Venezuela: dictadura y crisis

El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela despojó a la Asamblea Nacional (el poder legislativo venezolano) de todas sus facultades. De esta manera, se ha consolidado la dictadura chavista que, desde hace años, ya era evidente en la práctica. En efecto, las reacciones de la comunidad internacional no se hicieron esperar: varios países latinoamericanos, entre ellos Perú y Chile[1], retiraron a sus embajadores del territorio venezolano. Igualmente, veinte países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitaron una reunión extraordinaria para discutir acerca de los sucesos ocurridos en Venezuela[2].

En la presente editorial, desarrollaremos la coyuntura que se ha ido dando en Venezuela previamente a la censura de la oposición parlamentaria del régimen; de la misma manera, analizaremos la sentencia que dio origen a la dictadura. A pesar de que el día sábado el Tribunal Supremo anunció la supresión de las partes de la sentencia en las que se atribuía los poderes de la Asamblea Nacional[3], consideramos que el daño al Estado de Derecho ya se ha ocasionado.

Crisis económica, social y política

Antes que todo, es imprescindible entender el contexto en el cual ha sucedido el autogolpe. El gobierno venezolano, a pesar de que tener la reserva de petróleo más grande del mundo, tiene a su pueblo, literalmente, muriendo de hambre. Las causas de la crisis venezolana corresponden principalmente a un plan económico mal ejecutado, la mala asignación de recursos, una burocracia excesivamente ensanchada e ineficaz, la impunidad en cuanto a los actos corruptos del gobierno y la inexistencia de medidas democráticas que controlen la concentración de poder y el autoritarismo.

Como es característico de la izquierda de la cual es heredero Maduro, en Venezuela el Estado interviene (demasiado) en la economía[4]: rechazan la asignación de recursos a través de las leyes del mercado e imponen un plan proveniente del Estado. Por lo tanto, las empresas venezolanas son estatizadas y el Estado es el único distribuidor de los productos básicos para la subsistencia de las personas. Como consecuencia de ello, el gobierno también controla a quienes y cuanto se distribuyen los productos. Como es de conocimiento común, el acaparamiento del mercado por parte del Estado más la poca transparencia del gasto público llevan a la ruina de la economía de cualquier país.

Actualmente, la crisis económica es tal que el año pasado el país experimentó una inflación del 700%[5], una pobreza de 48%[6], y el desabastecimiento de comida, medicamentos y demás productos necesarios; eso, sin mencionar la millonaria deuda que ha adquirido el país. Entonces, existe un malestar generalizado en la población: a la mayoría de venezolanos no les alcanza el sueldo para poder vivir, quienes tienen que hacer largas filas durante horas para conseguir leche en polvo, no tienen acceso a los servicios de salud y viven con miedo pues prácticamente los delincuentes y asesinos son los dueños de las calles. ¿Cómo se podría dar fin a ello? A través de la democracia.

La libertad de expresión es un principio base para la existencia de la democracia, y es un derecho prácticamente inexistente en este país. Cualquier clase de oposición o cuestionamiento al gobierno de Maduro es silenciado con violencia. Los jóvenes que salen a protestar en las calles, mueren a manos del gobierno. De la misma manera, los medios de comunicación están monopolizados por el Estado que procura mantener a la población desinformada.

Sin embargo, en la Constitución venezolana se garantiza la democracia, la protección de los derechos fundamentales y la separación de poderes[7]. Los principios democráticos y de Estado de Derecho que se plasman en la Constitución, son desvirtuados en la práctica, como ya ha pasado antes en la historia de Latinoamérica. Habiendo ya explicado lo anterior, es necesario analizar la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela.

Autogolpe en Venezuela

El Poder Público Nacional en Venezuela se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, la Asamblea General es el Poder Legislativo venezolano. Actualmente, el gobierno cuenta con una mayoría de oposición parlamentaria, lo que puede (y debe) significar un límite a los otros poderes. Ahora, desde hace ya un tiempo, existe una tensión entre el Poder Legislativo y los demás poderes, incluso la Asamblea General se encuentra en condición de desacato desde el 5 de enero del 2016.

La cuestión a tratar inició con un recurso de interpretación que se interpuso en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia[8]. Al encontrarse el parlamento venezolano en situación de desacato los actos del mismo son nulos de acuerdo al  Tribunal, entonces ¿a quién le corresponde ejercer sus funciones? El Tribunal Supremo resolvió que la Sala Constitucional sería quien click here ejercería directamente las funciones de la Asamblea General y se atribuiría las competencias del mismo. De igual forma, se levantó la inmunidad parlamentaria.

Evidentemente, un juez constitucional tiene la labor de velar por el espíritu de la Constitución, no puede desvirtuar las disposiciones que se encuentran en la misma ni vulnerar los principios que la rigen, como el de división de poderes[9]. Por lo tanto, lo que ha sucedido es un autogolpe, ya que el Tribunal Supremo de Justicia ha usurpado lasfunciones del poder legislativo y ha ido en contra de su Constitución.

El Poder Legislativo es el representante de la voluntad popular y el garante de que el gobierno vele por sus intereses, también es la única vía democrática de control al régimen de Maduro. Entonces, si este es despojado de sus facultades, el Estado de Derecho se convierte (oficialmente) en una dictadura.

Reflexiones democráticas ¿”Fujimorazo” en Venezuela?

Muchos medios de comunicación nacionales hablan de un “Fujimorazo” en Venezuela, haciendo alusión al trágico suceso del 5 de abril de 1992: El expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso. Esta clase de regímenes son muy comunes en Latinoamérica: gobernantes que llegan al poder a través de mecanismo democráticos y valiéndose del respaldo del pueblo. Una vez en el poder, estos gobernantes dejan de lado los principios democráticos, asumen una posición autoritaria y usan los mecanismos legales y constitucionales para perpetrarse en el poder y evitar cualquier clase de cuestionamiento al gobierno. Estos regímenes suelen ser llamados dictaduras electorales o democraturas[10].

La democracia en Latinoamérica, muchas veces solo existe en teoría, pues tenemos candidatos que se reeligen, líderes que se mantienen en el poder por décadas, altos grados de corrupción e impunidad, y una población indiferente y desinformada con unos medios de comunicación que los mantienen en esa situación.

La conservación de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales no solo es la labor de los poderes públicos, si no también les corresponde a los ciudadanos velar por los mismos y exigir a las autoridades total transparencia en su actuar, ya que solo a través de un Estado Constitucional de Derecho se puede garantizar el cumplimiento del respeto de la dignidad humana y sus libertades.


* Artículo redactado por Vianka Villena Fernández Baca.

[1] http://elcomercio.pe/politica/gobierno/peru-retiro-definitivamente-embajador-venezuela-noticia-1980199

[2] http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/veinte-paises-convocan-urgente-reunion-oea-por-caso-venezuela_88407

[3] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39466474

[4] Artículo 112, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

[5] http://www.el-nacional.com/noticias/economia/fmi-inflacion-venezuela-sera-superior-700-finalizar-2016_22674

[6] http://www.eluniversal.com/noticias/economia/pobreza-venezuela-llega-484-los-hogares_62489

[7] http://www.inpsasel.gob.ve/moo_doc/ConstitucionRBV1999-ES.pdf

[8] https://drive.google.com/file/d/0B4QT-QeiO8NtV0ZVNmZMTXd5amM/view

[9] Landa, César. “Naturaleza del Tribunal Constitucional”. En Organización y Funcionamiento del Tribunal Constitucional: entre el Derecho y la Política.

[10] LANDA ARROYO, Cesar. “Tribunal Constitucional y Estado Democrático”.

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