Dispositivos legales de la semana del 29 de abril al 5 de mayo

A continuación, les presentamos los dispositivos legales más relevantes de la semana:

Lunes 29:

  • D.S. Nº 010-2019-JUS.

– Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre el uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas.

Martes 30:

  • R.M. Nº 123-2019-TR.

– Fijan equivalencia del cargo y la remuneración de referencia que sirve de base para obtener el monto de la pensión inicial de los ex trabajadores beneficiarios de la Ley N° 27803 que optaron por el beneficio de jubilación adelantada.

Miércoles 01:

  • R.M. Nº 125-2019-TR.

– Modifican R.M. N° 296-2018-TR que creó la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo 34 R.M. Nº 126-2019-TR.- Aprueban Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2019 Modificado Versión 1 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 35 R.M. Nº 127-2019-TR.- Aprueban Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020 – 2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Jueves 2:

  • D.S. N° 139-2019-EF.

– Dictan disposiciones para el reajuste del monto de las pensiones establecidas en el Decreto Ley
N° 19990.

Viernes 3:

  • R.J. Nº 038-2019-JEINS-CONIDA.

– Aprueban el Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial.

Sábado 4:

  • D.S. N° 090-2019-PCM.

– Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos.

  • D.S. N° 011-2019-JUS.

– Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula
el Proceso Contencioso Administrativo.

Domingo 5:

  • R.M. N° 0157-2019-MINAGRI.

– Aprueban Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022 del Ministerio de Agricultura y Riego.

La expropiación “incierta”

  1. Breve introducción: contexto del conflicto

En los últimos seis meses se están cociendo muchas habas en nuestro país, incluso más de lo que normalmente ya estamos “acostumbrados”. Son muchos los lugares y los sectores del país donde se cuecen habas de la forma más dramática. Uno de ellos es en Las Bambas (Apurímac), En efecto, hemos sido testigos de cómo los pobladores de esta zona del interior del país se han alzado en protesta contra la ineptitud del gobierno para solucionar los problemas (que se arrastran desde el 2014) relacionados a la propiedad.

En las presentes líneas, examinaré la problemática de Las Bambas desde una perspectiva jurídica. Asimismo, abordaré algunos puntos que deben tenerse en cuenta para culminar con este conflicto, el cual no solo está causando pérdidas económicas, sino también sufrimiento y malestar en las comunidades campesinas. En ese sentido, repasemos, en primer lugar, el contexto en el que ha explotado esta bomba de tiempo.

En el 2011, se realizó un Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) respecto al proyecto de Las Bambas, el cual fue elaborado por “Xstrata”, Compañía Suiza que terminó siendo dueña de dicho proyecto. En el EIA, se establecía la construcción de un mineroducto desde Las Bambas hasta la mina de cobre Tintaya, también de propiedad de Xstrata, ubicado en Espinar (Cusco). De esta manera, tenemos que los componentes del proyecto en Tintaya iban a ser la planta de molibdeno, de filtros y almacenes. Asimismo, según el EIA, esta área resultaba estratégica por la conexión con Las Bambas ya que el mineral se iba a trasladar hasta el puerto de Matarani (Arequipa) a través del referido mineroducto.

En ese mismo año, Xstrata reubicó a toda la comunidad de Fuerabamba en Apurímac; acción realizada debido a que debajo del territorio de esta comunidad también había yacimientos de cobre.

Posteriormente, en el año 2014, el proyecto Las Bambas pasa a manos de la empresa estatal china MMG, a un valor de 5 mil millones de dólares. Sin embargo, como MMG era solo dueña de Las Bambas, desechó el EIA original y lo modificó entre el 2014 y el 2015 con la autorización del Ministerio de Energía y Minas cometiéndose un grave error: no se consultó a las 38 comunidades de la zona. Aquí comienza el traspié del Estado.

Como consecuencia, el proyecto de mineroducto quedó anulado y MMG determinó que el mineral se trasladaría en camiones desde el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba, atravesando más de 400 kilómetros hacia la costa de Arequipa, siendo la manzana de la discordia los 12 kilómetros que atraviesan la parte cusqueña del fundo Yavi Yavi, ruta que ha sido reclasificada por el Estado en el 2018 como vía nacional (dominio público).

El caso es que, y aquí radica el meollo del asunto, el Estado aún no ha cumplido con pagar a estos pobladores la compensación por el uso de sus tierras, así, como muchas veces lo han recalcado los propios pobladores, descartando de ese modo estar en contra de la actividad minera. En efecto, su reclamo es porque hasta ahora no se les haya compensado el perjuicio que han experimentado al ver que las tierras de su propiedad han sido “expropiadas” a favor de la minera.

Advertido el quid del asunto, veamos a continuación qué es lo que debe tenerse en cuenta para que el Estado proceda a compensar a estas comunidades campesinas por el uso de sus tierras, respecto de lo cual, sinceramente, no tenemos la seguridad de que así serán debido a los antecedentes del Ejecutivo. 

  1. Un breve repaso sobre la expropiación 

En su artículo 70°, nuestra Constitución Política reconoce expresamente que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, el cual debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la Ley.

Estos límites derivan de la función social que cumple la propiedad, la cual presenta una doble dimensión, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De esta manera, por un lado, la propiedad es un derecho subjetivo o individual y, por el otro, es una institución objetiva. Vista la propiedad como derecho individual, corresponde al Estado garantizarla, en la medida que es un derecho fundamental que se encuentra vinculado con la libertad personal, pues a través de él se traduce la libertad económica que tiene todo particular.

Como institución objetiva, la propiedad desempeña una función social que es propia de su contenido esencial y que, por lo tanto, le es connatural. Dicha función social es la que, en palabras del Tribunal Constitucional, precisamente “determina que, además del compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las actuaciones legítimas que de ella se deriven, pueda exigir también un conjunto de deberes y obligaciones concernientes a su ejercicio, en atención a los intereses colectivos de la Nación”.[1]

Así, pues, el Estado no solo reconoce la cualidad plena de la propiedad en el sentido que habilita a su titular ejercer autónomamente un conjunto de prerrogativas, sino también reserva la potestad de regular dicho ejercicio y goce mediante límites establecidos por Ley armonizando el ejercicio de los derechos del propietario con el interés colectivo social. En consecuencia, desde un enfoque constitucional el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, pues tiene limitaciones en función al interés general y al bien común. Sin embargo, estas limitaciones, en tanto representan restricciones al goce y al ejercicio de un derecho fundamental, no son abiertas[2].

Una de estas restricciones constituye la expropiación, la cual no es sino la privación del derecho de propiedad del inmueble de un sujeto privado en aras de la ejecución de obras de infraestructura o por otras razones de necesidad pública o seguridad nacional.

Según Sarmiento Méndez, la expropiación forzosa es un instrumento positivo puesto a disposición del poder público para el cumplimiento de sus fines de ordenación y conformación de la sociedad atendiendo a imperativos crecientes de justicia social[3].

En nuestro ordenamiento jurídico, además del marco constitucional que prevé la Carta Magna en su artículo 70°, la expropiación se encuentra regulada en el Decreto Legislativo N° 1192 – Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura (en adelante, el DL 1192). Es dentro de este régimen jurídico sobre el que deberá actuar el Estado para solucionar el conflicto de Las Bambas. Veamos a continuación cómo se deben de dar estos pasos.

  1. El camino legal que deberá recorrerse 

En la introducción del presente trabajo hemos señalado que el conflicto encuentra su antecedente cuando el Estado dispone y autoriza que los minerales sean trasladados a través de una ruta que atraviesa el fundo Yavi Yavi, propiedad de los pobladores de Fuerabamba. Sin embargo, en lugar de iniciar los procedimientos de adquisición o, en su defecto, de expropiación de estos terrenos, el Estado simplemente dispuso convertirlos vía nacional (dominio público).

Tan cierto es que no se ha seguido el procedimiento de expropiación de estos predios que -recientemente- en varios medios de comunicación el Ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que el Estado tiene la voluntad de pagar aproximadamente S/ 300 millones de soles a las comunidades por el uso de las referidas tierras[4]. Que no se haya pagado esta compensación, requisito esencial de todo procedimiento expropiatorio como veremos más adelante, no es sino una señal de que el propio Estado ha trasgredido el ordenamiento jurídico.

De esta manera, dado que en la actualidad no se ha iniciado ni mucho menos se encuentra en trámite un procedimiento propiamente de expropiación forzosa, creemos que, en el plano de los hechos, nos encontramos frente a lo que se denomina como expropiación indirecta[5]. No obstante, este punto no lo abordaremos en el presente trabajo, pues escapa a las ambiciones del mismo.

Ahora bien, en un acto de buena fe, creamos en la palabra del Ministro de Transportes y Comunicaciones y supongamos que su declaración es cierta en el sentido de que el Estado pagará a las comunidades la compensación por el uso de sus tierras. Veamos cuál es el procedimiento de expropiación que se debería seguir.

En base a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 24° del DL 1192, tenemos que el Estado debe cumplir con los siguientes requisitos, a efectos de expropiar válidamente las tierras de las 38 comunidades: (i) emisión de una Ley autoritativa de expropiación, (ii) que se declare de seguridad nacional o necesidad pública la privación de la propiedad; y, (iii) pago previo en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya daños y perjuicios.

En relación al primer requisito, resulta necesario que el Congreso emita una norma con rango de Ley mediante la cual habilite a algún Ministerio (podría ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Energía y Minas) o al propio Gobierno Regional de Apurímac, a efectos de que prive a las comunidades campesinas e indígenas de la propiedad de sus tierras (dentro de ellas, el fundo Yavi Yavi). Todo ello sobre la base de la existencia de una causa real y apremiante de seguridad nacional o necesidad pública, dado que la expropiación compromete seriamente la titularidad de la propiedad del bien.

En cuanto al segundo requisito, debemos destacar que el DL 1192 ha acertado al eliminar la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles que se requieren para la ejecución de obras de “gran envergadura”, como estaba regulada en la Ley N°30025, debido a que la actual Constitución Política, en su artículo 70° solo reconoce la expropiación basada en causas de seguridad nacional o necesidad pública y no para aspectos vinculados con obras de gran envergadura. Consideramos que este aspecto termina siendo cuestionable, en la medida que no se debería privar al particular en su derecho de propiedad por la ejecución de obras de gran envergadura, si es en beneficio de un grupo en particular; por el contrario, reiteramos, la expropiación encuentra su fundamento en el beneficio en favor de la colectividad.

No obstante, se ha mantenido como causal de adquisición y expropiación para la realización de obras de infraestructura, lo cual tampoco está regulado en la Constitución Política. En el caso que nos ocupa, la obra de infraestructura consistiría en la ejecución de una carretera o del mineroducto a través del cual se transporte el mineral extraído de Las Bambas.

Respecto al tercer requisito, el Tribunal Constitucional ha resaltado en su jurisprudencia vinculante[6] que la indemnización justipreciada se constituye por dos elementos, esto es, el valor de la tasación comercial del inmueble materia de la expropiación, debidamente actualizado; y, la compensación que el Estado otorga al titular del bien expropiado como consecuencia de los daños y perjuicios causados, producto de dicho procedimiento, los cuales deben ser sustentados de manera fehaciente.

En ese sentido, según Lazo Guevara, “la indemnización justipreciada como consecuencia de la expropiación, no solo debe entenderse como el pago de dos conceptos a favor del sujeto expropiado, sino como una garantía que le permite obtener una indemnización o una reparación justa por la pérdida de su bien inmueble y la restricción que este procedimiento supone a su derecho de propiedad”.[7]

Entonces, en el caso que nos ocupa, el Ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que el Estado pagará como justiprecio la suma aproximada de S/ 300 millones de soles; al respecto, en el momento oportuno deberá evaluarse si esa suma indicada comprende los dos conceptos antes referidos de la indemnización: el valor de los terrenos y el valor de los daños ocasionados a las comunidades a causa del acto expropiatorio.

Finalmente, consideramos importante advertir lo dispuesto en el artículo 13°, el cual señala que el valor de tasación del inmueble está conformado por el valor comercial que implica el valor del terreno, de la edificación, de las obras complementarias, plantaciones, mejoras o cultivos permanentes existentes, y en el caso de cultivos no permanentes, aquellos que hayan sido sembrados antes de la notificación del bien a expropiarse o adquirirse. El sujeto activo (entidad habilitada del Estado) y el sujeto pasivo (comunidades campesinas) pueden acordar una fecha de entrega del bien o de lo contrario, la valorización debe considerar este aspecto.

En la misma línea, el otro componente considerado en la tasación es el valor del perjuicio económico, el cual incluye la indemnización por el eventual perjuicio; es decir, el daño emergente y lucro cesante acreditados fehacientemente o que cuenten con un informe debidamente sustentado.

  1. Conclusión

 Las Bambas se ha convertido en un serio y agudo dolor de cabeza para el Estado, el cual terminará sepultado por las repercusiones sociales y económicas de esta problemática si es que permanece en la inercia. No solo basta con el diálogo la agenda debe ir más allá: se requiere acciones concretas y rápidas. Nosotros solo hemos abordado algunas directrices jurídicas que deben tenerse en cuenta si-felizmente- el Estado cumple su promesa de expropiar válida y debidamente las tierras de estas comunidades campesinas e indígenas. Expropiación que, por el momento, la consideramos incierta porque aún el panorama está plagado de claroscuros que nos impiden tener las cosas claras, máxime si reparamos en la conducta impredecible y letárgica que ha venido mostrando el Estado estos meses.


Fuente de la imagen (*) :

 [1] Ver sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 0048-2004-TC.

[2] En la sentencia recaída en el Exp. N° 03258-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional que estas restricciones deben cumplir los siguientes requisitos: a) estar establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En conclusión, el derecho de propiedad solamente puede ser materia de restricciones por las causas y finalidades señaladas en la propia Constitución.

[3] SARMIENTO MÉNDEZ, Xosé Antón. “Expropiación forzosa, previsiones constitucionales y Comunidades autónomas.” En: Anuario de Derecho Parlamentario. N° 27. Madrid, 2013, pág. 99-100. En este sentido García de Enterría ha presentado la institución como un cauce para la más amplia intervención pública en la sociedad. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa. Ed. Facsímil de Ed. Civitas. Madrid, 1984, pág 21-22.

[4] Véase las declaraciones del titular del MTC recogidas en Gestión: https://gestion.pe/peru/politica/bambas-dispuesto-pagar-s-300-millones-comunidades-262933

[5] De forma bastante ilustrativa, en el laudo final del caso Ronald S. Lauder contra República Checa (párrafo 200), el Tribunal UNCITRAL señala que: “la expropiación indirecta es una medida que no incluye una toma manifiesta (de la propiedad), pero que efectivamente neutraliza el disfrute de la propiedad. Es generalmente aceptado que una amplia variedad de medidas son susceptibles a convertirse en una expropiación indirecta, cada caso deber ser, por lo tanto, decidido con base a sus circunstancias (específicas)”. Para un estudio amplío sobre la expropiación indirecta en nuestro ordenamiento nacional, recomendamos revisar: VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Raffo. “Expropiación indirecta. Justificación, regímenes, casos, criterios y usos”. En: Ius Et Veritas. N° 46. Lima, 2013, pág. 228-256.

[6] Sentencia recaída en el Exp. N° 0031-2004-AI.

[7] LAZO GUEVARA, Magali y REYES ROQUE, María. “Régimen legal de adquisición y expropiación de inmuebles”. En: Revista de Derecho Administrativo. N°16. Lima, 2016, pág. 244.

Dispositivos legales de la semana del 15 al 21 de abril

A continuación, les presentamos los dispositivos legales más relevantes de la semana:

Lunes 15:

  • RESOLUCION MINISTERIAL N° 113-2019-MEM/DM

– Aprueban los Lineamientos para la formulación de los Planes Ambientales Detallados para adecuación de Actividades de Hidrocarburos el cual comprende una estructura de contenidos mínimos

Martes 16:

  •  DECRETO SUPREMO N° 075-2019-PCM

– Decreto Supremo que conforma la Comisión Multisectorial denominada Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas

Miércoles 17:

  • DECRETO SUPREMO N° 008-2019-SA

– Protocolo de actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer – CEM y los Establecimientos de Salud – EE.SS para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley N° 30364 y personas afectadas por violencia sexual

  • RESOLUCION MINISTERIAL N° 174-2019-MINEDU

– Convocan a la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa de Educación Básica en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial del Grupo III y aprueban cronograma

  • DECRETO SUPREMO N° 076-2019-PCM

Declaran Duelo Nacional los días 17 18 y 19 de abril de 2019 con motivo del deceso del señor Alan Gabriel Ludwig García Pérez ex Presidente Constitucional de la República

Jueves 18:

  • LEY N° 30932

– Ley que declara de interés nacional la creación de un plan de rescate financiero a los productores de la micro y pequeña empresa que han sido afectados por los desastres naturales del fenómeno de El Niño Costero en nuestro país

Viernes 19:

Sábado 20:

  • CONVENIO INTERNACIONALES

– Entrada en vigencia del Acuerdo entre la República del Perú y la Secretaría General Iberoamericana para la instalación de una Oficina Subregional en Lima

Domingo 21:

Las microfranquicias en el Perú: Una nueva forma de emprendimiento y formalización

Mucha gente se me acerca consultándome sobre cómo emprender un negocio o qué hacer para desarrollarlo, dado que a veces las alternativas de financiamiento tradicionales suelen ser muy costosos para aquellos emprendedores que recién están empezando. Entonces empecé a realizar una investigación de modelos de negocio con bajo capital y poco riesgo y encontré una figura que si bien está con nosotros desde hace buen tiempo todavía no se ha difundido lo suficiente en el Perú, se trata de las microfranquicias.

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Dispositivos legales de la semana del 25 al 31 de marzo

A continuación, les presentamos los dispositivos legales más relevantes de la semana:

Lunes 25:

  • RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°022-2019-CE-PJ

– Aprueban Lineamientos para la Incorporación del Enfoque de Género en la Gestión de los Recursos Humanos del Poder Judicial.

Martes 26:

  • RESOLUCION N°038-2019-DV-PE

– Formalizan la creación de la Unidad Ejecutora 006 denominada Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del VRAEM.

  • *Proyecto de Ley 04110/2018-PE

– Poder Ejecutivo propone la Ley de Control de Concentraciones Empresariales ante el Congreso de la República.

Miércoles 27:

 

  • RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°024-2019-P-CE-PJ

– Dictan medidas para que las comunicaciones a las Cortes Superiores de Justicia de las resoluciones expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se efectúen a través de correos electrónicos institucionales con las excepciones de ley.

Jueves 28:

  • RESOLUCION N°071-2019-SUNARP/PT

– Disponen la publicación de precedente de observancia obligatoria referente a las facultades de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc FONAVI.

  • RESOLUCION N°010-2019-SUNAT/700000

– Disponen aplicar la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones relacionadas a la obligación de presentar la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta.

  • RESOLUCION N°013-2019-SMV/01

– Modifican el Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.

Viernes 29:

  • RESOLUCION N° 1310-2019 SBS

– Modifican Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SBS aprobado mediante la Res. N° 2755-2018.

  • LEY N°30924

– Ley que modifica los artículos 168-B y 195 del Código Penal incorporando la pena de multa al delito de trabajo forzoso.

  • DECRETO SUPREMO N°098-2019-EF

– Aprueban Listado de Entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas.

Sábado 30:

  • CONVENIO INTERNACIONALES

– Entrada en vigencia del Acuerdo para la Integración Fronteriza entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil en el Área de Telecomunicaciones.

  • RESOLUCION N°115-2019-CG

– Modifican las Normas Generales de Control Gubernamental y aprueban Directiva Nº 002-2019-CG/NORM Servicio de Control Simultáneo.

  • RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°178-2019-P-CSJLI/PJ

– Autorizan la aplicación App de la Corte de Lima y aprueban otras disposiciones.

  • DECRETO SUPREMO N°004-2019-IN

– Decreto Supremo que aprueba disposiciones y requisitos para la autorización de uso total o parcial de lunas y/o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos de transporte terrestre.

Domingo 31:

  • RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°001-2019/CAH-Ley N°29625

– Resolución Administrativa que aprueba el Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios – Decimoséptimo Grupo de Pago.

Dispositivos legales de la semana del 18 al 24 de marzo

A continuación, les presentamos los dispositivos legales más relevantes de la semana:

Lunes 18:

Martes 19:

  • R.M. N° 250-2019/MINSA.

– Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio.

Miércoles 20:

  • Res. Adm. Nº 160-2019-P-CSJLI/PJ.

– Conforman la Primera Sala de Familia Permanente, reconforman la Primera Sala Civil Permanente y reasignan magistrada como juez supernumeraria en el 1° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima.

Jueves 21:

  • Res. Nº 111-2019-SUNAFIL.

– Disponen publicar proyecto de documento denominado “Protocolo para la Fiscalización de las Obligaciones en Materia Remunerativa previstas en la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres”

Viernes 22:

  • R.M. Nº 271-2019/MINSA.

– Aprueban “Norma Técnica de Salud para la Prevención, Atención Integral y Control de la Lepra en el Perú”.

  • Res. Adm. Nº 163-2019-P-CSJLI/PJ.

– Establecen conformación de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sábado 23:

Domingo 24:

  • R.M. N° 099-2019-MINCETUR.

– Modifican la R.M.N° 438-2016-MINCETUR mediante la cual se aprobó a Inversiones Nacionales de Turismo S.A., como empresa calificada para la cobertura del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV

¿Realmente ha cambiado la normativa sobre trabajo forzoso en el Perú?

Durante la primera semana de marzo de 2019, hemos podido tomar conocimiento de que, finalmente, ha sido aprobado el proyecto de Ley que modifica la regulación del delito de trabajo forzoso. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta regulación no es novedosa, sino que la misma ya se encontraba en el Código Penal desde hace varios años, e inclusive, ya había tenido varias modificatorias.

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Dispositivos legales de la semana del 11 al 17 de marzo

A continuación, les presentamos los dispositivos legales más relevantes de la semana:

Lunes 11:

  • D.S. Nº 009-2019-JUS.

– Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley Nº 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, al Decreto Legislativo Nº 1407 que fortalece el Servicio de Defensa Pública 6
R.M. Nº 0090-2019-JUS.- Aprueban el “Instructivo para el registro, acceso y custodia del Expediente Matriz del Adolescente en conflicto con la Ley Penal de los Centros Juveniles de Medio Cerrado a Nivel Nacional”.

  • D.S. Nº 006-2019-MIMP.

– Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, promoviendo la accesibilidad urbana para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, así como el acceso y cobertura a las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas
compensatorias.

Martes 12:

  • R.M. Nº 076-2019-TR.

– Modifican la R.M. N° 236-2018-TR, sobre designación de Líder del Gobierno Digital del
Ministerio.

  • D.S. N° 011-2019-VIVIENDA.

– Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

Miércoles 13:

Jueves 14:

  • R.VM. N° 055-2019-MINEDU.

– Modifican Norma Técnica denominada “Normas para la organización del Programa
Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativa

Viernes 15:

Sábado 16:

Domingo 17:

  • R.M. N° 068-2019-MINAM.

– Aprueban indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos del Sector Ambiente para su aplicación en la fase de Programación Multianual de Inversiones 2020- 2022.

 

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