El Rol del Fiscal de la Nación a propósito del Caso Odebrecht

 

Sin duda alguna, el triunfo peruano ante Nueva Zelanda el pasado 15 de noviembre, ha transmitido una alegría infinita a todos los peruanos; sin embargo, en la esfera política,  también se suscitaron acontecimientos dignos de mención y reflexión. Por un lado, la Comisión de Investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos, la cual se instauró con el fin de aclarar la presunta vinculación entre la excandidata Keiko Fujimori y Marcelo Odebrecht, viajó a Curitiba e interrogó al expresidente de la empresa Odebrecht. El mencionado expresidente brindó declaraciones que involucran directamente a otros importantes personajes políticos como el expresidente Alan García y el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Por otro lado, Daniel Salaverry realizó una denuncia contra el Fiscal Pablo Sánchez. El congresista fujimorista fundamentó su acusación alegando la grave omisión de las funciones que tiene como fiscal, así como la aparente inclinación de persecución de unos sobre otros. De esa manera, tras un previo debate, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la demanda en cuestión, la cual podría concluir con una posible destitución e inhabilitación de su cargo. En ese sentido, en las próximas líneas reflexionaremos sobre qué cuestiones concierne una acusación constitucional y cuáles son las funciones de los fiscales.

En primer lugar, la acusación constitucional, de acuerdo con los artículos 99 y 100 de nuestra Carta Magna, la acusación tendría una doble vía: vía juicio político y en vía de antejuicio político. Respecto a la diferencia conceptual entre juicio político y antejuicio, García[1] señala que el juicio es previsto para las infracciones de la Constitución, y por consideraciones de índole política; mientras que el antejuicio se reservaba para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo, y bajo consideraciones, en principio, jurídicas.

Pero, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir en un antejuicio político? Ello está regulado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Se establece que como primer paso debe haber un Congresista, Fiscal de la Nación o cualquier persona directamente afectada que plantee la denuncia constitucional escrita. Acto seguido, la denuncia se deriva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su respectiva evaluación y debate para determinar si procede o no la denuncia mediante un informe final. Los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tienen como tiempo máximo diez días hábiles para realizar dicho informe, el cual debe estar debidamente fundamentado en razón a los siguientes criterios:

“-Que hayan sido formuladas por persona capaz, por sí o mediante representante debidamente                       acreditado.

-Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se                            denuncian.

-Que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función                        previstos en la legislación penal.

-Que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del literal a) precedente (requisitos                formales). 

-Si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio, o si ésta se               encuentra o no vigente.

-Si el delito denunciado no ha prescrito” (cursiva puesto por nosotros)

Seguidamente, prosigue la aprobación del informe final por parte de la Presidencia de la Comisión Permanente, la cual, si da luz verde se procederá con la investigación en estricto del caso. Para ello, se contará con un plazo máximo hasta de quince días hábiles que se contarán desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tome conocimiento de la notificación por la Sala Permanente. Entonces, una vez que se entregue de nuevo el informe final a la Comisión Permanente, este deberá determinar si prosigue o se archiva. Si se sigue la vía de aprobación, esta comisión nombra una Subcomisión Acusadora para que sus miembros sustenten otro informe, así como la formulación de la acusación ante el Pleno del Congreso. Finalmente, con la previa determinación de una fecha, el Pleno del Congreso vota a favor o en contra de la suspensión del ejercicio de sus derechos y deberes funcionales del acusado quedando sujeto a juicio según ley. Esta votación decisiva requiere la votación, favorable o no, de la mitad más uno del total de miembros del Congreso sin contar a los miembros de la Comisión Permanente.

Respecto al caso en concreto del Fiscal de la Nación, se puede decir que todavía su acusación constitucional se encuentra en una etapa inicial, ya que acorde a los datos fácticos por ahora solo se ha declarado la procedencia del primer Informe Final de la Subcomisión click here de Acusaciones Constitucionales. Aún se espera el Informe de Calificación de la Comisión Permanente del Congreso para que, de ese modo, la Subcomisión investigue y presente un informe final. Cabe resaltar que, el Fiscal puede incurrir en instancias de justicia internacionales para apelar esta medida del Parlamento por considerarla injusta al no tener los argumentos jurídicos suficientes o simplemente, en el peor de los casos, esperar su juzgamiento en el Pleno del Congreso.

Por otro lado, consideramos que es importante analizar  cuáles son las funciones que deben cumplir los fiscales de tal forma que no se le pueda adjudicar una denuncia constitucional. Como ya se mencionó, el primer paso para una acusación constitucional es que el denunciante alega que la otra parte haya cometido una falta concerniente a sus funciones públicas.

Para tal propósito, la Constitución Política del Perú en el artículo 159 menciona las funciones del Ministerio Publico. Este último es precedido por el Fiscal de la Nación, quien es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Tienen la facultad de defender la legalidad, así como, los intereses públicos por el derecho. Asimismo, velan por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la adecuada administración de justicia. En ese sentido, también cumple la función de representar a la sociedad mediante un papel de “parte” dentro de un proceso judicial; conduce las investigaciones del delito ya sea de oficio o a petición de parte. En casos excepcionales puede emitir dictámenes de acuerdo con la ley. Y, por último, el Ministerio Público tiene la facultad de iniciativa en la formación de leyes.

Expuesto esto, ahora analizamos la situación del Fiscal en el caso de Odebrecht. El congresista de Fuerza Popular lo acusó por no denunciar a las empresas vinculadas a Odebrecht, dentro de las cuales sobresale Graña y Montero; es decir, denunció al fiscal por no defender la legalidad ni velar por los intereses públicos de la sociedad en un caso como el de Lava Jato en el cual se encuentran implicados importantes personajes políticos de nuestro país. Nuestra sociedad peruana, a lo largo de su vida democrática, ha sufrido grandes golpes de parte de funcionarios públicos, quienes en lugar de proteger y garantizar los derechos e intereses de la sociedad prevalecen actitudes sumamente individualistas.

Podemos concluir que, independientemente de las tensiones políticas que se puedan generar dentro del Parlamento o con su entorno, es indispensable recordar que tanto los poderes como cada institución autónoma del Estado tienen su propio rango de acción, los cuales no ser interferidos por otros de manera arbitraria. Existe, al mismo tiempo, mecanismos de control como la acusación constitucional, los cuales deben ser utilizados teniendo en cuenta que no se puede poner en tela de juicio la objetividad e imparcialidad de un agente como la de un Fiscal a menos que haya realmente pruebas suficientemente válidas que acrediten su falta.


(*) Artículo redactado por  Sthefany Menéndez

(*) Fuente de imagen: peru.com

[1] ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL, JUICIO POLÍTICO Y ANTEJUICIO DESARROLLO TEÓRICO Y TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL. Cuaderno de Trabajo Nº 9 Abraham García Chávarri. Departamento Académico de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú Diciembre, 2008.

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