(…) instrumento para limitar la libre disponibilidad de las partes, para garantizar más relaciones sociales equitativas”[3]. La invalidez indica “ausencia o el vicio de un elemento que el legislador juzga esencial para que el acto (o contrato) sea idóneo para producir consecuencias jurídicas”[4].
Luego, nos encontramos con la perspectiva normativa de la invalidez; según esta concepción, “la invalidez pasa a ser entendida como un mecanismo de tutela y ya no como una sanción”[5]. Así, la anulabilidad tendría como función “(…) tutelar la libertad de decisión de quien efectúa el acto de autonomía, (…) sirve para salvaguardar en línea de máxima el libre ejercicio de la autonomía privada”[6].
Finalmente, habiendo expuesto brevemente tales perspectivas, debemos decir que, ya se trate de nulidad o de anulabilidad, “La invalidez presupone un juicio de valor por parte del ordenamiento respecto de un comportamiento humano que evidencia unos intereses no merecedores de tutela”[7], pero siempre dirigida a no otorgar efectos jurídicos al negocio jurídico que fue objeto de una calificación negativa por parte del ordenamiento.

 [1] MORALES, Rómulo. Estudios sobre teoría general del contrato. Lima: Grijley, 2006. p. 531
[2] FERRI, Giovanni Battista. Citado por MORALES, Rómulo. Estudios sobre …. Óp. Cit. p. 533
[3] TOMMASINI, Raffaele. “Nullità (dir. priv.)”. En MORTATI, Costantino; y SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Enciclopedia del Diritto. Tomo XXVIII. Varese: Dott. A. Giuffrè, 1978, p. 876 “(…) strumento per limitare la libera disponibilità delle parti, per garantiré più equi rapporti sociali”. Traducción libre.
[4] ZATTI, Paolo. Citado por MORALES, Rómulo. Óp. Cit. p.537
[5] MORALES, Rómulo. Óp. Cit. p. 541
[6] Ibídem.
[7] TOMMASINI, Raffaele. “Invalidità”. En MORTATI, Costantino; y PUGLIATTI, Salvatore. Enciclopedia del Diritto. Tomo XXII. Varese: Dott. A. Giuffrè, 1972, p. 577. “La invalidità giuridica presuppone un giudizio de disvalore dell´ordinamento rispetto ad un comportamento umano che evidenzia interessi non meritevoli di tutela”. Traducción libre.
01Positivismo metodológico: (…) En Esta primera acepción del positivismo jurídico, positivista  es, por consiguiente, aquel que asume frente al derecho una actitud avalorativa u objetiva o éticamente neutral; es decir, que acepta como criterio para distinguir una regla jurídica de una no jurídica la derivación de hechos verificables (v.gr.: que emane de ciertos órganos mediante cierto procedimiento. O que sea efectivamente obedecida durante un lapso determinado por cierto grupo de personas) y no la mayor o menor correspondencia con cierto sistema de valores. (…)
Fuente: BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. En: BOBBIO, Norberto. El problema del positivismo jurídico. Novena reimpresión,  México DF: Distribuciones Fontamara, 2007, p. 47.

dihhhhh

Derecho Internacional Humanitario: “El Derecho Internacional Humanitario (DIH) o ius in bello no permite ni prohíbe los conflictos armados, tanto internacionales como internos, sino que, frente a su desencadenamiento, se aboca al fin de humanizarlos y limitar sus efectos a lo estrictamente necesario. Se trata de un conjunto de normas, de origen convencional o consuetudinario, cuya finalidad específica es solucionar los problemas de índole humanitaria directamente derivados de los conflictos armados y que, por razones humanitarias, restringe la utilización de ciertos métodos o medios de combate.1 Así entendido, el DIH pretende un equilibrio entre las necesidades militares y el principio de humanidad, es decir, entre lo que es necesario para vencer al adversario y lo que simplemente denota crueldad.2 En suma, oponer la civilización de los límites ante el desenfreno de la barbarie que pueden suponer per se los enfrentamientos armados”
Fuente: SALMÓN GARATE, Elizabeth. Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 23
Interpretación: La interpretación jurídica, pertenece al genero de la interpretación textual. En expresiones como “interpretación jurídica”, “interpretación del derecho”, interpretación de la ley”, “interpretación de los actos (o documentos) normativos”, “interpretación de las normas” y otras similares, el vocablo interpretación denota grosso modo, o bien la actividad de averiguar o decidir el significado de algún documento o texto jurídico, o bien el resultado o producto de esa actividad: el significado mismo. Que la interpretación sea una actividad de averiguación o de decisión es una cuestión controvertida, a la que diversas teorías de la interpretación ofrecen respuestas diferentes.”
Fuente: GUASTINI, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. Primera edición, Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, 1999, p. 2.

Se utiliza el termino interpretación para referirse:
a) Por un lado, a la actividad que consiste en determinar el significado de vocablos particulares, sintagmas o enunciados completos (interpretación actividad)
b) Por otro, al resultado o producto de esta actividad (interpretación producto).
FUENTE: GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo: Estudios de teoría y metateoría del Derecho. Primera edición,  Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, pp. 202-203.
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