Desechar en vida

Qué duda cabe que los últimos hechos delictivos, que dan cuenta de violaciones sexuales a menores de edad, generan el mayor repudio social y el deseo de que los agresores reciban la mayor condena posible. Se ha llegado, incluso, a reavivar el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, condena que se encuentra proscrita en el ordenamiento jurídico peruano para este delito. Su incorporación al catálogo de sanciones penales conllevaría a la denuncia de diversos tratados y al detrimento de nuestra imagen internacional como garantes de la Democracia y los Derechos Humanos en América Latina.

Otros, más moderados, reclaman la aplicación de la cadena perpetua para este tipo de delitos y, aunque no supone la transgresión directa de tratados internacionales ni la participación activa del Estado en la extinción de la vida del perpetrador, sí podría suponer la transgresión de algunos principios de la Constitución de 1993. El actual contexto social abre un intenso debate público sobre la pertinencia de esta pena. Corresponde al legislador y al operador de justicia apartarse de la pura controversia mediática para afrontar de la mejor manera este grave problema social.

El artículo 29° del Código Penal vigente establece que la pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. Añade, que en el primer caso tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años. Cierto es que la aplicación de la cadena perpetua ha sido poco habitual en la administración de justicia peruana y, desde nuestro punto de vista, es correcto que así sea, en observancia, entre otros, del principio de resocialización, dignidad humana, libertad y proporcionalidad de las penas, que se recogen en la propia Constitución de 1993.

En relación a los delitos que contemplan a la cadena perpetua como sanción, debe decirse que su tipología es diversa en el Código Penal. Se aplica al robo agravado y en determinados supuestos de sicariato, secuestro, feminicidio y violaciones sexuales. Cabe preguntarnos entonces porqué solo en estos delitos y no en otros; cuáles son las características comunes entre un delincuente y otro, para que los hagan merecedores a tan drástica pena; y cuál sería la función de la cadena perpetua en estos casos. Las respuestas a estas interrogantes tendríamos que encontrarlas en la motivación y el análisis que realiza el legislador al momento de tipificar los delitos y su respectiva sanción.

De la revisión de los debates parlamentarios, podemos llegar a detectar que la definición de pena con la que el legislador norma es más cercana a la que propone el sociólogo Emile Durkheim, quien sostiene que la pena es “la reacción de los miembros de una sociedad, impulsada por sentimientos irracionales y emotivos, frente a una transgresión contra el orden moral, que pretende restaurarlo”[1].

De ahí que los representantes del parlamento se vean muy tentados a hacer activismo penal, una vez que determinado caso es expuesto en los medios de comunicación, produce el bilioso rechazo de la población y el subsecuente respaldo a medidas institucionales igual de rabiosas. Dicho activismo es peligroso, si no toma en cuenta la función de la pena, las reales causas que motivan la comisión del delito, al propio agresor y, sobretodo, a las reales/potenciales víctimas.

Habría que preguntarse, por ejemplo, de qué serviría la cadena perpetua para un delincuente que continúa orquestando extorsiones, robos y asesinatos desde los centros penitenciarios; o cuál es la utilidad social de contar con criminales que pagan condenas eternas, si los casos de feminicidio y violencia sexual continúan engrosando la lista de víctimas diariamente.

Esta realidad tendría sentido, si consideramos a la pena, como diría Ulpiano en el siglo III, “una venganza frente al daño sufrido”[2]. Dieciocho siglos después, mínimamente el legislador tendría que revisar este concepto, dado que las cárceles en el Perú se han convertido en centros de especialización criminal y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sin que ello reporte ningún tipo de beneficio para las víctimas o para la sociedad en su conjunto.

En el Perú, el Tribunal Constitucional (TC) ha tenido ocasión de realizar un análisis de la constitucionalidad de la aplicación de la cadena perpetua en la sentencia que recae en el Expediente N.º 010-2002-AI/TC. Dicha sentencia resulta relevante, en tanto el máximo intérprete de la Constitución desarrolla el contenido de los principios constitucionales relacionados a la pena materia de análisis.

En primer lugar, reconoce que en el Perú se encuentra constitucionalizada la que se ha denominado “teoría de la función de prevención especial positiva”[3], al consagrase en el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución el principio por el cual el régimen penitenciario tiene por objeto la rehabilitación, reeducación y reincorporación del penado a la sociedad.

Es decir, que la pena privativa de la libertad debe ser temporal y suficiente para generar las condiciones en el interno, que le permitan volver a la vida en sociedad y no reincidir en los actos que lo llevaron a prisión. En ese sentido, reconoce el Tribunal, la cadena perpetua, al no estar sujeta a límites en el tiempo, “niega la posibilidad de que el penado en algún momento pueda reincorporarse a la sociedad”[4].

Sin embargo, el principio de resocialización no es el único que se encontraría vinculado a la cadena perpetua. El TC, en la referida sentencia, admite expresamente que este tipo de condena es contraria a los principios constitucionales de libertad y de dignidad de la persona[5].

En relación al principio de libertad, señala que, si bien la imposición de una pena limita la libertad personal del condenado, la restricción de derechos fundamentales en ningún caso puede terminar por anular dicha libertad. Es por ello que “no solamente el legislador está obligado a respetar su contenido esencial, sino, además, constituye uno de los principios sobre los cuales se levanta el Estado Constitucional de Derecho, con independencia del bien jurídico que se haya podido infringir”[6]. En consecuencia, afirma el TC, la sentencia condenatoria no debe ser intemporal, sino que debe contener límites temporales.

Asimismo, el colegiado considera que, en su versión negativa, el principio de dignidad de la persona, establecido en el artículo 1 de la Constitución, impide que los seres humanos sean tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se pretenda alcanzar con la imposición de determinadas medidas[7].

El TC encuentra que detrás de la aplicación de medidas drásticas como la cadena perpetua subyace una cosificación del penado, pues este “termina considerado como un objeto de la política criminal del Estado, sobre el cual -porque nunca tendrá la oportunidad de ser reincorporado-, tampoco habrá la necesidad de realizar las medidas adecuadas para su rehabilitación”[8]. Es de destacar la contundencia con la que el TC afirma que la cadena perpetua convierte al penado en una cosa cuyo desechamiento se hace en vida y que, en sí misma considerada, es repulsiva con la naturaleza del ser humano.

En este punto es relevante resaltar que, si bien el TC no hace mención a las condiciones carcelarias a las que es sometida la población penitenciaria, cierto es que las prisiones no observan estándares mínimos que permitan condiciones básicas de vida y que, por el contrario, en su interior se cometen violaciones permanentes a los derechos fundamentales de los internos.[9]

Dichas condiciones podrían llegar a suponer tratos inhumanos, crueles y degradantes[10] de la propia dignidad humana y, en consecuencia, imposibilitarían la misión de rehabilitar, reeducar y resocializar. En consecuencia, la cadena perpetua no solamente terminaría por anular el principio de libertad del interno, sino que además lo acabaría sometiendo a condiciones permanentes de degradación de su condición humana.

Sorprende, sin embargo, que después de determinar la transgresión a los principios constitucionales que supone click here la vigencia de la cadena perpetua, el TC haya salvado la constitucionalidad de la misma, argumentando sin mayor detalle que, de declararse la inconstitucionalidad de tal disposición, podrían generarse mayores efectos inconstitucionales que los que se buscan remediar.

Concluye el TC afirmando que tal incompatibilidad “podría perfectamente remediarse si es que el legislador introdujese una serie de medidas que permitan que la cadena perpetua deje de ser una pena sin plazo de culminación”. Con ello, el TC no solo salva la constitucionalidad de la cadena perpetua en el Perú, sino que, además, la instaura como nominal o la vacía de contenido, puesto que una condena de plazo determinado deja de ser perpetua necesariamente.

Desde nuestro punto de vista, el máximo intérprete de la Constitución en el Perú no ha quedado exento a la presión por tolerar en el ordenamiento una condena que él mismo encuentra inconstitucional, y que necesitaría de un mecanismo legal en paralelo para justificar su permanencia. No obstante, debe resaltarse que esta práctica no ha sido exclusiva del TC peruano, sino que anteriormente fue implementada por Estados como el italiano o el francés[11], los cuales, pese a contemplar cadenas perpetuas, también prevén mecanismos adicionales como beneficios penitenciarios, libertad condicional o revisión de la sentencia, cuando se ha cumplido un lapso determinado en prisión.

Nos atrevemos a sospechar de las presiones políticas/sociales, puesto que los argumentos para mantener una condena perpetua, previendo mecanismos legales para evitar que en efecto lo sea, no soporta el más mínimo razonamiento. Además de lo ya señalado, si se ha comprobado que la pena de muerte no llega a ser disuasiva, menos lo será una condena que en rigor no durará para siempre.

El incorporar este tipo de sanción en los códigos penales sirve, sin embargo, para evidenciar el especial interés que mantiene la sociedad en tutelar determinados bienes jurídicos y, claro está, para complacer de mala manera a la población ante la justificada necesidad de justicia frente a hechos gravísimos como el terrorismo, feminicidio y la violación sexual a menores de edad. Cómo oponerse a la cadena perpetua para sancionar este tipo de atrocidades no solo debe ser la pregunta que debe estar haciéndose el lector, sino a la que también ha llegado el legislador u operador de justicia en su análisis jurídico/político del caso.

Lo cierto es que el terrorismo seguirá siendo una amenaza para nuestra sociedad; las mujeres, muertas a manos de sus parejas; y nuestros niños, víctimas de agresiones sexuales, si no se establecen políticas públicas que sean eficaces en el corto, mediano y largo plazo para prevenir estos delitos. Es decir, que los prevengan y que además tomen realmente en cuenta a las víctimas. Sentencias condenatorias sin verdaderas reparaciones y mitigaciones de los daños ocasionados tampoco constituyen justicia.

Puede pensarse que nuestra propuesta aboga por dejar en libertad a delincuentes de alta peligrosidad. Por el contrario, estamos convencidos de que es derecho de las sociedades el protegerse y, además, deben hacerlo poniendo en vigencia no solo los derechos humanos y los principios alrededor de los mismos, sino también el de autoridad y el ius puniendi del Estado.

Es labor de los Estados Democráticos y de Derecho encontrar mecanismos sancionatorios que respondan no únicamente a criterios populistas, sino a un estudio pormenorizado de los casos que realmente ameritarían una condena que lleve al delincuente a morir en prisión.

Es su deber preguntarse, por ejemplo, si la vulneración a la vida, a la indemnidad sexual, al patrimonio, o incluso a la humanidad connotan idéntica gravedad; si el tratamiento que deberían recibir los internos que han cometido estos delitos debe ser el mismo y, sobretodo, por el mismo periodo; entre otras que las ciencias penitenciarias tendrían que ayudar a resolver para garantizar el Estado de Derecho también en las prisiones. Finalmente, el propio TC ha señalado que “el Estado de Derecho no se puede rebajar al mismo nivel de quienes detestan [a la democracia constitucional] y, con sus actos malsanos, pretenden subvertirla”[12].


[1] GARLAND, David (1999). Castigo y sociedad moderna. Mexico. Siglo XXI Editores. Traducción de Berta Ruiz de la Concha. P. 42

[2] En: Diccionario Enciclopédico de Derecho USAL. Ed. 21. 1989. Editorial Heliasta. 2T. P.182.

[3] Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia recaída en el Expediente N.º 010-2002-AI/TC, del 3 de enero de 2003. Fundamento 179

[4] Tribunal Constitucional Peruano. Ídem. Fundamento 183

[5] Tribunal Constitucional Peruano. Ídem. Fundamento 184

[6] Tribunal Constitucional Peruano. Ídem. Fundamento 185

[7] Tribunal Constitucional Peruano. Ídem. Fundamento 186

[8] Tribunal Constitucional Peruano. Ídem. Fundamento 187

[9] Se recomienda revisar el “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2011. Disponible en:  https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf

[10] El numeral 2 del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano, dispone que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

[11] CUERDA, Antonio (2011). La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: por qué son inconstitucionales en España. Atelier Libros Jurídicos. Colección Justicia Penal. P. 20. Disponible en: https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=lang_es&id=bag0Ky_uQ5oC&oi=fnd&pg=PA13&dq=cadena+perpetua&ots=eBDZYzKt0t&sig=st_qsiNJ-33q5xceoCBEx19Htds#v=onepage&q=cadena%20perpetua&f=false Visto el 20 de febrero de 2018 a las 20:16 horas.

[12] Tribunal Constitucional Peruano. Ibídem. Fundamento 189

Escrito por Jean Pierre Baca Balarezo

Jean Pierre Baca Balarezo

Abogado con mención «sobresaliente» por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en «Derechos Humanos» por la misma universidad. Magister con mención «sobresaliente» en «Democracia y Buen Gobierno» por la Universidad de Salamanca (España). Se ha desempeñado como asesor comisionado en el Gabinete de Asesores del Defensor del Pueblo, asesor legal e investigador en materia de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en Cedal – Centro de Derechos y Desarrollo, y coordinador académico en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como Abogado Asociado y tiene a su cargo el área de Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos en el estudio jurídico «Echaíz Abogados».

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