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Abigeato en Chumbivilcas: El caso ‘Acco Punco’

«[…] Allí donde el indio ha roto la prohibición española de cabalgar, ha roto también las cadenas. Las provincias donde la Raza se defiende más bravamente son las poseedoras de hatos caballares numerosos.

En Chumbivilcas, el indio es un aliado, un amigo, difícilmente un siervo. Su caballo lo defiende.

La novela recogerá un día en el Perú las aventuras de los "ch'uchus" ladrones. Entonces se van a quedar atrás los filmes del Far West. Vengan los operadores de William Fox a recoger los episodios inverosímiles de la vida de un indio a caballo.

Y vengan los sociólogos a explicarnos la influencia equina en el hombre».

[LUIS E. VALCÁRCEL] [2].

 

INTRODUCCIÓN:

A modo de introducción señalamos brevemente los hechos del caso de apoderamiento de ganado equino ajeno, el cual se produjo el 18 de junio de 2020, aproximadamente a las once de la mañana, en el lugar denominado Acco Punco (distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, región Cusco). Ahí, se produjo un enfrentamiento a mano armada entre comuneros de la Comunidad Campesina de Hatta – Pallpa Pallpa y la familia Escobar. El motivo habría sido porque unos caballos de propiedad de los comuneros de la Comunidad Campesina de Hatta – Pallpa Pallpa habrían ingresado al Canchón de Manrique, perteneciente a la familia Escobar [3]. El saldo de aquella gresca fue la muerte de dos miembros de ambos grupos: de un lado, el comunero Tomás Cjula Pimentel y; de otro lado, el integrante de la familia Escobar, el profesor Roger Escobar Ochoa. Además, habría otras cuatro (04) personas heridas, dos de ellas con lesiones graves; motivo por el cual fueron evacuadas de emergencia hacia la ciudad de Cuzco.

Cabe señalar que aquella disputa territorial, entre los comuneros de la Comunidad Campesina de Hatta – Pallpa Pallpa y la familia Escobar, data de varios años [4]. Aparentemente, el deceso de los conflictos por tierras y por ganados había comenzado a partir del proceso de la reforma agraria peruana, emprendida por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1980), mediante el Decreto Ley Nº 17716 "Ley de Reforma Agraria"; más no fue así.

Es más, se suponía que el delito abigeato debía desaparecer definitivamente con la proclamación del Estado de Emergencia.

Como se recordará, en fecha 15 de marzo de 2020, debido a las circunstancias agravantes que han afectado la vida del país a consecuencia del brote de la pandemia COVID-19, el Gobierno Central (2016-2021) emitió el Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM.

Entonces, al estar confinados en sus casas los habitantes (incluidos los abigeos) del distrito de Quiñota (o de cualquier otro distrito de la provincia de Chumbivilcas) se verían impedidos de salir de sus viviendas, lo cual dificultaría el hurto o el robo de ganado ajeno.

No obstante, la realidad geográfica es muy diferente en los centros poblados rurales, en donde, sumado al factor nocturno, aumentarían las probabilidades para la destrucción o alteración de los linderos de un predio rústico con la finalidad de sustraer algún caballo, vaca o res ajena.

Según nos informó YONATHAN LAYME CHOQQUE [5], en la provincia de Chumbivilcas se han seguido sustrayendo ganados ajenos.

Así, el 25 de mayo de 2020, por la tarde, en la Comunidad Campesina de Tuntuma, en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, fue capturado y detenido el presunto abigeo por los comuneros de Tuntuma y por los ronderos de otras comunidades. De acuerdo a la información proporcionada por RADIO CHOQUE VELILLE 1430 a.m., aquel presunto delincuente habría participado en la sustracción de ganado, asesinato y otros delitos en la provincia de Chumbivilcas y en la región de Apurímac. Los comuneros y los ronderos habían retenido al abigeo porque temieron que sea puesto en libertad por las autoridades policiales y fiscales.

Otra noticia acerca de apoderamiento de ganado ajeno ocurrió el 15 de junio de 2020, a las 02:00 a.m., aproximadamente, en Ccochaccochayoq pata, ubicado en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas. Ahí se produjo la sustracción de 09 ganados vacunos Brown Swiss, los cuales fueron trasladados en un camión.

En consecuencia, el abigeato continúa cometiéndose en Chumbivilcas.

Luego, en cuanto a los hechos narrados en la notitia criminis referentes al Caso 'Acco Punco', nosotros no nos parcializamos con ningún bando. De igual manera, no imputamos la comisión de algún delito a alguno de los involucrados; nuestro interés es meramente académico.

Siendo ello así, el propósito de este artículo es describir el delito abigeato y plantear algunas recomendaciones en la prevención de ese ilícito penal, el cual forma parte de la problemática en la provincia de Chumbivilcas, así como en otras provincias surandinas.

Veamos en qué consiste el delito abigeato.

ACERCA DEL DELITO ABIGEATO:

La palabra abigeato proviene del latín 'abigere' (siglo XVI), que significa 'ahuyentar', 'ojear' [6]. También equivale a 'aguijar' a las bestias para que caminen [7].

Se trata del hurto, robo o apoderamiento de ganado o bestias [8].

También conocido como 'cuatrerismo' [9] o 'bandolerismo'; y a quienes llevan a cabo estas acciones se les conoce como ladrones de ganado, abigeos, cuatreros, bandoleros y montoneros.

Nosotros preferimos usar el verbo rector 'sustraer' por ser más amplio.

En el idioma quechua no existe una palabra equivalente a 'abigeato'. En su lugar se utiliza el verbo 'suway', el cual significa 'robar' [10]; mientras que, el sustantivo 'suwa' es un nombre genérico para referirse tanto al ladrón como a los abigeos [11]. Luego, 'suwanakuy' quiere decir que “dos personas se roban entre sí” [12].

El Código Penal de 1991 regula el abigeato en el Capítulo II A, en el Título V del Libro II, de dicho cuerpo legislativo.

El Código Penal de 1991 distingue tres modalidades de abigeato: el hurto de ganado, el hurto de uso de ganado y el robo de ganado; los cuales pasamos a enunciar a continuación:

a) Hurto de ganado (Art. 189°-A CP)

"El que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido, total o parcialmente ajeno, aunque se trate de un solo animal, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años.

Si concurre alguna de las circunstancias previstas en los inciso 1, 2, 3, 4 y 5 del primer párrafo del Artículo 186°, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Si el delito es cometido conforme a los incisos 2, 4 y 5 del segundo párrafo del Artículo 186°, la pena será no menor de cuatro ni mayor de diez años.

La pena será no menor de 8 ni mayor de quince años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar estos delitos”.

b) Hurto de uso de ganado (Art. 189°-B CP)

"El que sustrae ganado ajeno, con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve, directa o indirectamente, en un plazo no superior a setenta y dos horas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o de prestación de servicios a la comunidad no mayor de cincuenta jornadas. Si la devolución del animal se produce luego de transcurrido dicho plazo, será aplicable el artículo anterior”.

c) Robo de ganado (Art. 189°-C CP)

"El que se apodera ilegítimamente de ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido, total o parcialmente ajeno, aunque se trate de un solo animal, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años si el delito se comete con el concurso de dos o más personas, o el agente hubiere inferido lesión grave a otro o portando cualquier clase de arma o de instrumento que pudiere servir como tal.

Si la violencia o amenaza fuesen insignificantes, la pena será disminuida en un tercio.

La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años si el delito cometido conforme a los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del segundo párrafo del artículo 189°.

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años si el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a perpetrar estos delitos.

En los casos de concurso de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la pena se aplica sin perjuicio de otra más grave que pudiera corresponder en cada caso”.

Para poder entender los aspectos objetivos y subjetivos de estas figuras penales, habrá que remitirse a los conceptos doctrinarios correspondientes a los delitos de hurto y robo [13].

En todas estas modalidades de abigeato se atenta contra el patrimonio de los sujetos.

Para poder definir al 'patrimonio', debemos partir de una concepción mixta o jurídico-económica, en virtud de la cual el patrimonio está constituido por la suma de valores económicos puestos a disposición de una persona, los cuales gozan de la protección del ordenamiento jurídico [14]. Dicha posición doctrinaria es asumida mayoritariamente.

De manera similar es la opinión del jurista J.J. QUERALT. Para éste, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones referido a bienes de cualquier índole, dotado de un valor económico y monetario [15].

Lo anteriormente dicho no supone desdeñar necesariamente cualquier otra valoración personal que efectúe el agraviado, respecto a un bien. Dicha apreciación subjetiva no necesariamente habría de coincidir con los parámetros jurídicos y económicos vigentes [16].

Así tenemos que, para un campesino chumbivilcano la apropiación de una gallina, cuyo valor no supere un sueldo mínimo vital, podría revestir la misma importancia que para un ganadero a quien le sustraigan un hato de vacas.

El bien jurídico protegido es el patrimonio, específicamente la posesión; siendo el objeto material de la posesión el ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido. El bien habrá de ser en todo o en parte ajeno, es decir, perteneciente a alguien que no sea el sujeto activo del delito [17].

Un dato adicional a ser considerado en el delito de hurto de ganado es el monto del ganado sustraído. Si el valor del ganado sobrepasa una remuneración mínima vital, hablamos de hurto de ganado; en caso contrario, el comportamiento será considerado como una falta contra el patrimonio, preceptuada en el último párrafo del artículo 444° del Código Penal de 1991 [18].

En el robo de ganado se protege otros bienes jurídicos, como la vida y la integridad física de las personas; lo que lo convierte en un delito compuesto o pluriofensivo [19].

Acerca de los elementos referentes al autor del delito, por regla general, todos estos comportamientos típicos pueden ser realizados por cualquier persona. Hablamos pues de delitos comunes.

En el hurto de ganado, el sujeto activo puede ser cualquier persona; a excepción del propietario del bien. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, natural o jurídica, que posee el bien mueble [20].

En el hurto de uso de ganado, el sujeto activo también puede ser cualquier persona; a excepción del propietario. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona [21].

En el robo de ganado, el sujeto activo es cualquier persona; si bien no se admite al propietario, no hay inconveniente en incluir al copropietario. Mientras que el sujeto pasivo puede ser solamente la persona física [22].

Estas figuras penales difieren además en cuanto al comportamiento típico.

  1. El hurto de ganado: en el hurto de ganado, el comportamiento consiste en apoderarse ilegítimamente de un bien mueble (el ganado), que sea en todo o en parte ajeno para obtener algún provecho de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra.

Por 'apoderamiento' se entiende toda conducta que coloque bajo el dominio y disposición inmediata un bien mueble (el ganado) que se encuentre en la esfera de custodia de otra persona. Este apoderamiento se realiza mediante la sustracción, la cual consiste en todos aquellos actos tendientes a desplazar el bien del lugar donde se encuentra [23].

2. El hurto de uso de ganado: en el hurto de uso de ganado el sujeto activo sustrae un ganado ajeno con el fin de hacer uso momentáneo de él y luego devolverlo.

Se requiere pues que el agente devuelva el ganado. Dicha devolución podrá ser directa, esto es, si el sujeto activo deja el ganado en el mismo lugar donde lo sustrajo; o podrá ser indirecta, si deja abandonado el ganado una vez que lo usa [24].

3. El robo de ganado: el robo de ganado se distingue del hurto de ganado en cuanto al medio empleado. Aquí el apoderamiento que realiza el sujeto activo es empleando la violencia contra la persona (vis absoluta); o amenazándola con un peligro inminente para su vida o su integridad física (vis compulsiva) [25].

Por 'violencia' debe entenderse violencia física, esto es, la aplicación de una energía física destinada a vencer la resistencia de la víctima. Por ejemplo: golpear, empujar, atar, apretar, amordazar, etc. [26].

Y, con relación a la 'amenaza', ésta es una intimidación que representa la sustitución psicológica de la violencia física. Implica un comportamiento orientado a trabar la libertad de decisión de la víctima. De modo tal, que al hacérsele sufrir a una persona toda coerción de índole subjetiva, a fin de quebrar su voluntad; ello permite que el agente se apodere del bien mueble ajeno [27].

En el abigeato es atípica la compra de ganado ajeno, a sabiendas que fue hurtado o robado. Aquella conducta se castiga mediante el delito receptación, el cual se encuentra regulado en el artículo 194º del Código Penal de 1991:

"El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa".

Sobre el particular, la Corte Superior de Justicia de Huaraz, con fecha 29 de setiembre de 1997, en el Exp. N° 43-96, distingue el delito de receptación del abigeato:

«La compra de ganado hurtado constituye delito de receptación y no de abigeato» [28].

En todos los supuestos de abigeato los elementos subjetivos son los mismos, a saber, el dolo y el elemento subjetivo del tipo.

Se requiere del dolo, esto es, aquel elemento volitivo y cognoscitivo de realizar todos los elementos que conforman el tipo objetivo, y es el núcleo del hecho punible [29]. El dolo se presenta durante la realización del tipo penal.

Sobre el tema del dolo, el primer párrafo del artículo 12° del Código Penal de 1991 regula lo siguiente:

“Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. (...)”.

El dolo está compuesto de un elemento cognitivo y de uno volitivo, los cuales pasamos a continuación a explicar:

  • Elemento cognitivo: este elemento abarca el conocimiento de la realización de todos los elementos estructurales de la imputación objetiva.

Así, el dolo supone el conocimiento de los aspectos descriptivos, normativos y valorativos.

Asimismo, incluye a los elementos objetivos de las circunstancias agravantes y atenuantes que integran el tipo [30].

  • Elemento volitivo: este otro elemento incluye un marco de objetos de referencia, en un proceso de comunicación, es decir, el querer realizar todos los elementos del tipo objetivo [31].

El tipo penal de robo de ganado requiere de un elemento subjetivo adicional [32], el ánimo o intención de lucro (animus lucrandi), el cual comprende: por un lado, la intención de apoderarse del bien, es decir, disponer del bien como propietario y; por otro lado, la obtención de un beneficio o provecho [33].

Sobre los grados de desarrollo del delito, éstos variarán según sea el comportamiento típico.

  • En el hurto de ganado, el delito se consuma con el apoderamiento del ganado [34]. No hay inconveniente en admitir la tentativa [35].
  • En el hurto de uso del ganado, el delito se consuma cuando el sujeto devuelve el ganado, luego de haberlo sustraído y usado temporalmente [36]. Aquí también se acepta la tentativa [37].
  • En el robo de ganado, el delito se consuma con el apoderamiento del ganado. Para ello, se requiere que el sujeto activo haya tenido en el curso de la huida con el ganado una disponibilidad mínima [38]. Aquí también se admite la tentativa [39].

La penalidad difiere en cada uno de estos comportamientos típicos.

  • En el hurto de ganado, se establece pena privativa de libertad no menor de 01 ni mayor de 03 años [40].
  • En el hurto de uso de ganado, la sanción penal será pena privativa de libertad no mayor de 01 año o con prestación de servicios comunitarios no mayor de 50 jornadas [41].
  • En el robo de ganado, se establece pena privativa de libertad no menor de 03 ni mayor de 08 años [42].

En lo tocante a la actividad probatoria, la comisión de cualquier modalidad del abigeato se podrá demostrar con determinados elementos probatorios: las actas de incautación, las actas de inspección judicial, la declaración preventiva del agraviado, la confesión sincera del imputado, entre otros.

Ese mismo criterio ha sido asumido por la Ejecutoria Suprema de fecha 05 de abril de 2001, en el Recurso de Nulidad N° 445-2001-HUÁNUCO:

«Se atribuye al procesado la comisión del delito de abigeato, dado que en horas de la madrugada, conjuntamente con otros sujetos irrumpieron en la vivienda del agraviado, sustrayendo dos toros que fueron trasladados a la vivienda de uno de los asaltantes para seccionarlos y beneficiarlos para su posterior comercialización; hechos acreditados con las actas de incautación, actas de inspección judicial, la declaración del agraviado y durante el juicio oral donde el acusado admite que en la casa donde fue intervenido se encontró la carne de res beneficiada, acreditándose de esta manera la preexistencia de lo sustraído» [43].

Habiendo expuesto cuál es el panorama social y jurídico del abigeato en la provincia de Chumbivilcas, pasemos a mostrar cuáles son nuestras recomendaciones.

RECOMENDACIONES:

Nuestras recomendaciones son las siguientes:

 

I. Flexibilización en lo tocante a la medida del aislamiento social obligatorio y de la inmovilización social obligatoria:

Hemos visto que el abigeato continúa cometiéndose en la provincia de Chumbivilcas. Ni siquiera el encierro obligatorio les ha impedido a los abigeos la comisión de aquel delito.

De por sí, aquel decreto es constitucionalmente cuestionable por la presunta afectación al derecho de circulación. Asimismo, un confinamiento prolongado en sus viviendas les perjudicaría a los chumbivilcanos para realizar sus actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, laborales, etc. En lo que se refiere a las actividades agropecuarias, los productos agropecuarios son indispensables para la venta y el consumo; por tal motivo, es necesario que sean trasladados hasta los mercados de Santo Tomás. Además, aquella medida les reprimiría a los comuneros celebrar sus propias festividades religiosas católicas: la festividad del señor Justo Juez de Patapampa, que se celebra durante los carnavales; la fiesta al santo patrono Tomás, que se celebra cada 21 de junio; la Virgen de la Natividad, el 08 de setiembre y; el Takanakuy de Navidad [44], el 25 de diciembre. Ello atentaría contra el derecho a la libertad religiosa chumbivilcana, justo en momentos álgidos en los cuales la fe les permitiría sobrellevar los estragos ocasionados por el COVID-19.

Por si fuera poco, algunas autoridades locales desobedecieron lo dispuesto por aquel decreto [45]. Entonces, las autoridades policiales y subprefecturales deberán ser más permisivos con los habitantes de la provincia de Chumbivilcas; especialmente con los agricultores y comuneros.

  II. Modificación legal del capítulo del abigeato:

Somos de la opinión que, sí se deben incorporar algunas modificaciones al capítulo del abigeato, regulado en el Código Penal de 1991; concretamente, en el objeto material de la posesión.

Al elenco detallado en los dispositivos legales (ganado vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido), se deberá añadir a otros animales domésticos.

Habíamos dicho que, para un campesino chumbivilcano la apropiación de una gallina (de un pato, de un cuy o de cualquier otro animal de granja), cuyo valor no supere un sueldo mínimo vital, podría revestir la misma importancia que para un ganadero a quien le sustraigan un hato de vacas, porque la crianza de animales domésticos forma parte de su economía de subsistencia.

Es por ello que, los legisladores deberán modificar los dispositivos legales 189°-A, 189°-B y 189°-C del Código Penal de 1991; mientras que, los magistrados habrán de ser muy flexibles respecto a la valorización económica de los animales sustraídos.

  III. Regularización de los permisos de los criaderos de animales de granja:

Como consecuencia de lo anterior, otro dato importante a tomar en cuenta es la formalización de los permisos de los criaderos de animales de granja.

Muchos comuneros, campesinos y citadinos chumbivilcanos se dedican a la crianza de animales domésticos para su consumo propio y para su subsistencia económica. Es por tal motivo que, las correspondientes sub gerencias de licencias comerciales e inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones de las municipalidades deberán agilizar los permisos para la crianza de animales de granja, evitando así barreras burocráticas; de lo contrario, que aquellos funcionarios y servidores ediles reciban la correspondiente sanción administrativa.

  IV. Protección para las rondas campesinas de la provincia de Chumbivilcas:

De lo que se trata es de ofrecer una ayuda conjunta (estatal y privada), de índole económica, logística y jurídica para las rondas campesinas.

Es importante reconocer que las rondas campesinas han tenido un papel protagónico en el cumplimiento del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central (2016-2021), debido a la pandemia conocida como COVID-19; dado que han intervenido, imparcialmente, tanto a los civiles como a las mismas autoridades locales chumbivilcanas que se negaron a acatar el encierro obligatorio.

Igualmente, es preciso destacar que las rondas campesinas han coadyuvado en las detenciones por los delitos de violación sexual, usurpación de terrenos y abigeato.

Lamentablemente, los méritos de los ronderos no siempre han recibido el debido reconocimiento por parte de las autoridades oficiales. Encima de todo, algunas veces suelen ser objeto de represión por algunas autoridades públicas y judiciales. Se les ha imputado a aquellos la comisión del delito de usurpación de funciones y otros delitos.

Las autoridades estatales oficiales olvidan que las labores de los ronderos gozan de un reconocimiento dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Así, el artículo 149° de la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce a las rondas campesinas funciones coadyuvantes a la jurisdicción especial ejercida por las autoridades campesinas y nativas, dentro de su ámbito territorial, conforme al Derecho consuetudinario y siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales de la persona:

“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. (…)”.

De igual modo, el artículo 13° del “Reglamento de la Ley N° 27908”, Decreto Supremo N° 025-2003-JUS, regula la intervención de las rondas campesinas en la solución de conflictos jurídicos suscitados entre miembros de la comunidad u otros externos, dentro de su ámbito territorial:

“La Ronda Campesina y Ronda Comunal, a base de las costumbres de la comunidad campesina, comunidad nativa, caserío u otro centro poblado al que pertenecen, pueden intervenir en la solución de conflictos que se susciten entre miembros de la comunidad u otros externos, dentro de su ámbito territorial, mediante actuaciones que serán registradas en el libro de ocurrencias que lleva para tal efecto, el mismo que será legalizado por el juez de paz de la jurisdicción correspondiente. Los acuerdos adoptados deben respetar los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes.

Son materias conciliables únicamente las relacionadas con la posesión, el usufructo de la propiedad comunal, bienes y el uso de los diversos recursos comunales”.

En los hechos, las rondas campesinas desarrollan actividades paralelas a las policiales de carácter preventivo, como también de investigación y detención por delito flagrante: control de caminos y campos, rondas obligatorias, disolución de riñas, entre otras; en todos los casos sus normas internas están garantizadas por la sanción que aplican, por el reconocimiento a su autoridad [46].

En cuanto a las sanciones impuestas por los ronderos, éstas comprendían desde los castigos corporales (golpes, azotes o 'pencazos', palizas y baños fríos en el río) hasta la muerte del sujeto [47].

También se aplica la ronda delegatoria en rondas vecinales, el trabajo comunal en caminos, postas médicas, etc. [48].

Que quede claro que los ronderos solamente 'ayudan' a los entes jurisdiccionales de la jurisdicción especial, a los juzgados de paz y al sistema de justicia nacional; no asumen otras funciones.

Por otro lado, los pobladores de la provincia de Chumbivilcas confían en los ronderos. Como será esta confianza depositada que los ronderos son quienes arbitran las peleas deportivas durante el takanakuy.

Por otro lado, los ronderos suelen tener problemas de logística. Además, es preciso recordar que ellos no reciben sueldo ni paga alguna por arriesgar su vida, exponer su salud e invertir su tiempo con sus propios recursos patrimoniales.

Ante esta situación, proponemos que a los ronderos se les ayude económicamente mediante un fideicomiso con fondos provenientes del canon minero, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas, además de, otras fuentes del ingreso público del gobierno local. En años anteriores se obtuvo una ayuda proveniente del canon minero.

Así, tenemos el proyecto de inversión pública "Mejoramiento del Servicio de Rondas Campesinas en las Comunidades Rurales, Provincia de Chumbivilcas – Cusco"[49]. La finalidad de ese proyecto era la mejora de la seguridad rural en la provincia de Chumbivilcas, la cual se veía afectada debido a estas causas:

  • La inexistencia de programas de capacitación para los integrantes de las rondas campesinas.
  • La carencia de un adecuado equipamiento y de un material logístico.

Aquel proyecto fue registrado el 18 de enero de 2016, mediante el Código SNIP Nº 2307640.

Su estado de viabilidad es: Viable / Registro en Fase de Inversión [50].

  V. Invitación a facilitadores en la solución de conflictos jurídicos:

Ha quedado demostrado que el abigeato todavía se sigue realizando en las zonas rurales de la provincia de Chumbivilcas.

Yendo al caso concreto, el pleito suscitado entre los comuneros de la Comunidad Campesina de Hatta – Pallpa Pallpa y la familia Escobar, el cual parece una versión surandina de las disputas entre los Hatfield versus los McCoy, es en realidad un conflicto multidimensional cuya prevención va más allá del plano jurídico.

Decimos que el Caso 'Acco Punco' es un conflicto multidimensional porque abarca muchas dimensiones, en las cuales las diferencias de estos grupos humanos están dialécticamente contrapuestas: socioeconómicas (campesinado y pequeña burguesía), sociales (campesinos y hacendados), culturales (runas y mistis) y educativas (educación escolar e instrucción superior).

Si se aplica a rajatabla el ius puniendi estatal; ello generaría más aislamiento, desconfianza, rechazo y resentimiento por parte de los habitantes de las zonas rurales chumbivilcanas hacia nuestro ordenamiento jurídico oficial. Es por todo ello que, los mismos ronderos deberán ser quienes les propongan a ambas partes materiales una lista de los eventuales facilitadores.

El perfil del facilitador deberá ser el siguiente:

  • Que tenga conocimientos jurídicos, antropológicos y etnohistóricos.
  • Que sea un traductor o un intérprete en idioma quechua.
  • Que provenga de afuera.

Los facilitadores de ningún modo van a solucionar este conflicto en particular; mucho menos van a erradicar el abigeato. Tan solo van a acercar a ambas partes materiales, conocer los argumentos de ambas y finalmente, mostrarles los caminos que ambas podrían seguir.

Es indispensable aclarar que la convocatoria a los facilitadores se deberá aplicar excepcional y únicamente para conflictos como el del Caso 'Acco Punco'; más no si se trata de delitos comunes de abigeato, cometidos por bandas de abigeos, debidamente comprobados o en flagrancia.

A modo de reflexión final, señalamos que en el Caso 'Acco Punco' se perciben las brechas estructurales que separan a los actores enfrentados. De la misma forma, en el caso sub iudice se evidencian las carencias de los servicios básicos y sociales, los cuales afectan por igual a ambos protagonistas. Lo irónico es que haya sido el COVID-19, el antagonista principal de ambas partes materiales, quien las haya destapado.

Es muy cierto que la rivalidad (promoting adversaries) entre los comuneros de la Comunidad Campesina de Hatta – Pallpa Pallpa y la familia Escobar, se encuentra bien arraigada en el distrito de Quiñota. Igualmente, ambas familias han perdido a sus seres queridos. Sin embargo, ambos grupos sociales enfrentan las mismas dificultades, las cuales podrán vencerlas unidos.

A partir de lo anterior podemos colegir que el reto de las futuras generaciones de uno y otro grupo familiar será superar los obstáculos (sociales, naturales y virales) juntos; mientras que la tarea del próximo facilitador será acercar a estos vecinos chumbivilcanos.


Bibliografía:

[1] Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la PUCP.

Ha trabajado en la Procuraduría Ad Hoc “Casos Fujimori - Montesinos” (2000-2006).

Asimismo, participó en el proyecto “Archivamiento de denuncias en el Ministerio Público de los delitos peculado y colusión en los distritos fiscales de Lima, Ancash, Junín y Ayacucho”, a cargo de la Defensoría del Pueblo, Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo AMBERO de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ PERÚ) (marzo 2014 – 29/05/2014).

También trabajó en el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) de la Autoridad Nacional del Agua (2015 – 2016).

Ha escrito y brindado conferencias sobre temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Lucha Anticorrupción, Derecho Comparado y Antropología Jurídica.

Entre sus publicaciones se encuentran: los artículos “El derecho de insurgencia un arma de índole constitucional” y “La amnesia histórica genocida”; el ensayo “Presentación del Derecho Islámico con especial énfasis en temas de Derecho Civil no patrimonial” y; la tesis de grado de licenciatura, con mención sobresaliente “Tradición y Derecho en Chumbivilcas: el takanakuy como mecanismo de resolución de conflictos”.

Ha sido adjunto de docencia del curso Seminario de Teoría General del Derecho, en la Facultad de Derecho de la PUCP, desde agosto de 2013 hasta julio de 2018.

[2] VALCÁRCEL, Luis. E. Tempestad en los Andes. Lima: Editorial Universo S.A., 1975, pp. 92-93.

[3]Ver: https://www.facebook.com/groups/2412499545743253/permalink/2727385724254632/?__xts__[0]=68.ARBn2wUP8WRo8Vz3Jnn8r79WTZMpydKfVdBOG78c5whPXZHppQO9XEYgVNqPn2QcUcwJtXYiZ5qZEuKiITO3MSfUpopzp9aESHKHFDBcu2w_Lg18w4WZc4Or9hCA1KeZriUNeEmRDktfPUu2eJ2UIQib1mWOuFvrEoVX_nZNDNU-uS14OhqWDkHsJw0bz3WjbEOKGlnLHDxBQynQRmBB6auZiFrF2QnM5fLaMFHsc2T7fNcpbb8owlwNyX8h0bMELQxbig3frJbiBBYYQHIOw8cfd8F1L02U-5B0bgT8DtDJ_1QP9-uN7ku-58dGBJbBDwPEFfyZsNwR1ZD7KVhPsmBAibJewK3Z9ehRP7kiRkeYPaZ-sX8N_YqnzwrdtMIzpnke3bNNQm1c55GSB6d-1MgFJtZK4XDApzenIcFYb-1GOjVA6QoRz4_IjcmlD46m862vSKHNTbTEuY7-9kLDHM_Bi3bKKuMRQowFW9uP&__tn__=-R

[4] Ver: https://derechosinfronteras.pe/exigen-presencia-de-autoridades-tras-enfrentamiento-territorial-que-dejo-dos-muertos-en-quinota/?fbclid=IwAR3EDuf4yuiBHRIcyB4X82hWu2iw0sywvs3sjYsOTSp2S87JKDoN84r_baE

[5] A quien dedicamos el presente artículo y agradecemos por la información brindada.

(Nota del autor).

[6] CORRIPIO, Fernando. Diccionario Etimológico. Barcelona: EDITORIAL BRUGUERA, S.A., 1979, p. 10.

[7] CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires: Heliasta, 1997, p. 11.

[8] Ibíd., p. 11.

[9] Ibíd.

[10] GUARDIA MAYORGA, César A. Diccionario Kechwa – Castellano, Castellano – Kechwa. Lima: Editora Los Andes, 1967, p. 124.

[11] POOLE, Deborah. “Paisajes de poder en la cultura abigea del sur andino”. En: Debate Agrario N° 3 (julio – setiembre 1998), p. 21.

Ver también: GUARDIA MAYORGA, Op. cit., p. 124.

[12] POOLE, Op. cit., p. 21.

[13] BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de Derecho Penal – Parte Especial. Lima: Editorial San Marcos, 2009, p. 318.

[14] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 285.

[15] QUERALT, Joan Josep. Derecho penal español: parte especial. Barcelona: Bosch, 1996, p. 308.

[16] Ese es precisamente el criterio asumido por OTTO HARRO. En: HARRO, Otto. Grundkurs Strafrecht. Die Einzelnen Delikte, dritte Auflage. Berlin / New York: Walter de Gruyter Verlag, 1991, p. 129.

En: BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 284.

[17] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., pp. 320-321.

[18] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 321.

[19] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 325.

[20] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 320.

[21] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 323.

[22] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 325.

[23] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 292, p. 320, p. 323 y p. 325.

[24] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 323.

[25] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 307 y p. 325.

[26] HUERTAS BARRÓN, Miguel. “Temas de Derecho Penal Especial”. En: Proyecto de Autocapacitación Asistida “Redes de Unidades Académicas Judiciales y Fiscales” - Educación a distancia. ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. Lima: La Academia, 2000, p. 55.

[27] HUERTAS BARRÓN, Op. cit., p. 56.

[28] SENTENCIA DEL JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUARAZ, DEL 29 DE SETIEMBRE DE 1997, EXP. N° 43-96. En: SERIE DE JURISPRUDENCIA 1. ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. Lima: La Academia, 1999, p. 525.

[29] VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Lima: Grijley, 2006, p. 354.

[30] VILLAVICENCIO TERREROS, Op. cit., p. 356.

[31] VILLAVICENCIO TERREROS, Op. cit., p. 368.

[32] BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho penal. Parte especial. Barcelona: Ediciones Ariel, 1989, p. 165.

[33] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 321, p. 323 y p. 326.

[34] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 321.

[35] Ibíd., p. 321.

[36] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 323.

[37] Ibíd., p. 323.

[38] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 326.

[39] Ibíd., p. 326.

[40] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 322.

[41] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 324.

[42] BRAMONT-ARIAS TORRES y GARCÍA CANTIZANO, Op. cit., p. 327.

[43] EJECUTORIA SUPREMA DEL 05/04/2001, R.N.N° 445-2001-HUÁNUCO. En: URQUIZO OLAECHEA, José; CASTILLO ALVA, José; SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson. Jurisprudencia Penal. Lima: Jurista Editores, 2005, p. 470.

[44] Se puede definir al takanakuy – waylía (o simplemente takanakuy) como una ancestral y tradicional festividad deportiva ritualizada, que se realiza anualmente, durante las fiestas navideñas, en Chumbivilcas, la “tierra de los bravos qorilazos”, específicamente en el distrito de Santo Tomás, en la región Cuzco.

En: TORRES MÁRQUEZ, Juan Carlos. Tradición y Derecho en Chumbivilcas: El Takanakuy como mecanismo de resolución de conflictos. Tesis de licenciatura en Derecho. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, 2013, p. 113.

[45] Un caso muy ilustrativo fue la detención al alcalde del distrito de Quiñota, Oscar Torcuato Chahua Márquez y al subprefecto Toribio Álvarez Chahua, quienes fueron intervenidos con el apoyo de los ronderos de la Comunidad Campesina de Lutto Kututo, del distrito de Llique, provincia de Chumbivilcas, cuando aquellas autoridades locales se trasladaban en una camioneta de la comuna, en aparente estado de ebriedad, durante el toque de queda.

Ver: https://peru21.pe/peru/coronavirus-en-peru-detienen-a-alcalde-y-subprefecto-en-cusco-por-desacatar-el-toque-de-queda-nnpp-noticia/?ref=p21r

[46] VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe.      Derecho Penal. Parte General. Lima: Grijley, 2006, p. 153.

[47] BRANDT, Hans Jürgen. Justicia Popular: nativos campesinos. Lima: Fundación Friedrich Naumann, 1989, p. 152.

[48] VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. cit., p. 151.

[49] Ver: https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2307640

[50] Ver: http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=346274

Fuente de la imagen: https://bit.ly/2YdLee6

Escrito por Juan Carlos Torres Márquez

Juan Carlos Torres Márquez

Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha trabajado en la Procuraduría Ad Hoc “Casos Fujimori - Montesinos” (2000 – 2006). Asimismo, participó en el proyecto “Archivamiento de denuncias en el Ministerio Público de los delitos peculado y colusión en los distritos fiscales de Lima, Ancash, Junín y Ayacucho”, a cargo de la Defensoría del Pueblo, Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo AMBERO de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ PERÚ) (Marzo 2014 – 29/05/2014). También trabajó en el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) de la Autoridad Nacional del Agua (2015 – 2016). Ha escrito y brindado conferencias sobre temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Lucha Anticorrupción, Derecho Comparado y Antropología Jurídica.