#NiUnSolMenos: ¿Amenaza real o simple confusión?

El pasado miércoles 21, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema generó polémica tras la emisión de la sentencia de casación laboral No 00489-2015.  El fallo fue reprochado inmediatamente por los sectores de trabajadores del país al considerar que ello devendría en una arbitrariedad por parte de las empresas, una carta blanca para la violación de sus derechos y con ello de la finalidad de protección del derecho laboral. Consecuencia de ello, el pasado viernes se llevó a cabo una marcha organizada por el Colectivo Dignidad, ya que al parecer se extendió públicamente el rumor de que dicha sentencia constituía un precedente vinculante.


Es este el punto central de nuestro análisis a fin de dilucidar las dudas de la ciudadanía y de los sectores implicados, quienes temen por su seguridad y estabilidad económica, por lo cual debemos cuestionarnos lo siguiente:¿es en realidad el fallo un precedente vinculante de acuerdo a nuestra normativa? O, en todo caso, ¿estamos ante el desarrollo de una norma y de su aplicación? ¿Cuáles son los órganos facultados para el establecimiento de precedentes obligatorios? Y, finalmente, ¿estamos ante un fallo perjudicial y vulnerador de los derechos de los trabajadores? Así, en la presente editorial analizaremos el controvertido fallo así como sus implicancias.

  1. Reducción de sueldos: del solo consenso a la unilateralidad y el acuerdo

El controvertido fallo se pronunció respecto a la procedencia de la reducción de sueldos en caso de crisis económica de una empresa en base a la Ley Nº 9463, emitida el 17 de diciembre de 1941. En el presente caso, Red Star del Perú S.A., la demandada, presentó un recurso de casación frente a la demanda por reintegro de remuneraciones por parte de uno de sus ex gerentes con quien, en consenso, según lo señalado por la emplazada, se acordó la reducción de salarios tras la crisis que estaba pasando dicha compañía en su momento. Sin embargo, el demandante señala que tras el cese de la crisis se ameritaba el reintegro de las remuneraciones que fueron percibidas durante ese periodo y señala que no consintió dicho acto, por lo cual fue arbitrario.

La señalada Ley se constituye como la única norma que regula la reducción de salarios por parte de las empresas en casos de insolvencia, siempre y cuando medie consenso entre los trabajadores y los empleadores y no se reduzca el sueldo a menos del mínimo vital, que actualmente es de 850 soles. Sin embargo, la casación en cuestión, partiendo de lo señalado en la Ley Nº 9463, establece criterios en los cuales procede la reducción de remuneraciones sin consenso ya que agrega lo señalado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, artículo 30, complementando a la norma de 1941. No obstante, la opinión pública cuestiona dicho fallo por el temor de que al constituirse como precedente vinculante los empleadores puedan reducir sus salarios cuando consideren que están en crisis y, como en el caso en cuestión, no restituirles los montos descontados violando su derecho a una remuneración  justa y equitativa. Al respecto, se pronunció el presidente de la Corte Suprema señalando que dicho fallo no constituye un precedente vinculante a fin de tranquilizar así a la ciudadanía.

2. ¿Precedente vinculante o simple criterio de aplicación normativa?

La ciudadanía se puso en alerta frente al supuesto carácter vinculante de la sentencia casatoria, considerando así que ello implicaría que casos similares que surjan con posterioridad se resuelvan en la misma línea perjudicando a los trabajadores. La protesta también se sustentó en la incertidumbre e inestabilidad que ello se supone generaría en los trabajadores, pues ahora sus salarios podrían reducirse a simple criterio del empleador con el fin de restablecerse de una crisis financiera. No obstante, debemos considerar que la Corte Suprema lo que hace en este caso es establecer los supuestos para la aplicación de la reducción de salarios a partir de la Ley Nº 9463, aún vigente pese a su antigüedad, y el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. De este modo, se complementarían ambas normas estableciéndose en base a ellas dos supuestos en que procedería la reducción de salario: el primero, cuando media consenso entre trabajadores y empleadores, y el segundo, unilateralmente, cuando no mediando consenso entre ellos existe una causa objetiva y demostrable del estado de crisis económica en que se encuentra la empresa (2).

Es importante que la ciudadanía conozca que un precedente vinculante solo es establecido en determinadas circunstancias y por una autoridad legitimada para ello. En este sentido, el Tribunal Constitucional, tal como lo establece la Constitución Política del Perú de 1993, artículo 201, es el órgano encargado del control de la constitucionalidad de las normas y el respeto de la jerarquía normativa. Ahora, si bien la norma suprema no lo señala, hay que tener en cuenta que “el TC se ha configurado como el supremo interprete de la Constitución” (3), ya que este ha sido facultado para controlar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y garantizar el respeto de los derechos fundamentales (4). Asimismo, en base al art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, éste se encuentra facultado click here para  establecer precedentes vinculantes en los casos en que considere sea necesario determinar un criterio de interpretación. En este sentido, una sentencia para ser considerada precedente vinculante debe tener carácter de cosa juzgada y haber establecido expresamente su calidad de tal (5). Un precedente vinculante sirve de criterio interpretativo de normas y controla la correcta aplicación por parte de los órganos del Poder Judicial dando unidad al sistema.

Sin embargo, la Corte Suprema también está habilitada para ello ya que posee facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 22, salvo en materia constitucional, competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. En el ámbito constitucional y laboral, la sala de la Corte Suprema encargada de ello debe seguir los criterios del TC establecidos con anterioridad. Al respecto, en este contexto en el que se considera se pone en riesgo derechos laborales, debemos considerar que “en materia laboral los precedentes vinculantes, a partir de sentencias casatorias emitidas por las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República al resolver un caso concreto, establecen criterios generales aplicables en forma obligatoria a casos futuros, con la finalidad de crear seguridad jurídica y dar tratamiento similar a casos semejantes en materia de Derecho Laboral Público y Derecho de la Seguridad Social” (7). De este modo, resulta importante y alentador que se informe adecuadamente a la ciudadanía y a los sectores que el reciente emitido fallo no implica una amenaza de una vulneración futura a su derecho a percibir un salario digno en calidad de contraprestación por su fuerza de trabajo puesta a disposición del empleador.

3. ¿Amenaza real o simple confusión?

Los trabajadores pueden estar tranquilos, ya que si bien el presente fallo desarrolla lo señalado en las normas relativas a la reducción salarial en casos de crisis financiera de las empresas y su aplicación a un caso concreto, ello no implica que los tribunales ordinarios resolverán obligatoriamente de la misma manera en casos futuros. El hecho de que la sentencia casatoria no sea un precedente vinculante permite no solo terminar con el temor de la opinión publica respecto a sus derechos laborales, sino también aporta una forma precisa y específica de aplicación de una norma de larga data que se complementa con la nueva legislación laboral a fin de adaptarse y aplicarse a la realidad actual y a los cambios económicos y sociales. Hoy en día las empresas son más que personas jurídicas y, por ello, ficciones, pues tienen un rol dinámico en la economía ya que de ellas y de su crecimiento, estabilidad y desarrollo dependen miles de trabajadores que, si bien requieren de estabilidad laboral, no pueden ni deben ver sus derechos afectados sin justificación por lo cual las empresas deben tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones futuras a sus trabajadores en caso de insolvencia.


 (*) Artículo redactado por Neith Paredes Alarcón.

(1) Información extraída de: http://peru21.pe/economia/reduccion-sueldos-no-aplica-todas-empresas-2257784

(2)Información extraída de: https://es.scribd.com/document/324850251/Cas-Lab-489-2015-Lima-Empresas-podran-reducir-el-sueldo-de-sus-trabajadores

(3) LANDA ARROYO, César. Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional. Entre el Derecho y la Política. Palestra Editores. Lima. 2011. Pp. 29.

(4) ABAD YUPANQUI, Samuel. “El precedente en el Derecho Procesal Constitucional Peruano. Una indispensable fuente de derecho”. En: JUS Constitucional, Nº 1. Editorial Grijley. Lima, enero-2008. pp. 45-46.

(5) Información extraída de: http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_constitucional_nuevo/articulos/2012/procesal_constitucional/sar_1.pdf

(6) Información extraída de: http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3409_3._precedentes__en_mat._prev.pdf

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