Cada cierto tiempo vuelve el debate sobre el enfoque de género en la educación, generado por desconocimiento o distorsión interesada. El presente artículo busca dar una explicación sobre su importancia y necesidad para cambiar mentalidades.
Incorporar el enfoque de género en la educación, políticas públicas, normas y estudios, es una obligación ética puesto que, de lo contrario se estaría dejando de lado a la mitad de la población, como es el caso del Perú.
El género da cuenta de la realidad que viven las mujeres que, históricamente, ha sido de desigualdad; por consiguiente, se le debe tener en cuenta para subsanar estas diferencias que se han construido a lo largo del tiempo y que han sido institucionalizadas culturalmente.
En este sentido, si partimos por señalar que el género es una categoría de análisis, resulta indispensable en cualquier estudio sobre una sociedad determinada, pues va a dar cuenta de la situación y posición que viven las mujeres en ella. No incorporarlo daría resultados parciales y/o distorsionados de la realidad que se quiere investigar.
De la misma forma, no tenerlo en cuenta en la educación, es expresar una voluntad política y moral de no terminar con la desigualdad y la violencia de género contra las mujeres, generadas por distorsionadas percepciones históricas que aún no se han podido erradicar.
La desigualdad de las mujeres
Es un hecho histórico la desigualdad que han vivido y viven las mujeres, y que se expresa en las brechas de género, dadas a conocer tanto en el Perú como en otros países del mundo.
La desigualdad significa falta de autonomía y esta, a su vez, implica injusticia. La autonomía parte por lo más básico: la física. El control y la violencia física (entre ellas la violencia sexual) de parte de las parejas o exparejas, manifiestan esta falta de autonomía. En relación a los feminicidios, la mayoría de casos de violencia extrema se ha ejercido ante la incapacidad de doblegar esta autonomía, por la que siempre han luchado las mujeres.
La falta de información y el no ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos también atentan contra la autonomía de las mujeres, pues no están en capacidad de decidir, por ejemplo, cuándo y cuántos hijos/as tener, y se ven expuestas a embarazos no deseados, especialmente entre las adolescentes.
El alto índice de mortalidad materna es otra evidencia de la falta de autonomía, asociada a la ausencia de atención médica y a la pobreza: 68 por cada 100 000 nacidos vivos.
En el 2018, Reniec registró 2 339 niñas madres entre 11 y 14 años; y 5 niñas entre 7 y 10 años. En 1 856 de estos casos, los padres eran mayores de edad. Es decir, la maternidad fue producto de una violación.
Las niñas y adolescentes tienen cuatro veces más riesgos de morir durante el parto que las mujeres adultas; además, el embarazo precoz encierra a la adolescente en un círculo de pobreza del que le es difícil salir, pues la mayoría vive en pobreza, no termina sus estudios básicos (que implica un obstáculo para acceder a trabajos mejor remunerados), se ven involucradas en un matrimonio temprano con el riesgo de mayor número de embarazos y dependencia de la pareja, lo que la lleva a aceptar la violencia por carecer de autonomía económica.
Por otro lado, tenemos la autonomía en la toma de decisiones. ¿Cuántas mujeres hay en el Gabinete, en el Parlamento, como gobernadoras regionales, alcaldesas? Es decir, ¿cuántas mujeres comparten la toma de decisiones políticas en este país? Basta un ejemplo: de 26 gobernadores regionales en el Perú, una es mujer.
Es clave que haya mujeres en los espacios públicos como autoridades porque su presencia va a impactar en las normas y políticas que se aprueben. Ahora, el ser mujer no necesariamente va a garantizar que propongan y aprueben normas que favorezcan la igualdad de género, eso lo hemos comprobado en los últimos tiempos, especialmente en el Congreso.
La autonomía económica hace referencia a la capacidad de las mujeres de generarse recursos propios. En el Perú, por lo menos el 30 % de mujeres carecen de ingresos propios, sobre todo en el área rural.
El ingreso de las mujeres al mercado laboral, junto a la educación, han sido dos de las demandas femeninas más resaltantes en el Perú; lo plantearon, entre otras, Mercedes Cabello en la década de 1870, y María Jesús Alvarado en las primeras décadas del siglo XX, conscientes que con el trabajo y sus propios recursos las mujeres podrían acceder a otros derechos y, sobre todo, lograr la autonomía que las liberases de relaciones violentas en las que se veían atrapadas por necesidad.
Sin embargo, las mujeres cumplen doble y hasta triple jornada, pues continúan a cargo de las tareas del hogar y del cuidado de las personas adultas mayores o con alguna enfermedad. Esto hace que las mujeres trabajen 9 horas, 15 minutos, a la semana, más que los hombres, según la encuesta nacional sobre el uso del tiempo. Igualmente, hay significativas diferencias en el trabajo remunerado: 36,27 % frente al 50,46 % de los hombres, y trabajo doméstico no remunerado: 39,28 % frente a 15,54 %.
Todo ello da evidencia sobre la desigualdad que aún viven las mujeres, basándonos en los indicadores de la CEPAL[1], y sin profundizar otros aspectos como educación, por ejemplo, o el acceso a la salud. En este sentido, la desigualdad de las mujeres no es una invención de las feministas, es un hecho real que debe corregirse a la brevedad.
La urgencia de cambiar mentalidades
Persiste la idea de que el hombre es la autoridad y la mujer debe obedecer, porque así se ha enseñado tradicionalmente, y parte del ejercicio de esta autoridad es la violencia. Ya he mencionado en otro artículo, en este mismo portal, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 2015 (INEI); en esta, el 54,5 % cree que en “todo hogar se necesita a un varón para que imponga orden y disciplina”. La violencia de género se ha naturalizado y las mujeres la viven desde niñas y se extiende a toda su vida reproductiva.
Esto nos señala la urgencia de cambiar los imaginarios sociales, y para lograrlo hay que trabajar desde la niñez. Un avance importante ha sido que se integre el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica (Resolución Ministerial n.° 281-2016-MINEDU). Además, fue importante que, en abril de 2019, la Corte Suprema declarara “infundada en todos sus extremos la demanda de acción popular interpuesta contra el enfoque de género” por el colectivo conservador Padres en Acción que solicitaba eliminar este enfoque en todos los textos escolares que lo incluyeran.
Se debe enseñar desde los primeros años que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Que la violencia contra las mujeres o contra cualquier persona es una violación de sus derechos fundamentales.
Debo insistir que las niñas tienen derecho a las mismas oportunidades para desarrollarse. Las cifras sobre el acceso a la educación son optimistas, pero, ¿cuántas dejan de estudiar porque hay que ayudar en casa cuidando a los hermanos menores, ya que no hay recursos en la familia y se da prioridad al varón porque él será “jefe de hogar”, o porque la escuela para continuar la secundaria está demasiado distante y la violencia sexual se presenta como una amenaza?
Por lo general, cuando las niñas abandonan los estudios ya no regresan, entonces al analfabetismo (afecta al 8,3 % de mujeres frente al 2,9 % de hombres) se suma el analfabetismo funcional, porque olvidan lo poco que aprendieron de lectura y escritura en nuestras deficientes escuelas públicas que se ubican en las zonas periurbanas y rurales.
También enfatizar que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades, y de esa manera lograr que cuestionen el machismo vigente y, a partir de ello, analizar los roles de género y las causas de la violencia de género contra las mujeres y su necesidad de terminar con ella.
Otro aspecto a reflexionar es que las personas somos diferentes y que esas diferencias no las hacen con menos derechos u objeto de agresión o humillaciones.
Un tema, igualmente clave, es la educación sexual integral, que requiere una norma que la respalde, para evitar los embarazos precoces.
Tanto el concepto género como la educación sexual integral deben ser parte de la formación de las/os docentes, incorporándolos como contenidos en los cursos superiores o de actualización.
El concepto de género está presente en el Plan Nacional y Lineamientos de Políticas de Formación Docente en Servicio, pero lo real es que falta desarrollar procesos de información y sensibilización entre docentes. Para ello se puede trabajar con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que son las responsables de asesorar la gestión pedagógica para, a su vez, llegar a las/os docentes.
La educación sexual integral dará oportunidad a niñas/os y adolescentes de despejar su mente de ideas de carácter naturalistas que lo único que hacen es fortalecer la desigualdad al oponer: “lo natural o normal” (la heterosexualidad, la maternidad como destino de las mujeres…) o lo “antinatural o anormal” (la diversidad sexual, matrimonio entre personas del mismo sexo), y para esto se tiene que empezar por cambiar las mentalidades de muchas/os docentes. Es el gran desafío si se quiere acabar con la desigualdad y la violencia.
El concepto género
El concepto género es resultado de la necesidad epistemológica de las feministas de nombrar las desigualdades que viven las mujeres que tienen origen en las costumbres y la cultura, pero que la ideología patriarcal las presentaba y aún las presenta como biológicas y naturales.
La famosa frase de Simone de Beauvoir: “no se nace mujer, se hace”, se convirtió en una demanda política que expresaba que esta desigualdad no estaba en las mujeres, sino que contenía relaciones de poder que buscaban mantener a las mujeres bajo el dominio masculino, a partir de considerar que el ser esposa y madre era parte de su naturaleza.
Investigadoras demostraban que esta desigualdad empezó con el control de la sexualidad de las mujeres, y que su dominación fue anterior a la esclavitud masculina, y que se convirtió en norma a partir de la creación de los Estados patriarcales que la institucionalizaron (Gerda Lerner).
La religión ha tenido y sigue teniendo un peso fundamental, pues convirtió esta desigualdad en un mandato divino, y dividió a las mujeres en puras (las esposas, las madres) y pecadoras (las mujeres que no estaban unidas a un varón). Ahora, para diversas religiones, esta impureza es propia de la naturaleza femenina, pero el matrimonio y la maternidad o dedicarse al servicio de “dios o ser supremo” la limpian de esta contaminación.
El concepto género tiene un carácter político, expresa cómo las mujeres quedaron al margen de la ciudadanía en el origen de la democracia (con los griegos) o en la declaración de los derechos ciudadanos (con la Revolución Francesa), a partir de negarle la individualidad que es la base de la ciudadanía.
El Código Civil de Napoleón Bonaparte en 1804, que luego va a ser replicado en Europa y América Latina, consagra la minoría de edad de las mujeres que deben depender de un varón al ser su representante legal. Ellas no eran sujetos jurídicos.
Posteriormente, en 1881, el censo realizado en Francia va a negar el carácter de “trabajo” a las actividades que realizaban las mujeres. La revolución industrial y el surgimiento de la burguesía van a convertir el sexo en un factor determinante para la valoración del trabajo y de los salarios. Se pensaba que los varones producían más, se pagaba menos a las mujeres y se crea el salario familiar para el hombre, que se convierte así en el proveedor, en el “jefe de familia”. Modificar esto en los censos nacionales llevó años de incidencia feminista, para que las mujeres dejaran de ser consideradas dependientes o su trabajo concebido como ayuda al trabajo del hombre, como sucedía hasta hace poco con las mujeres rurales que tradicionalmente se han dedicado a las labores agropecuarias.
De esta manera, se institucionaliza la división del trabajo, de los ámbitos público y doméstico, y se le niega el valor económico al trabajo reproductivo.
Las dos guerras mundiales trastocaron el orden de género establecido, al irse los hombres al frente y ocupar las mujeres los distintos puestos en la estructura económica, entre ellas, las fábricas de armamento. Significó un impacto crucial en el plano ideológico: las mujeres tomaron conciencia de sus capacidades, de lo que significaba gozar de libertad y de lo que implicaba para sus vidas la modificación de las relaciones de género. A esto se suma, el descubrimiento de las píldoras anticonceptivas.
Este hecho demostró que, así como se construyó la ideología patriarcal desde lo social y normativo, asimismo, se podía transformar el orden que hasta entonces había sometido a las mujeres bajo el dominio de los hombres. La creación de las Naciones Unidas (1945) y la Proclamación Universal de los Derechos Ciudadanos (1948) van a comprometer a los países a realizar el cambio de la situación de desigualdad que viven las mujeres.
La lucha de las mujeres no cesa, porque hay avances y retrocesos, y la oposición al concepto de género y la voluntad de volver a tiempos que se buscan superar demuestran que todavía hay que trabajar arduamente para cambiar el pensamiento patriarcal. Se habla de “ideología de género”, pero en la realidad lo que persiste es una ideología patriarcal.
Conclusión
Se ha avanzado en muchos aspectos, pero el gran reto aún es la transformación de los imaginarios sociales. Por ello, hay que fortalecer el carácter científico y político del concepto de género, que implica compromisos personales y el conocimiento de herramientas que permitan aplicarlo en la práctica. Estas herramientas hay que ponerlas al alcance de educadoras/es y políticas/os, no como un concepto técnico, sino como un medio para fortalecer la democracia y lograr que haya justicia. Mientras persista la desigualdad de las mujeres y la violencia de género contra ellas y contra las personas de la diversidad sexual, ese objetivo no será posible.
Bibliografía:
[1]Perú: brechas de género 2018. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. INEI, noviembre, 2018.
