Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres

Luego de celebrar un año más de independencia republicana, es preciso recordar cuánto nos costó a los peruanos y peruanas vivir en democracia. A propósito, todas y todos sabemos que el 5 de abril de 1992 es conocido como el día en que empezó una nueva dictadura en nuestro país, esto debido a que, de manera antidemocrática y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, intervino el Poder Judicial, persiguió a sus opositores, entre otras medidas análogas.  Este quiebre de la democracia generó un terreno fértil para futuras violaciones a derechos humanos, legitimadas por el contexto político convulsionado y la lucha contra los grupos subversivos.

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Presunción de Inocencia de las Personas Jurídicas

En el Perú, la concepción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido siendo objeto de cuestionamiento desde hace más de 10 años. Existían (y posiblemente aún existan) penalistas tradicionales que negaban la posibilidad de algún tipo de responsabilidad, mientras que otros, si bien aceptan su responsabilidad, discutían si esta deviene del injusto basado en la propia culpabilidad de la empresa; o, si esta es el resultado del injusto cometido por una persona natural.

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Derecho al secreto e inviolabilidad de comunicaciones y documentos

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El derecho al secreto e inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados se encuentra previsto en el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución Política de 1993, protegiendo las comunicaciones, telecomuncaciones o sus instrumentos con la posibilidad de ser interceptados o intervenidos con motivación del juez competente de acuerdo a las garantías de un Estado Social y Democrático de Derecho, de lo contrario carecen de un efecto legal. Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional en la sentencia 1058-2004-AA/TC en la cual menciona que la forma en la que se ha obtenido las pruebas ha vulnerado la reserva de las comunicaciones y la garantía de la judicialidad determinando su invalidez. En efecto, el mandato motivado del juez es el límite al ejercicio de este derecho.De acuerdo a la doctrina reconocida y jurisprudencia constitucional, el contenido de las comunicaciones y documentos sólo puede ser conocido por su titular o por aquellas personas con las que se comunica. En ese sentido, el secreto de una comunicación entre determinadas personas pertenece de forma exclusiva a sus participantes, debiendo de ser transmitido con su consentimiento.

Fuente de la imagen: http://www.informaticalegal.com.ar/2013/07/02/la-mania-de-control-sobre-nosotros-mismos/
Referencias
Constitución Política del Perú de 1993
Sentencia 1058-2004-AA/TC
Rubio Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo I. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 1999. Pág. 281.
Separación Convencional
 La separación convencional es un procedimiento en el que ambos cónyuges acuerdan disolver su vínculo matrimonial.
En el Perú, el Código Civil exige el transcurso de un plazo de 2 años luego de la celebración del matrimonio. Asimismo, la Ley N° 29227, la cual regula el denominado “Divorcio Rápido” o Procedimiento no contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior establece que como primer paso para obtener un divorcio es necesario la separación convencional, la cual puede ser tramitada ante un notario o en una municipalidad provincial o distrital.

Referencias

Cabello Matamala, Carmen Julia. “El Divorcio en el derecho peruano”. En Ángel Acedo Penco & Leonardo B. Pérez Gallardo (coord.), El divorcio en el Derecho Iberoamericano, Madrid, Fondo Editorial REUS S.A, 2009.
Cam Carranza, Guillermo. “Separación convencional y divorcio ulterior en vía notarial y municipal”. En Cam Carranza, Zarate del Pino y Pérez Gallardo. El divorcio Notarial y la evolución de las instituciones. Lima, Fondo Editorial Arco Legal, 2008.
Inmovilización temporal de la Partida Registral
La Inmovilización temporal de la partida registral es el servicio que brinda el Registro de Predios mediante el cual, el propietario de un determinado inmueble puede colocar “un candado” de manera voluntaria y con carácter temporal en la partida donde se encuentra inscrita su predio. Dicho mecanismo tiene como finalidad evitar que terceros no autorizados realicen transferencias, o inscripciones de cargas o gravámenes en dichas partidas.
Respecto a su vigencia, tiene como una límite un máximo de 10 años, el cual inicio desde la fecha de su presentación en el Registro de Propiedad Inmueble. Asimismo, esta inscripción caduca de pleno derecho al término del plazo establecido; o, antes de cumplido el plazo mediante escritura pública de levantamiento de inmovilización.

Referencias
SUNARP (2018). Inscripción de Inmovilización Temporal de Predios creció 6.73%. Consulta: 21 de julio de 2018.https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/09/03/inscripcion-de-inmovilizacion-temporal-de-predios-crecio-6-73

Principio de buena fe

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En materia contractual, el principio de buena fe es un principio esencial. La doctrina la divide en dos tipos: subjetiva y objetiva entendiéndose, por un lado, el saber y entender de las partes y, por otro lado, un estándar de conducta particular de acuerdo cada caso en concreto, respectivamente. Aquel rige a grandes rasgos las relaciones entre las partes y que, en determinadas situaciones, sirve como mecanismo para resolver posibles conflictos contractuales.
Al respecto, esta figura se encuentra en los artículos 168 y 1362 de nuestro Código Civil. Asimismo, el jurista Manuel de la Puente expresa que:
El deber de ejecutar de buena fe tiene como contenido esencial el que se actúe lealmente a fin de que las prestaciones a cargo de una parte se cumplan de la manera que resulte más beneficiosas para la contraparte, aunque, desde luego, ello no imponga a la parte sacrificios desmedidos. Se crea así entre deudor y acreedor un deber de colaboración para alcanzar la finalidad buscada de la manera que convenga mejor a los recíprocos intereses de ambos, sin desnaturalizar, desde luego, lo estipulado en el contrato (Citado en Osterling 2007:5).

Fuente de la imagen: https://lexlatin.com/opinion/buena-fe-nuevo-codigo-procedimiento-civil-brasil
Referencias:
OSTERLING, Felipe
2007 Interpretación de la Ley y de los Contratos. Consulta: 12 de julio de 2019.
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Art.%20Interpretaci%C3%B3n
20de%20la%20Ley.nov%2007.pdf
Cuestión de confianza
En el marco de un Estado Constitucional de Derecho, régimen adoptado por el Perú, uno de los principios esenciales es la separación de poderes. En ese sentido, dos de los poderes clásicos que se rigen bajo este principio son el Poder Ejecutivo (cuyo máximo funcionario es el presidente de la República) y el Poder Legislativo (cuyo órgano máximo es nuestro Congreso de la República) siendo la cuestión de confianza una figura jurídica que regula su interacción. Este último se entiende como “un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República, sobre un tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando [tomando en consideración que] el único que puede presentar una Cuestión de Confianza al Congreso es el presidente del Consejo de Ministros” (Plataforma Digital del Estado Peruano). Asimismo, cabe señalar que es su mecanismo especial de aprobación. Debe recibir en representación de votos la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos).

En ese entendido, el artículo 133 de nuestra Constitución señala que “si la confianza es rehusada, se produce la crisis total del gabinete”; el gabinete en pleno debe renunciar. Y, por último, “si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente de la República puede disolver el Congreso. El decreto respectivo deberá incluir una convocatoria a nuevas elecciones congresales dentro de los 4 meses posteriores a la disolución” (Plataforma Digital del Estado Peruano).


Referencias:

PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO
¿Qué es una cuestión de confianza? Consulta: 12 de julio de 2019.
https://www.gob.pe/866-presidencia-del-consejo-de-ministros-que-es-una-cuestion-de-confianza

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