01Positivismo metodológico: (…) En Esta primera acepción del positivismo jurídico, positivista  es, por consiguiente, aquel que asume frente al derecho una actitud avalorativa u objetiva o éticamente neutral; es decir, que acepta como criterio para distinguir una regla jurídica de una no jurídica la derivación de hechos verificables (v.gr.: que emane de ciertos órganos mediante cierto procedimiento. O que sea efectivamente obedecida durante un lapso determinado por cierto grupo de personas) y no la mayor o menor correspondencia con cierto sistema de valores. (…)
Fuente: BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. En: BOBBIO, Norberto. El problema del positivismo jurídico. Novena reimpresión,  México DF: Distribuciones Fontamara, 2007, p. 47.

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Derecho Internacional Humanitario: “El Derecho Internacional Humanitario (DIH) o ius in bello no permite ni prohíbe los conflictos armados, tanto internacionales como internos, sino que, frente a su desencadenamiento, se aboca al fin de humanizarlos y limitar sus efectos a lo estrictamente necesario. Se trata de un conjunto de normas, de origen convencional o consuetudinario, cuya finalidad específica es solucionar los problemas de índole humanitaria directamente derivados de los conflictos armados y que, por razones humanitarias, restringe la utilización de ciertos métodos o medios de combate.1 Así entendido, el DIH pretende un equilibrio entre las necesidades militares y el principio de humanidad, es decir, entre lo que es necesario para vencer al adversario y lo que simplemente denota crueldad.2 En suma, oponer la civilización de los límites ante el desenfreno de la barbarie que pueden suponer per se los enfrentamientos armados”
Fuente: SALMÓN GARATE, Elizabeth. Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 23
Interpretación: La interpretación jurídica, pertenece al genero de la interpretación textual. En expresiones como “interpretación jurídica”, “interpretación del derecho”, interpretación de la ley”, “interpretación de los actos (o documentos) normativos”, “interpretación de las normas” y otras similares, el vocablo interpretación denota grosso modo, o bien la actividad de averiguar o decidir el significado de algún documento o texto jurídico, o bien el resultado o producto de esa actividad: el significado mismo. Que la interpretación sea una actividad de averiguación o de decisión es una cuestión controvertida, a la que diversas teorías de la interpretación ofrecen respuestas diferentes.”
Fuente: GUASTINI, Ricardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. Primera edición, Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, 1999, p. 2.

Se utiliza el termino interpretación para referirse:
a) Por un lado, a la actividad que consiste en determinar el significado de vocablos particulares, sintagmas o enunciados completos (interpretación actividad)
b) Por otro, al resultado o producto de esta actividad (interpretación producto).
FUENTE: GUASTINI, Riccardo. Distinguiendo: Estudios de teoría y metateoría del Derecho. Primera edición,  Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, pp. 202-203.
La condena del absuelto: “El Libro IV del CPP, recoge normas referidas a la impugnación en general y, en particular, las clases de recursos que se pueden interponer; ahora bien, en los artículos 419° inciso 2 y 425° inciso 3, literal b, regula el Recurso de Apelación para revocar las resoluciones expedidas en primera instancia, permitiendo inclusive condenar en segunda instancia, al absuelto previamente, sin posibilidad de poder impugnar tal fallo (vía un recurso ordinario)”.
Fuente: CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su implementación, Lima, Palestra, 2015, p. 607.

“De acuerdo con el CPP, la condena del absuelto se sustenta en la facultad del ad quem de revocar la sentencia absolutoria de primera instancia, en base a la actuación valoración de prueba nueva en la audiencia de apelación. Sin embargo, el contenido que se suele dar al término prueba nueva tiene un alcance mayor que la sola prueba descubierta con posterioridad al fallo de primera instancia.
(…)
Al culminar la audiencia de apelación, se pronunciará la sentencia de segunda instancia, de acuerdo a las especificaciones del artículo 425º, inciso 4. Esta nueva sentencia podrá declarar la nulidad de la sentencia apelada o revocar el contenido de la misma, disponiendo por ejemplo, que se sustituya el contenido absolutorio por uno de condena. Se sostiene finalmente que, contra la condena de segunda instancia, solo procede pedido de aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la admisión.”
Fuente: ORÉ GUARDIA, Arsenio, La condena del absuelto. Opinión para el VI Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema, Lima, Instituto de Ciencia Procesal Penal. <http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/incipp_condena_del_absuelto.pdf>

 “(Gracias a) la doble instancia como principio constitucional en el orden procesal resulta imprescindible otorgar al juez revisor poderes tanto para absolver al condenado en primera instancia como para condenar al indebidamente absuelto por el Juez ad quo”.
Fuente: SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho procesal penal, tomo II, Lima, Grijley, 2006, p. 985.
Derrotabilidad: “Una norma es derrotable si tiene la disposición de no ser aplicada cuándo en realidad resulta aplicable al caso.” (Traducido por la Comisión de Investigaciones)
Fuente: FERRER BELTRAN, Jordi y BATTISTA FERRI, Giovanni:  “Defeasibility and Legality: A Survey”.En : FERRER BELTRAN, Jordi y BATTISTA RATTI, Giovanni (editors). The Logic of Legal Requirements: Essays on Defeasibility. Oxford University Press, 2012, pp.31.
“Una norma de la estructura A =>B es derrotable si es posible que no se consiga B a pesar de obtener los elementos de A (Donde el conector lógico “=>” no puede entenderse como condición necesaria).” (Traducido por la Comisión de Investigaciones)
 Fuente: BROZEK, Bartosz: Law and Defeasibility.  “A few comments on the Logic of Legal Requirements”.  En: REVUS: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, número 14, 2014, p.167.
“Muchas (sino todas) las formulaciones normativas (que se encuentran en un ordenamiento jurídico) son derrotables, es decir, comúnmente poseen excepciones implícitas: existen circunstancias que derrotan a la norma, las cuales, no se encuentra expresamente enunciadas.” (Traducido por la Comisión de Investigaciones)
Fuente: ALCHOURRON, Carlos: “Sobre Derecho Y Lógica”. Traduccion de Jorge Rodriguez Isonomia, 13, 2000, 24 citado por GUASTINI, Riccardo en “Deffetibilità, lacune assiologiche, e interpretazione”. En: REVUS: Journal of Constitutional Theory and Philosophy of Law, número 10, 2010, p. 58.
 Apelación por salto ante el Tribunal Constitucional.- Consiste en un acto procesal (el pedido en un proceso judicial por ejemplo) a través del cual una persona afectada por los resultados de una resolución judicial que puso fin a la instancia en la que se venía resolviendo su pedido o caso impugna dicha resolución con el fin que su caso sea remitido directamente al Tribunal Constitucional para que resuelva en última instancia nacional. Esto significa que a través del presente acto procesal de impugnación o apelación se busca “saltar” una o más de una instancia del Poder Judicial al presumirse que éstas no fallarán de manera diferente a lo resuelto en la instancia ante la que se impugna. Para que el acto procesal sea procedente debe cumplir con ciertos requisitos que el propio caso limita o exige: por ejemplo, que se trate de un pedido sobre derechos fundamentales y/o que no se afecte a otra parte procesal.
Por Antonio Peña Jumpa
Teoría de la progresividad de los derechos sociales: Esta teoría es también llamada Teoría de los derechos sociales programáticos. Se refiere a la obligación gradual a la que se encuentran sometidas las autoridades del Estado con el fin de materializar derechos sociales que son exigibles constitucional y legalmente pero que no se cumplen. Por ejemplo, cuando en nuestra Constitución Política del Perú se regula en su artículo 22º que “El trabajo … es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”, se puede sostener que es obligación de las autoridades del Estado que materialicen el derechos de todos los peruanos a tener un trabajo que sea base de su bienestar y desarrollo personal. Nótese que se trata de tener un trabajo que va más allá de la exigencia de una remuneración mínima vital. Se aspira a tener un trabajo que permita dignificar a los hombres y mujeres de nuestro país, y a sus respectivas familias. Para ello las autoridades deben alcanzar el cumplimiento del derecho a través de un programa obligatorio. En estos casos, es el programa lo exigible en lo inmediato judicialmente para alcanzar el propio derecho.
Por Antonio Peña Jumpa
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