Combatir la xenofobia

Según cifras del Ministerio de Cultura, más de la mitad de la población peruana se ha sentido discriminada en algún momento de su vida. Las principales razones responderían al color de piel, el nivel de ingresos económicos, los rasgos físicos, al lugar de procedencia, al acento al hablar, o por las costumbres culturales que mantiene. Estas cifras dan cuenta de que en nuestro país la discriminación es un problema público, que requiere ser atendido por el Estado en su conjunto, por todos los niveles de gobierno e involucrar a la sociedad civil.

La discriminación estructural de la que viene siendo víctima no sólo la población indígena y afrodescendiente en el país, sino también otros grupos en especial situación de vulnerabilidad, como migrantes y refugiados, se traduce en postergación y en limitaciones injustificadas al ejercicio de los demás derechos de las víctimas. La discriminación es transversal y afecta al derecho a la salud, educación, trabajo, identidad, integridad, entre muchos otros que esperan ser satisfechos de manera integral. Sin duda, la discriminación atenta contra la dignidad del ser humano y afecta, sobre todo, a los que requieren de más atención por parte del Estado.

El contexto actual de movilidad humana por el que atravesamos, además de algunas manifestaciones intolerables de xenofobia de las que hemos sido testigos, nos obligan a desplegar un conjunto de acciones para prevenir la discriminación contra un grupo humano desplazado a causa de una gran crisis humanitaria en su país de origen. Esta coyuntura nos regala y enfrenta a la oportunidad de seguir creciendo como país y, de alguna manera, de honrar a los millones de peruanos y peruanas que nos representan en el exterior.

Parte de la estrategia para combatir la discriminación xenofóbica en el país debería estar centrada en desmitificar las razones que aparentemente generarían el rechazo de la población a la inmigración. En materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, de los más de 456 mil ciudadanos venezolanos que permanecen en el territorio nacional, únicamente 72 se encuentran privados de la libertad, por haber cometido algún tipo de delito. En el campo laboral, del total de inmigrantes, aproximadamente el 0.2% ha logrado insertarse en el mercado laboral formal; mientras que, del resto, 30% ha generado su propio empleo. A ello debe agregarse que, mediante el Decreto Legislativo N°689, se estableció que las empresas podrán contratar personal extranjero, siempre que no superen el 20% del número total de sus servidores, empleados y obreros.

Por el contrario, la inmigración beneficia al dinamismo económico de los países de acogida, al brindarles la oportunidad de potenciar el capital humano. Asimismo, posibilita el incremento de la productividad, al diversificar el suministro de mano de obra y generar incentivos para la competencia. Incluso, tiende a crear nuevos mercados para atender a la demanda generada por los propios inmigrantes y a aumentar el ingreso de las empresas ya constituidas.

Combatir la xenofobia y garantizar los derechos humanos de los miles click here de migrantes en nuestro país exige prever un conjunto de acciones para lograr que el proceso de inmigración sea favorable al enriquecimiento cultural, económico, democrático y humanitario de la población peruana. No podemos perder la oportunidad que significa la inmigración y aprovecharla en un contexto igualitario y de reconocimiento de derechos fundamentales.

El problema público de la discriminación termina afectando no solo a las víctimas directas, sino a la nación en su conjunto. Es por eso que todos y todas estamos llamados a luchar contra todo tipo de discriminación y a apostar por el desarrollo, por la convivencia pacífica y por el respeto de los derechos fundamentales en el país.

Escrito por Jean Pierre Baca Balarezo

Jean Pierre Baca Balarezo

Abogado con mención «sobresaliente» por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en «Derechos Humanos» por la misma universidad. Magister con mención «sobresaliente» en «Democracia y Buen Gobierno» por la Universidad de Salamanca (España). Se ha desempeñado como asesor comisionado en el Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo, asesor legal e investigador en materia de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en Cedal – Centro de Derechos y Desarrollo, y coordinador académico en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como Abogado Asociado y tiene a su cargo el área de Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos en el estudio jurídico «Echaíz Abogados».

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