5 de Junio, Día Mundial del Medio Ambiente y nuevo Gobierno: ¿Conflictos socioambientales a la vista?

Siendo las 8 p.m. del cinco de junio, nuestra suerte ya estará echada: tendremos nuevo presidente. Más allá del resultado, sea de nuestro agrado o no, la verdadera lucha nos toca en los cinco años que se avecinan: ser los máximos vigilantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El escenario es realmente preocupante, partiendo de que más de la mitad de curules del Congreso se encuentran ocupados por miembros de un solo partido,  lo cual le brinda una mayoría absoluta y control sobre las decisiones que se tomen a futuro; estamos hablando, claro está, de Fuerza Popular.

A partir de este hecho, surgen dos posibilidades de acuerdo al resultado de hoy: encontrarnos con una oposición fastidiosa que no permita gobernar (porque la oposición per se no es mala; sino que su mal uso para fines ajenos lo convierte en un uso irresponsable); o, por el contrario, un gobierno sin oposición: uno donde el fujimorismo tenga suficiente control del Congreso, lo cual le daría una libertad inigualable y desmedida para gobernar; dejando así el poder Legislativo de ser un mecanismo de control.

Esta mayoría absoluta de la que hablamos se asemeja a la de los años 90’, época en la cual el fujimorismo también tenía mayoría. Este escenario sirve para entender la gravedad de la que hablamos: una oposición mal ejercida en cualquiera de los dos escenarios planteados.

Siendo ello así, tendremos un sinfín de razones por las cuales luchar y, a su vez, deberemos cumplir el rol de máximos fiscalizadores.

El día de hoy, cinco de junio, nos ayuda a refrescar la memoria y poner un punto sobre la mesa a tratar, un punto que compone uno de los muchos retos que deberá afrontar el futuro gobierno: el medio ambiente; convirtiéndose en uno de ese “sinfín de razones de lucha” que tendremos que cargar dentro de nuestras tareas para estos cinco años[1].

Es por ello que, en esta editorial, pretendemos resaltar una de las tareas pendientes que aún tenemos desde ya hace varios años atrás, y que sigue sin poder ser resuelta. Analizaremos la situación actual en nuestro país, los planteamientos de los partidos políticos “Peruanos por el Kambio” y “Fuerza Popular”, y los diversos retos a enfrentar.

5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente

De acuerdo a las Naciones Unidas, este día tiene un claro objetivo: impulsar medidas para el desarrollo y conservación del medio ambiente. Un punto importante a resaltar es que la Organización de las Naciones Unidas señala que también se debe entender este día como el “día de los pueblos”, puesto que, precisa, los pueblos son una fuerza colectiva que salvaguarda el medio ambiente como ningún otro individuo en el planeta; siendo dicha fuerza colectiva la que aún se mantiene en pie y continúa con la lucha por el medio ambiente frente a los diversos retos y adversidades a los que actualmente se ven expuestos.

Siguiendo esta línea, no debemos entender al medio ambiente como un mero concepto escrito en papel, sino como uno de los principales motivos por los cuales existe lucha y, por otro lado, problemas. Por ello, el medio ambiente adopta un rol de causa, siendo el efecto de su defensa los miles de retos, problemas, conflictos, entre otros.

Situación actual del medio ambiente en el Perú

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Perú se encuentra entre los diez países con mayor biodiversidad del mundo, lo que, cual efecto “boomerang”, hace que las consecuencias sean más fatales. Asimismo, señala que dicha diversidad se encuentra en riesgo a raíz de infraestructuras o actividades extractivas. Además, ha puesto énfasis en que los hábitats también se ven afectados, así como sus habitantes, alterando o modificando sus vidas[2].

Por otro lado, como ya mencionamos en párrafos anteriores, no debemos entender al medio ambiente como un mero concepto teórico, sino, de manera muy amplia; es decir, un concepto que involucre todas las aristas posibles.

Entonces, cabe pronunciarnos respecto a los conflictos socioambientales en el Perú, conflictos recurrentes y, digámoslo de forma folklórica, los más “populares”. Así, de acuerdo a los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, cada mes se registran aproximadamente 200 conflictos sociales, dentro de los cuales, existe una marcada tendencia a que los socioambientales sean más de la mitad de los conflictos registrados[3].

A partir de ello, podemos afirmar que es una realidad que el medio ambiente es una suerte de mochila pesada para el Estado, dado a que, en función a las tendencias registradas por la Defensoría, no es mera coincidencia que se susciten conflictos que lo tengan como centro de manera tan reiterada. Así, tenemos que quienes conformarían  el núcleo de agentes dentro de este problema son los pueblos, el Estado y los concesionarios. Esta triple alusión no es exacta, ya que puede variar de acuerdo al caso en concreto.

Sin embargo, bien dicen la realidad supera a la ficción. Basta mirar no años, sino meses atrás para evidenciar que los conflictos socioambientales se gestan y suceden a diario en el país, y que el Estado cumple un rol muy importante dentro de ellos por su propia naturaleza.

Recordemos pues, el Baguazo, que, por cierto hoy, 5 de Junio, se cumplen siete años de aquel sangriento y  nefasto suceso para la historia de nuestro país. Pues bien, este suceso sirve de perfecto ejemplo del rol importante del Estado del que hacemos mención: El Estado emitió la “Ley de la Selva” que, a grandes rasgos, permitía la venta de tierras de dicho territorio para fomentar la inversión en las mismas. Si bien las empresas se encuentran vinculadas, estas lo están de manera indirecta, siendo el Estado quien fomentó el desastre por otras acciones adicionales, como no querer dialogar o cancelar reuniones, puesto que, como ya mencionamos en otra edición que explica a mayor detalle el Baguazo[4], este conflicto adquirió el síntoma de “crónica de muerte anunciada”, ya que se pudo evitar.

Otro claro ejemplo, no retrocediendo mucho tiempo atrás, es el sucedido a inicios de este año en la Amazonía: el derrame de petróleo a manos de Petro-Perú.

A partir de estos ejemplos, queda claro la gravedad de los conflictos sociales en el país y el importante rol del Estado en los mismos.

Medio ambiente en campaña: PPK (Peruanos por el Kambio) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Antes que nada, es preciso señalar que ambos partidos son de derecha y, como tales, mantienen un modelo económico neoliberal, mediante el cual se busca una intervención del Estado mínima y promueve las inversiones para generar mayor ingreso al país.

Hecha esta acotación, es preciso enfocarnos en lo que proponen ambos partidos. Vale aclarar que se tendrá como base el plan de gobierno de cada uno; sin embargo, como es bien sabido, en política más valen los actos que lo escrito, de haber alguna incongruencia respecto a alguna declaración o debate, se tomará en cuenta lo emitido más no el plan.

  1. Fuerza Popular

El partido que lidera Keiko Fujimori hace un sinfín de propuestas respecto al medio ambiente, las cuales se tornan reiterativas y vagas: “fortalecer a los organismos de fiscalización ambiental”, o “que haya armonía entre la agricultura y la minería “, etc. Por ello, vamos a centrarnos en dos propuestas claves:

a. “Aplicar la consulta previa en los casos que corresponda”

Habría que preguntarnos, ¿en qué casos no corresponde? La candidata en el Debate señaló que se aplicaría “de manera plena”; sin embargo, su plan de gobierno dice otra cosa.

b. El acuerdo con La Central Nacional de mineros en el Perú: Derogar proceso de formalización de los mineros.

Durante la campaña, Keiko firmó un acuerdo con los mineros informales y artesanales para “empezar desde cero” con su formalización. Es decir, las gestiones iniciadas por el gobierno de Ollanta Humala quedarían sin efecto (Decreto Legislativo Nº 1100 y Nº 1105). Bajo este escenario, consideramos que implica un retroceso enorme. ¿Por qué? Debido a que se desecharía todo lo avanzado hasta el día de hoy, haciéndolo “inútil”. No se puede señalar que “como ha sido un fracaso” se debe derogar y empezar de nuevo. Consideramos que al actuar de esta manera, solo se contribuye a que la situación se prolongue.

    2. Peruanos por el Kambio

Al igual que Keiko Fujimori, PPK plantea el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores y de las entidades; así, por ejemplo, señala que se debe fortalecer el rol de SERFOR.  Además, tiene como eje la conservación del agua y su alcance para todo el país.

Preferimos no click here ahondar más en estas propuestas, ya que nos centraremos en las debilidades en el siguiente párrafo.

Ojo crítico: ¿Los candidatos pasaron el examen respecto al medio ambiente?

La respuesta rotunda es, a nuestro parecer, NO. Y es un No debido a que, como ya explicamos anteriormente, el medio ambiente se debe entender de manera amplia, con todas sus aristas. Parte de éstas son los conflictos socioambientales. Es preocupante que ninguno de los candidatos conecte el medio ambiente con los conflictos socioambientales en sus planes de gobierno, tratándolos de manera aislada. Entre las principales debilidades se encuentran:

  1. Ninguno cuestiona la Ley de Consulta Previa

Cuando surge algún conflicto, siempre sale a relucir la Consulta Previa. La pregunta que surge inevitablemente es la siguiente: ¿El Estado hizo la consulta previa?

Muchas veces la respuesta es sí; y, sin embargo, ¿por qué paso a ser un conflicto? Y frente a este panorama, resulta increíble que nadie cuestione la Ley en mención. No podemos negar que es un gran avance para el país; sin embargo, esta ley tiene muchas deficiencias. Una de ellas es que no hay derecho de veto para las Comunidades. Entonces, ante una discrepancia, donde la Comunidad X sostenga la postura de “no queremos que se haga el proyecto Y”, el Estado tendrá la última palabra. ¿No se deja con ello de lado el principal motivo por el cual se promulgó la Ley?

Por otro lado, la Ley no se ajusta a los estándares internacionales. Por ejemplo, centrándonos en los megaproyectos en nuestro país, si nos ceñimos a la sola Ley, solo se debe consultar y ya. Sin embargo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos donde exista un impacto significativo y se afecta la vida y salud de los pueblos, en la sentencia Saramaka vs. Surinam, el Estado no solo debe hacer la consulta, sino obtener el consentimiento. Otro punto negativo de la Consulta lo encontramos en su artículo 2:

“también corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos”.

Aquí surge otro error. De acuerdo a nuestra Ley, también se les debe consultar respecto a la planificación. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT se señala que tienen (los pueblos indígenas y comunidades nativas) el derecho de participación en la planificación de los programas y proyectos. Recordemos que estamos adheridos al Convenio 169 y sometidos voluntariamente a los tribunales internacionales, por lo cual, nos encontramos obligados a seguir sus pronunciamientos. A Ley debe entender conforme al Convenio; siendo una regla general que el Derecho Interno debe adecuarse al internacional, no al revés. Además, un tratado de Derechos Humanos se adhiere al derecho interno con rango constitucional, por lo cual, una Ley no puede ir por encima de éste. Es en este sentido que realizamos la primera crítica, ninguno de los dos candidatos cuestiona la Ley de Consulta Previa, haciendo caso omiso a que muchos de los conflictos no se han podido evitar precisamente por esto.

  1. Las soluciones frente a los conflictos sociales se dan desde el Estado; dejando de lado la participación de los indígenas.

Bajo este panorama, lo que sucede es que aún hay un etnocentrismo, situación en la cual  uno tiene una ida de desarrollo distinto al de otro. Esto sigue siendo preocupante, ya que todas las propuestas de solución han sido dadas desde el fortalecimiento de organismos fiscalizadores, de entidades, de ministerios, etc. Sin embargo, ninguno inserta como actor al pueblo indígena, a la comunidad; siendo ellos una suerte de agentes pasivos debiendo ser absolutamente todo lo contrario.

En aras de ello, recogemos las propuestas del “II Foro Público: Agenda Indígena para el próximo gobierno “, realizado en el mes de marzo del presente año. En este foro, se dieron a conocer los planteamientos de los líderes indígenas de diversos pueblos y regiones. Aunque se trabajaron muy diversos ejes, haremos mención para los fines de la presente editorial a dos: participación, consulta y consentimiento, e institucionalidad y participación política.

En el primer eje, se resaltan dos puntos: Primero, que el Estado no debe otorgar concesiones sin su consentimiento (de los pueblos y comunidades), y toda decisión tomada debe serlo respetando su salud e integridad; además, se debe revisar y, de ser necesario, anular las concesiones ya otorgadas que vayan contra sus derechos y las obligaciones internacionales.

En el eje de institucionalidad y participación política, se plantea una participación directa. Así pues, si bien hay un porcentaje obligatorio de indígenas dentro de los partidos políticos, ello no garantiza su participación en la política; teniendo que competir con otros candidatos al Congreso. Por ello, se plantea una cuota directa. Además, se propuso la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas u originarios.

En efecto, consideramos que estas propuestas son valiosas ya que son ellos los actores principales dentro de los conflictos sociales. Es necesario plantear propuestas desde un enfoque pluricultural, donde se tome en cuenta los puntos de vista y de desarrollo de los pueblos.

Reflexiones finales

Hoy cinco de Junio, se celebra el medio ambiente, pero también son las elecciones en el país. Es inevitable no conectar ambos sucesos ya que es un punto en agenda aún pendiente en el gobierno. El Estado tiene manchada de sangre y violencia su actuación por los cientos de conflictos socioambientales que suceden a diario. Hoy es una oportunidad para saldar esa deuda que tenemos frente a los afectados: los pueblos.

El escenario que hemos descrito es un tanto desalentador, dado a que ningún candidato cuestiona la Ley ni toma como punto de partida lo que desean los pueblos indígenas. Las soluciones planteadas han sido dadas desde un enfoque meramente estatal, donde lo que se busca es dar mayo poder, herramientas, control a distintos organismos fiscalizadores y entidades de Ministerios, dejando de lado la voz de los pueblos.

Este próximo gobierno tiene retos grandísimos. A nosotros, como ciudadanos, nos queda ser el máximo ente fiscalizador para que tragedias pasadas no vuelvan a repetirse. Se vienen cinco años donde nuestro cuero tendrá que ser grueso para hacer frente al nuevo gobierno y las políticas ambientales.


(*) Artículo redactado por Ana Haydeé Lino Suárez.

[1] http://www.un.org/es/events/environmentday/background.shtml

[2] http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/ourwork/environmentandenergy/overview.html

[3] Puede ingresar a la página web de la Defensoría para ver los informes de cada mes http://www.defensoria.gob.pe/blog/tag/reporte-de-conflictos-sociales/

[4] http://www.parthenon.pe/editorial/para-no-olvidar-a-6-anos-del-sangriento-baguazo/

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