No es cuestión de “Perdón Médico”. Imposibilidad de la aplicación de la amnistía al caso Fujimori Fujimori.

Todo un revuelo se ha generado en las últimas semanas respecto a la posibilidad que nuestro Jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, otorgue una gracia presidencial al reo y ex-presidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Mucho se puede decir según la perspectiva política y periodística, sin embargo, legalmente la respuesta es una sola: el perdón no va.

El indulto es una institución que implica la eximición de la ejecución de la pena a un condenado, más no borra el acto delictuoso. Nuestra Constitución política dispone en el artículo 118, inciso 21 que corresponde al Presidente de la República “conceder indultos y conmutar penas”. Así mismo, el artículo 139, inciso 13 contempla que el indulto “produce los efectos de la cosa juzgada”.

Aunque las figuras del indulto y la amnistía pueden ser similares, hay un aspecto que los distingue: El indulto se diferencia de la amnistía en que esta es el olvido del delito y es otorgada por el Congreso, y el indulto, el perdón de la pena impuesta por él y es otorgada por el Presidente de la República.[1] En esa misma línea, concordamos en que “La amnistía es una medida genérica aplicable a varios delitos. […]. Asimismo, al ser olvidado el delito queda borrado y no figura más en los antecedentes penales del amnistiado.”[2]

Habiendo precisado la diferencia entre ambas figuras, en las próximas líneas, analizaremos la amnistía desde la rama de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, y por su puesto, desmentimos la posibilidad de perdonar el delito a quien fue gobernador del Perú entre 1990 y 2000.

Recapitulando la historia

Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión en 2009 tras ser encontrado culpable en siete procesos judiciales. Tres de estos procesos corresponden a la matanza de Barrios Altos en 1991 donde se asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años; el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en 1992, y el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti en 1992.

Según la sentencia de la Corte Suprema peruana del 07 de abril del 2009, que lo condenó por los delitos de asesinato y secuestro agravado, respaldada por la acreditada autoría mediata en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, estas dos primeras acciones fueron realizadas por el grupo paramilitar Colina; la tercera por el servicio de inteligencia del ejército y, en todos los casos, Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos estaban perfectamente al tanto de los crímenes.

Los 25 años de cárcel provienen de estos crímenes contra los derechos humanos. Esta es una sentencia que, en el ámbito peruano y latinoamericano, constituye un hito fundamental en el difícil y lento esfuerzo por construir un continente donde se respete y mande el imperio de la ley y no el privilegio político.[3]

“La palabra de la CIDH”

Los defensores de que se le otorgue la gracia presidencial a Fujimori sustentan su postura en 3 resumidas razones: i) por consideración “humana” a su mal estado de salud; ii) razón coyuntural – “si el gobierno libera a Fujimori, el enorme bloque opositor de 71 congresistas se desactivará y dejará, de una vez por todas, gobernar a PPK”; y, iii) por “reconciliación nacional”.

Una razón más falsa que la otra, respecto al estado de salud del reo Fujimori, ¿desde cuándo los médicos tienen facultades científicas para ser vinculantes ante el otorgamiento de amnistías?, no se puede priorizar un informe médico antes que la muerte de miles de inocentes en la época de los 90s. Por otro lado, dudamos mucho que la gracia presidencial haya podido salvar la pérdida de 4 ministros en lo que va del gobierno, pues no podemos ser ingenuos de pensar que el panorama cambiará a futuro. Finalmente, ni Fujimori ni sus representantes han mostrado arrepentimiento, han llamado “error” a los “delitos” cometidos por su líder, no es posible hablar de una reconciliación nacional. Pero, ¿y “la palabra” de la CIDH?, en asuntos de derechos y delitos internacionales, poco importan estas razones, lo primordial es no perder de vista que Fujimori fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Veamos.

Según el corpus iuris del Derecho Internacional, un crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave violación a los derechos humanos y afecta a toda la humanidad. En el caso Prosecutor v. Erdemovic el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia se precisa:

“Los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima.”[4]

Al ser el individuo y la humanidad las víctimas de todo crimen de lesa humanidad, a consideración de la Asamblea General de las Naciones, los responsables de tales actos deben ser sancionados. Pero no sólo ello, si no que expresamente ha cerrado cualquier posibilidad de un otorgamiento de amnistía, tal y como lo señala en los párrafos 107 y 108 de la sentencia del 26 de septiembre del 2006 del Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile: “[…] El Secretario General de las Naciones Unidas ha señalado que en vista de las normas y los principios de las Naciones Unidas, los acuerdos de paz aprobados por ella nunca pueden prometer amnistías por crímenes de lesa humanidad. 108. La adopción y aplicación de leyes que otorgan amnistía por crímenes de lesa humanidad click here impide el cumplimiento de las obligaciones […].[5]

Coincidimos plenamente en que la razón de enjuiciar y castigar a los perpetradores de determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa humanidad, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar toda la estructura gubernamental, de tal manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre ejercicio de los derechos humanos. Ello conlleva a una implícita obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, así como procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

La CIDH ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, así, en el Caso Barrios Altos, dijo:

“Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”[6]

Sí, en la misma sentencia por el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana advirtió, expresamente, que no es posible la aplicación de amnistía, ni prescripción, ni excluyentes de responsabilidad que puedan lugar a la impunidad y constituyan impedimento para la sanción de los responsables de delitos de lesa humanidad. Al cierre de esta sección, no puede quedar duda que el respeto de los Derechos Humanos está por encima de cualquier disposición política o médica, la amnistía no puede ni debe ser aplicada a Fujimori.

Reflexiones finales

Los argumentos políticos y las opiniones de la prensa en ejercicio de su “derecho de opinión” se exceden y colocan como punto de agenda el perdón a Alberto Fujimori, pero aunque mucho murmullo se haya levantado sobre este tema, la respuesta legal es que es imposible otorgar amnistía al responsable de delitos de lesa humanidad.

Es una verdadera lástima que nuestro actual Presidente de la República haya, si quiera, expresado la posibilidad de otorgar un “perdón médico”, término inventado por cierto, para el reo Fujimori. El jefe de estado no debería olvidar la legitimidad que le otorgó el pueblo para gobernar según el pensamiento con el que se postuló, no debería olvidar que muchos quienes le dimos el voto, no fue necesariamente por simpatía a su persona si no por dar la espalda al Fujimorismo, y no debería olvidar que a quien pretende liberar es el líder de dicho grupo político.

Finalmente, el Derecho Internacional y lo expresado por la CIDH en distintas sentencias y, específicamente, en la de Barrios Altos, cierra la posibilidad de una amnistía para el culpable, en aras de salvaguardar derechos tan fundamentales como la dignidad y la vida misma. Por todos aquellos niños, niñas, mujeres, hombres y demás inocentes torturados y asesinados, ¡Fujimori libre, nunca más! No se puede, no se debe.


*Artículo redactado por María Elsa Yaipén.

[1] VALLE – RIESTRA, Javier. “Amnistía, indulto y gracia: cosa juzgada irrevocable e irreversible”. Jurisprudencia Constitucional – N° 05 (Mayo, 2008) Pp. 56.

[2] Véase en: http://www.parthenon.pe/diccionario-juridico/amnistia/ [Día de consulta: 08 de julio del 2017]

[3] Recopilación de hechos de: “Perú ante el indulto de su dictador”, en The New York Times – español. https://www.nytimes.com/es/2017/07/05/peru-ante-el-indulto-de-su-dictador-fujimori/ [Día de consulta: 8 de julio del 2017]

[4]  Sentencia del 29 de noviembre de 1996 del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Caso N° IT-96-22-T Prosecutor v. Erdemovic, párrafo 28.

[5] Sentencia del 26 de septiembre del 2006 del Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párrafos 107 y 108. [Día de consulta: 9 de julio del 2017]

[6] Sentencia del 14 de marzo de 2001 del Caso Barrios Altos, párrafo 41. [Día de consulta: 9 de julio del 2017]

 

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