La hora cero de Miranda: crónica de un policía en la prisión, ¿delincuente o justiciero?

En las últimas semanas, hemos sido testigos a través de los medios de comunicación sobre la muerte de un presunto delincuente a manos de un suboficial PNP en el Norte del país, Piura; lo que se conoce y se discute del caso, es que el presunto delincuente ya se encontraba reducido, siendo el delito del agente abatirlo causando su muerte.

En muchas ocasiones, la justicia tomada por las manos de los ciudadanos puede ser visto como un acto de desesperación ante la indignación de algún delito en contra suya, o hasta de alguien cercano. En esos casos, la colectividad se organiza para atrapar al delincuente, vulnerador de los derechos e integridad de las personas de su entorno, pero ¿qué sucede cuando es la Policía Nacional del Perú (PNP) los actores de estos hechos?

Respecto al caso, se presentaron dos posiciones. Por un lado, la familia del presunto delincuente exigía la prisión del suboficial PNP, pues este había matado innecesariamente al implicado, Juan Carlos Ramírez Chocán, en el distrito de Castilla, Piura, hechos realizados el día 13 de enero.[1]

Por otro lado, el trasladado del suboficial Elvis Miranda Rojas al penal de Piura – requerimiento de la fiscal Lidia Castillo Chirinos, la familia Miranda Rojas solicita la libertad de su hijo, toda vez que este solo realizó su labor como PNP, cumpliendo así con su deber combatiendo la delincuencia. A esto se suma la voz popular, quienes incluso han realizado marchas en las que solicitan la libertad del agente.

En ese sentido, en la presente editorial, analizaremos cómo se presentan las figuras de la prisión preventiva y el abuso de autoridad en nuestro marco legal a partir del Código Penal.

La fiscalía vs. La Defensoría del Pueblo

Con respecto a los argumentos de la Fiscalía y la solicitud de la prisión preventiva del agente Miranda, es necesario tener presente en qué consiste la misma. Así, nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 268 indica los presupuestos materiales:

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

  1. Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo
  2. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y
  3. Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)

En ese sentido, Miranda Rojas sí es el autor del delito del cual se le acusa, ya que fue él quien realizó los disparos que le produjeron la muerte del presunto delincuente. Asimismo, se le solicita una prisión efectiva por 6 años; y, por último, se considera que el imputado estaría en peligro de fuga.

Precisamente, es este último supuesto el que refiere la Fiscalía como principal argumento para solicitar la prisión preventiva, el ‘peligro de fuga’ contemplado en el artículo 269 del Código Procesal Penal, el cual menciona que:

Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta:

1.El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto

2.La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;

3.La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo;

4.El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y

5.La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas

(El resaltado es nuestro)

Se entiende que el suboficial Miranda no cuenta con un arraigo domiciliar en dicha ciudad debido a que recientemente se habría mudado, siendo este un indicador de la facilidad de fuga, según el criterio de la Fiscalía; además, no cuenta con una familia, sean hijos o esposa, que dependan económicamente de él, lo que implicaría una fuga aún más pronta. Por último, sostienen como otro factor que el suboficial no tiene bienes propios que lo relacionen con la ciudad, aludiendo a los negocios que se refiere el supuesto número 1 del CPC; con lo que habría accesibilidad de abandonar el país u ocultarse durante el proceso.

Sin embargo, lo expuesto por la Fiscalía no conlleva necesariamente a configurarse la figura de peligro de fuga ya que,  por un lado, el agente cuenta con un trabajo en la PNP, conocido y de manera pública, lo que significa que el mismo tendría un lugar perenne al cual acude y, por otro lado,  solo tomar en cuenta lo expuesto, significaría que se sindique a todo aquel que no tenga familia o propiedades como un sospechoso de poder fugarse y evadir la justicia de esa forma.[2]

Esa misma línea es lo que nos motiva a preguntarnos si ello resulta suficiente para someter a cualquier ciudadano a la prisión preventiva ¿Justicia o presión?

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo solicitó que se revoque la prisión preventiva a Miranda, pues ya se encuentra internado en Piura. Asimismo, realizó una investigación de la mano del “Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios” y la “Oficina Defensorial de Piura”, lo que fue presentado ante la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del mismo departamento[3], aludiendo que la privación de libertad del agente – presentada al Poder Judicial – incumple con las exigencias establecidas en la Constitución y el CPC; a esto se suma que el órgano jurisdiccional no evaluó correctamente la legítima defensa que sostuvo Miranda en el presente caso ni se han motivó adecuadamente los supuestos de peligro de fuga u obstrucción del proceso, pues no se presentó una explicación objetiva.

¿Delincuente o justiciero?

Con respecto a las precisiones del caso, cabe señalar que el sábado 19 de enero, Miranda fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de Piura, tras la confirmación de los siete meses de prisión preventiva por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, siendo acusando de los delitos de homicidio y abuso de autoridad por abatir a un presunto delincuente en Castilla, quien habría robado a una mujer en la vía pública.

En esa línea, el juez Andrés Ernesto Villalta Pulache y los vocales, Edquin Culquicóndor y Manuel Arrieta, fueron las autoridades encargadas de realizar la audiencia de apelación en la Corte Superior de Justicia de Piura, estableciendo un plazo de 48 horas para poder resolver – todo ello en medio de una población mayoritaria que click here apoya a Miranda ya que consideraban que solo había realizado su labor como oficial. Asimismo, se suspendió a Mirando de sus labores en la PNP, a tan solo haber ingresado un año atrás.

Sin embargo, sin perjuicio de ello, la defensora legal del suboficial Miranda, Cecilia Pizarro, esperaría el pronunciamiento del Ministerio del interior para brindar alguna manifestación sobre el caso. [4]

En este punto del artículo, debemos recordar qué menciona el Código Penal sobre el abuso de autoridad, figura que no solo tiene un marco de regulación y un protocolo de actuación variable, sino que ha sido muy cuestionada a raíz del caso. Es así que en su artículo 376°, se menciona que estamos frente a tal delito cuando:

El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

El Dr. Pariona Arana, comenta que el bien jurídico protegido en este caso es el interés de los ciudadanos ya que los funcionarios públicos deben actuar correctamente durante el ejercicio de sus atribuciones, así como la corrección y la legalidad del ejercicio de la función frente a los ataques abusivos que podrían realizarse contra la ciudadanía, en palabras del mismo autor. De igual forma, el Estado tiene el interés en que sus funcionarios públicos actúen correctamente[5].

En este delito, también se presenta un sujeto activo, quien es el funcionario público que se encuentre en el ejercicio de sus funciones realizando los deberes que corresponden a su cargo. Es así como el sujeto pasivo de este delito es quien sufre la acción realizada por el funcionario público de manera arbitraria, pudiendo ser un ciudadano o persona particular; o, incluso una persona jurídica. Asimismo, el Estado también se encontraría en calidad de sujeto pasivo, pues dicha actuación indebida del funcionario también lo afecta directamente, toda vez que es su representante.

En este caso, nos encontramos ante el acto arbitrario[6], toda vez que el funcionario público es investido de determinadas facultades propias de su labor, limitadas por el marco legal peruano y los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Se procederá arbitrariamente cuando se extralimite de sus atribuciones legalmente establecidas de forma dolosa. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad hasta 3 años. Teniendo como agravante la cobranza coactiva.

Ante lo expuesto, ¿consideraremos que se configura el delito de abuso de autoridad bajo los criterios establecidos?

Reflexiones finales

La prisión preventiva ha sido vista a partir de los últimos casos que acontecieron en el país, como una medida repetitiva y hasta injusta en determinados hechos. Lo mismo sucede en lo descrito a lo largo de la presente editorial, pues no solo la población se solidarizó con el PNP Miranda sino el presidente de la República también se pronunció brindándole su respaldo; no obstante, nuestro marco legal prevaleció una vez más.

La pregunta que nos surgiría ante ello es si esta medida cautelar personal, es la más adecuada teniendo en cuenta el desarrollo de los hechos – medida que puede ser impuesta a una persona que está sujeta a una investigación preparatoria – lo que, en el caso en concreto, se estableció que si se configuraba los requisitos con énfasis en el peligro de fuga y obstaculización.

Precisamente, a raíz de la manifestación de las autoridades nacionales sobre estos hechos, Jorge del Castillo presentó recientemente un Proyecto de Ley de protección policial, el cual eximiría de responsabilidad penal a los efectivos que se encuentren en el ejercicio regular de sus funciones luchando contra la abundante delincuencia que hay en el Perú. Con dicho Proyecto de Ley se buscaría un impacto en los indicadores de proporcionalidad y la valoración que se presume a favor del policía[7].

Por último, el calor popular muchas veces puede ejercer determinada presión al resolver algunos casos, lo cual no debería interferir en la independencia de las autoridades judiciales; sin embargo, en este caso concreto, la fiscalía abrió una investigación preliminar hacia la fiscal que dirigió el caso del PNP Miranda[8] – quien iba analizar los argumentos por los cuales se procedió con su prisión preventiva – dejando de lado el pedido de una gran mayoría a favor del implicado.


*Escrito por Ariana Paucar

Fuente de la imagen (*): https://noticiaspiura30.com/2019/01/ministro-del-interior-carlos-moran-asegura-todo-el-apoyo-legal-para-suboficial-elvis-miranda/

Bibliografía

[1]https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/piura-prision-preventiva-contra-suboficial-pnp-elvis-miranda-fue-ratificada-n357097

[2]https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-policia-prision-argumentos-fiscalia-elvis-mirada-rojas-prision-preventiva-noticia-598753

[3]https://canaln.pe/actualidad/caso-suboficial-miranda-defensoria-solicita-revocar-prision-preventiva-n356469?webSyncID=a0560e57-09dc-c114-9aa0-c46c26b55383&sessionGUID=1185ee9d-e6a0-304e-6384-158c1284e5a2

[4]https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-confirman-prision-preventiva-policia-abatio-presunto-delincuente-noticia-601157

[5]En: “El delito de abuso de autoridad. Consideraciones dogmáticas y político-criminales”. Raúl Pariona Arana

[6]ídem

[7]https://canaln.pe/actualidad/se-impulsara-ley-que-exime-responsabilidad-penal-policias-n356006

[8]https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-fiscalia-abre-investigacion-preliminar-fiscal-caso-policia-elvis-miranda-noticia-nndc-600093

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