Las trabajadoras y trabajadores del hogar en el Perú: Una cuenta pendiente que saldar en materia de derechos laborales

En estos últimos 5 años, diversos partidos políticos han presentado proyectos de ley en búsqueda del reconocimiento y la protección de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar (en adelante, “trabajadores del hogar”). Así, el 3 de julio del 2013, el congresista Vicente Zevallos Salinas, de Solidaridad Nacional, presentó el proyecto de ley Nº 2437-2012-CR que proponía la modificación de los artículos 2, 5, 9, 12 y 13 de la Ley N° 27986 (en adelante, “Ley de los trabajadores del hogar”), a fin de garantizar al sector doméstico una remuneración mínima, compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones. Esta iniciativa legislativa se encuentra aún en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso desde el 11 de julio del 2013.

El 19 de noviembre del 2013, el congresista Yonhy Lescano Ancieta, del Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente Amplio, presentó el proyecto de ley Nº 2958/2013-CR que planteaba la modificación de todos los artículos de la Ley de los trabajadores del hogar. El 25 de noviembre del mismo año, el congresista Hugo Carrillo Cavero, de Gana Perú, presentó el proyecto de ley Nº 2990/2013-CR que modificaría los artículos 3, 5, 9, 11, 13 y 17 de la Ley N° 27986. Con este último, se sugería establecer la exigencia del contrato por escrito y reconocer, entre otros beneficios laborales, el derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores del hogar. Ambos proyectos de ley siguen en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso.

Asimismo, con fecha 10 de enero del 2014, el proyecto de ley Nº 3140-2013-CR fue presentado por el Grupo Parlamentario Perú Posible a iniciativa de la congresista Carmen Omonte. A través de esta propuesta normativa, se pretendía modificar los artículos 3, 5, 12 y 18 de la Ley de los trabajadores del hogar. Sin embargo, el 17 de abril del 2015, el proyecto de ley fue archivado.

Esta es una muestra de las iniciativas legislativas que se han emprendido desde el 2012, pero que desafortunadamente siguen empolvándose en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, sin ninguna respuesta.

1. Situación actual de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar en el Perú

Para empezar, recordemos que el Perú tiene consagrado en la Constitución el derecho a la igualdad y no discriminación[1], el cual se encuentra también reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos[2] y en el derecho laboral internacional regulado en los Convenios de la OIT. Así, en virtud de estos principios, el Estado está obligado a garantizar a todos los que se encuentran dentro de su jurisdicción el mismo reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales. De ahí que, cuando se le reconozca un determinado derecho a cierto grupo de personas, surja el deber del Estado de fundamentar la legitimidad de la diferencia entre los beneficiarios y de quienes no los son.

De acuerdo a lo expuesto en el Cuadro 1, no cabe duda que entre el régimen especial que regula el trabajo doméstico y el régimen laboral de la actividad privada subsisten aún marcadas diferencias que colocan a los trabajadores del hogar en una situación de real desventaja frente a los demás trabajadores[3]. Para el Convenio N° 111 de la OIT, esto resulta ser una forma de discriminación, puesto que se trata de una distinción que tiene “(…) por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación”[4].

Cuadro 1[5]

En efecto, consideramos que la Ley N° 27986 introduce un trato legislativo diferenciado en tanto no se le reconoce a este grupo ocupacional, además de otros derechos y beneficios laborales, el derecho a una remuneración mínima vital en las mismas condiciones que el régimen general privado. Si bien la cláusula de igualdad ante la ley no impide que se otorgue un trato desigual, este deberá responder a una finalidad legítima, es decir, asentarse en una justificación objetiva y razonable para ser constitucionalmente admisible[6]. Sin embargo, en este caso, la diferenciación no persigue un objetivo válido en razón del cual se logre un fin constitucional, sino que por el contrario amplía las brechas de desigualdad. Ello porque, en lugar de procurar la protección efectiva y el pleno ejercicio de derechos humanos, se les niega el derecho al salario mínimo vital a quienes de por sí en encuentran en una situación de vulnerabilidad laboral, en contraste con el resto de trabajadores, quienes sí gozan de los beneficios laborales en su totalidad.

Es así que, paralelamente, el artículo 5 de la Ley N° 27986 vulnera también los derechos constitucionales al trabajo[7] y a la dignidad[8] de los trabajadores del hogar. En cuanto al primero, puesto que al no percibir una remuneración equitativa y suficiente, el trabajo ya no constituye un medio de realización personal y de bienestar social para los trabajadores domésticos. Teniendo en cuenta que “el 60% de las trabajadoras del hogar tienen en su vivienda una persona que demanda especial atención, el 36% destina todos sus ingresos al sostenimiento del hogar y, un 42,1 % financia con una parte de sus ingresos laborales los gastos de su hogar (…)”[9], el hecho de percibir salarios inferiores al mínimo vital dificulta considerablemente su búsqueda de una mejor calidad de vida.

Asimismo, se vulnera el derecho a la dignidad de los trabajadores del hogar en tanto no se cumple con las condiciones mínimas del trabajo decente para este sector laboral. En efecto, el trabajo doméstico es una de las ocupaciones con peor calidad de empleo[10], ya que, además de enfrentar extensas jornadas de trabajo, tener una escasa cobertura de seguridad social y seguro de salud, los trabajadores del hogar perciben bajas remuneraciones que no reflejan su carga laboral[11]. “La mayoría de mujeres dedicadas al trabajo doméstico en el Perú trabajan de 10 a 16 horas diarias con un sueldo promedio de S/. 300.00”[12]. Así, el no reconocimiento del derecho al salario mínimo vital no solo les impide obtener un sueldo digno que cubra sus principales necesidades y les procure bienestar, sino que también “(…) tendrá repercusiones en el ejercicio de otros derechos, pues la RMV es la base mínima para calcular los aportes a EsSalud y a la ONP[13] (el aporte a EsSalud equivale al 9% de la remuneración, mientras que el aporte a la ONP equivale al 13%)”[14]

2. Agenda pendiente: ¿Cómo debe el Estado saldar esta cuenta?

Como primer punto, resulta sumamente necesario y urgente el reconocimiento del derecho a una remuneración mínima vital (RMV). Ello puesto que, en el año 2014, “el 78.4% de trabajadores/as del hogar percibía un sueldo por debajo de la RMV, siendo el promedio del ingreso laboral nominal quinientos diecisiete soles (S/. 517)”[15]. En este sentido, dado que en el marco de este tipo de la relación laboral, las partes no se encuentran en una situación de igualdad real, resulta indispensable establecer mínimos por debajo de los cuales no sea posible negociar.

No obstante, este reconocimiento legislativo debe ir acompañado de la exigencia, con carácter de obligatoriedad, de la celebración de contratos escritos[16]. Precisamente, porque la inexistencia de un contrato escrito impide el acceso a la justicia de los trabajadores del hogar y la exigibilidad de derechos laborales como al salario mínimo vital, en tanto que no podrán acreditar la existencia de la relación laboral para exigir el pago de su respectiva remuneración frente a la negación o incumplimiento del empleador[17]. Al respecto, Leddy Mozambite, Secretaria General del SINTRAHOL, expresa lo siguiente: “(…) si tendríamos un contrato por escrito sería la única prueba en el momento que se rompe la relación laboral de que hemos trabajado en esa casa y, por eso, [los empleadores] (…) prefieren verbal y ¿de quién vale la palabra?, la palabra del empleador, porque tiene más dinero (…)[18].

Además, la falta de instrumentos de constancia de la relación laboral como el contrato de trabajo escrito dificulta la acción de inspección y vigilancia de la autoridad administrativa competente. Esto coloca en una situación de vulnerabilidad laboral y social a los trabajadores del hogar, puesto click here que será mayor el margen de incumplimiento de las normas que protegen a este sector[19]. Así, dada la opcionalidad del tipo de contrato, los empleadores realizarán contratos verbales y fijarán las condiciones laborales que crean convenientes como el pago de una ínfima remuneración. De hecho, en el 2013, solo el 15,8 % de las trabajadoras del hogar tenía contrato escrito registrado en el MTPE[20].

Frente a ello, es necesario que el Perú ratifique el Convenio N° 189 de la OIT, en el que se le exige a todo Estado miembro la adopción de “medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable (…) mediante contratos escritos”[21]. Por su parte, la Defensoría del Pueblo sugiere la aprobación de un protocolo que establezca reglas mínimas para el control y supervisión del cumplimiento de las obligaciones laborales en cuanto al trabajo doméstico[22].

Adicionalmente, es necesario que exista una fuerte labor de fiscalización en materia de trabajadores del hogar, así como de difusión y promoción de los derechos laborales de este régimen. Para tal efecto, primero, se debe proceder con la aprobación del proyecto de “Directiva de fiscalización de las obligaciones del régimen de los y las trabajadores del hogar”, que establece reglas para la inspección y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes al régimen laboral del trabajo del hogar remunerado. Segundo, se requiere fortalecer el Sistema Informático de Inspección de Trabajo (SIT) a fin de que se cuente con información sobre la forma en la que concluyen las denuncias presentadas ante la Sunafil, poniendo especial énfasis en contar con información desagregada por sexo, edad, así como con información de las agencias de empleo que atienden a trabajadores del hogar. Tercero, resulta importante la creación de espacios de capacitación sostenida a los funcionarios de la Sunafil en temas de género, derechos humanos e interseccionalidad a fin de mejorar la atención a favor de los trabajadores del hogar.

Dada la situación actual, urge que el Estado adopte, entre otras, estas medidas legislativas y ejecute políticas públicas a favor de los trabajadores del hogar. No cabe dudad que esto constituye un verdadero desafío para el Estado, pero en base a una acción coordinada y articulada de las diferentes entidades públicas con competencias en la materia (Ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales) será posible la realización de una eficiente reforma que reivindique los derechos de este sector laboral.


Artículo redactado por Samanta Taipe

Fuente de la imagen (*): http://365diasdevalentiamoral.com/wp-content/uploads/2016/08/SE%C3%91ORAS.jpg

[1] Constitución Política del Perú. 1993. Artículo 2, inciso 2.

[2] Véase al respecto la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1, 17.4, 17.5 y 24). El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (artículos 3, 13.3.e, 16 y 18). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1, 3, 14.1, 23.4, 25, 26 y 27). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2.2, 3, 10.3)

[3] Defensoría del Pueblo. Informe defensorial: Las trabajadoras del hogar en el Perú: supervisión a los sectores encargados de la promoción y defensa de sus derechos. Lima. 2013.

[4] Convenio N° 111 de la OIT. 15 de julio de 1960. Fecha de ratificación: 10 de agosto de 1970.  Artículo 1, inciso 1.

[5] Defensoría del Pueblo. Infografía: La situación de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar Lima. 2016.

[6] EGUIGUREN P., Francisco. El principio de igualdad y derecho a la no discriminación. Lima: ARA Editores. 2002. p.103.

[7] Constitución Política del Perú. 1993. Artículo 22.

[8] Ídem. Artículo 1.

[9] BASTIDAS A., María. Protección social y trabajadoras del hogar en el Perú desde la visión de las protagonistas. Lima: Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. 2012. p. 138.

[10] GARCÉS, Carolina. “El empleo con dignidad”. Jurídica. Suplemento de análisis legal de El Peruano. Lima, año 8, número 501. p. 8. Organización Internacional del Trabajo. Notas OIT: El Trabajo Doméstico Remunerado en América Latina. 2010. p. 1.

[11] Defensoría del Pueblo. Documento Defensorial N° 21: Las trabajadoras del hogar en el Perú: una mirada al marco normativo nacional e internacional establecido para su protección. Lima. 2102. p. 17

[12] La República. “Trabajadoras del hogar laboran hasta 16 horas al día y ganan S/. 300”. Sociedad. Lima, 30 de marzo de 2015.

<http://www.larepublica.pe/30-03-2013/trabajadoras-del-hogar-laboran-hasta-16-horas-al-dia-y-ganan-s-300>

[13] Reglamento de la Ley N° 27986, aprobado por D.S. N° 015-2003-TR. Artículo 10.

[14] Defensoría del Pueblo. Informe defensorial: Las trabajadoras del hogar en el Perú: supervisión a los sectores encargados de la promoción y defensa de sus derechos. Lima. 2013.

[15] Defensoría del Pueblo. Informe defensorial: Las trabajadoras del hogar en el Perú: Balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones defensoriales. Lima. 2016. P. 65.

[16] Ley N° 27986. Artículo 3.

[17] BASTIDAS A., María. Protección social y trabajadoras del hogar en el Perú desde la visión de las protagonistas. Lima: Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. 2012. p. 57.

[18] Defensoría del Pueblo. Documento Defensorial N° 21: Las trabajadoras del hogar en el Perú: una mirada al marco normativo nacional e internacional establecido para su protección. Lima. 2102. p. 120.

[19] RODRÍGUEZ, Eduardo y Pablo CASALI (Coord.). Trabajo doméstico remunerado en el Perú. Situación y perspectivas en función del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT. Lima: Oficina dela OIT para los Países Andinos. 2013. p. 119.

[20] Íbidem. p.120.

[21] Convenio 189 de la OIT. Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Adopción: Ginebra, 100ª reunión CIT (16 de junio de 2011). Ratificado por Uruguay, Filipinas y Mauricio (aún no ha entregado en vigor). Perú no lo ha ratificado.

[22] Defensoría del Pueblo. Nota de Prensa: Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de modificar la ley de

las trabajadoras del hogar y ratificar el convenio 189 de la OIT. Lima. 2015.

Escrito por Consejo Editorial

Consejo Editorial

Directora: Vianka Villena
Consejo Editorial: Andrea Carrasco, Lissa Ccopa, Steffy Cruz, Ana Lino, Sthefany Menendez, Ariana Paucar, Angiella Rayo, Magally Reupo, Lucía Santos, Enzo Segovia, Samanta Taipe, Génesis Vargas, Ximena Vilchez, Maria Yaipen.

¿Qué opinas del artículo?

comentarios