¿Hacia dónde vamos? Retos y desafíos para la inclusión de personas con discapacidad física en la Educación Superior

Hablar de discapacidad resulta un tema bastante difícil, al punto de haberse convertido en un tabú social. Y es que términos como “incapacidad”, “minusválido” entre otros son muy comunes para referirse a las Personas con Discapacidad (PCD), en este caso, referido al tema físico-motor. Es así que habría que precisar que es lo que se entiende por discapacidad; si este posee una carga positiva o negativa para luego focalizar dónde se encuentran los problemas actuales referidos a un colectivo social que busca mayores reconocimientos a sus derechos.

De acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se hace referencia a 2 factores que definen y configuran la discapacidad. El primero sería un factor interno relacionado con la deficiencia física, mental o sensorial que posee una persona; mientras que el segundo sería un factor externo que se basa en las barreras que interpone la sociedad en sus diversas instituciones[1]. De tal modo que ambas conjugadas, ocasionan la existencia de segregación y discriminación hacia las personas con discapacidad. Por lo tanto, no es el solo hecho que se posea algún problema o deficiencia, sino que, además, existen barreras sociales que dificultan, y hasta imposibilitan, el correcto ejercicio de sus derechos.

Estas barreras impuestas por la sociedad se dan en diversos ámbitos, siendo uno de ellos el ámbito de la Educación, con mayor incidencia en el nivel Superior, lo cual se puede ver reflejada en los altos índices de desempleo en nuestro país para este sector de la población que ve mellada sus aspiraciones de desarrollo. Y es que no solo existe un fuerte prejuicio, sino que, además, no se tiene preparado un plan estratégico inclusivo para que aquellas personas puedan tener un correcto acceso a una universidad o instituto superior. A continuación, analizaremos los desafíos y retos que día a día, una persona con discapacidad física, debe asumir para poder ejercer su derecho a la educación superior e insertarse adecuadamente en la sociedad.

Discriminación que no se ve

Si bien nos encontramos en un supuesto de discriminación, este no se configura de manera regular o inminente. Para nuestro caso concreto, estaríamos frente a una discriminación estructural, entendida como que se ejerce contra algunos colectivos o grupos sociales de manera arraigada y sistemática mediante el comportamiento y propia organización de la sociedad.[2] Es decir que es la propia sociedad que discrimina, de manera inconsciente, realizando u omitiendo ciertos actos que generan barreras que se van convirtiendo en grandes obstáculos para alcanzar la tan anhelada igualdad de oportunidades.

Ejemplos hay muchos, desde el transporte público con equipamiento pobre para abordar una silla de ruedas hasta las instituciones públicas y privadas que poseen escaleras mas no algún mecanismo que permita a una persona invidente poder llegar a un segundo o tercer piso. Este escenario último es el que mayor recurrencia se tiene en los centros educativos en gran parte de nuestro país, sobre todo en nuestra capital. Pero ¿cuál es la situación actual de los centros de educación superior en nuestro país?

Nuestra renovada legislación, Ley general de la Persona con Discapacidad (N°29973), establece el derecho de recibir una educación de calidad con enfoque inclusivo que responda a las necesidades dentro de un marco de igualdad de oportunidades. Así mismo, confiere al Ministerio de Educación, así como los gobiernos regionales, la obligación de garantizar adecuada infraestructura, mobiliario y equipo especializado, así como material correctamente adaptado y accesible, dando ejemplos concretos como el sistema braille, la utilización de la lengua de señas así entre otros.[3]

Por lo cual se denotan los mecanismos para poder facilitar una educación inclusiva, entendida como una respuesta a la diversidad  que trascienda en la sociedad, basado en un aprendizaje conjunto independientemente de los factores funcionales, sociales o culturales[4].

No obstante, ello pierde asidero cuando nos topamos con diferentes obstáculos arquitectónicos que impiden el correcto ejercicio del derecho. Es en este punto que debemos analizar la eficiencia del Modelo Social de discapacidad, el cual se sostiene en la importancia y valor de la persona con discapacidad al igual que el resto de la sociedad, por lo cual se encuentra fuertemente ligada a los Derechos Humanos y a lograr una correcta inclusión[5]. Para el caso de aquellas personas con deficiencias físicas, se busca que los ambientes y espacios sean totalmente accesibles con el objetivo que puedan estudiar a la par que sus demás compañeros.

 Así, por ejemplo, el artículo 40 de la ley 29973, establece que las bibliotecas deben ser accesibles, por ello  deben contar no solo con instalaciones sino también con material accesible; así como de elementos técnicos que permitan acceso a información general. Este y otros ejemplos establecidos en la ley, como en el reglamento, puede resumirse en el llamado Diseño Universal, establecido en el artículo 2 de la Convención de la Naciones Unidas,  la cual refiere al diseño de productos entornos, programas y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, sin la necesidad de una adaptación especializada.

Ya sea una biblioteca, un pabellón o un salón de clases, este debe contar con todos los accesos posibles para que tanto personas que no tienen alguna discapacidad como aquellas que sí puedan desenvolverse en dicho espacio en igualdad de condiciones, dejando de lado cualquier tipo de desventaja. Y es que pensar en un ascensor como en unas escaleras puede ayudar más de lo que uno se imagina, sobre todo en el aspecto de la autonomía ya que aquella persona con silla de ruedas va poder movilizarse de manera semejante a otra que no necesita de dicho mecanismo.

Pero ¿qué sucede cuando dicho diseño no es implementado o, mejor dicho, no ha sido pensado inicialmente, como suele suceder dentro de un contexto de discriminación estructural? Se recurre a los denominados ajustes razonables, es decir, aquellas adecuaciones específicas  del entorno para facilitar el acceso o el efectivo ejercicio de un derecho. Un caso de ajuste razonable sería la instalación de una rampa al costado de una escalera, o la implementación de una carpeta especial para un alumno con poca movilidad en sus miembros inferiores[6].

El problema con dicha institución reside en su denominación puesto que dicha modificación del entorno responde al principio de razonabilidad que, hasta cierto punto, no las convierte en una obligación perenne por parte de la entidad encargada de realizarlo, más aún cuando para la realización de la misma es necesario excesivos recursos económicos. Por lo cual, su razón de ser estaría limitada a que el cambio en el entorno sea razonable y al dejar de serlo, dicha obligación, jurídica o material, dejaría de existir.

Por otro lado, intentando separar definiciones, habría que precisar que los ajustes razonables son un medio para lograr la efectiva realización del Modelo Social, pero no es el fin que estaríamos buscando, ya que como mencionamos, su racionalidad lo convierte en un aspecto temporal. El punto ideal sería que todos los espacios de una institución de educación superior cuenten con diseño universal, es decir, que los edificios de más de 2 pisos cuenten con un ascensor o mecanismo derivado, existan servicios higiénicos adaptados, las ventanillas de atención o los estantes de bibliotecas tengan una altura adecuada, etc. Ello no sucede así y es por el hecho que vivimos en una sociedad reactiva que ante los problemas o situaciones adversas, dejamos que estas nos golpeen para recién tomar acciones correctivas.

Lo mismo sucede con el tema de ajustes razonables y las personas con discapacidad física y es que al tener impedimentos click here o dificultades de accesibilidad, tras haber sido vulnerados sus derechos, recién se tomará en cuenta sus necesidad buscando la implementación de ajustes razonables, los cuales solo serán efectivos hasta que dicha razonabilidad siga siendo expresa o que llegue a vulnerar algún otro derecho a atribución. Pero ¿puede negarse una institución a realizar ajustes razonables? La respuesta no es sencilla como parece.

Equidad e igualdad: El TC y la verdadera inclusión

En primera instancia, de acuerdo tanto a las normas nacionales como internacionales, las instituciones no pueden negarse a realizar dichas adaptaciones a menos, claro está, que estas dejen de estar regidas por el Principio de razonabilidad. Una muy interesante sentencia del Tribunal Constitucional, la cual si bien dista considerablemente del tema educativo, estableció ciertos criterios y bases sobre la aplicación de ajustes razonables, en cuanto a la creación de una Oficina Regional de Atención para las Personas con Discapacidad.[7] De esta manera, se deja en claro, la obligatoriedad de la implementación de dichos ajustes sin mediar ningún tipo de condicionamiento, sea material o jurídico, teniendo como único límite la pérdida de razonabilidad de dicha medida.

Por otro lado, lo que resulta más que alentadores que no solo se toma en cuenta la creación de dicho espacio, sino que, ante dificultades de diversa índole, ello no puede ser justificación para incumplir un mandato legal. De acuerdo a los considerandos 36 y 37:

Este Tribunal –como ya se dijo- tiene en cuenta que existen disposiciones legales cuya materialización puede encerrar cierta complejidad, dado que se requieren una serie de acciones, procedimientos y recursos para dar pleno cumplimiento a dichas disposiciones, pero en ningún caso la existencia de estas acciones intermedias pueden justificar el incumplimiento de la ley. Luego de diez años sin cumplirse el mandato (…), este tribunal entiende que más que una dificultad para materializar una oficina de este tipo, no existe voluntad política en el Gobierno Regional de Junín para materializar una oficina (…)

Dicha falta de voluntad política se aprecia claramente cuando se observa (…) incluso la ejecución de recursos presupuestarios de los gobiernos regionales (…)

Del mismo modo, nos lleva a reflexionar sobre los principios de equidad e igualdad, mediante la utilización de las acciones afirmativas, las cuales no sólo representan una ventaja frente a la sociedad sino que buscan que ante situaciones de desigualdad,  se deba promover un trato diferenciado con el objetivo de compensar el grado de desigualdad, en este caso, para las personas con discapacidades físicas. Es decir, tratar igual a los iguales pero desigual a los desiguales.

¿A qué queremos llegar con todo esto? Este tipo de mandatos constitucionales deben ser velados y fiscalizados tanto por el Ministerio de Educación como por la flamante Superintendencia Nacional de Educación Superior, la cual, dentro de la nueva ley universitaria, tiene potestades sancionadoras a aquellas instituciones que no cumplan con ciertos estándares,  lamentablemente, no ejerce dicha potestad de manera óptima, limitándose a manejar el tratamiento sobre discapacidad en unos cuantos artículos e incisos.[8]

Reflexiones finales

Si bien la presente legislación sobre discapacidad está aportando para construir un servicio educativo mucho más inclusivo, aún queda camino por recorrer. Es tarea no solo de los organismos gubernamentales, sino de la sociedad en su conjunto, impulsar movimientos de concientización, realizando diversas actividades que hagan visibles a este colectivo que con el pasar de los años aún no lograr visualizar una correcta autonomía de sus capacidades. Espero que estas líneas hayan servido para poner en marcha, algunas acciones que sean germen de cambio para lograr una educación más inclusiva. El tema es amplio y da para mucho más, pero considero que este podría ser un primer paso para ver en dónde nos encontramos y cuál es el camino que debemos seguir.


( * ) Fuente de Imagen: Bruno Sanchez-Andrade Nuño
[1] CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Artículo 1
[2] COMITÉ DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Observación General N° 20  “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)” 2009
[3] CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Ley general de la persona con discapacidad, Art.35,36
[4] MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía para para Orientar la Intervención de los Servicios De Apoyo y Asesoramiento para la atención de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), p.11.
[5] PALACIOS, Agustina   El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Madrid,España: CINCA, 2008, p.37-118
[6] PÉREZ BUENO, Luis Cayo “La Configuración Jurídica de los Ajustes Razonables”  En: 2003-2012: 10 años de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España, Madrid: CINCA, 2012  p.6
[7] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia 04104 2013-PC/TC Disponible en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/04104-2013-AC.pdf
[8] Concretamente en los artículos 98,6; 100,8 y 129, los cuales versan sobre el cumplimiento de la cuota de acceso, la obligación de contar con espacios accesibles y la adecuación de los servicios.

Escrito por Gustavo Aparicio

Gustavo Aparicio

Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex miembro de las comisiones de Publicaciones e Ivestigación de Foro Académico. Se desempeña en la realización de asesorías sobre discapacidad e inclusión social.

¿Qué opinas del artículo?

comentarios