¿Los derechos de autor en obras musicales se encuentran óptimamente protegidos en el Perú?

Es de conocimiento de muchos que, si una persona desea interpretar o modificar una canción, ésta tendrá que pedir la autorización del autor que creó la obra. Asimismo, si se ha hecho una actividad comercial y de intermedio está la música, se deberá realizar un pago a la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), la cual cuenta con un tarifario para el cobro de acuerdo al consumo.

Hace unos años, la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi mediante la Resolución N° 4922-2015/TPI-INDECOPI le puso una sanción a Apdayc, la cual suspendía las funciones del Consejo Directivo por un año, a partir de la instalación de una junta administradora que se hizo cargo de los destinos de este. De aquí se evidencia que desafortunadamente, ambas entidades encargadas de proteger los derechos de aquellos que crean obras, se han visto dentro de una controversia por la realización óptima de sus labores fiscalizadoras.

Si bien es cierto, Apdayc es una entidad encargada de representar y defender a los autores y compositores nacionales e internacionales, no cumplió con abonar equitativamente las regalías que fueron recaudadas, pues solo algunos autores fueron reembolsados, yendo en contra de lo establecido en el reglamento; por lo cual tuvo que pagar una multa ascendiente a 100 UITs.

Según el artículo 203 del Decreto Legislativo 822, están protegidos por los derechos de autor en el Perú: Las obras, interpretaciones y ejecuciones o artísticas, producciones fonográficas, emisiones de radiodifusión o transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, grabaciones audiovisuales, fijaciones fotográficas y demás bienes intelectuales extranjeros, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio del titular del respectivo derecho o el lugar de su publicación o divulgación.

Así también, la oficina de Derechos de Autor de INDECOPI está facultada para imponer sanciones a las infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la ley, de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado, al provecho ilícito obtenido por el mismo y otros criterios dependiendo de cada caso particular.

Ahora bien, según el artículo 186, se considerará como falta grave si:  Existe vulneración a los derechos morales, el obrar con ánimo de lucro o con fines de comercialización, sean éstos directos o indirectos, la presentación de declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, repertorio utilizado, identificación de los titulares del respectivo derecho, autorización supuestamente obtenida; número de ejemplares o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a cualquiera de los titulares protegidos, la realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la oficina de Derechos de Autor que haya tenido la infracción cometida, la realización de actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la respectiva autorización de la Oficina de Derechos de Autor que haya tenido la infracción cometida, la difusión que haya tenido la infracción cometida y la reiterancia o reincidencia en la realización de las conductas prohibida.

Por otro lado, se encuentran las sanciones que impone la ley frente a las infracciones:

Artículo 188°.- La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer conjunta o       indistintamente, las siguientes sanciones:

  1. Amonestación.
  2. Multa de hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias.
  3. Reparación de las omisiones.
  4. Cierre temporal hasta por treinta días del establecimiento.
  5. Cierre definitivo del establecimiento
  6. Incautación o comiso definitivo.
  7. Publicación de la resolución a costa del infractor.

Artículo 191°.- La Oficina de Derechos de Autor podrá imponer al infractor multas coercitivas sucesivas hasta que se cumpla con lo ordenado en el mandato de sus resoluciones definitivas, así como la obligación de reparar las omisiones o adulteraciones en que hubiere incurrido, señalando un plazo perentorio bajo apercibimiento de multa (…).

Además del procedimiento administrativo, como vía alternativa, se puede acudir a la vía civil para que el perjudicado pueda exigir una indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 197°.- El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

  1. La suspensión inmediata de la actividad infractora.
  2. La prohibición al infractor de reanudarla.
  3. El retiro del comercio de los ejemplares ilícito y click here su entrega al titular de los derechos vulnerados, en su caso, a su destrucción.
  4. La inutilización de los modelos, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la destrucción de tales instrumentos.
  5. La incautación de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada.

El Juez podrá ordenar igualmente la publicación de la sentencia, a costa del infractor, en uno o varios periódicos.

Si existen todas estas normas aplicables en casos de incumplimiento, ¿por qué aún se evidencia una gran deficiencia  en la protección del mismo?

Como afirmó la ex ministra Susana Baca, “no existe la voluntad para defender derechos de autor” pues considera que no hay una concientización nacional por el respeto y apoyo a las creaciones artísticas, así como tampoco existe una aplicación seria e institucional por parte de los encargados en incentivar el mismo. Un problema adicional es que el Estado peruano no ofrece a la población un acceso a la cultura, lo que alimenta el fenómeno de la piratería del material cultural, sean discos, libros u otros.

Es importante aceptar, a su vez, que el problema no solo está en los usuarios consumidores que desean hacer uso de obras musicales sin importar el trasfondo de estas (Incentivo de mayores creaciones por los autores) y conseguirlas con la piratería sino que las entidades tampoco aplican lo regulado pues optan por obtener un beneficio mayor a pesar de exigir cobros inexistentes (En este caso: Música libre de derechos y música de autores no miembros de Apdayc, etc).

Conclusión.

Las sociedades de gestión colectiva como Apdayc, están sujetas a fiscalización, inspección y vigilancia por parte de Indecopi; de tal manera que la institución debe garantizar el derecho que asiste y permite que los autores sigan creando y alimentando el acervo cultural.
Si bien la ley tiene impuestas sanciones idóneas frente al incumplimiento, las entidades legitimadas al cobro de estos actúa de forma arbitraria que crea deficiencias perjudiciales para los autores.

Por último, se evidencia la aún carencia de concientización sobre este rubro laboral de los artistas, el cual se incentiva a mejorar pero que todavía no se ven cambios sustanciales por lo que su protección no se encuentra amparada como se necesita.


(*) Redactado por: Angiella Rayo

Bibliografía:

https://www.indecopi.gob.pe/inicio/-/asset_publisher/ZxXrtRdgbv1r/content/indecopi-sanciones-contra-apdayc-se-cumplen-de-manera-firme?inheritRedirect=false

https://peru21.pe/politica/indecopi-apdayc-sancionado-irregularidades-reparto-regalias-147519

Decreto Legislativo N. 822 – Ley sobre el Derecho de Autor

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